Semana del 14 de Junio al 20 de Junio 2013

¡La inmoral deuda de los estados y municipios!

¡La inmoral deuda de los estados y municipios!

Víctor Manuel Tovar González

En la pasada semana nos enteramos por la prensa nacional que al abrigo de la falta de controles, el secreto bancario, la corrupción y subterfugios jurídicos, la deuda de estados y municipios crece a razón de mil millones de pesos mensuales y oficialmente suma 436 mil mdp, pero podría ser muy superior. Existen varias razones que explican el aumento de la deuda en los últimos años, algunos coyunturales y otros dependientes de la forma en que están diseñadas nuestras reglas del juego político.

Las bases de datos que se dieron a conocer, y esto es importante recalcarlo fueron entregadas al Senador Mario Delgado Carrillo (PRD), como ciudadano, ya que este las exigió con base en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solicitadas de 2009 a la fecha señalada.

La deuda de los estados y municipios, asciende a la escandalosa cifra de 436 mil millones de pesos al cierre de febrero pasado, sigue y seguirá creciendo mientras subsista la opacidad en su contratación, además de que las participaciones federales han caído 7 por ciento en los primeros tres meses del año y seguramente seguirán cayendo en el segundo trimestre, debido a la baja en las recaudaciones fiscales, principalmente por el descenso de los ingresos petroleros gracias a la extracción decreciente, la crisis económica internacional que se ha vivido desde 2009 y el carácter incremental e inercial de la mayoría de los componentes del gasto. Todo lo anterior produce un déficit público persistente y acumulativo.

Otra razón del incremento del saldo de la deuda pública es la diversificación de fuentes de financiamiento. En 2001 se reformó la Ley del Mercado de Valores, lo cual permitió la apertura de la vía bursátil a los estados y municipios. Las emisiones de deuda tienen como garantía ingresos propios (impuesto sobre nómina, tenencia vehicular y derechos como los registrales y de peajes catastrales), ingresos propios de organismos paraestatales y paramunicipales, así como las participaciones en ingresos federales.

Esta opción de financiamiento ha crecido aceleradamente: pasó de 90.0 mdp en 2001 a 58,405.0 mdp al cierre de 2011, con un incremento promedio anual de 91.1%.

Hasta diciembre de 2011 se registraron 29 emisiones bursátiles correspondientes a 9 entidades federativas y 198 municipios del estado de Veracruz, con un saldo vigente de las emisiones por 58,405 mdp. El monto se distribuye fundamentalmente en las siguientes entidades que representan el 74.8% del saldo total: Distrito Federal (19.7%), Chihuahua (16.9%), Veracruz (14.8%), Nuevo León (14.7% y Oaxaca (8.7%).

La disciplina financiera de estados y municipios es una reforma impostergable, ya que las deudas, han crecido en los últimos años y amerita un urgente replanteamiento sobre el manejo responsable de las finanzas públicas. Sobre todo, porque el uso incorrecto de los recursos mina la posibilidad de un futuro con crecimiento y desarrollo para las entidades y municipios.

Algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento al realizar en el mejor de los casos obras políticamente rentables, más no socialmente, dejando la responsabilidad del pago a las siguientes administraciones. Aunque es de reconocerse que los recursos que recauda y distribuye el gobierno federal, así como los que generan los estados y municipios no son suficientes para atender las necesidades de la población, amén de que todas las entidades y municipios soportan fuertes cargas de sus nóminas rellenas de puros cuates, por lo que los gobiernos locales han tenido que hacer uso del endeudamiento.

Lo anterior, ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento, sobre todo cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios que el gobierno está obligado a proporcionar. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, entre el año 2000 y Febrero de 2013, la deuda de estados y municipios aumentó al doble de sus ingresos, lo que los puso en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó la administración por la falta de liquidez ante sus proveedores.

En estos últimos 12 años la deuda de estados y municipios aumentó en más de 130 por ciento. Más del 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca con detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación.

Por ello con la propuesta de reforma aprobada en el Senado y que se envió a la Cámara de Diputados, que se encuentra sospechosamente empantanada, y que establece: "que los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sólo cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura.

Para ello, las legislaturas locales deberán autorizar los montos máximos con el voto de las dos terceras partes de sus diputados, previo análisis de su destino, capacidad de pago y garantía de pago.

Se hará una fiscalización posterior a los ingresos, egresos y deuda contraída, así como a las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos y al manejo, custodia y aplicación de fondos; también refiere se fiscalizarán los recursos federales que administren o ejerza".

No han faltado los representantes populares que presentaron un punto de acuerdo en ambas Cámaras, que fue turnado a comisiones para su análisis, en el que proponen un exhorto al presidente Peña Nieto con el fin de que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación (a los contribuyentes pues) se subrogue la deuda pública financiera y no financiera registrada hasta la fecha por estados y municipios (436 millones de pesos), "con la finalidad de proceder en lo inmediato a su protección y rescate y saneamiento Financiero".

Abrase visto desvergüenza de parte de estos "hijos de la...Patria. Pretender que los (gobiernos estatales y municipales) nos hagan pagar a los contribuyentes (el tarugo de la comedia), sus nefastas irresponsabilidades. De que los endeudadísimos gobiernos de Coahuila, Michoacán, Baja California y Quintana Roo (por mencionar algunos) se laven las manos y queden impunes (como actualmente están sus "exgobernadores preciosos" o "curros como Marcelo") y pasen la charola a los contribuyentes que finalmente somos los que sostenemos a los gobiernos.

El gobierno federal debe insistir en compartir mayores responsabilidades de recaudación con los estados y municipios, que el federalismo esté sustentado en mayores transferencias de recursos del gobierno federal, sino también que los gobiernos locales asuman mayores responsabilidades de recaudación, así como en materia de endeudamiento público.

Cualquier rescate financiero de unos a otros es un robo al pueblo con todas las de la ley y se genera un escenario para rescatar a más irresponsables en el futuro (recordar la tragedia griega).

Si los gobiernos locales dependen de manera excesiva de las transferencias del gobierno nacional (como hoy sucede), se genera una serie de distorsiones como el uso ineficiente de los recursos públicos al no enfrentar las autoridades locales los costos de generar ingresos y gastar irresponsablemente (riesgo moral, o conducta de no cuidar su presupuesto -si no cuido mi bolsillo que me rescate mi compadre-, como lo desean los perredistas con su propuesta irresponsable de "rescatar a todo mundo"). Al romper el vínculo entre fuentes de ingreso y objeto de gasto se afecta incluso el desarrollo del proceso democrático, lo cual tiene impacto sobre la efectividad del gasto público.

Hoy, es el momento de transparentarse las condiciones de los contratos de crédito de estados y municipios, única forma en que se acabaría con abusos que estamos viendo en todo el país en esta materia. Y que terminaría con los préstamos contratados a última hora, como el tristemente célebre que contrato la administración panista de Marcelo De Los Santos, y que nadie sabe en que se ocupó, y que tiene hundido al estado de San Luís Potosí.