Emsavalles| | Jueves, 08 de Marzo de 2018| 10:42
El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del 8 de marzo día internacional de las mujeres, emite el siguiente posicionamiento con motivo de la situación de violencia feminicida existente en el Estado de San Luis Potosí.
La violencia contra las mujeres ha sido reconocida por organismos internacionales como una violación de los derechos humanos; que limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de otros derechos. Cualquier persona puede llegar a ser víctima de violencia y les corresponde a los gobiernos democráticos generar condiciones para defender y proteger a las personas de cualquier tipo de violencia en su contra. Sin embargo, la violencia que se ejerce hacia las mujeres se realiza en un contexto en el que las desigualdades de género propician su invisibilidad e incluso su justificación.
En el año 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí documentó, mediante la emisión del Informe Especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el caso de feminicidios en el Estado de San Luis Potosí; altos índices de violencia feminicida en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cd. Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. Posteriormente, en junio de 2017 la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta de violencia de género para estos municipios.
Hoy en día las muertes violentas de mujeres en la entidad no han disminuido, por el contrario, se han incrementado; en tanto que la ejecución de las acciones que establece la declaratoria de alerta han resultado insuficientes, advirtiéndose falta de coherencia y voluntad política de las personas decisoras públicas, debido a una carencia en el compromiso hacia las mujeres y niñas del Estado, misma que ha llevado a la impunidad y a un incremento en los casos de feminicidio y violencia de género. Por ejemplo, no existe respuesta efectiva por parte de las autoridades en los temas de acceso a la justicia y reparación del daño para las familias de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios, el poder Ejecutivo y los Ayuntamientos no han logrado articular una buena coordinación, mientras que los Ayuntamientos no han emprendido acciones significativas.
La violencia de género es un problema social, no individual que debe ser atendido por todas las autoridades en el ámbito de su competencia; cualquier síntoma de inacción en la defensa y protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia hará suponer su tolerancia y con ello la generación de un contexto de impunidad en el Estado. Por ello, este Consejo exhorta respetuosa y enérgicamente a las autoridades municipales y estatales a articular, ejecutar y dar seguimiento inmediato y puntual a las acciones operativas y presupuestales comprendidas en la alerta de violencia de género, lo cual contribuirá a disminuir las condiciones de desigualdad en que viven las mujeres en el Estado de San Luis Potosí.
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