Semana del 11 de Abril al 17 de Abril de 2025

La extorsión, el enemigo silencioso de México

La extorsión, el enemigo silencioso de México

Raúl Sapién Santos

Hablar de seguridad en México ya no es un tema exclusivo de las autoridades o los especialistas. Hoy es una preocupación colectiva, transversal, que impacta desde las altas esferas del gobierno hasta el comerciante que cada día abre su negocio con temor a ser víctima del crimen.

En los últimos años, hemos visto transformaciones importantes en la política de seguridad pública. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció una estrategia basada en el combate a las causas estructurales de la violencia. Los pilares fueron claros: erradicar la corrupción, garantizar el acceso a derechos sociales, reformular la política de drogas y regenerar la ética pública.

Sin embargo, esa política, resumida en la ya célebre frase de "abrazos, no balazos", si bien buscaba desactivar la violencia mediante una aproximación social, dejó huecos operativos que hoy requieren ser atendidos con urgencia.

Con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia, si bien se mantiene una continuidad política, se percibe un giro en la estrategia: se está pasando de la contención a la acción. Hoy vemos un aumento en el número de detenciones, un fortalecimiento de la Guardia Nacional y una apuesta más decidida por el uso de inteligencia e investigación, especialmente desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Uno de los grandes aciertos en esta nueva etapa ha sido entender que la coordinación con los estados no puede ser opcional. Es imprescindible articular una política nacional con enfoque local, adaptada a la realidad delictiva de cada entidad. Porque, como bien sabemos, el crimen no opera igual en el Bajío que en el norte, y las respuestas tampoco deben ser las mismas.

Pero si hay un delito que urge combatir con toda nuestra energía institucional es la extorsión. Se trata, sin exagerar, del mayor enemigo silencioso que hoy enfrenta nuestro país. Representa más del 90% de la cifra negra; es decir, la mayoría de las víctimas no denuncia. ¿Por qué? Por miedo, por desconfianza en las fiscalías, por la complejidad de acreditar los hechos ante el Ministerio Público.

Peor aún: es el principal mecanismo de financiamiento del crimen organizado. Sin extorsión no hay operatividad, no hay capacidad logística, no hay flujo económico criminal.

Y lo más preocupante: las principales víctimas de la extorsión no son las grandes empresas, que cuentan con sistemas de seguridad privada, asesoría legal y tecnología para blindarse. Las víctimas son los pequeños y medianos empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, quienes sostienen buena parte de la economía nacional y generan millones de empleos.

Por eso, desde el Consejo Nacional de Seguridad Privada estamos impulsando, junto con legisladores, organizaciones empresariales como Concanaco, y expertos, una nueva política pública que permita crear una ley específica para combatir la extorsión. Esta ley debe ser clara, operativa y centrada en la prevención, el fortalecimiento de capacidades locales y el uso efectivo de inteligencia.

Además, es crucial trabajar en la capacitación de ministerios públicos, policías y jueces, para que puedan integrar adecuadamente las carpetas de investigación y sancionar este delito con eficacia. La impunidad es combustible para los criminales.

Otra preocupación que no podemos ignorar es el robo al transporte de carga. La desarticulación de la extinta Policía Federal de Caminos dejó un vacío de seguridad en nuestras carreteras. Hoy, muchas rutas —incluidas las del centro y noreste del país— están a merced del crimen. Esto no solo afecta al transporte y la logística, sino que encarece productos, genera incertidumbre comercial y lastima la competitividad del país.

Y si bien se están tomando medidas para endurecer el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, también es urgente atender lo que regresa por esas mismas rutas: el flujo ilegal de armas. Mientras las organizaciones criminales puedan acceder con facilidad a armamento de alto poder, la violencia no podrá disminuir. Las armas importadas ilegalmente desde el norte potencian la capacidad de fuego de grupos que operan impunemente en zonas rurales y urbanas por igual.

A 100 días del nuevo gobierno federal, hay señales alentadoras: disminución del homicidio doloso, reducción en el número de feminicidios y secuestros. Pero también hay focos rojos: la extorsión y el narcomenudeo han incrementado.

Colima, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato y Tabasco encabezan los indicadores más preocupantes en homicidios dolosos, con niveles alarmantes en proporción a su población. Estas cifras no son solo números, son rostros, historias, vidas perdidas.

Por todo ello, hago un llamado a todos los actores del país: autoridades, empresarios, legisladores y sociedad civil. La seguridad no es un tema ideológico ni de campaña, es una condición indispensable para el desarrollo. Y si queremos un México competitivo, justo y en paz, debemos combatir con firmeza y unidad al crimen organizado, y en especial, a la extorsión, que hoy es el mayor flagelo de nuestra economía y de nuestra tranquilidad.

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