Semana del 26 de Mayo al 01 de Junio de 2023

Docentes normalizan violencia entre escolares potosinos

Docentes normalizan violencia entre escolares potosinos

Si bien la violencia entre estudiantes es un tema difícil de abordar, los mentores tienen la responsabilidad de intervenir cuando tienen conocimiento de hechos entre éstos, y en caso de no hacerlo terminan por agravar y recrudecer las agresiones.

El 6 de junio de 2022, una estudiante de segundo grado de una secundaria del estado de San Luis Potosí, fue agredida sexualmente por uno de sus compañeros de clase, quien le tocó sus partes íntimas, sin que la maestra a cargo del salón hiciera algo al respecto.

Esto queda documentado en la Recomendación No. 02/2023 dirigida a Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), por omitir llevar a cabo acciones para evitar el acoso escolar, abuso sexual y violencia estudiantil.

La adolescente se encontraba en el interior del salón de clase acompañada por la docente encargada de impartir la asignatura de Formación Cívica y Ética, y en determinado momento uno de sus compañeros comenzó a tocarla en la pierna y después extendió su brazo hasta tocar la vagina.

Ante esa agresión, la jovencita se molestó y en compañía de otra compañera se dirigió hasta la puerta del salón en donde se encontraba la maestra, comentándole lo sucedido, pero ésta la docente les dijo que lo reportaría, pero ya casi era la hora de la salida y no los podían tener en la escuela.

Llama la atención que, durante las entrevistas para ahondar en el caso, se encontró que el alumno reconoció realizar constantemente ese tipo de tocamientos a otras alumnas, es decir, también requería atención por tales comportamientos.

SIN PROTECCIÓN
En las investigaciones de la CEDH, se advierte que el director de la escuela tuvo conocimiento de los hechos denunciados hasta que la madre de la alumna se presentó el 7 de junio de 2022.

Es decir, a pesar de que la maestra señaló a la estudiante que realizaría el reporte de conducta en contra del otro escolar, no obra agregado en el expediente de constancia alguna que permita acreditar que efectivamente se hizo tal comunicación.

Señala que, dentro del primer informe pormenorizado remitido por la directora, consta el escrito de fecha 6 de junio de 2022 y suscrito por la docente, en el que menciona que en la misma fecha realizó el reporte al prefecto de los segundos grados.

No obstante, el profesor a cargo de la prefectura no mencionó haber recibido ningún reporte o comunicación por parte de la docente, sino que supo de lo acontecido hasta el 7 de junio de 2022 cuando vio a la alumna fuera del salón de clases y ella fue quien comentó lo que había pasado.

DE MAL EN PEOR
En la continuación de las indagaciones, se desprende que después de tener conocimiento de los hechos la directora citó a la madre del estudiante señalado y se determinó imponer una sanción de dos días de suspensión, y posteriormente se realizarían diversos puntos de propuestas a los padres de familia de los dos alumnos involucrados.

Además, acordó una reunión para el 20 de junio de 2022, sin embargo, no se llevó a cabo, porque ya se había suspendido de sus funciones al directivo, por tanto, se pospuso la reunión, en tanto que no se brindó otro tipo de atención a la víctima ni comunicación con la madre de familia.

Las evidencias exponen que las autoridades educativas efectuaron deficientes investigaciones de los acontecimientos de violencia sexual, ya que omitieron adoptar medidas para asegurar la protección necesaria para preservar su integridad física, psicológica y social.

"Se contaron con elementos suficientes para acreditar que se vulneraron los derechos humanos a la educación, a la integridad y seguridad personal, al interés superior de la niñez, así como el derecho al sano desarrollo en agravio de la alumna", valora.

Determina que las omisiones son atribuibles a la profesora de la asignatura de Formación Cívica y Ética y directora de la secundaria, respectivamente.

Alerta que la actuación de las profesoras no se apegó a lo establecido en el Protocolo de Actuación General de Actuación para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a Niñas, Niños y Adolescentes en San Luis Potosí.

Esto es así, porque ya que una vez que tuvo conocimiento de los hechos, primero se cuestionó a la alumna acerca del tipo de convivencia con el alumno señalado, y posteriormente, realizaron una reunión en la que estuvieron sólo ambos jóvenes involucrados, sin la autorización y presencia de los padres de familia o tutores de éstos.

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