Latinus exhibe la huelga de amparos y la cobarde huida de Sánchez Zumaya

Latinus exhibe la huelga de amparos y la cobarde huida de Sánchez Zumaya

Emsavalles| | Viernes, 23 de Octubre de 2026| 13:04

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El escándalo del exaspirante a la gubernatura potosina por Morena-PT, Gerardo Sánchez Zumaya, rebasó fronteras locales y ya se convirtió en el tema nacional del momento.

Ahora fue el medio informativo Latinus el que exhibió a detalle la trama de corrupción, empresas fachada y millonarios contratos en Pemex que hoy tienen al empresario prófugo en el extranjero y con las cuentas bancarias completamente congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con el reporte periodístico, la red de factureros atribuida a Sánchez Zumaya opera bajo la protección y los vínculos directos con el senador morenista Adán Augusto López Hernández y sus operadores clave en Tabasco.

Latinus puso la lupa sobre el escandaloso crecimiento de Grupo Mineral, una de las firmas vinculadas a la red de Zumaya. La empresa fue constituida en 2014 con un modesto capital de apenas 50 mil pesos; sin embargo, en diciembre de 2025 dio un brinco al certificar un cheque por 400 millones de pesos para elevar su capital social.

La jugada se avaló ante el Notario Público Número 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón, personaje identificado como un hombre de absoluta cercanía con Adán Augusto López y con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo delictivo "La Barredora".

Apenas unos días después de la certificación, la empresa empezó a recibir jugosos contratos de Pemex. Solo en 2025, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la petrolera estatal le pagaron facturas por más de 2 mil 800 millones de pesos a tres firmas fachada vinculadas al potosino.

Ante la inminente orden de aprehensión y el bloqueo de activos, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, salió en defensa de Zumaya confirmando que el empresario ya huyó de México, aunque justificó su escape asegurando que se trata de un "perseguido político" acosado por la UIF.

Pese a la defensa política, los registros oficiales confirman que ya existen demandas de amparo promovidas por dos de sus empresas y por al menos seis prestanombres para intentar recuperar el dinero congelado.