Semana del 11 de Marzo al 17 de Marzo 2011

¿Apoyo a la educación? o a los que pueden pagarla

¿Apoyo a la educación? o a los que pueden pagarla

Víctor Manuel Tovar González

En el sistema educativo mexicano se advierten problemas de cobertura, inclusión y distribución desigual de la calidad educativa. Al cruzar los indicadores rendimiento interno del sistema con nivel socio-económico de la población, se observa que en nuestro país existen circuitos diferenciados de calidad. Concretamente, a medida que aumenta el nivel económico social de los alumnos, tanto en escuelas públicas como privadas, aumenta la calidad de la enseñanza.

Las últimas investigaciones muestran además que no sólo existe una diferencia de calidad entre escuelas públicas y privadas, sino que también hay distancias entre escuelas públicas. El capital físico de las escuelas de gestión gubernamental que abarcan a los sectores de mayor poder adquisitivo es mejor que el de las que atienden a los sectores carenciados; dato paradójico, ya que una de las principales funciones del Estado mexicano es según la constitución garantizar justicia educativa. La discriminación que se opera en perjuicio de la población más desfavorecida lleva a preguntarnos por el carácter público de estas escuelas.

Estos problemas, sin embargo, no son nuevos. Arrancan en la década de los setenta cuando el estado mexicano abandona las tesis que le dieron origen, renunciando la educación pública y privilegiando la privada. Es cuando el estado mexicano empieza a cobrar cuotas de manera disfrazada atreves de las sociedades de padres, lo que motivo que las escuelas públicas a las que asiste las clases media, tengan una mejor infraestructura física, que a las que concurren los pobres.

A principios del siglo XX se produce en nuestro país un proceso por el cual el Estado comienza a tener injerencia sobre la gestión de las escuelas y la educación en general, y acaba por reemplazar a otras formas alternativas de provisión. El Estado se hace responsable de proveer, financiar y regular el sistema educativo, dejando a otros actores de la sociedad civil sin influencia sobre la toma de decisiones en educación.

El Artículo 3º de nuestra constitución, como aparece en la reforma promovida en tiempos del Gral. Lázaro Cárdenas, marcó un hito en cuanto al modelo educador que nuestro país asumía para ese presente y para las generaciones futuras. La política del gobierno de la república avanzaba hacia la extensión del papel del Estado, hacia una creciente centralización de las funciones reguladoras y hacia la gradual expropiación de atribuciones a la Iglesia y a otros sectores que, desde diversos planteos, le disputaban parcialmente las facultades de control.

El sistema fue realmente exitoso, en función de los objetivos que se planteaba, y consiguió universalizar la educación primaria y eliminar el flagelo del analfabetismo. A mediados del siglo XX aquel sistema educativo en manos de un Estado, generó una educación primaria donde el niño no sólo recibía una muy buena instrucción, también adquirió solidos principio de moral social y de amor a la patria, la educación secundaria aunque de escaza cobertura continuó con la labor de la primaria, la preparatoria de primera y no se diga la universitaria, politécnica y normal.

El sistema educativo, por su carácter científico, crítico y nacionalista, comenzó a poner en tela de juicio los logros de lo que los gobiernos de aquel entonces llamaban el milagro mexicano, cuestionó duramente la falta de democracia y la concentración de la riqueza.
Desembocando todo este descontento en una serie de movimientos sociales, que culminaron con la protesta estudiantil del 68. Motivando que la derecha mexicana, heredera de los rancios conservadores del pasado, con la complicidad del clero y otros grupos retrogradas, exigieran al estado una reforma al Artículo 3º de nuestra constitución, que diera fin a la reforma cardenista y permitiera una educación privada lejos del control estatal.En ese contexto, los sectores socio-económicamente más favorecidos salen del subsistema de gestión estatal y migran hacia el subsistema de educación privada. Este proceso de privatización se inicia en los sesenta y aún continúa; es una alternativa restringida a quienes pueden financiar y mantener la salida del ámbito estatal. Con esta estrategia ciertos sectores de la sociedad civil tienen un mayor control sobre la educación de sus vástagos. El financiamiento y la provisión queda, para estos sectores, fuera de la órbita estatal.

Hoy, en promedio, en México, aproximadamente un cuarto de la población escolar asiste a establecimientos privados (muy pocos de buena calidad), evidenciando, además, grandes desigualdades en la distribución de la matrícula de acuerdo con el correspondiente estado. Este sistema resuelve parcialmente el problema de la calidad para unos pocos pero agrava y expone con crudeza el problema de la justicia educacional, el de una educación de calidad para todos.

En este orden de cosas, el Presidente Calderón anuncia con bombo y platillo, que las colegiaturas a partir de Enero de este año podrán ser deducibles de impuestos, y nos dice, que la medida, se debe a su preocupación por mejorar la educación de los mexicanos. Rápidamente los sectores pudientes del país aplauden la medida, las asociaciones de colegios particulares se frotan las manos, porque la disposición aumentara la matrícula y con ello sus ganancias.

¿Pero y la igualdad social? Esa puede seguir esperando, en las tesis de Calderón no figuran que los cimientos de una sociedad equitativa y democrática son la educación pública y los valores de tolerancia y respeto.

Sr. Presidente; los once mil millones que rembolsará a los que pueden pagar la educación de sus hijos, hacen falta en mejoramiento de espacios físicos, capacitación del magisterio, equipamiento de equipo informático, etc. En las escuelas donde se educa la mayoría de los mexicanos, y que aunque Ud. No lo sepa, es responsabilidad constitucional del gobierno.

¿No se ha dado cuenta que el país que gobierna tiene enormes diferencias de ingreso? ¿No sabe que la educación es la gran escalera social? Está a tiempo revierta el decreto, y lo que cobre de IVA a la educación privada, que se calcula son once mil millones de pesos, inviértalo en la educación pública. Recuerde que la política fiscal tiene como meta redistribuir el ingreso, no concentrarlo.

Pero recuerde amigo lector. Ud. Tiene la mejor opinión.
El pilón. ¡Ahorre agua! El estiaje se pronostica duro.