Semana del 04 de Mayo al 10 de Mayo de 2017

Un general “anquilosado”

Un general “anquilosado”

Juan Veledíaz/www.estadomayor.com

Para nadie es un secreto que Guerrero es –junto al Estado de México— uno de los estados más violentos del país. Algo ocurre con los oficiales del ejército que pese a contar con una hoja de servicios destacable, cuando se convierten en policías son un completo desastre. Un grupo de militares y civiles que pasaron por la entidad en los últimos años, señalan al general Pedro Almazán Cervantes de vivir en su “burbuja” compuesta por más de 20 escoltas, varios vehículos y un sinfín de privilegios, que lo mantienen alejado del grave problema que día a día viven ciudadanos de a pie como amas de casa, estudiantes, profesores, doctores, comerciantes, choferes, empresarios y prestadores de servicios, quienes padecen el auge desbordado de la delincuencia en el estado.

La mañana del pasado jueves 16 de febrero una manta con un mensaje dirigido al general brigadier Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública de Guerrero, apareció en la zona poniente de Chilpancingo.

En el texto localizado sobre un puente en la colonia del PRI, se acusaba al militar comisionado por la secretaría de la Defensa Nacional en labores policiacas, de brindar “protección” a familiares de Onésimo Castillo Adame, un individuo apodado “el Bombón”, e identificado por la Fiscalía General del estado (FGE) como operador de la banda criminal autodenominada “los Rojos”, acusado de extorsiones y secuestros en municipios de la región serrana y la capital de la entidad.

Un fragmento del mensaje decía:

“General Pedro Almazán, secretario de seguridad pública del estado, si tienes dignidad y vergüenza renuncia, cómo es posible que arbitrariamente brindes protección a narcotraficantes y narcopolíticos poniéndoles escoltas de la policía estatal al padre y el hermano del Bombón, principal operador del comando suicida que junto con Ángel Villalobos Arellano, ordena secuestros, extorsiones, cobro de piso y las ejecuciones en la capital del estado. Onésimo ha secuestrado a empresarios y figuras públicas de Chilpancingo y la mayoría de sus víctimas murieron”. El texto finalizaba con la rúbrica, “Atentamente sociedad guerrerense harta de funcionarios corruptos”.

La manta aludía a la escolta policial que Luis Castillo García, padre del individuo identificado como uno de los líderes de los Rojos, traía desde el gobierno que encabezó el ex priista reconvertido en perredista Ángel Aguirre Rivero. Onésimo Castillo Adame había sido detenido a principios de febrero en el municipio de Técpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. En un principio fue encarcelado en Chilpancingo, pero por decisión del Tribunal Superior de Justicia, fue trasladado a un penal del lugar donde fue capturado.

Días después la dependencia que encabeza el general Almazán Cervantes, rechazó en un comunicado que el militar prestara algún tipo de protección a delincuentes o políticos vinculados al narco como se le acusó. La SSP guerrerense indicó que “no está facultada para proporcionar por sí misma servicio de seguridad a persona alguna”. En el caso del señor Castillo García, padre del testaferro de “los Rojos”, se debía a una petición que hizo tiempo atrás la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al gobierno de la entidad. “La severa acusación que sin fundamento alguno y valiéndose del anonimato hacen al titular de esta secretaría, además de infundada resulta tendenciosa y perversa al tratar de confundir a la ciudadanía y denostar abiertamente el trabajo honesto, responsable y profesional con el que desde hace ya más de un año, se ha venido rescatando a una de las instituciones oficiales más importantes del estado”.

Un brigadier de policía

Almazán Cervantes es un oficial de infantería que formó parte de la antigüedad 1976 del Colegio Militar. Graduado a finales de esa década, su trayectoria militar ha tenido labores en combate al narcotráfico en diferentes zonas del país. Como oficial subalterno estuvo al frente de la base de operaciones de la Fuerza de Tarea Cóndor XI en el municipio serrano de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Además de haber sido comandante de sección en el cuarto batallón de infantería en Guamúchil, Sinaloa. Ha estado en diferentes momentos de su carrera en ésta entidad, tanto en la novena zona militar en Culiacán como en el cuartel de la tercera región en Mazatlán.

En su hoja de servicios se registra que hizo el curso de Mando y Estado Mayor y la licenciatura en administración militar en la Escuela Superior de Guerra, con lo que adquirió la categoría de DEM (Diplomado de Estado Mayor). También cuenta con la maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacional, realizada en el Colegio de Defensa Nacional. Entre los diferentes cursos y diplomados que tiene, realizó el de estudios de defensa para oficiales de Iberoamérica en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional en Madrid, España. Pasó también por el Estado Mayor Presidencial donde fue jefe de la sección quinta y después de la sección séptima, en el año 2014 era jefe de Estado Mayor de la 23 zona militar en Tlaxcala, cuando fue comisionado a labores policiacas en Guerrero.

Pese a su currículum, las dudas sobre su actuación al frente de labores policiacas en Guerrero, a decir de sus subordinados, en dos años y medio muestran que ha sido un desastre.

La ruina en seguridad pública

Pese a que el general Almazán Cervantes es militar en activo, percibe salario tanto por parte de la secretaría de la Defensa Nacional como en la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, ya que está “comisionado” cuando debería estar con licencia especial sin goce de haberes para desempeñar ese cargo público que es de carácter civil.

La aseveración es de un grupo de militares y civiles que han pasado en diferentes momentos por la dependencia donde estuvieron bajo el mando de Almazán Cervantes, y conocieron desde adentro los manejos que el general ha tenido desde que asumió el cargo en noviembre del 2014.

“A diario se lee en los periódicos muertos y más muertos, homicidios dolosos por todo el estado de Guerrero, la delincuencia organizada impuso su hegemonía y mantiene secuestrado a toda la entidad, todo está bajo control por grupos de uno u otro cartel, y son siete carteles los que operan en Guerrero, sus integrantes ya ni siquiera escogen ese destino sino que los jóvenes son levantados por leva y reclutados en las filas de alguno de estos grupos. El robo, secuestro, homicidio, tráfico de droga, trata de blancas, marchas violentas, destrucción y quema de inmuebles en la vía publica, las prisiones del estado son centros de recreo para los ‘mañosos’, y verdaderas universidades del crimen organizado con banco de trabajo, donde tienen celdas de lujo, droga, prostitutas, televisión de paga, aire acondicionado con la ayuda de los custodios y de los directores del penal, quienes reciben cuantiosas sumas de dinero por hacerse de la vista gorda y permitir estos excesos. Y la secretaria de seguridad pública bien gracias, durmiendo en sus laureles, se concretan solo a verificar los eventos una vez que ya sucedieron y solo para documentarlos, y todo esto porque el secretario de seguridad publica esta por completo anquilosado”, dicen en un escrito enviado a este blog, y que de manera previa los autores solicitaron reservas sobre su identidad.

Para este grupo de oficiales y civiles, la inseguridad y violencia que se registra en Guerrero, es responsabilidad de Pedro Almazán Cervantes. “Lleva tres años (en realidad son dos años y cinco meses) anquilosado en el cargo, y acusado de corrupción e ineptitud por sus mismos policías, pese a ello continua como secretario de seguridad pública del estado, gastándose inútilmente el presupuesto”, aseguran. “Cuando sostenemos que inútilmente se está gastando el dinero de los guerrerenses, es porque no hay resultados del tan anunciado eslogan de campaña del entonces candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Antonio Astudillo Flores, en su “orden y paz””.

Un seguimiento de las cifras de violencia en el último año, muestra que la incidencia de delitos como asesinatos, robos, secuestros y extorsiones se han multiplicado. Un informe del Instituto para la Economía y la Paz dado a conocer a principios de semana, señala que por cuarto año consecutivo el estado ocupa el último lugar en el índice de paz. El Índice señala que durante 2016, Guerrero alcanzó una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 61.6 con lo que igualó los niveles que marcaron al país durante la etapa más violenta en el sexenio de Felipe Calderón.

Con esta realidad que compete a su trabajo, a decir de sus ex subordinados, el secretario de seguridad pública de la entidad “vive en otro mundo ajeno a la realidad de Guerrero”.

Y lo ilustran con la “burbuja” con la que se traslada a todos lados. Son tres vehículos suburban, suele tener 20 escoltas, aparte tiene una sección –alrededor de 30 soldados divididos en turnos—que le proporciona la secretaría de la Defensa Nacional. Más otros 20 efectivos que cuidan de su familia. En un comparativo podría llegar a rebasar al número de escoltas que custodian al gobernador del estado.

“Almazán Cervantes cree convencer a sus policías con videos del ejército, que tratan temas sobre moralidad y valores, como si él tuviera valores de lealtad y espíritu de cuerpo con el personal bajo su mando. No se ha dado cuenta que en Guerrero es una policía civil, que ya no está con sus soldados y que no puede tratar a los policías como soldados. Porque los soldados tienen una ley que impide hablar algo sobre sus superiores, un código de justicia militar (que) viola la Constitución e impide la libertad de expresión y los acusan y encarcelan por insubordinación, pero los policías son civiles y su actuación se rige por la ley civil”.

Esta ley ha sido violada por el general desde que asumió la titularidad en la secretaría de seguridad pública del estado, acusan. Ha puesto como coordinadores de las diferentes regiones de la policía a militares con licencia, que son sus amigos, cuando el reglamento y leyes establecen con claridad que estos cargos no deben ocuparlos militares con licencia.

“Desde que entró hasta la fecha ha cambiado ocho subsecretarios de operación policial, esto implica un retroceso porque cada tres meses entra un subsecretario nuevo con un sistema de trabajo completamente distinto, lo que ocasiona trastornos en los operativos y a todos los ha cambiado porque no cumplieron sus caprichos o no permitieron que el general con sus malos tratos indignos y degradantes hiciera cosas contrarias a la ley, como tratarlos con groserías y palabras altisonantes, humillarlos delante de subalternos, culpar al subsecretario por los errores que él ha cometido sin tener el valor de aceptar sus errores y afrontar su responsabilidad, cambiar a los policías como castigo sin ninguna ética ya que un cambio obedece a la necesidad de personal en una u otra región, y no a que éste o el otro me cae mal y me sacó la lengua, y no a manera de represión. Entonces lo mueve de una región a otra para mantener la disciplina dentro de las diferentes policías a base de terror, y el señor general se presenta a trabajar a palacio a las 11 de la mañana, y cuando es un teniente su secretario particular quien se encarga de resolver todos los asuntos de la secretaria de seguridad pública por lo que él no se entera de ningún asunto, ni administrativo ni operativo”.

Desde que asumió el cargo en 2014 a marzo del 2017, el general ha nombrado y cesado a los siguientes militares en el cargo de subsecretario de operación policial. Primero estuvo el mayor de arma blindada Juan Pablo Vázquez Navarro tres meses; después el capitán primero de infantería Ernesto Norberto Jiménez Montiel nueve meses; siguió el coronel de infantería Moctezuma Ilhuicamina Cepeda Rodríguez un mes; lo relevó el teniente coronel de infantería Pedro Ravize González tres meses, siguió un civil, el comisario Tomas Hernández Martínez tres meses, éste ha sido el único de carrera policial y fue asesinado. En su lugar se nombró al capitán primero de infantería Enrique Rivera Mendoza que estuvo mes y medio; siguió el coronel de caballería Arnulfo Rodríguez Pérez tres meses, continuó el mayor de infantería Enrique Hernández Casarrubias tres meses y quien hasta marzo del 2017 ocupaba el cargo, el teniente de infantería Edgar Reyna de la Garza.

El motivo de tantos cambios, dicen en su escrito, que unos no soportaron el trato déspota por lo que pidieron reincorporarse a filas, la mayoría fueron removidos por Almazán con el argumento de incompetencia. Este cargo de subsecretario de operación policial, es el que se encarga de controlar a la policía estatal, la policía montada, transito estatal, el grupo aeromóvil, la policía de tránsito estatal, prevención del delito y todas las empresas privadas de seguridad.

En la otra subsecretaría, la de administración y apoyo técnico, se encuentra el maestro Erwin Tomás Martínez Godoy, que es visto como “cómplice” del general en el manejo de los recursos para justificar compras y gastos.

Sobre el actual subsecretario de operación policial, el teniente Reyna de la Garza, es visto como un elemento sin experiencia en el ejercicio del mando. “Una marioneta que no es capaz de tomar ninguna decisión, una porque su capacidad y experiencia no se lo permiten y otra porque el general toma todas las decisiones, bueno eso cuando contesta el teléfono. Ese es el actual subsecretario, a quien el general puede manipular a su antojo, porque solo sabe contestar ‘si mi general’ como una títere, muy a modo de los intereses del general Almazán, ya que él no puede ver ningún asunto sin consultarlo con el general. Así que Almazán Cervantes es secretario y subsecretario y coordinador de las regiones convirtiendo en “muñecos” que ocupan un puesto a toda su cadena de mando, lo que no permite que se realicen acciones inmediatas en el estado porque hay que consultar todo con el general, y por favor en ese momento el general está ocupado o dormido o no contesta y ya no se hace nada”.

Su supone que la misión constitucional de la policía es proteger a la ciudadanía, esa sería su verdadera misión. Pero Almazán Cervantes mantiene más de una tercera parte de los policías del estado al servicio particular como escoltas individuales de políticos, “claro todos ellos del partido en poder y amigos del general”, señalan.

“Por esa razón cuando verificamos cuantos policías están trabajando en la calle, resulta que en la ciudad de Chilpancingo solo hay 20 policías por turno o sea 5 grupos. ¿Será que una ciudad tan grande y conflictiva como la capital del estado pueda ser protegida con 20 policías y 5 patrullas diariamente?”, cuestionan.

“Y no solo se trata de Chilpancingo, es la región centro del estado que encierra muchos municipios.

Y si Chilpancingo es el lugar donde hay más policías, imagínense como están las demás regiones donde se proporciona seguridad con solo uno o dos grupos de la policía estatal. Eso aparte de la entrañable relación del general Almazán con el diputado Bernardo Ortega Jiménez (legislador local del PRD), a quien además de proporcionarle 7 elementos de escolta y un vehículo, también le proporciona escolta a sus familiares y amigos, cabe aclarar que es conocido de todos los habitantes del estado de Guerrero que Celso y Antonio Ortega Jiménez son los líderes del grupo delincuencial de “los Ardillos” que azotan el estado de Guerrero y hermanos del multicitado diputado”.

Ante estas aseveraciones, se buscó vía telefónica tener la opinión del general Almazán Cervantes, pero no hubo respuesta a la solicitud de entrevista.

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