Benjamín Ustoa
La 60 legislatura del H. Congreso del Estado que recién entra en funciones, tendrá como uno de sus trabajos prioritarios la enorme responsabilidad de impulsar en coadyuvanza con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana los trabajos de reforma a la ley electoral del estado una vez que concluya el proceso electoral 2012.
Y es que si bien habrá reformas que tendrán que realizarse en el aspecto operativo de la materia electoral, hay una de suma importancia que es la que tiene que ver con la incorporación del artículo 118 publicada en el decreto que aparece en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, de fecha 30 de junio de 2011, el cuál señala que las relaciones de trabajo del Consejo con sus trabajadores se regirán por las disposiciones de la Ley de Trabajadores del Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.
La citada ley abre la posibilidad en su artículo 13 de que se respetará la libertad de los trabajadores de base para formar parte del sindicato que les corresponda. Y no es que los trabajadores del Organismo Electoral no tengan un derecho legítimo para buscar mejores prestaciones para el desempeño que han tenido en los últimos procesos electorales, sino que de fondo, dicha reforma fue aprovechada por algunos diputados locales que deseaban obtener cuotas partidistas y económicas a través de la creación de un sindicato en el organismo electoral.
De aquí surgen varias interrogantes que podrán tocarse en la reforma electoral: ¿es sano para nuestra democracia que los trabajadores del organismo electoral se afilien a sindicatos que dependen de los partidos políticos?, ¿se pierde el principio básico de imparcialidad?, ¿No sería mejor un sindicato independiente de los políticos para tener la certeza de la imparcialidad?, porque de fondo los derechos de los trabajadores del CEEPAC y de cualquier institución electoral son legítimos pero "bajo otro esquema", como ya lo dijo en declaraciones realizadas el presidente del organismo electoral.
También es cierto, que la incorporación de los trabajadores del Organismo Electoral a la ley de Trabajadores del Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, hace más cara la democracia, porque actualmente los tabuladores del organismo electoral están totalmente alejados de la burocracia del Gobierno Estatal o del Congreso local. Con esta ley aprobada por los legisladores que dejan esta semana su cargo, tendrían que homologarse dichos tabuladores para dar cumplimiento real a la ley.
Menuda tarea también, tendrán los legisladores para aprobar un presupuesto real para el CEEPAC para el 2013, a fin de que pueda resolver la pesada carga laboral que dejaron otras administraciones, pues de fondo, la tarea electoral debiera ser bien remunerada y máxime cuando esta un proceso electoral de por medio, pues recordemos que el Organismo Electoral sigue siendo una de las instituciones que menores presupuestos ejercen en comparación con otros institutos.
Para ahondar en el tema, cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) resolvió en febrero de 2005 que no procede la creación de sindicatos en el IFE.
Los magistrados de la sala Superior del Tribunal concluyeron que los trabajadores del instituto son de confianza y sujetos al apartado B fracción XIV del artículo 123 de la Constitución.
De acuerdo con el proyecto elaborado en aquel entonces resultó improcedente la solicitud de los trabajadores para que se reconozca su asociación como sindicato, debido precisamente a que viola los principios de imparcialidad del organismo.
Sirva pues el tema de la democracia sindicalizada para la reflexión, pues a la legislatura que se va se le olvidó revisar el costo económico y político que implica para nuestra democracia el haber introducido este artículo a la ley electoral. Hay que decir también, que al ejecutivo también se le olvidó vetar un ordenamiento legal que presupuestalmente no le iba alcanzar para cumplir. ¿Sería un plan con maña?
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