GALINDO LE ENCAJE EL DIENTE A LOS CAPITALINOS
En un momento en el que la capital enfrenta inseguridad creciente, vialidades devastadas y una crisis de agua que afecta a decenas de colonias, el alcalde Enrique Galindo Ceballos consiguió que el Cabildo aprobara por mayoría el incremento a los valores catastrales para 2026.
La propuesta, impulsada y defendida directamente desde la oficina del propio presidente municipal, cayó como un balde de agua fría entre la ciudadanía. Para muchos, resulta incomprensible que, en lugar de atender las urgencias que aquejan a miles de familias, se opte por cargarles un aumento que terminará reflejándose en su economía diaria.
Mientras los servicios públicos siguen deteriorados y la infraestructura urbana muestra un evidente abandono, la decisión municipal alimenta la molestia social y abre un nuevo capítulo de desencuentro entre la administración capitalina y la población que exige soluciones reales, no más cargas.

CRECE EL DESCONTENTO
El malestar en Rioverde va en aumento y ya no solo proviene de la ciudadanía. Empresarios, liderazgos locales e incluso figuras de su propio partido han expresado su inconformidad con el desempeño del presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, quien se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el PVEM y para el gobierno estatal.
Mientras los problemas del municipio se acumulan, el alcalde parece más concentrado en construir una narrativa digital donde “todo está bien”, aferrado a discursos que distan de la realidad que viven las familias rioverdenses. Esa desconexión ha elevado la tensión política y social, dejando claro que el desgaste en su administración es cada vez más evidente.
A esto se suma que mientras él transmite sus en vivos desde un departamento que calculan en más de 15 millones de pesos en Velamar (Tampico), los rioverdenses enfrentan diariamente problemas de inseguridad.
El alcalde asegura que “mientras él esté salpicando hacia arriba nadie le dirá nada”, y que su esposa, Karina Quintero, sería su sucesora en la alcaldía, lo que ha encendido aún más las críticas y la percepción de que su proyecto político busca mantenerse en el poder a toda costa.

INDIGNACIÓN Y DUDAS EN TORNO AL CASO JORGE DÁVILA
La detención de los presuntos responsables del asesinato de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, pasante de Estomatología de la UASLP, no ha calmado la indignación ciudadana; por el contrario, la ha avivado. La captura de Eduardo Rafael “N”, un barbero de 25 años que confesó haber disparado durante un asalto improvisado, revela una escena marcada por la torpeza y la desesperación, pero también exhibe una investigación que, desde el principio, estuvo plagada de vacíos.
La primera narrativa oficial hablaba de un robo fallido, de un joven atacado mientras caminaba, pero los nuevos testimonios y videos recabados por la Fiscalía abren una versión distinta, más compleja y que obliga a cuestionar qué ocurrió realmente en esa noche que terminó con la vida de un estudiante brillante y disciplinado.
La segunda declaración de la joven que acompañaba a Jorge cambió el punto de partida: él no caminaba por la calle, él acudió en ayuda. Ambos iban en el vehículo del pasante cuando dos sujetos abordaron la unidad y, en circunstancias aún no esclarecidas, le dispararon mientras circulaban por avenida Venustiano Carranza. La amiga logró escapar, Jorge quedó herido y llegó por su propio pie hasta la esquina de Río Nazas antes de desplomarse. La ambulancia tardó media hora. La testigo, en su primer testimonio, omitió que el ataque ocurrió dentro del automóvil y, tras el asesinato, abandonó la ciudad rumbo a Guanajuato. Su regreso obligado para ampliar la declaración y las nuevas evidencias obtenidas por la Fiscalía apuntan a que ya no se trata solo de un asalto violento, sino de un episodio que requiere una reconstrucción más seria, profunda y libre de simulación.
Mientras la autoridad decide qué versión sostener, San Luis Potosí continúa sumido en un clima de dolor, enojo y desconfianza hacia quienes deben garantizar seguridad. La muerte de Jorge no es un número más: es el símbolo de una ciudad donde la noche dejó de traer calma, donde los jóvenes ya no se sienten seguros ni siquiera en la zona universitaria, y donde la justicia parece siempre llegar tarde.
La caída de los presuntos homicidas no es el cierre del caso; es el inicio de una exigencia mayor: esclarecer la verdad completa, sin maquillajes, sin prisas mediáticas y sin dejar cabos sueltos. Porque San Luis Potosí no necesita solo detenidos... necesita respuestas, justicia y un gobierno que deje de administrar excusas y empiece a proteger vidas.

OTRA MÁS DE DON BADILLO: LA UASLP BAJO SOMBRA PARTIDISTA
La confirmación de la militancia de Jesús Javier Delgado Sam en Morena, revelada apenas días después de registrarse como aspirante a dirigir la Facultad de Derecho, terminó por encender todas las alarmas dentro y fuera de la UASLP. La fotografía donde aparece portando una playera del partido y realizando el gesto emblemático de la 4T profundizó las sospechas sobre una creciente influencia política en la vida universitaria. A esto se suman los señalamientos previos contra el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, acusado de aprovechar espacios estudiantiles para posicionar su imagen y de mantener vínculos con perfiles implicados en casos graves, lo que refuerza la percepción de que la universidad está siendo utilizada como plataforma para intereses ajenos a lo académico.
Este contexto se vuelve aún más delicado considerando que Delgado Sam, ahora director interino, será el responsable de organizar la elección que definirá la titularidad del periodo 2024–2028. Académicos y estudiantes ven con preocupación cómo recientes protestas, incluso infiltradas por figuras cercanas a Morena, se han convertido en escenarios donde se intenta capitalizar el descontento con fines partidistas. El temor es claro: que la autonomía universitaria se vea vulnerada por agendas externas que buscan influir en procesos internos, justo en un momento en que la institución debería estar blindada ante cualquier injerencia política.

HOSPITALES EN CRISIS: URGE ATENCIÓN FEDERAL
La diputada Sara Rocha Medina encendió las alertas al señalar las condiciones críticas que enfrenta el Hospital de Ciudad Valles, un caso que, asegura, refleja el abandono generalizado del Gobierno Federal en materia de salud. Ante fallas eléctricas, filtraciones, puertas dañadas, climas inoperantes, bombas de agua sin mantenimiento y hasta cableado expuesto, la legisladora presentó dos puntos de acuerdo para exigir a la Dirección General del IMSS-Bienestar una intervención inmediata. Su llamado incluye un análisis de riesgos y acciones urgentes en infraestructura, así como la resolución de trámites pendientes de servicios básicos como luz y agua, cuya ausencia vulnera el derecho a la salud de miles de potosinos.
El segundo exhorto aborda la desconexión tecnológica que padecen las unidades de IMSS-Bienestar en Ciudad Valles: equipos obsoletos, falta de internet, ausencia de software y trabajadores obligados a usar dispositivos personales para cumplir sus funciones. A esto se suma la imposibilidad de tomar cursos de capacitación, limitando el desempeño operativo y administrativo. Rocha Medina fue tajante al afirmar que el Gobierno Federal ha fracasado en su responsabilidad de garantizar condiciones dignas en los hospitales públicos, por lo que demandó presupuesto, atención real y soluciones de fondo. Los puntos de acuerdo ya fueron turnados a la Comisión de Salud y Asistencia Social, donde se espera una respuesta acorde a la gravedad del problema.

UN REFUGIO A TIEMPO PARA UN ADULTO MAYOR ABANDONADO
El caso de un hombre de 93 años, trasladado al Asilo Municipal luego de permanecer hospitalizado sin que ningún familiar respondiera por él, evidenció nuevamente la fragilidad de quienes no cuentan con una red de apoyo. La directora del Área del Adulto Mayor, Aracely Vázquez, informó que fue el propio personal de Trabajo Social del hospital quien solicitó la intervención municipal, al detectar que el paciente, pese a estar dado de alta desde hacía tiempo, seguía solo y vulnerable. La dependencia gestionó su ingreso a la Casa del Adulto Mayor, donde se le garantizó un espacio seguro y la atención que su condición requiere.
Vázquez relató que el traslado se concretó el sábado, tras coordinarse con la directora del asilo. Ahí, el adulto mayor —originario de una comunidad y agradecido por el apoyo— quedó finalmente instalado. Su historia, marcada por meses de soledad, refleja una realidad que con frecuencia permanece oculta: la necesidad urgente de fortalecer redes comunitarias y políticas de atención para personas mayores en situación de abandono. Mientras el hombre se prepara para cumplir 93 años, al menos hoy puede hacerlo en un entorno digno, protegido y acompañado.

UN PASO JURÍDICO, PERO NO JUSTICIA PARA LOS JÓVENES DESAPARECIDOS
El reciente pronunciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que emitió procedimientos especiales de declaración de ausencia para dos de los cuatro jóvenes potosinos desaparecidos desde julio de 2021, abre una vía legal para que sus familias accedan a ciertos derechos mientras continúa la incertidumbre. Sin embargo, este avance administrativo contrasta con la falta de claridad en una investigación que, a más de cuatro años, sigue acumulando omisiones, versiones contradictorias y un evidente abandono institucional. La historia de Alan Michel Martínez Vargas, Calep Adonai Maldonado Monsiváis, Jorge Rodríguez Ortiz e Israel Andrade Hernández, todos trabajadores de una empresa de mantenimiento industrial, se ha visto marcada por rumores, una supuesta detención nunca confirmada y una llamada telefónica que reveló amenazas directas de la delincuencia organizada.
El drama de sus familias continúa intacto: la ausencia declarada por el Tribunal no resuelve la ausencia real de los muchachos ni responde quién se los llevó, por qué y en qué momento las autoridades dejaron de investigar con seriedad. La exigencia de verdad permanece firme. Las madres y padres insisten en que no buscan trámites, sino a sus hijos; y reclaman que tanto el gobierno de Jalisco como el de San Luis Potosí redoblen los esfuerzos para esclarecer un caso que, como tantos otros, se ha ido sepultando entre expedientes estancados. En este contexto, el procedimiento jurídico es apenas un recordatorio de que los jóvenes siguen sin regresar a casa —y de que la deuda del Estado con sus familias continúa abierta.

GALLARDO SE MANTIENE ENTRE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS
El más reciente Ranking Mitofsky confirmó que Ricardo Gallardo Cardona cerró octubre en el tercer lugar nacional de aceptación ciudadana, con un 54.8 por ciento de aprobación, una posición que lo mantiene —durante todo el año— dentro del grupo de mandatarios estatales con mayor respaldo popular. El listado, difundido por El Economista, solo ubica por encima a las gobernadoras de Quintana Roo y Aguascalientes, mientras el potosino consolida una estabilidad política que pocos mandatarios del país pueden presumir.
Esta calificación no llega por casualidad. La administración estatal ha sostenido un ritmo constante de obras de infraestructura, atracción de inversiones y ampliación de programas sociales que han marcado la narrativa del actual gobierno. A ello se suma el reforzamiento de acciones de seguridad pública y la apertura de nuevos apoyos que buscan aliviar la economía familiar, factores que han abonado a mantener alto el respaldo ciudadano. De cara a su quinto año de gestión, Gallardo Cardona ha anunciado inversiones millonarias para seguir modernizando al estado y expandir beneficios como becas, apoyos alimentarios, transporte gratuito y programas de vivienda, medidas que explican su presencia sostenida entre los gobernadores mejor evaluados del país.

SANCIONAN A FUNCIONARIO DE MEXQUITIC POR PARTICIPAR EN ACTO PROSELITISTA
El Tribunal Electoral del Estado confirmó que la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona inició un procedimiento sancionador contra Juan Guadalupe Flores Miranda, secretario general del municipio, por su participación en un evento masivo de campaña, acción prohibida para servidores públicos durante el proceso de renovación del Poder Judicial. De acuerdo con el expediente TESLP/PSE/07/2025, promovido por el CEEPAC, quedó plenamente acreditado que el funcionario asistió al mitin realizado el 17 de mayo de 2025, donde el candidato Miguel Gutiérrez Ortiz solicitó abiertamente el voto para ocupar el cargo de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
El ayuntamiento notificó el 26 de septiembre haber atendido la resolución, ordenando a la Contraloría dar seguimiento a la probable violación electoral. El evento, celebrado en el Auditorio Municipal y difundido posteriormente en redes sociales, configuró un acto proselitista contrario a la normativa vigente. Ahora, la dependencia municipal deberá determinar la responsabilidad administrativa de Flores Miranda y las sanciones que correspondan, en un caso que vuelve a exhibir la fragilidad institucional con la que se siguen manejando los límites entre la función pública y la actividad política.

FUNCIONARIOS FANTASMAS EN LA FISCALÍA
La aparición de un segundo edicto en el Periódico Oficial del Estado volvió a exhibir el problema de los funcionarios que desaparecen de sus responsabilidades dentro de la Fiscalía General del Estado. Ahora no se trata sólo del caso de Zamay de la Soledad Girón Flores, sino también de Héctor Núñez Villegas, quien acumuló 168 inasistencias injustificadas entre abril y septiembre de 2023. Ambos expedientes revelan un patrón preocupante: servidores públicos que simplemente dejan de presentarse, obligando a la institución a recurrir a edictos para localizarlos y proceder a su separación del cargo.
El proceso administrativo es claro: la normativa del Servicio Profesional de Carrera establece que faltar cinco días sin motivo dentro de un periodo de treinta es suficiente para iniciar la desincorporación; aquí, las ausencias se cuentan por cientos. A Núñez Villegas se le ha otorgado un plazo de 30 días hábiles para acudir a la audiencia correspondiente y presentar pruebas o alegatos, pero el daño institucional ya está hecho. La Fiscalía no sólo enfrenta la ausencia física de estos trabajadores, sino también la evidencia de un mecanismo interno que, por omisión o tolerancia, permitió que estos casos se prolongaran durante meses sin control.

OTRO EDICTO QUE EXHIBE AUSENCIAS EN LA FGE
La Fiscalía General del Estado volvió a recurrir al Periódico Oficial para notificar a un trabajador que abandonó sus funciones sin justificación. Esta vez, el edicto fue dirigido a Zamay de la Soledad Girón Flores, dentro del expediente SGI/PA/004/2024, a quien se le abrió un procedimiento de separación del cargo tras acumular 56 faltas injustificadas. La dependencia le otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentarse ante la Secretaría General Instructora, recibir el acuerdo de inicio, obtener copia del expediente y fijar fecha para ejercer su garantía de audiencia, donde podrá presentar pruebas o alegatos.
El caso refleja nuevamente el incumplimiento del requisito de permanencia establecido en el artículo 129 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, que prohíbe ausentarse del servicio por más de cinco días sin causa justificada. De no comparecer, la institución aplicará lo dispuesto por el artículo 173 del mismo reglamento, y si no señala domicilio dentro del municipio, toda notificación posterior se hará mediante los mecanismos establecidos por la normatividad aplicable. Un procedimiento que, más allá del trámite, evidencia la necesidad de revisar los controles internos y la supervisión del personal dentro de la corporación.

MÍNIMIZAR NO ES GOBERNAR
La protesta del 15 de noviembre, protagonizada en su mayoría por jóvenes de la llamada Generación Z, no fue un capricho ni un berrinche digital, como intenta sugerir el discurso oficial. Fue la expresión clara de un hartazgo que atraviesa al país entero: violencia sin freno, oportunidades insuficientes y un futuro que, para muchos, parece más incierto que nunca. Aun así, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió reducir la manifestación a una cifra —“no llenaron el Zócalo”— y a una sospecha —“usaron inteligencia artificial”—, evadiendo el fondo del reclamo juvenil. En vez de escuchar, desvió la conversación. En vez de atender, descalificó.
Mientras el gobierno federal insiste en que “México está en paz”, la realidad contradice el mensaje oficial: homicidios en aumento, desapariciones que no cesan y una generación completa que siente que el país no les ofrece ni seguridad ni oportunidades. Voces como la de Rocío Vargas, ciudadana que incluso votó por Sheinbaum, lo reflejan con claridad: la inconformidad no viene de la oposición, sino de quienes confiaron y hoy se sienten traicionados. Repartir culpas, minimizar la protesta o acusar conspiraciones no corrige el rumbo; solo profundiza la desconexión entre el gobierno y la sociedad.
Y mientras tanto, la respuesta institucional se inclina más hacia la criminalización que hacia el diálogo: 20 detenidos, tres de ellos acusados de homicidio en grado de tentativa contra un policía. Ese es el mensaje que quedó del fin de semana: para el gobierno, la juventud inconforme no es una generación que debe ser escuchada, sino un problema a contener. Un país no se pacifica negando su realidad ni regañando a quienes la denuncian. La protesta del 15 de noviembre no fue masiva, pero sí fue significativa. Y si el gobierno no lo entiende, la próxima será más grande, más enojada y más difícil de ignorar.

APORTACIÓN MILLONARIA PARA FORTALECER A LA UASLP
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó este lunes más de 206 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como parte del convenio anual que asegura la operación académica y administrativa de la institución. El mandatario subrayó que estos recursos reflejan el compromiso permanente con la educación superior pública, la ciencia y la formación de nuevas generaciones de profesionales, al reiterar que su gobierno mantiene un respaldo sin límites para la máxima casa de estudios.
Gallardo Cardona recordó que el convenio con la SEP y la universidad establece un calendario de aportaciones que se ha cumplido puntualmente gracias a la coordinación entre las dependencias estatales y las autoridades universitarias. Reafirmó además su respeto total a la autonomía de la UASLP y destacó que este apoyo se otorga plenamente consciente del papel central que la institución desempeña en el desarrollo educativo, científico y social del estado.

PROFECO REFUERZA OPERATIVO DEL BUEN FIN 2025
La Procuraduría Federal del Consumidor desplegó uno de sus operativos más amplios para el Buen Fin 2025 en la Zona Golfo Norte. Manuel Leal Villarreal, director en la región, confirmó que este esfuerzo responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en fortalecer la economía familiar y garantizar un consumo responsable. Con 11 módulos fijos y brigadas itinerantes que recorren puntos de alta afluencia en San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, la dependencia busca que la ciudadanía tenga claridad sobre sus derechos y cuente con acompañamiento inmediato ante cualquier irregularidad. En los primeros días, brigadas ya recorrieron Pánuco, Ciudad Valles, Aquismón, Tanlajás, San Vicente y otras zonas comerciales.
Leal Villarreal subrayó la importancia de planear las compras para evitar gastos innecesarios y recordó que el sector con más quejas durante esta temporada sigue siendo el de tiendas departamentales y comercios de electrodomésticos, que concentran 54% de las reclamaciones. Pese a ello, PROFECO mantiene una eficiencia del 95% en conciliaciones exprés, privilegiando el diálogo con proveedores para resolver inconformidades sin iniciar procedimientos administrativos. Además, reiteró el llamado a los comercios para mantener calibradas sus básculas y con holograma vigente, al tiempo que invitó a los consumidores a utilizar el Teléfono del Consumidor, disponible de 9:00 a 21:00 horas los 365 días del año.

LA VIOLENCIA DIGITAL, UN PROBLEMA CRECIENTE QUE AFECTA LA SALUD MENTAL
La psicóloga clínica y forense Samantha Fiordalissio Munguía Ruiz advirtió que la violencia que se genera en redes sociales se ha convertido en un fenómeno preocupante, donde el anonimato y la falta de contacto directo propician conductas que muchas personas no asumirían en la vida real. Explicó que estas dinámicas se agravan por la presión de comunidades extremas, la avalancha de mensajes y la falsa idea de justicia que algunos usuarios creen ejercer, cuando en realidad generan daños reales y profundos. “Lo virtual deja huellas reales”, enfatizó, al recordar que familiares y personas cercanas a las víctimas también terminan afectados por estas agresiones.
La especialista señaló que este tipo de violencia digital puede desencadenar estrés, ansiedad, depresión e incluso derivar en consecuencias severas como la pérdida de empleo o rupturas familiares. Advirtió que en casos extremos la presión social podría llevar a conductas de riesgo, por lo que llamó a educar emocionalmente a los usuarios, especialmente a los jóvenes. Subrayó la importancia del discernimiento, la empatía y el uso responsable de las redes. “No toda crítica es crecimiento, y no toda viralidad garantiza felicidad”, concluyó, al insistir en la necesidad de cuidar la salud emocional y recordar que detrás de cada perfil existe una persona real.

LA PASIÓN FUTBOLERA QUE MUEVE MILLONES Y EXIGE RESULTADOS
El periodista deportivo René Tovar destacó que la selección mexicana no solo es un fenómeno emocional, sino también una estructura que genera cifras millonarias gracias al fervor de la afición. Señaló que el fútbol en México tiene un enorme peso económico y social, capaz de movilizar audiencias y recursos como pocos deportes en el país. Incluso las categorías menores, como la sub-17, logran despertar entusiasmo desbordado, al grado de celebrar triunfos aislados como gestas históricas, reflejo de la escasez de resultados consistentes.
Tovar subrayó que la afición mexicana es de las más nobles y entregadas del mundo, siempre presente sin importar marcadores o circunstancias, creando ambientes únicos en cada mundial. No obstante, enfatizó que esta fidelidad debería ir acompañada de una mayor exigencia hacia la selección mayor. Solo así, dijo, el apoyo incondicional podría transformarse en presión deportiva real para mejorar el desempeño y alcanzar resultados que estén a la altura de la pasión del público.

TRAGEDIA EN RÍO ESPAÑITA: UNA FAMILIA QUE NO VOLVERÁ A CASA
La noche del sábado dejó una de las escenas más devastadoras que San Luis Potosí ha vivido en los últimos meses. En el Boulevard Río Españita, un padre, una madre y dos menores perdieron la vida tras ser embestidos por un vehículo cuyo conductor, según versiones extraoficiales, habría manejado bajo los efectos del alcohol e ignorado un semáforo en rojo. Un acto de imprudencia, apenas unos segundos de irresponsabilidad, transformó un trayecto cotidiano en una tragedia que ha estremecido a toda la capital.
El impacto fue brutal. El automóvil familiar quedó destrozado y terminó volcado sobre la vialidad, mientras testigos observaban con impotencia el escenario que se desarrollaba ante ellos: luces de patrullas, el sonido de las sirenas, cuerpos de emergencia intentando luchar contra lo irreversible. El padre, la madre y sus dos pequeños ya no respondían. La imagen de un hogar apagado en cuestión de segundos quedará marcada en la memoria de quienes vieron el accidente y de quienes hoy lamentan esta pérdida irreparable.
El alcohol, la velocidad y la indiferencia hacia los semáforos no son simples faltas administrativas: son decisiones que pueden destruir familias enteras. Esta tragedia no debería quedar solo en la estadística de un día negro, sino servir como un llamado urgente a la conciencia y a la responsabilidad vial que tanto se necesita en la ciudad.

EL DELICADO EQUILIBRIO ENTRE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO EN SLP
La detención de Eduardo Rafael N., implicado en el trágico asalto que cobró la vida del pasante de Estomatología Jorge Dávila Ramírez en la zona universitaria de San Luis Potosí, ha traído un respiro a una sociedad conmocionada por la violencia. Sin embargo, este aparente triunfo de la autoridad se ve peligrosamente opacado por la filtración de un video donde, presuntamente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de SLP interroga al barbero detenido. Si bien la ciudadanía clama por justicia expedita ante un crimen tan atroz, la FGE debe recordar que su misión principal no es el espectáculo mediático, sino la construcción de un caso sólido e inatacable. Exponer grabaciones de un interrogatorio durante la fase de investigación no solo viola la presunción de inocencia, sino que siembra serias dudas sobre la profesionalidad y legalidad de todo el procedimiento.
El grave problema de esta filtración no radica en la información que contiene, sino en el potencial efecto corrosivo que tendrá sobre el debido proceso. La Constitución mexicana establece que toda prueba debe obtenerse de forma lícita, y la difusión de una diligencia ministerial —especialmente un interrogatorio— a la prensa antes de ser presentada ante un juez constituye una violación flagrante. Este vicio procesal puede ser aprovechado por la defensa de Eduardo Rafael N. para argumentar que se vulneraron sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a no autoincriminarse y el derecho a una defensa adecuada. El resultado más crítico de esta falta de diligencia podría ser que, a pesar de la solidez de otras pruebas, un juez se vea obligado a anular la declaración o incluso a desestimar elementos clave del caso, abriendo la puerta a la impunidad.
En última instancia, la FGE de SLP ha expuesto su propia negligencia al anteponer la presión social a la pulcritud legal. La justicia para Jorge Dávila Ramírez y su familia exige una sentencia firme, no una victoria pírrica que pueda revertirse por un error de procedimiento. La filtración del video no es un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad institucional. La Fiscalía debe garantizar que todas las actuaciones se ciñan estrictamente a la ley, asegurando la cadena de custodia y el sigilo necesario para proteger el debido proceso. De lo contrario, este caso, que ha indignado a toda la comunidad potosina, corre el riesgo de convertirse en un nuevo ejemplo de cómo las fallas dentro del sistema de procuración de justicia mexicano terminan por sabotear incluso las detenciones más necesarias y evidentes.

OPERACIÓN ENGRANAJE
Hace unos días el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó el rescate o saneamiento de la Dirección de Pensiones del Estado por miles de millones de pesos, después de que en gran parte del sexenio existieron señalamientos por falta de transparencia en el manejo de estos recursos.
Esta vez supo comunicar la acción, colocándose como quien asumió la responsabilidad de corregir los desfalcos heredados por la administración pasada, y en los pasillos de la burocracia estatal se comenta que ahora hay más tranquilidad entre los trabajadores.
Sin embargo, hay que ser claros: aunque la “herencia maldita” dejó fuertes daños, la responsabilidad del gobierno actual siempre fue cubrir los adeudos. Por ello, más que un acto extraordinario, se trata del cumplimiento de una obligación hacia miles de empleados gubernamentales, y finalmente se está haciendo.
Ahora bien, hay que analizar el fondo, porque esto tiene varias lecturas. No es casual que en este momento el gobernador comience a cerrar los pendientes que quedaron visibles; en 2026 iniciará de facto la ruta para encarrilar a su sucesora, a quien todos ya identifican.
Es decir, antes de que se acumulen problemas difíciles de atender, el líder de los tucanes necesita dejar la casa en orden. Y aunque afirme que ni él ni su gabinete se distraerán en promover cuadros, es evidente que buscará acomodar las condiciones políticas. Eso también requiere inversiones importantes, que suelen manejarse de forma directa y sin mucha trazabilidad.

LA SUSTITUTA VERDE
Una vez que se consumó la imposición de la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas como nueva concejal presidenta de Villa de Pozos, se vienen momentos erráticos en los primeros meses al frente del municipio 59.
De acuerdo con la curulera verde, la llegada a territorio poceño está motivada por "el amor profundo" que tiene por la demarcación, así como el compromiso básico de trabajar para ofrecer los mejores resultados.
Aunque ahorita está muy emocionada por resultar ungida por la fracción verde, en su momento la otrora presidenta Teresa Rivera vivía en el mismo cuento de hadas, quizá eso fue lo que la llevó a la hecatombe y a la cantada renuncia entre comillas.
Si bien en la documentación donde dimite refiere que lo hizo motivada por “cuestiones personales”, todo mundo presume que se acabó el encanto de la gallardía. Vieron que el tren no avanzaba en el sentido que debía, y cada vez eran más quejas que trabajo efectivo con la base social.
Tal vez a Teresa se le olvidó que Villa de Pozos se convirtió en el segundo bastión de facto para los verdes. Se dieron cuenta que sobresalía más la capital, mientras los poceños seguían en el olvido. Todo eso le generó una mala jugada...Aradillas no puede confiarse porque ya tiene ejemplo de qué sucede cuando no se cumplen con las cuotas establecidas.

EL APOYAFOGONES VERDE
En la cocina todos los que colaboran son importantes, pero hay algunos que se vuelven casi indispensables; por ejemplo, los ayudantes generales, los que sacan al chef de los apuros. Es decir, quienes resuelven sobre la marcha y mantienen todo funcionando.
En eso se ha convertido Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado, pues en cada situación inesperada del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, él es quien asume la responsabilidad de salir al paso, ya sea para ordenar, clarificar o contener los efectos.
Basta recordar el momento complicado que enfrentó el gobernador hace unos meses por comentarios que generaron molestia en la comunidad LGBTTIQ+. Días después, Torres Sánchez fue quien logró encauzar el diálogo y bajar la tensión.
Más recientemente, el líder de las aves silvestres anunció que Torres Sánchez presentaría una iniciativa para establecer un salario mínimo de 15 mil pesos para policías municipales. La propuesta es viable, pero el documento aún no se ha presentado y es claro que este año ya no avanzará.
Quizá por esa presión constante de resolver los temas más urgentes del jefe, a veces se le ve con semblante serio. A cualquiera le ocurriría, aunque conociendo la magnitud de los asuntos que debe atender, es entendible. Sacar las papas del aceite no es sencillo, y él ha demostrado que sabe hacerlo.

UASLP OPACA
Lamentablemente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí recibió a través de transferencia 2 mil 989 millones 696 mil 079 pesos, donde el Gobierno estatal ha liquidado totalmente el adeudo que sostenía con la institución, aunque hay que dejar claro que mucho de este presupuesto iba ser aplicado a través de obras para estacionamientos en la Universidad de Ciencias Sociales y otros proyectos que en especies se iban aplicar. Sin embargo, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, no quiso todo lo que hizo el líquido para poder pagar con el 80% o más adeudos que tiene para pagos de pensiones, jubilaciones y los pagos exagerados que recibe tanto el rector como exacadémicos y consentidos que tiene Alejandro Zermeño Guerra. En una entrevista con medios de comunicación se mostró enojado, grosero, diciendo a los medios de comunicación que cuando quieran con letras y números muestra lo que él gana, ya que él considera, y a pesar de ganar más que el gobernador y entregar pensiones muy altas, él considera que es lo propio. Así mismo envió a medio de comunicación un comunicado reiterando que el Gobierno del Estado le debía, aunque negó decir cómo se va a dispersar el dinero. Así las cosas, urge que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sea auditada de manera urgente.