LA GUERRA DE CIFRAS Y CADÁVERES: ZACATECAS VS. SLP Y BLINDAJE A PRUEBA
El enfrentamiento verbal entre los secretarios generales de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, y de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, ha escalado a una preocupante "guerra de declaraciones" que parece centrarse en quién se “avienta” la responsabilidad y, más grave aún, los muertos del crimen organizado. La reciente detención de cuatro agentes de la Guardia Civil de SLP en Zacatecas, cerca de donde se hallaron siete cuerpos sin vida, ha servido de catalizador para exponer una tensa relación bilateral. Las declaraciones de Reyes Mugüerza, al confirmar que los agentes potosinos viajaban en un vehículo particular con restos hemáticos y casquillos, sin un oficio de comisión, no solo buscan justificar la acción de su policía, sino que también señalan directamente una posible vinculación de la seguridad potosina con hechos delictivos en la zona limítrofe. La respuesta del secretario de SLP, poniendo en duda las evidencias, subraya el intento de sacarle la vuelta a la estadística de violencia, en un juego político que distrae de la crisis real de inseguridad en la región.
La confrontación entre ambos estados, donde Zacatecas tiene un caos de violencia innegable, se vuelve un escenario propicio para el lucimiento o el descrédito político. Mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de SLP, ha invertido fuertemente en una estrategia mediática para promover el concepto de “blindaje” en las fronteras, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, parece buscar activamente tumbar esa narrativa. La detención de policías de otro estado, bajo condiciones tan irregulares y ligadas a un hallazgo de cuerpos, es la herramienta perfecta para cuestionar la efectividad de ese blindaje. Para Monreal, demostrar que la violencia de SLP se exporta a Zacatecas, o que los agentes potosinos están involucrados en actividades criminales en su territorio, debilita la imagen de un SLP “salvado” y lo coloca como parte del problema regional, diluyendo la percepción de fracaso en Zacatecas.
Este pulso de declaraciones, sin embargo, revela una falacia peligrosa: la preocupación por la narrativa opaca la preocupación por la vida. Zacatecas, con una tasa de homicidio doloso que lo ha colocado históricamente entre los más altos del país (alcanzando cifras de hasta 75.8 por cada 100 mil habitantes en años recientes), enfrenta una situación crítica que no puede ser solventada desviando la atención a problemas fronterizos. Por su parte, el “blindaje” de SLP, aunque haya logrado contener la tasa de feminicidios a cinco casos de enero a septiembre de 2025 (como se mencionó anteriormente), no ha evitado que se reporten 18 mujeres víctimas de homicidio doloso en el mismo periodo, ni los más de 1,400 casos de lesiones dolosas. La Fiscalía de Zacatecas ha prometido una investigación “profesional” para determinar el vínculo de los policías potosinos con los siete cuerpos hallados, y es esa investigación —con datos forenses y no con declaraciones políticas— la que debe arrojar luz. La ciudadanía, tanto en Zacatecas como en SLP, exige que los datos de prueba, como los restos hemáticos y el armamento no oficial, sean el foco y no el pretexto para una disputa estéril entre oficinas de gobierno.

QUE SE ACABE EL NEGOCIO EN EL ENLACE REGISTRO CIVIL
En Ciudad Valles, la Secretaría General tomó el control de las citas del Registro Civil tras múltiples quejas por la supuesta venta de turnos dentro de la oficina. No es la primera vez que interviene; fue la misma dependencia la que instaló la dirección local, y hoy vuelve, pero por desorden y rezagos en los trámites.
Los ciudadanos exigen algo básico: un servicio transparente. Si este cambio realmente busca poner orden, deberá acabar con la práctica de vender espacios y garantizar que los turnos sean para quien los solicita, no para quien paga.
El mensaje es claro: el Registro Civil no debe ser negocio de nadie, sino una oficina que cumpla su función. Que ahora sí se note el cambio.

INVADIDA LA CAPITAL POTOSINA DE INSEGURIDAD Y GALINDO PENSANDO EN PEDIR MÁS DINERO
Hoy, en un hecho delictivo registrado en Circuito Potosí, a la altura del puente León García, al sur de la capital, se localizaron a dos personas en una camioneta, luego de que resultaron heridas por impacto de arma de fuego en una presunta agresión directa. Ambas personas fueron trasladadas al hospital. Pero la gran policía municipal solo acordonó la zona, previo a la llegada de los Servicios Periciales de la FGE, para que realizaran la recopilación de indicios para la investigación correspondiente, porque es lo único que pueden hacer: llegar al lugar cuando la gente ya está lesionada. Y para variar, ahora no con arma blanca, sino con arma de fuego.
¿Dónde están las cámaras que tanto presume Enrique Galindo Ceballos? ¿Dónde está el gran equipo que hoy está siendo investigado por una familia de la capital potosina por agresiones?
Sin embargo, Enrique Galindo Ceballos, este día, lo único que ha considerado es incrementar su presupuesto 2026. ¿Para qué? Para acabar su proyecto personal, para seguir llenándose los bolsillos a diestra y siniestra. En fin, ahora la ciudadanía no solamente espera ser asaltada con armas blancas, sino que ya, a plena luz del día, podamos ser atacados con armas de fuego y seguir escuchando puras mentiras de Enrique Galindo Ceballos.

25N: LA CIFRA DE LA VIOLENCIA EN SLP
La Cifra de la Violencia en San Luis Potosí
Cada 25 de noviembre (25N), el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resuena en todo el mundo como un recordatorio sombrío de la lucha que miles de mujeres libran a diario; una fecha que honra el coraje de las Hermanas Mirabal y llama a la acción global. En San Luis Potosí, esta conmemoración no es la excepción y nos obliga a confrontar una realidad que, aunque las cifras oficiales de ciertos delitos muestren ligeras reducciones, sigue siendo dolorosamente palpable en la vida de miles de potosinas. Si bien el estado se ubicó en el lugar 28 a nivel nacional por feminicidios de enero a septiembre de 2025, registrando cinco casos —una cifra menor a la media—, el panorama general de la violencia contra la mujer es mucho más amplio y alarmante. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) ya estimaba que el 68.6% de las potosinas de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) a lo largo de su vida.
La gravedad de la situación en SLP se manifiesta en las estadísticas de otros delitos que afectan directamente la integridad de las mujeres. De enero a septiembre de 2025, el estado reportó 18 mujeres víctimas de homicidio doloso. En cuanto a las lesiones dolosas, se registraron 1,439 víctimas en el mismo periodo. Es imperativo señalar que estas cifras oficiales, basadas en las carpetas de investigación que ingresan a la Fiscalía, están inevitablemente contaminadas por la cifra negra de la no denuncia. Históricamente, el estado de San Luis Potosí ha enfrentado una baja tasa de denuncias, lo que significa que el número real de mujeres que sufren maltrato, acoso o agresiones en el ámbito familiar y de pareja es inmensamente mayor. Este contexto de impunidad, donde la desconfianza en el sistema de justicia desalienta a las víctimas, convierte la violencia de género en un problema estructural que requiere un abordaje más allá de la reacción, centrado en la prevención y en la reconstrucción de la confianza.
En este 25N, la sociedad potosina y sus autoridades deben comprender que la lucha contra la violencia no puede centrarse únicamente en disminuir el indicador más extremo, el feminicidio, sino en erradicar todas sus formas. La violencia psicológica, la violencia económica (que limita la supervivencia de la víctima) y la violencia familiar son la base sobre la que se construye el ciclo de abuso. La conmemoración de hoy debe ser un llamado a transformar los entornos que normalizan el control y el maltrato. Es urgente que los esfuerzos de coordinación interinstitucional y la inversión en seguridad se traduzcan en políticas públicas que ofrezcan una salida efectiva, segura y digna a las mujeres que viven bajo amenaza, garantizando que cada denuncia se convierta en una investigación seria y que el apoyo a las víctimas sea integral y accesible en las cuatro regiones del estado. La única forma de que el próximo 25N las cifras sean verdaderamente alentadoras es atacando de raíz la desigualdad y la impunidad.

RESTA Y SUMA
Ya existen antecedentes de cómo la disputa por negar o admitir cadáveres era una constante entre San Luis Potosí y Zacatecas, esta vez la diferencia cobró dimensiones nunca antes vistas, sobre todo, porque se habla de 2 administraciones cuatroteistas.
La confrontación es bastante complicada, porque nadie de las 2 gubernaturas estará dispuesta a reconocer 7 cadáveres, menos el estado del perrito que hace unos días reportó el hallazgo de 5 cuerpos en el municipio de Ahualulco.
Lo que más llama la atención, es que cada una defiende a capa y espada su versión, generando muchas dudas y la dificultad de establecer quién miente y quién dice la verdad, en gran medida porque ambas son fuentes oficiales y con "credibilidad".
Mientras el gobierno monrrealista acusa que 4 policías estatales potosinos le "sembraron" las víctimas de asesinato, al grado de cacharlos con las "manos en la masa", la gestión gallardista presentó un video donde se les detiene a los oficiales por cuestiones ajenas a los muertos.
Entonces es dónde vienen la serie de dudas. Los muertos existen, pero quién los colocó en qué lugar, quién inventó una historia para salir a flote y culpar al vecino...los resultados contundentes dejarán un victorioso con credibilidad a prueba, pero el falso mejor que vaya buscando dónde esconderse porque ya no podrá quitarse la etiqueta de "maquillador de la muerte".

EL ARTE DE DESCOMUNICAR
Como medio de información debemos hacerse eso: informar, pero principalmente, comunicar. Es decir, transmitir correctamente el mensaje con las palabras correctas, sencillas y apropiadas con el objetivo de generar compresión y datos digeribles para toda la sociedad.
Sin embargo, las instituciones gubernamentales también deciden hacerlo directamente, por eso cuentan con áreas o departamentos de Comunicación Social (lo mismo que un periódico, pero sin crítica y donde todo es color de rosa) encargadas de mostrar a la población la versión de los hechos.
Usted es el mejor jurado para juzgar con quién se informa y comunica mejor. Partiendo de ahí, existe una institución que cada vez está peor. Se desconoce si es por falta de capacidad comunicativa, deficiencias internas o carencia de un verdadero liderazgo disciplinado.
Adivinó, se trata de la Fiscalía General del Estado que sigue sin dar una. Después que a lo largo del año quedó probada su incapacidad para establecer control en el cumplimiento del debido proceso, evitar la revictimización de las víctimas e informar con transparencia y credibilidad, hoy está peor que nunca.
El manejo ético y profesional de crímenes con impacto mediático terminó por dejar exhibida a su vocería. De entrada, la fiscal Manuela García Cázares se abstiene de informar algunos aspectos por la secrecía y 2 doritos después dice otra cosa.
Lo mismo sucede con los comunicados. "Informa" sobre un hecho, pero ni siquiera indica lo mínimo: número de víctimas, lugar de los hechos y qué tipo de armas se usaron en caso de tratarse de homicidios.
Y no es exigencia, ni nada que afecte la carpeta de investigación, ya que todo lo anterior se ha difundido en sus boletines de prensa. En pocas palabras no tiene homologación de criterios en su comunicación social. Igual si se trata de un crimen en la UASLP lo redacta con mayúsculas, pero si se comete en la Arena Potosí refiere que corresponde a centro de espectáculos en una colonia del sur de la capital.

¿RUTH, EL PUNTO DE QUIEBRE RUMBO AL 2027?
En la ruta hacia el 2027, el llamado “factor Ruth” comienza a colocarse en el centro de las tensiones entre Morena y el Partido Verde. Desde la dirigencia del PVEM se ha dejado ver que la narrativa negativa lanzada por ciertos grupos de Morena contra Ruth González Silva —senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo— podría convertirse en una de las razones de peso para una eventual ruptura nacional. Lejos de debilitarla, estos ataques han fortalecido su presencia rumbo a la contienda, donde su nombre suena con más fuerza dentro de la estructura verde. La alianza Morena–PT–PVEM, que alguna vez caminó en sintonía, hoy luce desgastada y con señales inequívocas de distanciamiento.
Uno de los episodios más claros de esta tensión fue la reforma contra el nepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscaba impedir que familiares directos de gobernadores compitieran en 2027. El PVEM presionó, negoció y logró que la medida entrara en vigor hasta 2030, abriendo la puerta para que Ruth González Silva pueda contender sin restricciones legales en San Luis Potosí. Este acuerdo dejó visibles las grietas internas: mientras Morena defiende una postura institucional, el Partido Verde protege sus cartas fuertes. Así, el 2027 se asoma como una prueba de impacto para una coalición que, aunque llegó unida a Palacio Nacional, hoy enfrenta su posible mayor fractura

LA FERERIO, LA MINA QUE FINANCIA AMBICIONES
La Fererio se ha convertido en el negocio perfecto para funcionarios, regidores y, por supuesto, para el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, quien parece usarla como su propia alcancía rumbo al proyecto político de su esposa, Karina Quintero. Lo que debería ser una festividad para la población terminó transformándose en un mecanismo de recaudación disfrazado de tradición, donde cada peso entra con destino claro y apellido definido. Y mientras la ciudadanía espera transparencia, el círculo cercano del edil perfecciona un modelo que opera más como caja chica que como evento municipal.
Lo más preocupante es que la administración ha reducido el ejercicio de gobernar a un espectáculo continuo, como si la gestión pública fuera un TikTok interminable. Entre ocurrencias y contenido para redes, la seriedad institucional se esfuma y Rioverde termina convertido en escenario de improvisaciones, no de soluciones. En la autodenominada “capital del mundo”, las prioridades parecen invertidas: más show que administración, más bufones que servidores públicos. Y mientras tanto, los intereses personales avanzan sin freno.

VESTIRSE DE COLORES ANTES DE TIEMPO
En política nada es casualidad, y este caso no es la excepción. Conforme se acercan los tiempos electorales, algunos integrantes del Cabildo de Ciudad Valles ya empiezan a mover piezas para brincar a la siguiente posición y garantizar su permanencia en la nómina pública. Aunque oficialmente “no son tiempos”, en los pasillos del Ayuntamiento vallense los pasos adelantados ya se escuchan fuerte y claro.
Un ejemplo evidente es la síndico municipal Claudia Huerta, quien en los últimos días ha sido vista portando con orgullo el guinda, pese a asegurar que ningún color la define y que tomará decisiones hasta 2027. Sin embargo, su exposición pública y los gestos políticos muestran lo contrario: se adelanta, se acomoda y se perfila. ¿Coherencia o cálculo? La ciudadanía no es ingenua; sabe leer entre líneas y detectar cuándo alguien ya está en campaña disfrazada de funciones oficiales.

ORGANISMOS DEL AGUA INCUMPLEN SU PROMESA DE “0%”
Engañaron a los usuarios. Aunque los organismos operadores del agua en San Luis Potosí aseguraron públicamente que no propondrían incrementos en sus cuotas y tarifas para 2025, las iniciativas que enviaron al Congreso cuentan otra historia. La diputada Nancy Jeanine García, presidenta de la Comisión del Agua, confirmó que ninguna coincide con el anuncio del 0%. Por el contrario, en los documentos oficiales aparecen aumentos dispersos, desordenados y sin el formato técnico que —desde las capacitaciones previas— se les pidió respetar para homologar el proceso de revisión.
García explicó que todas las propuestas incluyen incrementos, incluso en el servicio doméstico, y algunos resultan excesivos, alcanzando hasta un 20% en ciertos conceptos. Interapas tampoco es la excepción: pese a su discurso, en su iniciativa presenta variaciones que rondan el 1.5%, sin uniformidad ni claridad. La legisladora adelantó que en los próximos días expondrá ante la comisión el desglose de cada organismo, cuáles incumplieron y cómo se alejan del criterio legal que toma como referencia el Índice Nacional de Precios al Productor. Su sentencia fue contundente: “Dijeron que no habría aumentos, pero la realidad es otra; sí los traen, y ahora toca revisarlos con responsabilidad.”

“YA ESTUVO BUENO DE CULPAR A OTROS”
La presidenta del PRI en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, lanzó un reproche directo al Gobierno Federal por intentar responsabilizar a los partidos de oposición de las recientes manifestaciones de productores agrícolas y de la llamada Generación Z. Aseguró que funcionarios acusaron falsamente al PRI, PAN y PRD de estar detrás de la organización de transportistas y agricultores inconformes, lo que calificó como un intento más de evadir responsabilidades ante la creciente inconformidad social.
Rocha Medina advirtió que preocupa ver cómo, ante cada protesta, el gobierno prefiere buscar culpables en lugar de atender las causas reales. Recordó que lo mismo ocurrió con la marcha de jóvenes, donde también se intentó ligar a partidos, asociaciones y empresarios. Subrayó que el problema es simple: la gente está cansada y se manifiesta porque las autoridades no están dando resultados. Con énfasis en la crisis del campo —“los campesinos están en el suelo, de la tierra para abajo”— llamó al gabinete federal a dejar la confrontación política y sentarse a resolver. Su mensaje final fue un jalón de orejas: que dejen de culpar a la “maldita herencia” y se dediquen a trabajar y decir la verdad, porque la ciudadanía ya exige respuestas y no pretextos.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SIMULACIÓN EN LA CEDH
La ciudadana María de Jesús Armendáriz Prieto denunció públicamente una cadena de omisiones e irregularidades dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Auditoría Superior del Estado, señalando que sus quejas por violencia institucional permanecen estancadas desde 2023. Afirmó que, aunque la Contraloría Interna pide “seguir los protocolos”, en la práctica no existe avance real. “Tenemos quejas desde 2023 y no pasa nada. No somos una víctima más, somos muchas, y seguimos sin justicia”, reclamó.
Armendáriz señaló directamente al funcionario Erick Osbaldo Oñate Ramírez, a quien acusa de no resolver los casos y de actuar con evidente incongruencia, pues mientras las víctimas esperan respuesta, él participa públicamente en actividades con la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, en distintos eventos en la Huasteca. La denunciante cuestionó cómo un funcionario implicado en procedimientos internos puede seguir en actos institucionales y cercano a la presidencia del organismo. “Para las víctimas esto no es institucionalidad, es corrupción”, dijo. Exigió que las autoridades competentes revisen la actuación de los funcionarios señalados y garanticen procesos justos, transparentes y libres de favoritismos dentro del organismo encargado, precisamente, de proteger los derechos humanos.

ALTA APROBACIÓN DE GALLARDO PERFILA AL VERDE PARA ARRASAR EN 2027
La calificación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona aparece hoy como el principal activo electoral del Partido Verde rumbo al 2027. Con un 55% de aprobación, según el más reciente Ranking Mitofsky, el mandatario potosino se posiciona como el tercer mejor evaluado entre los 17 gobernadores que irán a elección dentro de dos años, un factor que podría traducirse en una ventaja prácticamente irreversible para el gallardismo. De mantenerse la tendencia, el PVEM llegaría con el terreno despejado para “ganar de calle” la gubernatura.
Este respaldo ciudadano, que solo nueve gobernadores alcanzan, se suma a un escenario donde varias administraciones —incluidas algunas de la propia 4T— llegan debilitadas al tramo final. En contraste, San Luis Potosí aparece entre las entidades con una base social sólida, alimentada por obras de infraestructura, programas sociales y acciones de seguridad que han elevado la percepción del gobierno estatal. La lectura dentro de la política local es directa: si la elección fuera hoy, la marca Gallardo sería suficiente para asegurar un triunfo holgado y mantener al Verde como fuerza dominante rumbo al 2027.

OTRO FOCO ROJO EN TAMUÍN: INTENTO DE SECUESTRO EXPONE EL FRÁGIL CONTROL DEL ALCALDE
La mañana de este martes volvió a sacudir a Tamuín con un intento de secuestro contra una menor de edad en la colonia Vista Alegre, un hecho que confirma el deterioro de la seguridad bajo la administración de Marcelino Bautista. Eran las 7:05 de la mañana cuando la menor, que se dirigía a su escuela en bicicleta, fue interceptada por un sujeto a bordo de una camioneta pickup negra. El agresor intentó someterla y colocarle un trapo en la boca, pero la niña logró defenderse con una patada y huyó en busca de ayuda. Gracias a su reacción, el ataque no se consumó.
Personal escolar activó los protocolos internos y la madre de la menor presentó la denuncia correspondiente, mientras las autoridades realizaron recorridos sin lograr ubicar al responsable. El hecho encendió la indignación de vecinos que denuncian la falta de vigilancia, la ausencia de estrategia y el clima creciente de inseguridad. Hoy, la ciudadanía vuelve a señalar lo evidente: Tamuín se queda sin respuestas ante un gobierno municipal que no logra garantizar lo más básico, la seguridad de sus familias.

INTRUSO EN HOTELES PONE EN RIESGO A TURISTAS Y COMERCIANTES
Empresarios del sector hotelero de Ciudad Valles encendieron las alarmas tras detectar a un hombre que ha intentado ingresar de manera irregular a establecimientos del primer cuadro de la ciudad, generando preocupación entre visitantes y prestadores de servicios. La noche del domingo, el sujeto logró entrar al Hotel Piña y recorrió los pasillos probando las chapas de varias habitaciones, presuntamente con la intención de robar, en un inmueble que se encontraba casi lleno.
De acuerdo con los testimonios, el intruso subió sin ser detectado porque el recepcionista lo confundió con un acompañante de otro grupo. No fue hasta que su comportamiento levantó sospechas que se activaron las alertas internas. Las cámaras de seguridad captaron con claridad al individuo, lo que permitirá que la Guardia Civil lo identifique y actúe. Empresarios señalaron que el hombre ha sido visto en otras zonas del Centro Histórico, donde representa un riesgo directo para comerciantes y turistas, por lo que exigieron mayor vigilancia para evitar que este tipo de episodios siga afectando la imagen y la seguridad de la ciudad.

AQUISMÓN RECIBE IMPULSO: MODERNIZACIÓN DE CARRETERA TAMPATE–TAMÁPATZ LLEGA EN 2026
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la modernización de la carretera Tampate–Tamápatz, un proyecto de 14 kilómetros y más de 60 millones de pesos que promete transformar la movilidad en Aquismón y detonar el turismo hacia uno de los parajes naturales más emblemáticos del país: el Sótano de las Golondrinas. Tras reunirse con el alcalde Cuauhtémoc Balderas Yáñez, el Mandatario adelantó que esta obra se suma a una nueva cartera de infraestructura diseñada para fortalecer el desarrollo económico de la Huasteca.
Gallardo Cardona aseguró que la modernización será una realidad en enero de 2026 y que representa un paso más en el compromiso de llevar infraestructura sin límites a las cuatro regiones del Estado, luego de tres décadas —dijo— de abandono por parte de gobiernos anteriores. Además, invitó a las familias de Aquismón a participar en la posada estatal del 18 de diciembre, un evento que busca fomentar la convivencia y llevar un mensaje de cercanía a las comunidades de la región.

AZUARA PIDE QUE LA REFORMA AMBIENTAL NO SEA “PURA SIMULACIÓN”
El diputado federal David Azuara Zúñiga sostuvo que la discusión de la reforma en materia de delitos ambientales en San Lázaro representa una oportunidad histórica para dotar al país de un marco legal firme, moderno y realmente útil para proteger el agua y los ecosistemas. Sin embargo, advirtió que cualquier avance será inútil si el gobierno federal continúa sin vigilar, sancionar o detener a quienes destruyen el patrimonio natural. Por ello, adelantó que Acción Nacional impulsará una ruta de propuestas para evitar que la reforma termine como un documento técnico más, sin impacto real en el territorio.
Azuara planteó penas que inhiban efectivamente los delitos ambientales, responsabilidad penal para empresas contaminantes y la creación de tipificaciones específicas para quienes dañen cuerpos de agua o infiltren químicos. Propuso que los recursos derivados de las sanciones se destinen obligatoriamente a reforestar, limpiar ríos y restaurar zonas naturales, además de fortalecer a la Procuraduría de Protección al Ambiente con presupuesto, inspectores y capacidades reales de vigilancia. “Sin inspectores, no hay ley. Sin presupuesto, no hay Estado. Y sin vigilancia, sólo hay simulación”, remató.

GALLARDO CONFIRMA: EN 2026 NO HABRÁ TENENCIA, PLACAS NI LICENCIAS CON COSTO EN SLP
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que en 2026 San Luis Potosí no cobrará tenencia vehicular, pese a la intención del Gobierno Federal de reactivar este impuesto. Recordó que su administración blindó este beneficio para las y los potosinos, y reiteró que también se mantendrán las placas gratuitas y las licencias sin costo y permanentes, con el objetivo de evitar nuevas cargas económicas para las familias. Explicó que estas medidas ya están contempladas en la Ley de Ingresos y no comprometen la operatividad financiera del Estado.
Gallardo enfatizó que San Luis Potosí seguirá siendo uno de los pocos estados del país que ofrece este tipo de apoyos sin límites, permitiendo que miles de personas realicen trámites indispensables sin afectar sus ingresos. Invitó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y reiteró que durante todo 2026 no habrá cobros por tenencia, placas ni licencias, como parte del compromiso de su gobierno para aliviar el gasto familiar en un contexto de presión económica nacional.

RIOVERDE FORMALIZA REGLAMENTO DE LA GUARDIA CIVIL MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Rioverde dio un paso clave en el fortalecimiento de la seguridad local al presentar oficialmente el Reglamento de la Guardia Civil Municipal, inspirado en los modelos aplicados en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. La nueva normativa busca consolidar un esquema de proximidad ciudadana, con énfasis en la cooperación entre corporaciones y habitantes, además de ofrecer mayor certidumbre jurídica en la actuación policial.
El reglamento contempla la creación del Jefe de Grupos Tácticos de Reacción y Protección a Funcionarios, quien dependerá de la Dirección de Fuerzas Municipales y coordinará a los agrupamientos con capacitación especializada. También define un sistema claro de disciplina interna: superiores y comisionados podrán aplicar sanciones conforme a la jerarquía y antecedentes del elemento, que van desde amonestaciones y arrestos de hasta 36 horas, hasta suspensiones de 60 días o la baja definitiva, todas integradas al expediente correspondiente.

RESCISIÓN QUE REVELA VIEJAS FALLAS
La reciente decisión de la Comisión Estatal del Agua de rescindir el contrato con Aguas de Reúso del Tenorio no solo exhibe incumplimientos acumulados, sino también la fragilidad de proyectos que por años operaron bajo esquemas poco transparentes. El edicto y el oficio que sustentan la terminación confirman un expediente añejo: un contrato firmado en 2002, una empresa sin garantía de terminación y un servicio que no logró responder a las necesidades del organismo. Que la resolución tenga efecto inmediato revela la urgencia de corregir un modelo que, lejos de solucionar problemas, terminó generando daños y posibles responsabilidades legales.
Es significativo que la CEA haya instruido la recuperación de montos indebidamente recibidos y la apertura de vías civiles, administrativas o penales. Este paso, además de necesario, abre una ventana para revisar a fondo cómo se otorgaron, operaron y supervisaron estos contratos durante años. La notificación por estrados y su publicación en el Periódico Oficial no es un mero trámite: marca el cierre formal de una etapa y el inicio de otra que exige claridad, vigilancia y decisiones firmes para evitar que la historia del Tenorio se repita en otros proyectos hidráulicos del estado.

CUIDADOSA DISTANCIA EN MORENA SLP
Al parecer, ya comienzan a abrirse los ojos sobre quién es realmente el diputado Cuauhtli Fernando Badillo. En la última reunión de Morena en San Luis Potosí, la dirigencia estatal —encabezada por Rita Ozalia Rodríguez— mantuvo una actitud fría y distante hacia el legislador, un gesto que no pasó desapercibido entre los asistentes. Todo indica que la dirigente ya advirtió las jugadas del diputado, quien habría estado “picando los ojos” hacia dentro del partido y operando más en función de sus propios intereses que de la agenda guinda.
Y es que, Badillo Moreno lleva rato jugando en varias canchas: lo mismo acuerda con el alcalde capitalino Enrique Galindo y busca quedar bien con el gobernador Ricardo Gallardo. Esa doble ruta, que algunos interpretan como oportunismo político, empieza a incomodar dentro de Morena, especialmente ahora que se acercan definiciones importantes para 2026. Dentro del partido ya quedó claro que quien quiera mantenerse deberá escoger un lado... y sostenerlo.

ARMA DE INTIMIDACIÓN
La auditoría volvió a colocarse en el centro del debate, ahora como un instrumento que parece operar más como mecanismo de intimidación que como herramienta técnica de revisión. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presume estar listo para entregar las Cuentas Públicas 2024, pero su actuación deja demasiados cabos sueltos: retrasos, criterios poco claros y un aroma político que se ha vuelto difícil de disimular. La cifra de mil cuatrocientos millones de pesos en observaciones, lejos de fortalecer su credibilidad, abre dudas sobre la capacidad del propio órgano para orientar y verificar a tiempo, así como sobre la objetividad con la que evalúa a los entes fiscalizados.
A esto se suma el discurso del titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, que insiste en amenazas de procedimientos penales y embargos, sobre todo hacia exfuncionarios con aspiraciones políticas. Más que transparencia, el mensaje transmite presión. Las ocho denuncias penales presumidas como “logro” exhiben la ruta mediática del IFSE, que castiga más de lo que previene y genera más tensión política que claridad administrativa. En lugar de fortalecer la rendición de cuentas, el órgano parece inclinarse hacia un uso estratégico de la fiscalización, quedándose corto en su misión real: garantizar un control técnico, imparcial y efectivo del gasto público.

¿CUATRO FEMINICIDIOS EN SLP SERÁ?
Lamentablemente, en San Luis Potosí se han registrado varias muertes violentas de mujeres en las cuatro zonas del estado, resaltando la Zona Media, así como también el municipio de Ahualulco, Mezquitic, Carmona, entre otros. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí las ha catalogado como muertes violentas, lo cual no se tipifica como feminicidio. Y es que, para la Fiscalía General del Estado, es importante aparecer con números bajos para que a nivel nacional no sea exhibida; sin embargo, la situación es otra en el estado potosino, donde ahora la Secretaría de las Mujeres quiere desaparecer la alerta de género en varios municipios, lo cual sería una absurda decisión.
En este Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género, la fiscal general del estado de San Luis Potosí ha informado que, en lo que va del 2025, se han registrado cuatro feminicidios, aunque uno de ellos aún se encuentra en investigación para determinar si corresponde o no a un hecho de género. Además, dijo que existen seis muertes violentas de mujeres, incluyendo feminicidios, y dos casos que fueron clasificados bajo este delito, lo cual las familias de esas mujeres han refutado, mostrándose en contra de dicha decisión.
La fiscal, en varias ocasiones, ha destacado que pese a estos hechos de violencia contra las mujeres, en San Luis Potosí esta ha disminuido. Atribuyó que este avance es porque cada vez más mujeres se atreven a denunciar a tiempo; resaltó que este cambio cultural es fundamental para que las autoridades puedan intervenir oportunamente y brindar protección. Aunque la sociedad, a través de redes sociales, dice lo contrario, ya que han solicitado medidas de restricción hacia sus parejas, esposos o personas que las violentan, y las autoridades se tardan mucho en hacerlo.
Hoy en San Luis Potosí hay mucho que hablar, porque avances no los hay. Hoy, para hacer una denuncia, te tardas más de una hora y solamente te toman la denuncia, porque para actuar no se sabe cuántos días podrían pasar, e incluso las mujeres podrían dejar de existir. Hoy tenemos un Centro de Justicia obsoleto, así como la Secretaría de las Mujeres, que solamente da números pero nada de resultados. Hoy también vemos en las calles de la Zona Metropolitana, Zona Huasteca y Zona Media la trata de personas; lo vemos en cada parador en las carreteras y nadie dice nada. Es como si hoy las mujeres en San Luis Potosí no es que se queden calladas; simplemente no ven un resultado de las autoridades.

BUSCAN QUE LA PENSIÓN ALIMENTICIA SE COBRE DE FONDO DE AHORROS Y RETIRO
En la Cámara del Senado avanza la iniciativa para que la pensión alimenticia de deudores alimentarios pueda cobrarse a través de fondos de ahorro o retiro, la cual fue turnada a comisiones, y confió en que contará con el respaldo de la mayoría, así lo informó la senadora Ruth González Silva, quien señaló que ha dialogado con otros legisladores y que la propuesta ha sido bien recibida, al tratarse de una medida que no vulnera los sistemas de pensiones, sino que busca fortalecer la protección de la niñez mexicana, y esto favorecerá a San Luis Potosí.
Sin embargo, destacó que en los próximos días la iniciativa podría ser discutida y votada en comisiones, con la expectativa de lograr su aprobación. Reiteró que el objetivo es garantizar que las niñas, niños y adolescentes reciban oportunamente los recursos que legalmente les corresponden, incluso cuando el deudor intenta evadir sus obligaciones.
Respecto al padrón de deudores alimentarios en San Luis Potosí, que actualmente no es público, la legisladora consideró necesario revisar esta restricción. Afirmó que abrir la información ayudaría a generar mayor conciencia sobre la responsabilidad que implica cumplir con la pensión alimenticia y podría incentivar a más personas deudoras a regularizar su situación. Asimismo, expresó que hacer público el padrón permitiría fortalecer el trabajo institucional y brindar una herramienta útil para quienes buscan hacer valer su derecho a recibir pensión alimenticia.
Aseguró que buscará que en San Luis Potosí también se trabaje en pro de esta iniciativa.