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Cronología del saqueo de Javier Duarte a Veracruz

Cronología del saqueo de Javier Duarte a Veracruz

Duarte de Ochoa se organizó para hacer negocios al amparo del poder desde el primer minuto de su mandato

| lasillarota.com| VERACRUZ | Jueves, 20 de Abril de 2017| 16:50


El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no desperdició su mandato. Y desde el primer momento en que asumió su cargo, se organizó con varios amigos para gestionar inversiones y emprender acciones de negocio al amparo del poder.

Así lo deja en claro la audiencia de Duarte de Ochoa en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal por Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, en donde las autoridades de aquel país le informan al ex mandatario estatal de los cargos que le imputa el gobierno mexicano y por los cuales pide su extradición.

En la narrativa de hechos, se da a conocer -paso a paso- el cómo se gestó el robo a Veracruz, los negocios en la cima del poder, y los lujos y derroches en que cayó Duarte de Ochoa.

2010

Al inicio de su mandato, Javier Duarte invitó a varios de sus amigos a colaborar con él para hacer inversiones y negocios durante su gobierno.

Durante la audiencia de este miércoles en Guatemala, se dieron a conocer los nombres y las funciones que realizaban los amigos de Duarte de Ochoa:

Alfonso Ortega López, se encargaba de buscar oportunidades para invertir dinero.

Moisés Mansur Cisneros, operaría las instrucciones de Duarte de Ochoa y serviría como testaferro.

José Juan Janeiro Rodríguez, estructurar y realizar los pagos correspondientes a las actividades de inversión y venta que se ejecutaran. También serviría de testaferro.

Rafael Gerardo Rosas Bocardo, prestaría su nombre para la adquisición de inmuebles.

Mario Rosales Mora, trabajaba en una notaría en la que se llevarían a cabo diversas operaciones. También serviría de prestanombres.

31 de diciembre del 2010

Durante una fiesta en el departamento ubicado en la torre B, nivel 1, lote 7 del conjunto Finesterre de Ixtapa-Zihuatanejo, Javier Duarte instruyó a Alfonso Ortega López recibir fondos y situarlo en diversas inversiones.

En esa reunión, Duarte de Ochoa se ostentó como el dueño del departamento donde se llevó acabo el encuentro, así como de otros dos inmuebles en ese conjunto.

Esos inmuebles fueron adquiridos el 17 de mayo del 2010, a través de una negociación hecha por José Juan Janeiro Rodríguez con los representantes de la desarrolladora Ventas Arrecife, con valor de un millón 500 mil dólares por cada departamento.

03 de febrero del 2011

Duarte de Ochoa constituyó una sociedad para un negocio inmobiliario denominada Inmobiliaria Roor S.A. de C.V. -donde aparecen como socios Mario Rosales Mora y Alfonso Ortega López.

12 de mayo del 2011

Inmobiliaria Roor S.A. de C.V adquirió dos inmuebles contiguos en la calle Sierra Fría, número 715, de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Los inmuebles tienen un valor de 47 millones de pesos.

De acuerdo con la narrativa de la audiencia, Duarte de Ochoa en Guatemala, este  le dijo a Alfonso Ortega que en ese lugar pretendía construir su casa de retiro.

Marzo del 2011

Durante las fiestas de cumbre Tajín, Duarte de Ochoa instruyó a Alfonso Ortega que adquiriera una lancha Aquariva, de la marca italiana Riva, que normalmente se utiliza en los lagos de Europa.

Para llevar a cabo esta operación, se constituyó la Alpargate Marine Ventures Corp. que hizo la compra en julio de 2011, por medio del abogado Juan José Janeiro Rodríguez. El costo de la embarcación era de 790 mil dólares.

Entre 2011 y 2012

Alfonso Ortega López se enteró de unas parcelas en el ejido de Lerma, en el estado de Campeche. Era un buen negocio, y se lo planteo a Duarte de Ochoa. El ex mandatario veracruzano, después de analizar los detalles, ordenó la compra de 21 parcelas, que deberían ser adquiridas de la siguiente forma: Ortega López (4), Janeiro Rodríguez (3), Rosas Bocardo (5), y Mansur Cisneros (9). El costo de las parcelas fue de 20 millones de pesos.

En agosto del 2013

Alfonso Ortega López celebró un acuerdo con Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios -que de acuerdo con las autoridades tiene características compatibles con las denominadas empresas fachadas, pues no desempeña actividades de comercio reales-. A esta empresa, Ortega López vendió los cuatro terrenos ejidales en la cantidad en al que fueron evaluadas por un corredor público.

Mientras que Mansur Cisneros vendió cinco -de los nueve terrenos- a Consorcio Brades en lo valuado por el corredor público Salomón Vargas.

El dinero de la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios fue entregado a la empresa Cartujano, propiedad de Moisés Mansur y José Antonio Barquín Ruiz en un 99 por ciento.

4 de marzo del 2014

Ortega López en su declaración ministerial añadió que Duarte de Ochoa tiene varias propiedades, entre ellas El Faunito en Córdoba, Veracruz.

Este inmueble fue vendido por José Francisco García Gonzales a Janeiro Rodríguez, prestanombres de Duarte.

También tiene un departamento de lujo en el complejo Torre Pelicano en Boca del Río, Veracruz, y otro en la calle Campos Elíseos, número 71 Bis en la ciudad de México, este último inmueble está a nombre de Moises Mansur Cisneiro, su testaferro.

Mitad del 2014

A mediados de 2014, Arturo Bermúdez recibió una llamada telefónica de Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fungía como tesorero de la Secretaría de Finanzas.

En esa comunicación, Abdalá Saad le informó que por instrucciones de Duarte de Ochoa, a partir de esa fecha todos los programas y recursos federales en materia de seguridad ya no los iba a recibir la Secretaría de Finanzas sino que deberían ser recibidos por Seguridad Pública (SSP), para después reintegrarlos a Finanzas.

Se le especificó que algunas cantidades, que Tarek Abdalá iba a ordenar, se tendrían que pagar a diversos proveedores.

En esa llamada, Abdalá Saad también dijo que tal esquema lo seguían Salud, SEV y Sagarpa.

En el expediente de extradición que se dio a conocer a Duarte de Ochoa, se advierte que Bermúdez Zurita se negó a realizar lo ordenado, sin embargo, Tarek Abdalá le reitero que se trataba de una instrucción directa del entonces gobernador.

Durante 2015

Diversas empresas fachadas -factureras- fueron contactadas por el Gobierno de Veracruz para transferir recursos provenientes de la Secretaría de Educación (SEV) por hasta 350 millones de pesos.

Estos recursos fueron usados para fondear a los testaferros de Duarte de Ochoa y a las empresas Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios.

A principios de Diciembre del 2015, Javier Duarte le llamó a José Juan Janeiro Rodríguez para pedirle que realizara las gestiones necesarias para obtener un crédito bancario. Ya que necesitaba dinero para afrontar diversos gastos del mismo gobierno de Veracruz, como pago de nómina y aguinaldo a los trabajadores del estado.

Janeiro Rodríguez contacto a personal del banco Intercam y junto con Mauricio Audirac, titular de Finanzas, sostuvo con ellos una reunión en su oficina.  En ese encuentro no se llegó a un acuerdo respecto al otorgamiento del crédito.

Días después, Duarte de Ochoa llamó a Janeiro Rodríguez para decirle que había logrado concretar el crédito que buscaba. Y que lo había conseguido con otra institución financiera, pero necesitaba una nueva asesoría.

Fue entonces cuando Duarte de Ochoa le solicitó nombres de empresas que pudieran fungir como receptoras de fondos pertenecientes al estado de Veracruz. Lo anterior con el animo de satisfacer necesidades personales, así como de sufragar los gastos en los que había incurrido para obtener el crédito mencionado.
 
En ese entonces el gobernador pidió que todo lo relacionado con las operaciones de facturación se tratara con el subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo.

Sin embargo, Del Castillo no pudo cumplir con la encomienda de Javier Duarte. Lo que derivó en que las empresas se quejaran porque no tenía manera de comprobar los recursos recibidos.

Las empresas se quejaron de que el gobierno de Veracruz procedió a dispersar importantes cantidades de dinero a ellas, pero Juan Manuel del Castillo no pudo materializar la facturación, y con esto las empresas no pudieron acreditar haber tenido una licitación, emitido una factura o celebrar algún contrato.

Las empresas captaron los recursos del gobierno del estado sin justificación legal alguna.

José Juan Janeiro avisó de este inconveniente a Moisés Mansur, a quien le pidió coordinara una reunión con Javier Duarte, para exponerle lo que pasaba y encontrar una solución. Era evidente que se estaba generando un problema con las empresas de facturación, y con los gestores que habitualmente habían sido sus clientes.

Moisés Mansur concentró una cita entre él, José Juan Janeiro y el mandatario estatal en las instalaciones de Casa Veracruz, ubicada en la capital del estado.

Janeiro refiere que en el encuentro con Duarte, le informó que los 350 millones de esos que las empresas de facturación habían captado en diciembre del 2015, no tenían ninguna justificación respecto de su origen.
Y que las empresas estaban presionando a fin de poder tratar de documentar las operaciones que habían celebrado con una dependencia del gobierno de Veracruz.

La situación no se corrigió, y José Juan Janeiro solicitó una nueva reunión con el mandatario estatal.

Febrero del 2016

En febrero del 2016, Javier Duarte se entrevistó con Janeiro, y este le expuso que había un problema delicado, ya que no había forma de justificar por parte del Gobierno de Veracruz la salida de los recursos entregados a las empresas de gestoría y facturación.

Duarte de Ochoa en un tono sumamente molesto le dijo que le parecía increíble que Juan Manuel del Castillo no hubiera podido resolver este problema. 

Después, José Juan Janeiro se entrevistó con Del Castillo, este último le dijo que el problema que tenían no lo podían solucionar.

En una reunión en la Ciud ad de México en fecha posterior, José Juan Janeiro  le volvió a comentar a Duarte de Ochoa que el tema seguía sin solucionarse.

El ex mandatario respondió que para la solución de ese asunto, y debido a la ineficacia de Juan Manuel del Castillo había designado a Ignacio García Leyva para que se ocupara de solucionar esa problemática.

Personal de empresas de gestoría y del despacho de José Juan Janeiro se entrevistaron con Ignacio García Leyva, quien se comprometió a solucionar el asunto.

Mayo del 2016

En mayo del 2016, la situación no presentaba ningún arreglo, y cuando José Juan Janeiro cuestionaba a García Leyva sobre el compromiso de resolver el problema, Este último el contestaba que tenía cosas más importantes que hacer.

Dos veces más, Janeiro se entrevistó con Javier Duarte, y le exponía que las cosas todavía no se arreglaba.

Septiembre del 2016

En septiembre del 2016,  en la Ciudad de México, José Juan Janeiro le dijo a Duarte de Ochoa que no solo no se había regularizado la sustracción de los 350 millones de pesos. Sino que el asunto era francamente complicado porque el destino del dinero estaba vinculado a operaciones personales del gobernador y de Moises Mansur Cisneiros y otras personas.

De explicó que la falta de un procedimiento para regularizar la situación acarrearía un problema grave.

Septiembre del 2016

Una semana más tarde después de la entrevista, Duarte de Ochoa le llamó a José Juan Janeiro para decirle que él ya había solucionado el asunto, y que para él, era un asunto finiquitado.

La solución que había dado, fue desaparecer los registros electrónicos y contables de la operación en el seno del gobierno del estado. Janeiro le dijo que esa posición era inaceptable porque si bien se podían desaparecer los registros en el seno del gobierno. En el sistema bancario había evidencia de esas transacciones efectuadas desde la SEV, a partir del 23 de diciembre del 2012.

Janeiro le dijo a Duarte que esa transacción podría comprometer mucho más su posición, ya que una simple extracción de recursos aleatoria, ya que las empresas tenían acreditado el dinero - los 350 millones de pesos- las empresas de facturación habían mandado al Consorcio Trade y a Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios.

rgg

 


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