Semana del 21 de Noviembre al 27 de Noviembre de 2025

Michoacán: Una radiografía que anuncia el futuro del país

Michoacán: Una radiografía que anuncia el futuro del país

Víctor Manuel Sánchez, investigador de la universi

Es hoy la advertencia más clara del México real. No atenderla será permitir que la ingobernabilidad avance sin freno hacia más estados del país.

La crisis de seguridad en Michoacán no es una anécdota regional ni un caso aislado. Es, cada vez más, un espejo adelantado de la descomposición nacional que se expande silenciosa y fatalmente. Lo que ocurre en ese estado —la proliferación de grupos criminales, las complicidades políticas, la captura institucional y la indefensión ciudadana— constituye una advertencia contundente: México enfrenta un proceso acelerado de ingobernabilidad fragmentada, donde el poder real se disputa balazo a balazo, impuesto ilegal tras impuesto ilegal.

Michoacán se ha convertido en un auténtico "caldo de cultivo", un territorio donde la presencia simultánea de 17 organizaciones criminales ha rebasado por completo las capacidades del Estado. Se trata de uno de los escenarios más complejos del país: regiones enteras sometidas, autoridades municipales cooptadas o intimidadas, productores obligados a pagar derecho de piso a varias facciones y municipios donde operan hasta ocho grupos distintos sin que exista resistencia institucional. Esa es la dimensión de la crisis, y reducirla a una narrativa de "focos rojos" es minimizar una tragedia de Estado.

LA GEOGRAFÍA DEL PODER CRIMINAL
La llamada "radiografía delictiva" de Michoacán arroja un dato demoledor: los 113 municipios del estado presentan presencia criminal. No hay excepción. No hay un solo territorio municipal que pueda considerarse plenamente bajo control del Estado mexicano. En Apatzingán, por ejemplo, coexisten hasta ocho organizaciones disputando el mismo espacio, mientras que en Uruapan —caso emblemático tras el asesinato del alcalde Carlos Manso— operan hasta seis grupos con aspiraciones territoriales.

La hegemonía criminal actual recae en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia documentada en 110 de los 113 municipios. Es decir, prácticamente en todo el estado, salvo tres localidades donde otras organizaciones mantienen resistencia. Pero la tragedia no se reduce a un solo cártel: los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, remanentes de los Caballeros Templarios, el cártel de Tepalcatepec y muchos otros grupos siguen operando con capacidad real.

LA VIDA COTIDIANA BAJO MÚLTIPLES IMPUESTOS CRIMINALES
Una de las aristas más graves —y menos discutidas— del fenómeno michoacano es la presión tributaria ilegal que padecen los ciudadanos. No basta con cumplir con el impuesto legal al Estado: los productores de limón, aguacate, fresas y la industria minera deben pagar, simultáneamente, a varias organizaciones criminales. No se trata de un pago único por "seguridad", sino de un esquema de extorsión múltiple donde cada grupo exige su cuota.

En muchos municipios, un productor puede terminar pagando "tres o cuatro veces lo que debería", repartiéndose entre impuestos legales e ilegales. Esa dinámica erosiona la economía local, destruye la capacidad empresarial y consolida al crimen organizado como una autoridad fiscal de facto. Mientras tanto, el gobierno estatal —particularmente en municipios de Tierra Caliente, Uruapan y Apatzingán— está ausente, borrado en la práctica, sin control del territorio.

LA MIRADA DE ESTADOS UNIDOS Y LA PUERTA ABIERTA A LA INTERVENCIÓN
El deterioro michoacano no pasa desapercibido para los Estados Unidos. El fentanilo, que causa estragos en la sociedad norteamericana, tiene su entramado logístico anclado en regiones de México donde el Estado ha perdido control. Para los vecinos del norte, Michoacán es evidencia de la incapacidad mexicana para contener a los grupos criminales.

El gobernador de Texas ha hablado de incursiones paramilitares; congresistas estadounidenses presionan para catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas; y desde agencias de seguridad se observa que México avanza hacia un escenario donde "gobierna el crimen organizado". Las señales son claras, y lo preocupante es que el debate nacional parece no estar dimensionándolo.

Estados Unidos no suele anunciar sus intervenciones. Lo demostró en Pakistán durante la operación contra Osama Bin Laden. Cuando decidan actuar, si es que esto ocurre, no pedirán permiso.

LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA
La reciente marcha nacional contra la inseguridad refleja hartazgo, miedo y exigencia. Es una reacción legítima a un Estado que ha fallado en sus funciones básicas. Más allá de simpatías políticas, las movilizaciones no deben descalificarse; deben escucharse. El gobierno necesita traducir esas demandas en acciones, no en desdén.

Michoacán necesita algo más que planes cosméticos o discursos optimistas. Requiere una estrategia integral que ataque no solo a los grupos criminales, sino a sus redes de protección política, sin las cuales no habrían alcanzado tal nivel de control. Mientras la colusión persista, ninguna política pública será efectiva.

La presencia de 17 organizaciones —desde el CJNG hasta Santa Rosa de Lima o los Blancos de Troya— revela un ecosistema criminal profundamente arraigado. Y aunque uno de ellos sea el hegemónico, la solución no pasa por derrotar a uno solo, sino por desmontar la estructura política, económica y social que permite su permanencia.

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