Franco Alejandro Coronado
En este sexenio se instauró una nueva gobernabilidad. A partir de diciembre de 2012 tenemos un país en silencio, carente de diálogo y debate, con instituciones en la penumbra democrática. El pluralismo parece esfumarse. Le efervescencia política de los gobiernos de la transición está ausente.
El Presidente Peña Nieto lo prometió en campaña: lograr un gobierno eficaz y eficiente, donde los consensos transiten si dificultades, que se acaben los desacuerdos políticos. Hasta ahora lo ha cumplido, el Presidente de la República lo podrá presumir en sus discursos, junto con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.
Sin embargo, lograr esa supuesta gobernabilidad ha tenido un alto costo. La factura la está pagando la sociedad mexicana en general: Se advierte en nuestro país un retroceso en materia de derechos humanos, la impunidad prolifera por doquier. La desigualdad social crece y avasalla a las familias. La corrupción permea en todos los niveles de gobierno. Los gobernadores asumen actitudes cínicas y desvergonzadas en el ejercicio del poder y los recursos públicos. Todo esto trae consigo un descontento y frustración social, el ciudadano de a pie se ha vuelto indiferente. Es entendible, lo invade la impotencia de saber que nada cambiará.
Sí, desde hace tres años nuestra democracia está inerte, nuestras instituciones calladas y la oposición sumisa. Para muestra algunos ejemplos: En el Congreso de la Unión, las tan cantadas reformas estructurales que estuvieron en el debate público al menos 12 años, fueron aprobadas en tan sólo dos. Estamos hablando de reformas constitucionales y su respectiva ley reglamentaria. Muchas de ellas aprobadas en fastrack. De la oposición ni que decir, fue suplantada por el dichoso Pacto.
Hoy la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) dejó de ser el bloque que cuestionaba al Ejecutivo Federal, que urgía al consenso de las políticas y acciones que efectuaban Los Pinos. Era un verdadero centro de poder y de toma de decisiones. Todos los gobernadores querían presidirla pues atraía los reflectores de la opinión pública.
Otro ejemplo de institución muda es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Despertó interés durante el cambio de su titular pero en los últimos meses se ha visto pasiva. Aunque beligerante y polémico, Raúl Plascencia abonaba más al debate público, al menos sabíamos que ahí estaba el Ombudsman nacional. Hoy nadie cuestiona la nula política en materia de Derechos Humanos de la actual administración federal. El homicidio del fotoreportero Rubén Espinoza es sólo un ejemplo de cómo el Estado Mexicano ha sido incapaz de implementar una política que garantice la libertad de expresión, la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Vaya, hasta se esfumaron los programas cómicos de parodia política, comedia que evidenciaban los desatinos e ignorancia de nuestra clase política. Sí, también eso se ha callado. Acaso únicamente sobrevive el noticiero "El Mañanero". Para fortuna de los mexicanos y mala suerte de aquellos que apuestan por la gobernabilidad acallando el debate, las redes sociales se han convertido en un canal para que fluya la catarsis nacional, las quejas, la denuncia y la crítica. Sin estas plataformas digitales tendríamos un país en silencio, en sepulcro de la democracia que costó tantos años construir, retraído de un mundo en constante cambio. No es en vano que el presidente Peña Nieto diga que las propuestas populistas son el enemigo a vencer en las próximas elecciones. Las condiciones sociales para ello están puestas, las han creado la clase política del status quo.
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