AMBICIÓN SIN LÍMITES EN RIOVERDE
El tema Rioverde, la ambición de Arnulfo Urbiola y su esposa Karina Quintero no tiene límites y ahora han llegado al punto de pasar por la báscula a todos los trabajadores del municipio y quitarles parte de su salario para financiar la campaña de fin de año que incluye posada, regalos y mucho más. Pero, pese a que Arnulfo Urbiola y su esposa se están haciendo millonarios gracias al erario público, los señores no quieren sacar de su bolsa y quieren pepenarle el sagrado salario a los trabajadores. ¡Y cuidado quien se queje! Porque puede enfrentar desde un levantón, despido o mínimo una amenaza. El régimen de terror que hay en Rioverde está a todo lo que da, pero Urbiola presume que él va a dejar —quiera o no quiera el gobernador Ricardo Gallardo— a su esposa como alcaldesa, y si no se va a ir por la vía independiente, si no le gusta al gobernador. Pese a ello, dice que él está bien arreglado arriba y lo tiene bien a gusto. Prueba de ello es que ahora, con un nuevo proyecto periodístico afín al gobierno del Estado, va a quitar los contratos a diversos medios de comunicación para poder cumplir con la cuota que le están pidiendo como estrategia de comunicación. Vaya que sí, se le va la lengua y se le van muchas cosas a Urbiola, es claro. Por lo pronto, ¿qué culpa tienen los trabajadores de Rioverde que él traiga la calentura de imponer a su esposa como alcaldesa?

GABINO MORALES REPUNTA
En un escenario electoral que comienza a tomar forma rumbo a 2027, la más reciente encuesta de Massive Caller revela un ascenso sostenido de Gabino Morales Mendoza dentro de Morena para la alcaldía de la capital potosina, mientras que Cuauhtli Badillo Moreno muestra un desplome evidente en las preferencias. El sondeo, realizado el 22 de noviembre con 600 entrevistas y un margen de error de +/- 4.3%, coloca a Gabino con un 21.6% de apoyo, consolidándose como la figura emergente del partido. En contraste, Badillo cae hasta un 7.8%, confirmando un retroceso que ya venía marcado en el tracking comparativo entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre.
El estudio también refleja un amplio sector de simpatizantes indecisos: 51% se inclina por “Otro” y 19.6% aún no define su voto, lo que deja un panorama abierto dentro del partido. A nivel general, Morena mantiene el liderazgo con 30.9%, seguido por el PAN con 21.8%, PRI con 13.7%, PVEM con 12.3%, MC con 6.4% y PT con 4.3%, mientras que un 10.8% permanece sin decisión. Estos números anticipan una contienda interna donde Gabino Morales se fortalece, Badillo se rezaga y la definición todavía depende de un electorado que no ha terminado de decantarse.

UN FIN DE SEMANA VIOLENTO
La violencia volvió a imponerse en un estado con calma. Zaragoza amaneció sacudido tras el asesinato de Rafael Cárdenas Govea, exregidor y figura conocida de administraciones anteriores. Emboscado en el camino El Carril La Bonita, un tramo rural que se ha convertido en ruta de riesgo, Cárdenas fue interceptado y ejecutado sin que hasta ahora exista una línea clara sobre el móvil o los responsables. Un ataque directo que vuelve a exhibir la fragilidad de la seguridad en los municipios.
Y mientras el crimen en Zaragoza encendía alarmas, otro golpe surgía en los límites con Zacatecas: siete cuerpos localizados durante un operativo del programa “Vigilante Nocturno”, además de un vehículo con cuatro ocupantes detenidos en el sitio. La sospecha de que estos individuos serían elementos de la Guardia Civil del Estado agrava aún más la crisis y abre interrogantes incómodas sobre la infiltración o descomposición interna de corporaciones que deberían garantizar seguridad, no comprometerla. Las investigaciones quedaron en manos de la Fiscalía zacatecana, en un caso que promete tensiones y revelaciones. Un fin de semana que no solo suma cifras, sino que confirma un escenario donde la violencia lleva la delantera.

IMPLICACIÓN POLÍTICA DEL ENCUBRIMIENTO CIFRADO
La respuesta del secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, ante la detención de cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Zacatecas, acusados de manipular una escena de crimen múltiple en la frontera, es más que una simple declaración legal; es una toma de postura política que busca contener una crisis de imagen. Al calificar la grave imputación de "pretendido señalamiento" y asegurar que la acusación está "muy alejada" de la realidad, el secretario no solo ejerce cautela legal, sino que activa un mecanismo de defensa institucional que prioriza el control del discurso oficial sobre la transparencia inmediata. El mensaje político es claro y contundente: el Gobierno no va a aceptar la versión que destruye su narrativa de seguridad sin una lucha legal y mediática.
El verdadero peligro político de este incidente no reside únicamente en la corrupción de los cuatro agentes, sino en la posibilidad de que actuaron bajo una presunta orden superior para alterar las cifras de homicidios en San Luis Potosí, buscando así culpar a Zacatecas por la violencia. Cuando Torres Sánchez pide "responsabilidad" y critica el "juicio sumario", está defendiendo la credibilidad del proyecto de seguridad estatal. Aceptar que la policía del Estado mueve cuerpos para maquillajes estadísticos es tanto como admitir que las cifras oficiales de seguridad son falsas. Por lo tanto, el rechazo categórico de la acusación por parte del secretario es un imperativo político para evitar el colapso de la confianza ciudadana y la aceptación del fracaso de la estrategia de seguridad en la zona del Altiplano. La colaboración ofrecida a Zacatecas, aunque necesaria y debida, se convierte en un acto calculado para ganar tiempo y desmontar la versión de la Fiscalía vecina.
La posición del Gobierno de SLP pone inmediatamente en tensión la coordinación interinstitucional con Zacatecas. Si bien se subraya la disposición a cooperar, la negativa a "aceptar sin reservas" la versión zacatecana introduce una capa de desconfianza que dificulta el esclarecimiento rápido de los hechos. Políticamente, Torres Sánchez está tomando un riesgo calculado: está protegiendo a la institución (GCE) y a la administración (SSPCE) al costo de una posible fricción diplomática con un estado vecino clave. La administración potosina ha optado por jugar la carta de la presunción de inocencia institucional, obligando a Zacatecas a presentar pruebas irrefutables. El tiempo que tarden en esclarecerse los hechos será la medida del costo político de esta postura: mientras más se demore la verdad, más se afianzará en la memoria colectiva la versión de que la Guardia Civil Estatal fue capturada intentando encubrir la violencia por órdenes superiores.

TENENCIA, TEMA CERRADO EN SAN LUIS POTOSÍ
En medio de la discusión nacional por el posible regreso del cobro de tenencia vehicular, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona envió un mensaje contundente: en San Luis Potosí ese impuesto no volverá. Aseguró que su administración ya “blindó” cualquier intento de reinstalarlo y garantizó que los potosinos no enfrentarán nuevas cargas por sus vehículos. Incluso si a nivel federal avanza la propuesta, el estado —dijo— mantendrá su propia ruta fiscal para proteger el bolsillo de la ciudadanía.
Gallardo Cardona reiteró que en San Luis Potosí no habrá cobro de tenencia ni de placas, y que esta decisión no compromete las finanzas estatales, pues la Ley de Ingresos no depende de esos conceptos. La Secretaría de Finanzas, afirmó, está preparada para sostener esta política sin afectar los recursos públicos, asegurando que el apoyo a los contribuyentes se mantendrá firme durante toda su administración, vigente hasta 2027. Buenas noticias para quienes temían un retroceso fiscal disfrazado de “armonización nacional”.

GUARDIA CIVIL, BAJO LUPA PERO NO CULPABLE
El secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, negó de manera categórica la participación de elementos de la Guardia Civil Estatal en el hallazgo de cadáveres en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas. Aclaró que los cuatro agentes detenidos estaban destacados en Salinas y no se encontraban en el lugar de los hechos, aunque autoridades zacatecanas los vincularon al caso tras hallar huellas hemáticas en un vehículo. La Secretaría de Seguridad seguirá de cerca el proceso legal para garantizar la defensa de sus elementos.
Juárez Hernández aseguró que esta situación no afectará los convenios de cooperación entre ambos estados y llamó a fortalecer la coordinación para eliminar dudas sobre la actuación policial en el combate a la delincuencia. Confió en una reacción favorable por parte de Zacatecas para que los agentes sean liberados de toda responsabilidad, mientras la dependencia mantiene vigilancia permanente sobre el caso y sus implicaciones legales.

EXFUNCIONARIOS BAJO LA LUPA
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que ya no permitirá que exfuncionarios de las administraciones de Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras permanezcan impunes ante los hallazgos de irregularidades en el manejo del erario público. Tras ser cuestionado sobre las carpetas de investigación aún abiertas por la Fiscalía General del Estado, instruyó al secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, a revisar y cerrar semanalmente cada expediente relacionado con estos casos, asegurando que las investigaciones avancen hasta sus últimas consecuencias.
Gallardo Cardona señaló que los procesos se basan en denuncias documentadas por faltantes, desvíos de recursos y fraudes en dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección de Pensiones y la Secretaría de Finanzas, entre otras. El mensaje es claro: los responsables no pueden seguir actuando como si nada, y la administración actual está determinada a garantizar que se haga justicia sobre el dinero público desviado.

MORENA REFUERZA SU UNIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ
Morena en San Luis Potosí consolidó su compromiso territorial y organizativo durante una reunión encabezada por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, con la participación de legisladores federales y locales, delegados federales y liderazgos de las cuatro zonas del estado. El encuentro marcó el inicio de la agenda de cierre de año, centrada en la afiliación, la movilización social y la organización de eventos de respaldo al Gobierno de México, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Rodríguez Velázquez enfatizó la importancia de la unidad, disciplina y trabajo de territorio para consolidar la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.
Durante la sesión se trazaron directrices para reforzar la operación política en Altiplano, Centro, Zona Media y Huasteca, asegurando que las acciones de afiliación y movilización se realicen con claridad de objetivos y respeto a los principios del movimiento. Los asistentes coincidieron en cerrar el año con presencia territorial más sólida, promoviendo información verificada y diálogo con la ciudadanía. Morena reafirma así su compromiso con los principios fundacionales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, orientando cada acción hacia el fortalecimiento del proyecto de nación de Claudia Sheinbaum Pardo.

EL DENGUE NO CEDE EN SAN LUIS POTOSÍ
A un mes de cerrar el año, el dengue sigue marcando la agenda sanitaria en San Luis Potosí, donde ocho defunciones continúan en estudio y más de 600 casos ya fueron confirmados. La concentración de contagios en El Naranjo y Cerritos muestra que la epidemia mantiene focos rojos claros, mientras que municipios como Villa Juárez y Axtla de Terrazas se sostienen en zona de alarma. El resto del estado permanece en aparente estabilidad, pero con casi 400 personas afectadas, el escenario dista mucho de ser menor. Las cifras exhiben una circulación sostenida del virus y un reto que no se resolverá sin acciones más contundentes.
El IMSS insiste en reconocer los síntomas a tiempo: fiebre, dolor intenso de huesos, malestar ocular, náuseas y erupciones cutáneas, signos que pueden evolucionar hasta cuadros graves con riesgo de muerte. La persistencia de casos y los focos de epidemia evidencian que la respuesta institucional debe reforzarse, no solo con información, sino con una estrategia preventiva real en las zonas más golpeadas. El mosco sigue avanzando, mientras el estado aún batalla por contenerlo.

UNA RECOMENDACIÓN QUE EXHIBE IMPUNIDAD
La Recomendación 07/2025 de la CEDHSLP vuelve a poner bajo los reflectores al Ayuntamiento de Tancanhuitz de Santos, esta vez por un caso que mezcla discriminación, violencia laboral y abuso de poder contra una trabajadora indígena. El expediente documenta expresiones ofensivas por su origen y condición de mujer, además de decisiones arbitrarias que involucraron al presidente municipal y al Cabildo, quienes avalaron su remoción injustificada tras atreverse a denunciar. El dictamen psicológico solo confirmó lo que la institución permitió: un entorno hostil que dañó su integridad y violó sus derechos más básicos.
La Comisión pidió inscribir a la víctima en el Registro Estatal, brindarle atención especializada, emitir una disculpa pública e investigar al directivo agresor, además de notificar al Congreso para revisar las responsabilidades del exalcalde y de quienes integraron el Cabildo. Medidas necesarias, pero que revelan una administración donde la violencia institucional no fue un accidente, sino una práctica tolerada. El llamado a crear un protocolo municipal contra la discriminación es apenas un primer paso para un ayuntamiento que permitió que el poder se ejerciera sin control y sin respeto a la dignidad humana.

RENOVACIÓN O TARIFAZO
La anunciada modernización del transporte urbano avanza con el compromiso de renovar más de 100 unidades antes de que termine 2025, una medida que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebra como parte del combate a la chatarrización. Sin embargo, detrás del discurso optimista, el proceso sigue dependiendo de la voluntad de los concesionarios y de la capacidad real de sostener una flota que cumpla con la vida útil marcada por la ley. La expectativa de sumar hasta 200 unidades más en 2026 suena bien en el papel, pero está por verse si esta renovación se traduce en mejoras palpables para los usuarios, que siguen enfrentando largas esperas, rutas saturadas y un servicio irregular.
El detalle que adelanta el concesionario Margarito Terán deja claro que nada será gratis: el sector camionero prepara una propuesta para aumentar la tarifa el próximo año. La justificación, basada en el incremento de insumos y combustibles, es el argumento de siempre; lo que falta por definir es si la SCT y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona estarán dispuestos a trasladar ese costo a los bolsillos de los potosinos. Renovar unidades es necesario, sí, pero el riesgo es que la modernización termine convertida en un pretexto para un nuevo golpe al usuario.

TRANSPARENCIA EN NÚMEROS ROJOS
La CEGAIP presentó su balance del tercer trimestre y, aunque presume 30 evaluaciones realizadas, los resultados exhiben rezagos preocupantes entre los sujetos obligados. El PAN alcanzó un 75.50% de cumplimiento, pero el verdadero foco rojo está en el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, que apenas llegó a un 18.31%, una cifra que retrata la falta de voluntad o de capacidad para cumplir con la Ley de Transparencia. Mientras tanto, las 27 revisiones vinculantes del procedimiento 2024 confirman que todavía hay dependencias e instituciones que avanzan a cuentagotas en la actualización y publicación de su información obligatoria.
A esto se suma la emisión de 10 dictámenes derivados de denuncias, un recordatorio de que la Plataforma Estatal de Transparencia sigue requiriendo vigilancia constante para evitar omisiones y simulaciones. La revisión de la información publicada —si está completa, actualizada y conforme a la normativa— revela un escenario donde la transparencia se cumple más por presión que por convicción. En plena era de acceso a la información, sigue quedando claro que algunos sujetos obligados solo responden cuando la CEGAIP toca la puerta.

TAMUIN SUFRE, ALCALDE SE ESCUDA EN FRASES
Habitantes de Tamuin enfrentan hasta tres semanas sin agua potable, una situación que refleja la inacción y falta de resultados en la administración municipal. La ciudadanía denuncia que el suministro irregular afecta la vida diaria y la salud de las familias, mientras los servicios básicos siguen sin solución concreta.
El alcalde Marcelino Bautista Rincón, en lugar de ofrecer respuestas y acciones efectivas, se ha limitado a justificar la situación con frases como “Los tiempos de Dios son perfectos, no nos desesperemos”, evidenciando su ausencia y la incapacidad de gestionar soluciones inmediatas para uno de los problemas más sentidos por los tamuinenses.

CUAHTLI BADILLO, EN PICADA ELECTORAL
El diputado Cuauhtli Badillo Moreno no logra levantar su candidatura a la alcaldía de la capital potosina, ni siquiera con el impulso de su equipo denominado “Águila”. Las últimas encuestas lo ubican con apenas un 7.8% de respaldo, reflejando una caída sostenida en el seguimiento que evidencia pérdida de momentum en las últimas semanas.
El declive de Badillo se ve agravado por la vinculación de sus cercanos con escándalos, incluyendo presuntos casos de abuso en la UASLP y episodios controvertidos en la máxima casa de estudios, lo que ha deteriorado aún más su imagen y generado desconfianza entre los votantes, complicando seriamente sus aspiraciones políticas. Este declive contrasta con otros aspirantes de Morena que muestran ascenso, evidenciando que la estrategia política y de territorio de Badillo no ha logrado conectar con la ciudadanía.

NO TODO ES LO QUE PARECE
El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA aclaró que en México existe desinformación sobre quiénes realmente encabezaron la captura de capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Señaló que algunos funcionarios, entre ellos el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, han intentado adjudicarse méritos que no les corresponden, calificándolos de “mitómanos” por presumir logros ajenos.
El exfuncionario explicó que estas detenciones fueron resultado de la coordinación entre agencias estadounidenses y fuerzas federales mexicanas, apoyadas en inteligencia internacional construida en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Resaltó que el combate a los cárteles requiere paciencia, estrategia y cooperación, y que los cárteles implementan medidas complejas para evadir la captura, dejando claro que la obra no es producto de figuras políticas locales.

REPRESIÓN Y AUSENCIA DE ESTADO DE DERECHO EN CDMX
El abogado y activista José Sandoval denunció que tras las manifestaciones del 15 de noviembre en la Ciudad de México, varios jóvenes fueron detenidos y tratados como criminales en un contexto de “nulo estado de derecho” y total hermetismo por parte de las autoridades. Sandoval criticó que las imputaciones por delitos graves carecen de evidencia clara y que los detenidos fueron incomunicados, mientras la Fiscalía capitalina negó información y obstaculizó el derecho a defensa, afectando incluso a familiares y defensores.
El activista también cuestionó la amplia presencia policiaca durante las marchas del 20 de noviembre, que encapsuló a jóvenes, adultos y familias que protestaban pacíficamente, y denunció la participación de grupos infiltrados conocidos como “bloque negro”, que generan violencia mientras los manifestantes genuinos son criminalizados. Sandoval subrayó que, pese a la desaparición oficial de los granaderos, la Policía Metropolitana mantiene la misma estructura de represión, evidenciando un rostro intolerante del gobierno ante la libre expresión y la protesta social.

CRISIS EN EL SECTOR AZUCARERO DE LA HUASTECA
La caída de precios ha dejado al 60% de los productores de caña del Ingenio Plan de Ayala en cartera vencida, obligando a la Unión Local de Productores a reestructurar deudas hasta 2028 para garantizar que los agremiados puedan continuar con la siembra y acceder a nuevos créditos. Eduardo Martínez Morales denunció que la importación ilegal de azúcar y el ingreso masivo de edulcorantes y alta fructosa, a lo que llamó “huachicol dulce”, ha generado una competencia desleal que afecta directamente a los productores locales.
Ante esta problemática, se estableció una mesa de diálogo con la Secretaría de Economía para atender la situación a nivel arancelario y buscar financiamiento accesible con tasas de interés del 8% al 10%, además de garantizar seguridad social para los trabajadores del sector. Martínez Morales confió en que los avances se reflejarán antes de que concluya 2025, buscando aliviar la presión sobre la producción de caña en la región.

ES UNA MANIFESTACIÓN LEGÍTIMA
Las manifestaciones que hoy se están llevando a cabo a nivel nacional son legítimas, así lo consideró el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, esto después de reconocer que el campo ha sido muy golpeado y por eso están en su derecho de manifestarse.
Gallardo Cardona solicitó sensibilidad al Congreso Federal y abrir un diálogo real con el sector rural para evitar que el conflicto escale y siga afectando a la economía nacional. Afirmó que la protesta es legítima, pues los campesinos buscan defender “una parte medular de la agricultura” que ha sido golpeada en los últimos años, tanto por decisiones legislativas como por fenómenos naturales.
Señaló que los diputados “tienen que ser un poquito más sensibles en el tema del agro, del campo”, aseveró en cuanto a las reformas e iniciativas que detonaron el descontento, pero consideró que es importante el diálogo y trabajar para ellos.

FGE AHORA PONE EN DUDA LA VERACIDAD DEL VIDEO RELACIONADO CON EDUARDO DÁVILA
Después de asistir a la mesa de seguridad y salir por la parte de atrás, donde se le esperó más de una hora y media, a la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, fue abordada en un evento con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien confirmó que ya inició una investigación sobre la veracidad del video y, si es real, quién lo grabó y por qué se difundió. Esto sobre el presunto responsable del asesinato en un intento de robo del joven Eduardo Dávila, pasante de estomatología, aunque aclaró que el video no es parte de la carpeta de investigación.
“Ya estamos llevando una investigación; sin embargo, la carpeta de investigación no contiene nada de esto. Ignoro cómo se filtró este video, derivado de que no tengo conocimiento de esa situación; sin embargo, estamos llevando a cabo una investigación, por supuesto asuntos internos, para efecto de establecer primero la veracidad del video y, en su caso, quién lo filtró, y pues estamos en esa investigación”, detalló.
Sin embargo, aclaró que el video no forma parte de la investigación. “Nosotros llevamos la investigación sin detenidos y se judicializó pidiendo la orden de aprehensión, y se complementó. Y no forma parte el video de la investigación”.
Indicó que, pese a esto, se inició un procedimiento de tipo administrativo que se está realizando, esto independiente al proceso contra dos personas detenidas por este caso y que están en prisión preventiva justificada. Pero lo más incoherente de parte de la fiscal es decir que primero se verificará la veracidad del video, “si es real o no, porque ahora hay situaciones que lo ponen en duda. Y esa declaración no fue ante un Ministerio Público o un juez; no forma parte de la investigación”, insistió.
Pero entonces, ¿por qué la filtración de este video? ¿Entonces no habrá trabajadores de la Fiscalía General del Estado siendo investigados? El video es real y esto solo detona que la fiscal protege a quienes lo filtraron.

MARIO VALDEZ SIGUE VIGENTE EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL
Después de un gran regaño que recibió el secretario de Cultura, Mario García Valdez Gallardo, la semana pasada por faltarle resultados en dicha dependencia, se hablaba de su salida de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que no está contemplado ningún relevo; adelantó que los cambios se darán en la Secretaría de Gobernación.
Luego del rumor de la salida de Mario García Valdez, lo desmintió él mismo, afirmando que el funcionario no está considerado para dejar el cargo y que, hasta el momento, no existe ninguna instrucción al respecto. “No, no, no, Mario ahorita no lo tenemos considerado como un perfil que vaya a salir, o al menos no yo. No sé si el secretario General de Gobierno ya lo traiga en capilla, ¿verdad?, pero hay que preguntarle a él. Pero no, lo que sí vamos a tener son muchos cambios en las próximas semanas para no detener el trabajo; se necesitan resultados plus, brillo, resultados, pero sobre todo que estén dando resultados, que es lo que busca la administración, que no bajen de ritmo, que es lo que exige la población.”

CUANDO LA GCE SE CONVIERTE EN TAPADERA
La detención de cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí en la frontera con Zacatecas ha expuesto una acción tan grave como inaudita: la presunta alteración de una escena de crimen múltiple para maquillar la realidad de la violencia. La versión que trasciende es cruda: un grupo de delincuentes arrojó siete cuerpos sin vida frente a la Alcaldía de Santo Domingo, S.L.P., el domingo por la mañana, incluso disparando contra el edificio. En lugar de asegurar la escena, los agentes de la GCE, se presume que bajo órdenes cuestionables, optaron por la omisión del deber, cargando los cadáveres para "sembrarlos" en territorio zacatecano. Esta acción no solo representa una falta ética y legal, sino que revela una prioridad perversa: proteger la estadística antes que a la justicia.
La maniobra, digna del cinismo más oscuro, fue frustrada por las fuerzas de seguridad de Zacatecas. Al interceptar la unidad de la GCE en la zona limítrofe, observaron algo inconfutable: manchas hemáticas en los uniformes y en el vehículo de los policías potosinos. Esta evidencia circunstancial fue suficiente para su inmediata detención y consignación ante la Fiscalía de Zacatecas. Es vital recalcar que, según las versiones, los agentes no son señalados por el delito de homicidio, sino por el de alteración de la escena del crimen y manejo indebido de cadáveres. Esto significa que su crimen radica en su calidad de policías, al traicionar la ley que juraron proteger con el fin explícito de ocultar la verdad delincuencial dentro de San Luis Potosí.
Este bochornoso incidente, que involucra a la policía estatal en un intento de fraude estadístico a gran escala, es un golpe demoledor a la confianza pública. La implicación es clara: existió una estrategia concertada para deslindar a San Luis Potosí de una masacre, intentando forzar la narrativa de que “aquí aún no pasa nada” y que la violencia es un mero “efecto cucaracha” de Zacatecas. La GCE, financiada por los potosinos para ofrecer seguridad, se convirtió en una herramienta para la opacidad. La ciudadanía merece la verdad, no la manipulación de cifras. La Fiscalía de San Luis Potosí debe dejar la inacción y esclarecer de inmediato quién dio la orden para que este acto de encubrimiento, que degrada la institución policial y miente a la población, se llevara a cabo.

TRABAJO A MODO
Poco se darán cuenta pero desde el año pasado y a lo largo de este 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido diversas recomendaciones que tienen algo en común: corresponden a omisiones de los ayuntamientos sobre el manejo de las barandillas municipales.
Nadie puede negar la relevancia de la verificación de estos espacios de detención por parte de los primeros respondientes por faltas administrativas, principalmente, sin embargo, todo ello pudiera ser resumido en un informe especial.
Pues para no trabajar en los asuntos importantes, el organismo encabezado por Giovanna Itzel Argüelles Moreno lo hizo más sencillo: decidió dirigir una recomendación por prácticamente cada uno de los municipios sobre las áreas de encarcelamiento provisional
Con esta estrategia, justifica la entrega de dichas investigaciones por violaciones de Derechos Humanos, que en cada una de ellos son prácticamente iguales, dado que las barandillas en general no cumplen con las disposiciones en la materia.
Y lo que le decimos no es un invento, pues en administraciones pasadas así era la forma en que se realizaban las investigaciones sobre los centros de detención municipales, pero para la ombudsperson eso es algo desconocido, porque desde que asumió el cargo no ha realizado ningún reporte especial.

APOSTÁNDOLE A LA GOBERNADORA
Después de que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) presentó el paquete presupuestal 2026 al Poder Legislativo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que diversos rubros resultarán favorecidos, entre ellos el de apoyos sociales.
Sin embargo, esto no parece responder únicamente a una intención de fortalecer a los sectores más vulnerables, sino a una estrategia política con miras a los comicios de 2027.
Resulta fundamental para el actual gobierno llegar con una estructura operativa sólida, y una de las vías para ello es mantener a los sectores de menores recursos vinculados a los programas económicos, alimentarios y de otros servicios que ofrece el estado “Sin Límites”.
No es una práctica iniciada en la actual administración, pues tiene antecedentes en gobiernos anteriores, aunque ahora se observa una dinámica que recuerda a la aplicada por la administración federal, cuyo modelo le ha permitido sostenerse en un segundo periodo.
Dado que aún no está definido si el Partido Verde irá en alianza con Morena, Gallardo Cardona y la dirigencia estatal han optado por perfilar a su posible sucesora... la que todos identifican: la senadora Ruth Miriam González Silva, quien desde hace tiempo se proyecta como la próxima candidata a la gubernatura.

ESTIRA Y AFLOJA
El Poder Legislativo oficializó la invitación al rector para que acuda con los y las curuleras de la Comisión de Hacienda del Estado, con el objetivo de discutir el presupuesto del ejercicio fiscal 2026 y así evitar la misma disyuntiva de este año: diferencias en los depósitos federales y estatales.
Sin lugar a dudas, las y los congresistas deben mantener acercamiento con la UASLP y todas las entidades gubernamentales; y justo ahí es donde no queda claro la urgencia de que Javier acuda, porque en los 2 últimos años 8 instituciones educativas tampoco recibieron sus recursos estatales completos. Aun así, el rector ha preferido posicionarse como figura central del conflicto en vez de encaminar soluciones reales.
Existe una alta probabilidad de que Zermeño Guerra no asista a la convocatoria, sobre todo porque hace unos días atajó que lo más idóneo es que las y los diputados acudan a las instalaciones universitarias para sostener el diálogo. Desde luego que Javier no es novato: sabe que si acude, se abre la posibilidad de que las invitaciones se conviertan en una obligación en los próximos años, pero principalmente teme que se conviertan en un arma política... aunque él mismo no ha dudado en usar la confrontación para su propio beneficio.

LO DUDAN
Ahora sí que se agarre el secretario general de SLP capital, Fernando Chávez. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que ya no permitirá que exfuncionarios de las administraciones de Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras permanezcan impunes ante los hallazgos de irregularidades en el manejo del erario público.
Aunque Chávez Méndez es el primero en poner en tela de duda la declaración del gobernador y del secretario general Guadalupe Torres, porque sus constantes borracheras con sus compañeros de farra —la regidora Margarita Hernández, fiscal, y el síndico Víctor Salgado— hacen presumir que ya les perdonaron la vida, que no les van a hacer nada, que todo está arreglado. Él tiene algunos “papelitos por ahí guardados” que muestran los temas de la administración de Ricardo Gallardo de Juárez y los asuntos que se llevaron, como cuando el actual secretario General fue compañero diputado de Chávez Méndez.
Desgraciadamente, la narrativa estatal es el centro de la mofa y de los delirios etílicos de la burbuja de Enrique Galindo, es claro que al gobernador Gallardo y el secretario Lupe Torres ya les gusto ser carnita de burla de Chávez Méndez y sus compañeros de orgías etílicas y otras cosas.

HAY UNA CONFUSIÓN
La presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, María Olvido Rodríguez Vázquez, dejó claro que, luego de que el contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Martínez, informara que la Contraloría concluyó la etapa de investigación interna sobre el caso del antro Rich y que el expediente habría sido remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la presidenta señaló que existe confusión en la información difundida, ya que en el caso Rich tiene prohibido dar datos sobre expedientes en trámite, pero específicamente leyó una nota donde decía que habían sancionado a algunos servidores públicos. “Ese expediente no ha llegado al Tribunal”, por lo que la magistrada explicó el funcionamiento del proceso en responsabilidades administrativas para distinguir dónde debe radicar cada tipo de falta. Sin embargo, recordó que cuando se trata de servidores públicos de elección popular, la Contraloría investiga y el Tribunal sustancia y resuelve.
En el caso de los servidores públicos comunes, la Contraloría investiga y substancia, mientras que el Tribunal resuelve únicamente cuando se trata de faltas graves. Si hablan de sanciones ya emitidas, entonces debe tratarse de una falta no grave, porque en esos casos la Contraloría investiga, substancia y también resuelve. “En faltas graves, el expediente tendría que estar en el Tribunal, pero no lo tenemos”. Sobre la declaración del contralor respecto a que la dependencia propone sanciones y el Tribunal las determina, Rodríguez Vázquez puntualizó que ese procedimiento no funciona así. Y es que este asunto será resuelto en los próximos días; aquí lo importante es que se sancione de manera inmediata.