La autoridad antimonopolios del país determinará si hay malas prácticas en este mercado que afectan el precio que pagan los consumidores
REDACCIÓN| https://lasillarota.com| | Martes, 16 de Marzo de 2021| 12:30
Los hogares más pobres del país destinan hasta 3.5 veces más de su gasto a la compra de gas LP de uso doméstico que las familias de más recursos por los altos precios de este insumo; por ello la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación en este mercado.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emplazó a diversas empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país.
Este combustible es usado por 76% de las familias mexicanas.
De acuerdo con la Cofece, esta investigación es la más amplia que ha llevado la Autoridad Investigadora, ya que implicó el análisis de conductas realizadas por diversos participantes en múltiples entidades federativas.
En el dictamen, la Autoridad Investigadora manifestó que tuvo conocimiento de hechos que probablemente constituyen prácticas monopólicas absolutas.
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), estas conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores.
Por lo anterior, se determinó emplazar a los probables responsables e iniciar la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de la Cofece, para que los emplazados manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan pruebas relacionadas con las imputaciones hechas en su contra.
Las prácticas monopólicas absolutas o colusiones pueden ser sancionados con multas de hasta el 10% de sus ingresos. Adicionalmente, las personas físicas que las cometen pueden enfrentar un procedimiento penal que conlleva sanciones de entre 5 y 10 años de prisión.
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