Semana del 19 de Junio al 25 de Junio 2015

Creían que había guerrilla infiltrada

Creían que había guerrilla infiltrada

Juan Veledíaz

Las alertas indicaban que podría haber agentes federales que serían linchados por una turba de pobladores, supuestamente azuzados por simpatizantes de la guerrilla, en el municipio de Tlapa la noche del domingo 7 de junio. Al paso de los días, tras el sepelio del profesor Antonio Vivar Díaz, a quien sus compañeros llamaban "comandante Toño", muerto durante la liberación de los policías federales retenidos en una capilla de la colonia Tepeyac de éste municipio, la información se diluyó sin que se presentaran evidencias. Lo que continuó fueron las movilizaciones de protesta, y un recordatorio que el día de las elecciones el EPR alertó en un comunicado que se venía una ola represiva gubernamental ante la creciente efervescencia social en la Montaña de Guerrero.

Horas antes de que iniciara la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio, comenzó a circular un comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fechado en Veracruz por el "comité estatal", donde se advertía que "el aparato policiaco-militar y paramilitar" reforzaría su "operación" de manera "especifica y especializadamente" contra "proyectos organizativos emergidos de los distintos sectores populares", que en los últimos meses han desarrollado sus protestas de forma "independiente y revolucionaria con una conciencia de clase".

En cada uno de los 16 párrafos que la organización guerrillera redactó, no pasó por alto los asesinatos y enfrentamientos, que bajo la cobertura de "delincuencia organizada", son vistos como "coartadas" del sistema político para "disfrazar" lo que llaman "política represiva".

Con su característica retórica autodenominada "revolucionaria", "proletaria" y "socialista", el comunicado llamaba la atención no solo por el recuento que hacían de las manifestaciones de inconformidad de maestros, estudiantes y trabajadores del campo en entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Puebla, sino por el énfasis que ponían en lo ocurrido contra un grupo de jóvenes que fueron atacados días antes de las elecciones por hombres armados en Jalapa, Veracruz, donde a golpes y armas blancas fueron amedrentados y heridos por "encapuchados".

"La premeditada acción represiva contra los jóvenes estudiantes tiene un contenido y objetivo político, no hay más que indagar, cualquier pretensión de desviar el acontecimiento utilizando las clásicas y burdas líneas de investigación policiaca-pasional, delincuencial, conflicto inter-estudiantil--constituyen una violación más a los derechos de estos jóvenes, sus familiares y una daga a la profusa herida del pueblo y la humanidad. La fabricación del delito para reprimir de forma brutal el hogar estudiantil, es el castigo desde el poder burgués por ser jóvenes, estudiantes, por forjarse una identidad y afinidad política propia; críticos al sistema y régimen; sensibles con las condiciones de pobreza, miseria y opresión política que vive nuestro pueblo; defender el medio ambiente; solidarios con las luchas populares; respaldar la lucha por la defensa y el respeto a los derechos humanos; manifestarse contra los crímenes (de) lesa humanidad; por mostrar su posición crítica a los procesos electorales, por lo que sea, el objetivo es arredrar, intimidar al sector estudiantil por ser un aliado histórico de las luchas populares".

En su mensaje, el EPR pareció advertir que la "escalada represiva", como el suceso ocurrido en Jalapa, iría más allá pues las fuerzas de seguridad tienen trazado un plan para ir contra las organizaciones sociales que se han manifestado en los últimos meses por diversas acciones, una de ellas la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho meses.

Esta advertencia pareció tener eco en las protestas que se suscitaron en Tlapa la tarde del domingo 7 de junio, cuando un grupo de pobladores en apoyo a maestros y estudiantes, desarmaron y retuvieron a un grupo de la Policía Federal. La retención por varias horas de una veintena de agentes federales, con una amenaza velada de linchamiento público si no se liberaba a ocho profesores detenidos horas antes en el municipio, activó todas las alertas en el gabinete de seguridad federal donde se tuvo indicios de que alguna facción guerrillera podría estar infiltrada entre los miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

De acuerdo a versiones de la Policía Federal, se tenía identificado a un grupo de rijosos que desde días antes habían amenazado ir en contra de las fuerzas del orden si no se acataban la disposición de boicotear las elecciones en el municipio. La medida, que dividió a la población de Tlapa, tuvo su contraparte cuando un grupo de taxistas y ciudadanos identificados con el PRI, desalojaron a los inconformes del palacio municipal y advirtieron que el proceso electoral se llevaría a cabo.

En este choque de posiciones vino el enfrentamiento entre maestros contra agentes federales que desembocó en la detención de ocho de los inconformes, posteriormente vino la retención de un grupo de agentes cuando ingresaron a la colonia Tepeyac en busca de otros rijosos, y que llevó a encerrarlos bajo la vigilancia de cientos de pobladores en una capilla de esta zona del municipio.

Hubo un momento en que se dio la orden de desalojar porque la advertencia de que los lincharían tomo visos de realidad, dice un comandante de la Policía Federal destacado en Chilpancingo, que accedió a dar su versión de los hechos bajo el acuerdo de no ser citado por nombre ni el tiempo que lleva de servicio en la corporación.

Entonces se pidió apoyo al ejército, se cortó la luz eléctrica en esta área de Tlapa y se procedió a la acción, explica.

-¿Tuvieron información de presencia de simpatizantes de la guerrilla?-se le pregunta.

"Se tenían reportes, por la actuación y la amenaza velada de linchar los agentes retenidos se tomó la determinación de entrar con antimotines", responde.

Sobre la muerte de Antonio Vivar Díaz, el joven profesor y estudiante egresado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que murió por disparo de arma de fuego durante el desalojo, el mando federal añadió que no hubo una intención deliberada. Fue parte del desalojo y en consecuencia de las alertas que se tenían de que había gente que actuaría de forma beligerante en contra de la Policía Federal que entraría a rescatar a los retenidos.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y maestros de la CETEG, acusaron a la Policía Federal de haber asesinado al joven profesor a quien sus allegados llamaban "comandante Toño".

La ruta de la confrontación

La colonia Tepeyac, en Tlapa, está habitada en gran parte por profesores normalistas que durante varios años han militado en diversas organizaciones de oposición al gobierno. En días pasados vecinos de esta zona del municipio anunciaron que en una asamblea acordaron crear un grupo de seguridad al que llamaran "Vecinos Vigilantes", el cual tendrá como finalidad proteger a los habitantes de este sector después de la experiencia que vivieron con la Policía Federal el pasado domingo 7 de junio, cuando irrumpieron de manera violenta para llevarse a varios vecinos.

Aquel suceso llevó a la detención de un grupo de agentes que posteriormente fueron liberados a tiros y golpes de tolete que dejaron herido de bala al profesor Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) quien murió momentos después. La negociación llevó a las autoridades a liberar horas después a los profesores, detenidos, quienes fueron identificados como Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Julián Ayerdí Cavelas, Raúl Sierra de Jesús, Francisco Ortega Vicente, Agustina Luna Martínez, Ángel Basurto Ortega y Herlinda Iturbe Pinzón, todos miembros de la CETEG.

El pasado viernes 12 de junio vecinos de la colonia Tepeyac tuvieron una reunión donde analizaron lo ocurrido en días pasados con las fuerzas federales y estatales. Un profesor que participó en las reuniones informó a este blog que se tomó el acuerdo de formar su propia Policía Ciudadana en virtud de la ola de agresiones y presencia de gente extraña a la colonia tras los sucesos donde perdió la vida el maestro Vivar Díaz. Será un grupo que se rotará para cuidar la colonia, dijo, en cada calle habrá de ocho a 10 vecinos y se llamará "Vecino Vigilante".

En abierta confrontación con las autoridades emanadas del PRI, quienes resultaron triunfadores en la presidencia municipal en las elecciones del 7 de junio, señaló que no reconocerán al presidente municipal ni a su cabildo. Además impedirán la entrada a la colonia Tepeyac y a otras en Tlapa a las organizaciones de taxistas, afiliados al tricolor, que participaron como grupos de choque en los enfrentamientos suscitados dos días antes del proceso electoral y durante el desalojo del domingo.

Parte de la reorganización de los vecinos será la formación de un frente de delegados de varias colonias de Tlapa, quienes tienen en común, añadió, que están en contra del gobierno y del "sistema político represor". Más allá de coyunturas electorales, de manifiestos por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayoptzinapa desaparecidos en septiembre pasado, la organización de los profesores y colonos de Tlapa busca la desmilitarización de las comunidades serranas y el respeto al derecho a la autonomía, la libre determinación y la organización, que están señalados en la Constitución, añadió.

Cuestionado sobre los señalamientos de que hay infiltrados de grupos guerrilleros en las organizaciones sociales, el entrevistado dijo que esa ha sido una táctica de la secretaría de Gobernación y del ejército para estigmatizar a las organizaciones sociales en el estado de Guerrero. No habría que pasar por alto que ese discurso ha sido reproducido por los medios de comunicación, los cuales sin contrastar los dichos del gobierno federal, se han dedicado a difundir que las organizaciones sociales que luchan por un mejor nivel de vida de los habitantes de la Montaña, por un acceso pleno a la educación, la salud y el trabajo, son tachados de "subversivos" sin atender las demandas más elementales, concluyó.