Alexa Bello
La violencia en Guerrero se ha convertido en un aspecto tan cotidiano que ya no asombra a quienes la viven día a día. Chilpancingo, capital del estado y sede de los tres poderes de gobierno, ha sido testigo de hechos que se han vuelto la norma y no la excepción. El pasado 22 de octubre marcó el inicio de un trágico suceso que puso de relieve la situación que afecta a la zona serrana y a otras regiones de Guerrero. La desaparición de 11 personas, entre ellas menores de edad y mujeres, ha sido un eco desgarrador en una entidad sumergida en el caos y la desesperación.
En un ambiente donde el crimen organizado ha establecido su propio gobierno y la impunidad parece ser el telón de fondo de cada escena violenta, las desapariciones, hallazgos y asesinatos se suman a una larga lista de tragedias que no encuentran justicia ni respuestas. ¿Qué sucede en Guerrero? ¿Por qué parece ser un territorio donde el Estado ha dejado de tener control y donde la gente vive a merced de intereses ajenos a su bienestar?
EL HALLAZGO QUE CONGELÓ CHILPANCINGO
Cinco días después de la desaparición de estas personas, sus familiares, angustiados, decidieron buscar a sus seres queridos, aventurándose en un territorio peligroso y hostil. Lo que encontraron fue devastador: los cadáveres de 11 personas en la batea de una camioneta en la carretera federal México-Acapulco. En el interior del vehículo, más de 20 bolsas plásticas contenían los restos de estos desaparecidos, algunos de ellos menores de apenas 13 a 16 años.
La respuesta de la Fiscalía General del Estado no fue menos inquietante. En lugar de realizar los procedimientos forenses en el lugar del hallazgo, decidieron trasladar la camioneta con los cuerpos al estacionamiento de sus instalaciones. Esta acción, cuestionada por expertos y ciudadanos, refleja la falta de protocolos claros en un contexto donde la tragedia se convierte en rutina.
GUERRERO: UN ESTADO SUMIDO EN LA INSEGURIDAD Y EL ABANDONO
La violencia en Guerrero no es un fenómeno aislado ni reciente. Desde hace décadas, este estado ha sido una arena de disputas entre facciones políticas y, más recientemente, entre grupos del crimen organizado. La incapacidad de las autoridades para contener la violencia es alarmante y pone en riesgo a todos los habitantes. En los últimos días, se han registrado 16 muertes violentas en Chilpancingo, incluyendo a 14 personas desmembradas y dos ejecutadas a balazos. La presencia de cuerpos mutilados en plena vía pública, incluso cerca de la Fiscalía, parece una burla a las autoridades y una declaración de poder de los grupos criminales.
Esta situación impacta no solo a los ciudadanos comunes, sino también a quienes, como periodistas, intentan documentar y visibilizar esta violencia. Guerrero ha dejado de ser un lugar seguro para la labor periodística. Las agresiones, amenazas y atentados a periodistas son cada vez más frecuentes, y aquellos que se aventuran a cubrir los hechos enfrentan el riesgo constante de perder la vida.
LA COBERTURA DE LA VIOLENCIA: UN RIESGO CONSTANTE
Como periodista, cubrir la violencia en Guerrero se ha vuelto una tarea casi suicida. No hay garantías de seguridad, y en cualquier momento una cobertura puede convertirse en una trampa mortal. Un ejemplo de ello fue el atentado que sufrieron cuatro colegas hace apenas un año; uno de ellos decidió retirarse del periodismo tras sobrevivir. Y, a pesar de los riesgos, la labor informativa continúa, motivada por el compromiso de mantener informada a la ciudadanía y documentar una realidad que muchos prefieren ignorar.
Recientemente, mientras documentaba la irrupción de un grupo armado en Tecpan de Galeana, me encontré en medio de un tiroteo. Fue una experiencia aterradora, pero, lamentablemente, no es algo excepcional en Guerrero. Aun cuando el trabajo periodístico implica una amenaza constante, los periodistas independientes sentimos una responsabilidad hacia nuestras comunidades. Ellos confían en que llevaremos una información veraz y oportuna sobre lo que ocurre en Guerrero y que denunciaremos, sin filtros, la falta de seguridad y la impunidad.
UNA GOBERNADORA AUSENTE Y UN MUNICIPIO SIN SECRETARIO DE SEGURIDAD
La indiferencia y falta de acción de las autoridades ha sido indignante. Mientras las familias se desmoronaban al recibir los restos de sus seres queridos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se encontraba en un evento festivo junto al cantante Coque Muñiz. La imagen de una gobernadora celebrando mientras la entidad que dirige se desangra es una bofetada para los guerrerenses que exigen justicia y seguridad.
Por otro lado, en Chilpancingo, el municipio no cuenta con un secretario de Seguridad Pública desde hace tiempo. En un contexto tan complejo, donde la seguridad debería ser una prioridad, la falta de liderazgo y compromiso es inadmisible. Desde que inició la administración de Gustavo Alarcón, el cargo permanece vacante, y los resultados están a la vista: una ciudad vulnerable y una población desprotegida.
La inseguridad en Guerrero no solo es responsabilidad de la administración actual; es un problema de arrastre que ninguna administración ha logrado resolver. La muerte de funcionarios clave, como el exalcalde Alejandro Arcos Catalán, ilustra el nivel de peligro en el que viven y trabajan las autoridades. Es inaceptable que el liderazgo local no tenga la capacidad de garantizar la seguridad ni de construir una estrategia eficaz para contrarrestar la violencia.
UN ESTADO SIN LEY Y UNA SOCIEDAD EN ESTADO DE ALERTA
Guerrero ha quedado atrapado en un ciclo interminable de violencia y descomposición social. Los esfuerzos del gobierno federal, como el despliegue de 400 elementos y tres aeronaves en un operativo especial en Chilpancingo y otras localidades, apenas parecen rasguñar la superficie del problema. Estos despliegues de fuerza, aunque impresionantes en número, no ofrecen soluciones a largo plazo ni abordan las causas profundas de la violencia.
Mientras tanto, los ciudadanos intentan sobrevivir en un estado sin ley, donde el crimen parece ser la única autoridad visible. Familias, como las de los desaparecidos y asesinados, continúan buscando justicia en un sistema que les ha fallado. La desesperación y el duelo se han convertido en el pan de cada día para quienes, como en el caso de Chautipan, han perdido a sus seres queridos en manos de la violencia impune.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Guerrero no es solo una cifra en la estadística de la violencia en México. Es un territorio donde la sangre y el olvido parecen ser los hilos conductores de una tragedia incesante. Las familias, los periodistas y la sociedad civil en su conjunto viven atrapados en una red de inseguridad y corrupción que los deja a la deriva.
Ante esta realidad, el gobierno, tanto estatal como federal, tiene una deuda con Guerrero y con sus habitantes. Las promesas vacías y las medidas superficiales no son suficientes para devolver la paz a una entidad devastada por la violencia. Guerrero clama por justicia y, aunque el camino para alcanzarla parezca incierto, la lucha por un estado seguro y en paz no debe cesar.
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