Semana del 25 de Abril al 01 de Mayo de 2025

"Grupo Franco's" talento local que apunta alto

"Grupo Franco's" talento local que apunta alto

Quizás por primera vez en muchos años, las familias potosinas pueden empezar a creer que su casa dejará de ser una incertidumbre. Y se convertirá, por fin, en lo que siempre debió ser: un hogar con cimientos legales y con futuro.

En San Luis Potosí, el acceso a la vivienda no solo es un problema de infraestructura o recursos económicos, sino también una profunda herida legal y social: la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Por décadas, miles de familias han vivido en colonias irregulares, sin escrituras, sin servicios y sin una figura clara que los respalde. Hoy, el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Gobierno del Estado (INREVIS), bajo la dirección de Christian Joaquín Sánchez, busca revertir esa historia marcada por el abandono, la corrupción y la informalidad.

Lo primero ha sido aceptar el tamaño del problema. A lo largo del estado, desde San Luis capital hasta Tamazunchale, pasando por Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles, proliferan los asentamientos que nacieron sin cumplir requisitos básicos de urbanización: sin dejar espacio para áreas verdes, sin escrituras registradas, sin servicios municipales. A esto se suma el fenómeno de los urbanizadores informales que, al margen de la ley, vendieron predios a crédito sin contar con los derechos plenos sobre los terrenos.

"Nos encontramos con colonias donde hay más de una persona con papeles sobre el mismo lote", reconoce Sánchez. El caos es tan profundo que en municipios como Vanegas o Mexquitic, durante años se validaron contratos de compraventa mediante jueces auxiliares en lugar de notarios públicos, generando títulos sin valor jurídico real. A veces, ni siquiera hay documentos: solo una historia familiar de ocupación o una promesa verbal de venta.

La consecuencia directa ha sido el limbo legal. Familias enteras que han pagado por su terreno durante años, pero que no pueden escriturar. Municipios atados de manos para brindar servicios básicos a colonias no reconocidas. Y lo peor: una puerta abierta al abuso. Existen casos documentados de extorsión, fraude y engaños por parte de quienes prometieron regularización, cobraron por ella y luego desaparecieron sin dejar rastro.

Christian Sánchez no elude ese pasado. "La promotora estatal falló en su objetivo social", admite, al referirse a la extinta institución que debió encargarse de estos procesos y que dejó una estela de desconfianza entre la ciudadanía. Heredó una institución deteriorada, con un archivo destruido y sin estructura para atender la demanda. El primer paso fue reconstruir desde dentro.

Hoy, el enfoque es distinto: recuperar la credibilidad a través del diálogo con las comunidades, los notarios y los municipios. El INREVIS ha iniciado la firma de convenios con alcaldías interesadas en regularizar las colonias de su jurisdicción. Estos acuerdos permiten generar descuentos municipales y facilitan los trámites para quienes desean poner en regla su patrimonio. "Se trata de llevar la legalidad a quienes más la necesitan, no de hacer negocio con ella", sentencia Sánchez.

Pero el proceso no es sencillo ni uniforme. Cada caso requiere un diagnóstico. Hay quienes tienen un contrato privado de compraventa y ocupan el terreno desde hace años. En esos casos, el trámite puede agilizarse con apoyo notarial. Otros deben iniciar un juicio de posesión, o incluso un proceso intestamentario si el propietario original ya falleció. También hay quienes no tienen más que la fe de haber comprado de buena voluntad.

A pesar de todo, hay avances. El INREVIS ya ha identificado colonias prioritarias en más de una decena de municipios, y en breve comenzarán los procesos de escrituración formal. Se espera que, en los próximos meses, el propio gobernador Ricardo Gallardo entregue escrituras públicas en todas las regiones del estado, como parte de una estrategia para reducir la informalidad y fortalecer el derecho humano a la vivienda digna.

Sin embargo, la deuda histórica es enorme. La irregularidad no solo es un problema jurídico, sino también un factor que condiciona el acceso al crédito, a los servicios públicos, a la seguridad. Para muchas familias, no tener escrituras significa no poder heredar legalmente, no poder ampliar su casa, no poder vivir con tranquilidad.

Por eso, el reto no es solo administrativo. Es ético y político. El Estado debe garantizar que nunca más se permita la proliferación de colonias fuera del marco legal. Y, al mismo tiempo, debe reparar —con justicia, sensibilidad y eficacia— el daño causado a quienes creyeron en promesas que nunca se cumplieron.

Hoy, al menos, hay una nueva narrativa. Desde el INREVIS se habla de derechos, no de favores. Se habla de procesos, no de improvisación. Y se reconoce, con humildad, que hay que dar la cara incluso por errores que no se cometieron en esta gestión. "Aunque no haya recibos, aunque no haya folios fiscales, aunque el dinero se lo hayan llevado otros, nosotros buscamos dar solución", afirma su director.

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