- Es imperioso adaptar el marco estatal para garantizar plena coherencia normativa, evitando vacíos o duplicidad de conceptos, a efecto de dotar al estado de estándares más exigentes en materia de conducta pública y transparencia.
Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Sábado, 05 de Julio de 2025| 08:35
El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presentó una iniciativa de reforma a Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios, para incorporar un cuerpo normativo plenamente alineado con la Constitución local y con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asegurando una aplicación coherente, especializada y respetuosa de los derechos de las personas servidoras públicas del Poder Judicial.
Expuso que la reforma federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) del 10 de diciembre de 2024, implica un esfuerzo en afán de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, incorporando principios de austeridad, perspectiva de género y ampliando el ámbito de las obligaciones patrimoniales.
En ese sentido, resulta imperioso adaptar el marco estatal para garantizar plena coherencia normativa, evitando vacíos o duplicidad de conceptos, a efecto de dotar al Estado de San Luis Potosí de estándares más exigentes en materia de conducta pública y transparencia.
El legislador Arreola Mallol señaló que la reciente reforma constitucional al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí introdujo figuras novedosas, tales como la creación del Tribunal Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, con el propósito de profesionalizar y transparentar el ejercicio de la función jurisdiccional.
Estas modificaciones configuran un nuevo entramado orgánico que obliga a revisar y armonizar nuestro régimen de responsabilidades administrativas para las personas servidoras públicas del ámbito judicial. La Constitución local, tras la reforma de marzo de 2025, otorgó al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial la facultad exclusiva de conocer sobre faltas administrativas de jueces y magistrados, y al Órgano de Administración Judicial la de vigilar el cumplimiento de los lineamientos de gestión, planeación y disciplina interna.
El diputado Carlos Arreola manifestó que se protege la independencia judicial, toda vez que plantea la separación de funciones de investigación y sanción, con vías de defensa específicas, fortalece el debido proceso y la autonomía del órgano jurisdiccional. Además, implica de suyo la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción: La armonización garantiza que las autoridades locales contribuyan eficazmente al mecanismo federal, sin desajustes legales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales; Régimen Interno y Asuntos Electorales; Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gobernación.
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