Semana del 17 de Octubre al 23 de Octubre de 2025

Incrementan delitos ambientales en el gobierno Verde de SLP

Incrementan delitos ambientales en el gobierno Verde de SLP

Tienen poca presencia mediática en los noticieros y los periódicos, tal vez por ello nadie les presta atención

Este año se registra un alza en las denuncias ministeriales contra el medio ambiente, de las cuales ni la SEGAM, ni las direcciones municipales de Ecología se han molestado en investigar de qué se traten o qué daños han causado.

En 9 meses del año 2025, el estado de San Luis Potosí reporta un aumento del 20% en las investigaciones penales por delitos contra el medio ambiente, ya sean estatales o federales, si se compara con la misma referencia del 2024.

Así lo reportan cifras analizadas del informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional e Seguridad Pública (SESNSP), recopilado con las denuncias formalizadas ante el Ministerio Público.

De acuerdo con el informe oficial, en la comparativa en comento del año pasado se formalizaron 131 carpetas de investigación por delitos contra el medio ambiente en la Fiscalía General del Estado (FGE).

De ellas 10 en el mes de enero; 13 en el mes de febrero; 11 en el mes de marzo; 22 en el mes de abril; 3 en el mes de mayo; 25 en el mes de junio; 20 en el mes de julio; 26 en el mes de septiembre; y 27 en el mes de agosto.

Además de 8 presentadas en la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos contra el ambiente y la gestión ambiental entre enero y diciembre del 2024, pero no se desglosaron mensualmente. Es decir, un total de 139 denuncias.

En contraparte, en los 9 meses de este 2025 la cuantía es de 155 señalamientos ante el ámbito local, de los cuales 18 se tramitaron en el mes de enero; 17 en el mes de febrero; 15 en el mes de marzo; 16 en el mes de abril; 25 en el mes de mayo; 25 en el mes de junio; 14 en el mes de julio; 27 en el mes de septiembre; y 23 en el mes de agosto.

Para el caso de las querellas presentadas ante la delegación de la FGR, se iniciaron 12 contra el ambiente y la gestión ambiental en el mismo período, que resulta en una suma de 167 denuncias formales.

Lo que significa que en los 9 meses del año 2025 se interpusieron 28 denuncias penales más en su conjunto, que equivale a un aumento del 20%, sin embargo, al desglosar por orden, en el fuero federal correspondió a un alza del 18% y el fuero común del 50%.

¿QUÉ PENAS SE CONTEMPLAN?
De acuerdo con el artículo 294 del Código Penal del Estado, se impondrá de 4 a 15 años de prisión y sanción pecuniaria de 400 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), o sea, de 45 mil 256 a 90 mil 512 pesos, a quien ilícitamente descargue o deposite hasta 3 metros cúbicos de residuos de la industria de la construcción en:

Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del estado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; una barranca; una zona de recarga de mantos acuíferos; un área verde en suelo urbano, o en un predio baldío.

De la misma manera, prevé de 7 a 15 años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a 600 días de UMA, o sea, de 33 mil 942 a 67 mil 884 pesos, a quien ilícitamente descargue o deposite más de tres metros cúbicos, en cualquier estado físico, excepto líquido, residuos de la industria de la construcción en las zonas descritas en las fracciones anteriores.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo se cometa a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le impondrá la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco años, independientemente de la responsabilidad en que hubiere incurrido las personas físicas por el delito cometido.

Ahora que en las últimas semanas la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) comenzó una inspección agresiva de rellenos sanitarios, el numeral 295 en la fracción XVI señala que el incendio de un tiradero a cielo abierto descontrolado, o de un relleno sanitario, será atribuible al municipio respectivo por falta de control y ausencia de acciones de inspección.

Las penas previstas se impondrán siempre que se ocasione daños a la salud de las personas, o a uno o más ecosistemas o sus elementos. Estas son de 4 a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 UMA [de 45 mil 256 a 90 mil 512 pesos].

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