La transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer si se quiere restablecer la confianza en las instituciones públicas.
La corrupción, una plaga que ha carcomido las instituciones públicas en México, sigue su curso en organismos vitales como Interapas y DAPAS. La falta de transparencia, la opacidad en los manejos financieros y la constante violación de las leyes de fiscalización se han convertido en prácticas recurrentes dentro de estos entes, diseñados para brindar servicios básicos a la ciudadanía, pero que terminan por alimentar los intereses de unos pocos.
El Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí ha comenzado una revisión exhaustiva en todos los municipios y organismos autónomos, enfrentando una resistencia que parece estar incrustada en lo más profundo de sus estructuras. Rodrigo Lecourtis López, Auditor Superior del Estado, ha sido testigo de la férrea negativa de algunos servidores públicos a entregar las cuentas públicas de manera transparente. "Todavía había personal, presidentes municipales, regidores, que se negaban a entregar, que se negaban a salir... abrazados de la silla presidencial, negándose a entregar las cuentas", expresó Lecourtis .
Este comportamiento, aunque condenable, parece ser el reflejo de una cultura de impunidad y ocultamiento de información que ha prevalecido en estas instituciones. Los responsables de manejar los recursos públicos han fallado en cumplir con la ley, lo que no solo afecta a la administración entrante, sino que deja en incertidumbre a los ciudadanos que dependen de estos servicios. "Para quienes se negaron a transparentar estos recursos públicos, es un balazo en el pie", advirtió Lecourtis . La ley exige transparencia, y la Auditoría Superior está preparada para fiscalizar rigurosamente, poniendo en la mira a aquellos que intentaron ocultar información.
DAPAS: UN CASO DE PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA
Uno de los casos más graves que ha salido a la luz es el de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) de Ciudad Valles. Según denuncias presentadas por regidores salientes, durante los años 2022 y 2023 se otorgó un contrato a una empresa de Ciudad Victoria para manejar el sistema de cobro y recaudación del organismo. Este acuerdo resultó ser desventajoso para la DAPAS, con una distribución de beneficios que favorecía significativamente a la empresa privada en detrimento de los ingresos del propio organismo operador.
La situación se torna aún más preocupante cuando se considera que este contrato provocó un incremento exorbitante en los recibos de agua para los ciudadanos. En algunos casos, los costos se duplicaron o triplicaron, generando una enorme presión económica sobre la población. Además, existe la sospecha de que este acuerdo no solo tenía un trasfondo leonino, sino que también podría calificarse como un intento de privatización disfrazada del sistema de agua. "Estamos revisándolo con lupa, porque no vamos a permitir que se trate de beneficiar empresas privadas... no sigan pagando incluso hasta 20 años después un servicio que ni siquiera se está dando de forma correcta", afirmó Lecourtis.
El auditor destacó la gravedad de este tipo de contratos, comparándolos con el caso del acueducto El Realito, un proyecto que ha resultado ser una carga financiera para la ciudadanía sin que se vea reflejado un servicio adecuado. En el caso de DAPAS, el proceso de investigación aún está en curso, pero las irregularidades detectadas hasta ahora dejan claro que la corrupción ha hecho mella en el organismo. "Tenemos el antecedente del Realito... ya no podemos sancionar a quien hizo el contrato leonino, pero ahorita todavía estamos a tiempo con estos contratos", enfatizó .
INTERAPAS: UN BARRIL SIN FONDO
Por otro lado, Interapas, el organismo encargado de gestionar el agua en la capital de San Luis Potosí, Soledad y otros municipios, también está bajo escrutinio. Según Lecourtis, Interapas ha sido una fuente constante de problemas financieros, hasta el punto de considerarse un barril sin fondo. "Los municipios involucrados han manifestado su interés en desaparecer el organismo, porque genera más problemas que beneficios", comentó el auditor superior.
A pesar de su papel esencial en el suministro de agua, Interapas ha estado arrastrando deudas millonarias, muchas de las cuales son consecuencia de contratos mal manejados, como el del Realito. Esta situación ha dejado a los municipios pagando sumas exorbitantes por un servicio que no cumple con las expectativas mínimas, y ha puesto a Interapas en la cuerda floja. Sin embargo, la desaparición del organismo no es una solución sencilla, ya que su colapso podría dejar sin servicio a una gran parte de la población. "Es un tema muy complejo, muy delicado", señaló Lecourtis .
LA FISCALIZACIÓN, UNA ESPERANZA PARA LA TRANSPARENCIA
El trabajo del Instituto de Fiscalización del Estado, aunque arduo, es visto como una esperanza para sacar a la luz las irregularidades y corrupción que han aquejado a organismos como Interapas y DAPAS. Hasta ahora, las primeras investigaciones han arrojado resultados preocupantes, pero se espera que con el avance del proceso se puedan esclarecer aún más los manejos turbios que han marcado el destino de estos entes. "Ya están los primeros informes preliminares... todavía estamos en etapa de investigación", declaró Lecourtis.
La resistencia a entregar cuentas y la opacidad con que se han manejado los recursos públicos son, en última instancia, un reflejo de una cultura institucionalizada de corrupción que necesita ser desmantelada desde sus raíces. La ciudadanía, que depende de estos servicios básicos para su vida diaria, merece respuestas y, sobre todo, justicia. La labor de la fiscalización debe ir acompañada de una firme voluntad política para sancionar a los responsables y evitar que estos abusos sigan ocurriendo en el futuro.
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