A los campesinos del Ejido Mina se les engañó y se les compró a precios muy bajos que irían desde dos pesos el metro cuadrado en unas 2430 hectáreas.
David Casas Sauceda / Corresponsal | lasillarota.com| | Lunes, 20 de Abril de 2015| 17:07
MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- El Congreso Local busca tener toda la información relativa a la compra de terrenos ejidales por parte de la familia del gobernador Rodrigo Medina y del candidato a la alcaldía del municipio de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, para presentar la denuncia correspondiente y revertir la operación que hasta el momento cae en el delito de tráfico de influencias.
La diputada Imelda Alejandro de la Garza, dijo que se solicitó al registro Agrario Nacional, la suspensión de cualquier título o registro de parcela agraria y a la Procuraduría Agraria se envíe al Congreso todo lo relativo a la adquisición de los bienes adquiridos por Humberto Medina y Alejandro y Humberto Medina de la Cruz, padre y hermanos del gobernador, así como Cienfuegos que se hicieron pasar como ejidatarios con residencia en el Ejido Mina, del municipio de Mina, unos 40 kilómetros al norte de Monterrey.
La venta se hizo a través de intermediarios como Alejandro y Héctor Martínez Martínez, propietarios del parque industrial Kalos, explicó la legisladora.
A los campesinos del Ejido Mina se les engañó y se les compró a precios muy bajos que irían desde dos pesos el metro cuadrado en unas 2430 hectáreas.
Imelda Alejandro de la Garza considera que es aunque en principio la operación es legal, no es moral pero además de configuraría el delito de tráfico de influencias más otros que pudieran surgir.
La familia del gobernador y el candidato Cienfuegos habrían incurrido también en un engaño pues su domicilio no es el ejido citado donde uno de los requisitos es que se tenga como mínimo un año de residencia para una operación de esa naturaleza.
La diputada de extracción panista denunció por otro lado que este mismo tipo de operaciones de compra venta se han realizado en otras localidades como la de Cadereyta, al oriente, donde funcionarios estatales estarían involucrados, pero al momento se hace la investigación para presentar una denuncia con los datos concretos.
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