Semana del 10 de Julio al 16 de Julio de 2015

Tlatlaya, hubo órdenes por escrito

Tlatlaya, hubo órdenes por escrito

Juan Veledíaz

La llamaron "Operación Dragón", era el despliegue de tropas para intentar contener la sangrienta disputa que tenían los grupos criminales autodenominado "la Familia" y "Guerreros Unidos" en la zona limítrofe del Estado de México y Guerrero, dentro de la región de Tierra Caliente. En junio del 2014 se presentó la balacera de Tlatlaya, que a ojos de las ONG se trató de una "ejecución masiva", y que desde el ejército se miró como una respuesta al ataque al que habían sido objeto los soldados por un grupo de presuntos delincuentes. El informe que presentó el jueves 2 de julio el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", exhibe por primera vez el procedimiento sistemático de operar de los militares en esa zona y las órdenes que por escrito tenía.

La madrugada del 30 de junio del 2014 un soldado de sanidad recibió un disparo que pegó en su chaleco antibalas, cuando iba a bordo de un vehículo militar mientras patrullaba con sus compañeros las calles del poblado de Cuadrilla Nueva, en Tlatlaya, Estado de México. El pelotón de militares estaba al mando del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien se percató cómo su compañero caía derribado por el tiro que los puso en máxima alerta. Los disparos salieron de una bodega, y fueron repelidos como ocurre en cualquier situación cuando los militares son blanco de alguna agresión armada.

Entonces tres de los soldados entraron a la bodega y ahí ocurrió lo que en los últimos días se ha ventilado: que los militares actuaron en acato a disposiciones estipuladas en las órdenes de operaciones en el apartado de "Orden de Relevo y Designación de Mando", que había recaído en el teniente Rodríguez Martínez, y privaron de la vida a 22 civiles. La circunstancia y el cómo ocurrió todo ha colocado la actuación del ejército en el banquillo de los acusados tras el informe presentado el jueves 2 de julio por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", donde se señala que existían disposiciones para "abatir civiles" como parte de la "Operación Dragón", como llamó el ejército al despliegue de seguridad en éste municipio de la Tierra Caliente mexiquense, considerado de tiempo atrás como uno de los más conflictivos por estar en zona de disputa criminal entre la llamada Familia michoacana y los autodenominados "Guerreros Unidos".

El lunes 29 de junio el secretario de la Defensa Nacional dijo, en entrevista con el diario El Universal, que el caso Tlatlaya ha sido muy costoso para el ejército pues ha sido "manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas". El general Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró que lo "único que estaba comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados". El relato del disparo que impacto contra un soldado de sanidad, derribándolo sin mayores consecuencias, y que habría dado inicio al tiroteo, fue difundido el 10 de noviembre del 2014 en una columna sin firma en la versión digital del diario Impacto, la cual traía como título "La verdad militar del caso Tlatlaya".

El general Cienfuegos detalló en esa entrevista que había una diferencia numérica considerable, de 22 personas con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra ocho militares encabezados por el teniente Ezequiel. "Yo no puedo entender cómo hubo un sometimiento, si eran ocho soldados, no sabían cuanta gente había en el interior del cobertizo donde sucedieron los hechos. Sabemos que todos los cuerpos resultaron positivos, es información abierta, no es que a mí me conste, que resultaron positivos al uso de armas, las armas fueron disparadas, encontraron algún consumo de drogas en algunos de estos cuerpos, todos tenían alcohol, y bueno, pues entiendo que estuvieron de fiesta, hasta las 2, 3 de la mañana; los hechos se dan alrededor de las 05:30 de la mañana; bueno pues yo quisiera que pusiéramos las cosas en orden y viéramos cómo sucedió".

Esta petición de alguna forma fue respondida, quizá de manera involuntaria, desde un ángulo diametralmente opuesto con el informe que la organización no gubernamental "Miguel Agustín Pro Juárez" difundió el jueves 2 de julio. En resumen, el Centro Pro dio a conocer una serie de documentos militares que donde se establece que las tropas que patrullaban esa zona de Tlatlaya, "deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario".

La "Operación Dragón"

El epicentro de lo que ocurrió en Tlatlaya, quedó registrado en el apartado "Necesidad de investigar la responsabilidad institucional del ejército", donde el Centro Pro exhibe por vez primera las órdenes de operaciones y señala la cadena de mando.

"Una prueba fehaciente sobre la necesidad de investigar la responsabilidad institucional de la SEDENA en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas de Tlatlaya es la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones "San Antonio del Rosario", y la subsecuente Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, de fechas 11 de junio de 2014, suscritas por el Teniente Coronel de Infantería 2/o Comandante y J.G.C. (Jefe del Grupo de Comando), Sandro Díaz Rodríguez en ausencia del Comandante del 102 Batallón de Infantería, Coronel Raúl Castro Aparicio".

"El propósito de la Orden General de Operaciones es "establecer las prescripciones que deberán realizar los mandos y las tropas que participan en actividades de apoyo a la función de seguridad pública, con la finalidad de reducir la violencia en el país". Se fundamenta en diversas normas, pero particularmente en el Programa Sectorial 2013-2018, dentro del marco de la Operación Dragón".

"La orden de relevo fue emitida en el Campo Militar No. 22-D, San Miguel Ixtapan, Estado de México, el 11 de junio de 2014. Fue dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez. En el rubro se aprecia que la dependencia emisora se identifica como "102 BTN. De INF., Grupo de Comando" y como número de oficio, se señala SIIO/10585 (el documento no lo dice pero las siglas SIIO significan Sección de Información, Instrucción y Operaciones). En el cuerpo de la Orden se reiteran las operaciones y el modo en que deben llevarse a cabo, refiriendo específicamente que son órdenes provenientes del "Alto Mando", es decir, del Secretario de la Defensa Nacional".

"De esta Orden resultan en una serie de instrucciones que sin lugar a dudas son ilegales y, más grave aún, que a todas luces incentivan la comisión de violaciones a los derechos humanos. Sobre todo considerando que conforme a la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, la obediencia es base de la disciplina castrense conforme y por tanto dicha orden fue emitida para ser cumplida".

"La Orden de Relevo es ilegal puesto que invoca un conjunto de normas que de ninguna manera faculta al Ejército a realizar las tareas que en ese documento asigna a la base de operaciones San Antonio de Rosario 22. Inclusive, la Orden llega al extremo de asignar a la tropa tareas que en sentido estricto corresponden a la autoridad civil. Al respecto, cabe recordar que el marco constitucional vigente únicamente faculta a las autoridades militares a detener civiles cuando estos se encuentren en flagrante comisión de un delito, con la salvaguarda de que en tales casos los detenidos deben ser puestos a disposición de autoridad competente de manera inmediata. Pero sin duda lo más preocupante es que la Orden de Relevo alienta la violación de derechos humanos. En la disposición V, la Orden de Relevo mandata que "las acciones para reducir la violencia se planearán y se ejecutarán en horas de obscuridad, sobre objetivos específicos. Enseguida, en la disposición VI, se advierte que la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, "evitándose generar víctimas colaterales". En la orden es una constante la distinción tajante de la sociedad en tres grupos: los militares, la población civil y "los delincuentes", también nombrados "grupos delictivos" o "integrantes de la delincuencia organizada". Resalta la ausencia de elementos para identificar a éste último grupo respecto del cual la Orden prácticamente genera un estado de excepción, soslayando que un contexto en el que no se ha declarado formalmente la existencia de un conflicto armado interno los presuntos delincuentes son también civiles. Esta concepción sin duda constituye, de manera implícita, un incentivo de privación de la vida, que en la siguiente fracción adquiere forma explícita. Efectivamente, es la disposición marcada con el número VII la que mayor preocupación genera pues ordena lo siguiente: "Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario". El uso de este lenguaje resulta sumamente grave pues al instruir "abatir delincuentes" se incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo. Es decir, la orden es un estímulo para cometer ejecuciones, lo que se agrava por el hecho que expresamente se instruye que esta actividad se realice "de noche" para "abatir delincuentes en horas de oscuridad", ya que se coloca a las tropas castrenses en franca condición de alevosía circunstancia indicativa del propósito de ocultamiento de una actividad ilícita que guía a la Orden. Máxime considerando que la directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en ningún momento faculta a los castrenses para "abatir delincuentes en horas de oscuridad. De hecho, ninguna ley o disposición reglamentaria lo hace".

Para el Centro Prodh no queda duda, a la base de Operaciones San Antonio del Rosario se le ordenó "abatir delincuentes en horas de oscuridad", y con lo ocurrido en Tlatlaya, el teniente Ezequiel a cargo de la base informó al mando que en efecto se había "abatido delincuentes". La orden se había cumplido.

Cadena de mando

El informe hace énfasis en la línea de mando que opera en cualquier circunstancia donde entra en juego el despliegue operativo de tropas. Dice el Centro Pro que si la orden que motivó la intervención de la base de operaciones incentivó violaciones graves a los derechos humanos, la responsabilidad de los mandos jerárquicos deberá de investigarse. "Con base en la teoría de responsabilidad por cadena de mando que asume hasta sus últimas consecuencias los principios de jerarquía y obediencia militar, la identificación de la Cadena de Mando es indispensable para determinar la posible responsabilidad institucional del Ejército mexicano. En el caso concreto, resulta indispensable que se investigue, identifique y sancione a los responsables de los hechos ocurridos el 30 de junio del 2014, pero teniendo a la vista la Orden de Relevo lo anterior también implica la investigación y sanción de los mandos militares que estuvieron directa e indirectamente relacionados en los hechos por haber ejecutado, ordenado o tolerado las acciones y omisiones que dieron lugar a la masacre, incluyendo la emisión de la Orden de Relevo".

La investigación de la cadena de mando, concluye el documento, implicaría indagar la responsabilidad desde el escalafón más bajo, que comenzó con el teniente Ezequiel, y que ahí se detuvo, y subir hacia el coronel Castro Aparicio, comandante del 102 de infantería; el general brigadier Francisco Ortega Luna, jefe del Estado Mayor de la 22 zona militar en San Miguel Ixtapan, Estado de México; el entonces comandante de dicha zona, el general de brigada José Luis Sánchez León; el comandante de la primera región militar, jurisdicción territorial de la que depende la zona, entonces al mando del general de división Jaime Godínez Ruíz, y el alto mando de la secretaría de la Defensa Nacional, en la personalidad del general de división Salvador Cienfuegos Zepeda.

Con el informe y los señalamientos, un nuevo frente dentro del caso Tlatlaya quedó abierto, el de la documentación de la actuación de las tropas sin un marco legal y la responsabilidad de la línea de mando, algo que ha sido una constante desde que el ejército comenzó con labores de "apoyo" a la seguridad pública.