Después de resultar víctimas de la delincuencia, las personas y sus familias no solo resultan afectadas moral y psicológicamente, sino de forma económica, pues el peor de los casos presentan lesiones graves al grado de la muerte. Es decir, la victimización es un fenómeno que termina por convertirse en una especie de impuesto ilegal.
Durante el año 2024 en el estado de San Luis Potosí, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 7.3 mil millones de pesos, alerta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Lo cual equivale a un promedio monetario de 7 mil 388 pesos por persona afectada por dichas problemáticas, añade la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025.
El monto de 7.3 mil millones de pesos resulta muy destacado, pues en los últimos 15 años se ubicó como el tercer más alto. El más costoso fue en el 2017 con 10.7 mil millones de pesos y en segundo lugar el 2010 con 10.3 mil millones de pesos.
Coincidente con ello, en dichos años la incidencia de alto impacto como los homicidios dolosos, las extorsiones y los secuestros incrementaron. Por ejemplo, en el 2010 estaba en auge la "guerra contra el narco", declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La comparativa de los últimos 3 lustros permite identificar que las 3 administraciones estatales tuvieron su año de mayor costo derivado de la criminalidad. Con el gobernador Fernando Toranzo Fernández el 2010 fue el peor con 10.3 mil millones de pesos.
Para el gobierno del mandatario Juan Manuel Carreras López el mayor impacto económico se estimó en el 2017 con 10.7 mil millones de pesos; y la gestión del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona fue el año pasado con 7.3 mil millones de pesos anuales por hogar.
CANDADOS Y DEMÁS
La ENVIPE manifiesta que el año pasado las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 28.2%, o sea, más de la cuarta parte de erogaciones para protegerse de la criminalidad.
De estos pagos obligados, el 27.4% se destinaron a cambiar o colocar cerraduras y/o candados; 21% a cambiar puertas o ventanas; 19.8% a realizar acciones conjuntas con vecinos; y 14.6% a colocar rejas o bardas.
Además, un 5.6% a comprar un perro guardián; y el 18.1% decidió invertir en aplicar otro tipo de medida de seguridad para la protección de su familia y patrimonio, subraya el estudio demoscópico.
En ese sentido, remarca que las pérdidas económicas a consecuencia del delito por 61.7 mil millones de pesos anuales y los gastos a consecuencia de daños a la salud ascendieron a 10.1 mil millones de pesos.
¿UN IMPUESTO?
Para comprender las dimensiones que genera la delincuencia en los bolsillos de los residentes potosinos, es necesario evidenciar cómo los 7 mil 388 pesos de promedio de costo anual a consecuencia del delito en el 2024 se convirtieron en una especie de impuesto ilegal.
Por ejemplo, si un chofer de camión de carga en general con un salario mínimo de 293.06 pesos diarios, según lo establecido el año pasado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), o sea, un ingreso de 98 mil 468.16 pesos al año, fue víctima de un delito le significó el 7% de su salario anual.
Es decir, de cada 100 pesos que obtuvo con el esfuerzo de su trabajo, casi 10 pesos los destinó a cubrir las secuelas de resultar víctima del hampa. Tanto como si se tratara de pagar los servicios de energía eléctrica o agua potable.
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