DICIEMBRE, ENTRE LUCES Y SOMBRAS
Diciembre suele presumirse como una época de celebración, reuniones y alegría, pero para muchas personas es justo lo contrario: un periodo de nostalgia, presión emocional y crisis silenciosas que se agudizan entre el ruido festivo. Aunque las cifras de suicidios consumados no muestran un incremento directo, los servicios de emergencia reportan un aumento del 20% al 30% en llamadas relacionadas con depresión, ansiedad y riesgo suicida. La temporada que invita a sonreír también deja ver cuántos están luchando por mantener el equilibrio en medio de expectativas sociales que muchas veces rebasan la realidad emocional de la gente.
En Ciudad Valles, la crudeza de esta situación se ha manifestado con particular fuerza: apenas han pasado tres días de diciembre y ya dos jóvenes, ambos alrededor de los 18 años, han decidido quitarse la vida. La ciudad amanece con un luto que no alcanza a explicarse sólo con estadísticas, sino con la urgente necesidad de reforzar la atención emocional, la prevención y el acompañamiento comunitario. Porque mientras las calles se llenan de luces, para muchos la oscuridad interior avanza sin que nadie la note a tiempo.

RATEROS
En Tamuín el gobierno de Marcelino Bautista Rincón navega en medio del desorden y la molestia ciudadana. Los habitantes denuncian que la administración municipal censura a quienes señalan irregularidades en redes sociales, particularmente en la página local donde varios preguntan con razón dónde quedó su derecho a expresarse. A esto se suma la versión que corre entre la población sobre el secretario del Ayuntamiento, a quien señalan de tener una orden de aprehensión, hecho que muchos desconocen porque, según los quejosos, el gobierno prefiere ocultarlo antes que aclarar la situación.
Pero el descontrol no termina ahí. También apuntan al tesorero municipal, a quien acusan de haberse apropiado de recursos públicos. Como si el caos administrativo fuera poco, comerciantes han reportado robos recientes, incluido uno a una tienda local, lo que aumenta el malestar ante un gobierno que no ofrece respuestas y que parece más ocupado en silenciar críticas que en enfrentar la crisis que se expande en el municipio.

IA: DEBATE NECESARIO EN EL CONGRESO
El Congreso del Estado abrió la puerta a una discusión que tarde o temprano tenía que llegar: la regulación ética de la Inteligencia Artificial. Con la participación de especialistas del IPN, la reflexión se centró en cómo esta tecnología ya impacta la vida pública, desde la generación de noticias falsas hasta la creación de contenidos manipulados que pueden alterar percepciones y procesos democráticos. San Luis Potosí presume ser pionero en tipificar delitos por uso malintencionado de IA, pero el reto mayor —como se expuso— está en la formación, la cultura digital y la capacidad ciudadana para identificar información confiable, sin caer en la trampa de la hiperrealidad que hoy puede fabricarse en segundos.
Durante la mesa técnica, académicos de diversas instituciones coincidieron en que México debe avanzar hacia un modelo híbrido de regulación: uno que proteja derechos, fomente innovación y no entorpezca el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. Entre ciberseguridad, protección de datos, derecho de autor y automatización laboral, la conclusión fue clara: la IA ya está aquí y exige reglas, responsabilidad y visión estratégica. No basta con legislar sanciones; se necesita un marco que impulse talento, resguarde libertades y prepare al país para competir en un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la política.

IMSS-BIENESTAR BAJO LA LUPA
La Comisión de Salud del Congreso del Estado encendió las alertas sobre el funcionamiento del IMSS-Bienestar, al aprobar tres exhortos que evidencian lo que miles de potosinos viven todos los días: retrasos, carencias y servicios que no alcanzan. Desde el llamado para agilizar reembolsos a quienes no encuentran atención y terminan pagando consultas, estudios y medicamentos en el sector privado, hasta la exigencia de revisar el estado del hospital de Ciudad Valles, los legisladores pusieron sobre la mesa un diagnóstico que ya no se puede ocultar. La transición al nuevo modelo ha sido lenta, costosa y llena de vacíos que han empujado a miles de familias a gastos médicos crecientes, incluso catastróficos.
Los puntos de acuerdo también revelan problemas más básicos: fallas eléctricas, equipo deteriorado, falta de agua, filtraciones, climas inservibles y un entorno digital prácticamente inexistente en varias unidades de Ciudad Valles, donde se trabaja sin internet y con computadoras sin software ni protección. El mensaje es claro: el Congreso no solo pide explicaciones, exige respuestas y acciones urgentes. Ahora dependerá del Pleno respaldar estos llamados y del IMSS-Bienestar demostrar que puede corregir lo que hoy, a juicio de los propios legisladores, amenaza el derecho efectivo a la salud en el estado.

FINANZAS MUNICIPALES RESPIRAN
La Secretaría de Finanzas, bajo la conducción de Ariana García Vidal, cerró el año con un movimiento que da oxígeno a los ayuntamientos: la entrega de 259 millones de pesos a los 45 municipios que participaron en el programa especial de reserva económica. El esquema, que permitió apartar parte de sus participaciones federales durante el 2025, llega justo a tiempo para cumplir con los compromisos ineludibles de fin de año, como el pago de aguinaldos y prestaciones. Un ejercicio de disciplina financiera que, a diferencia de otros tiempos, no deja a los municipios improvisando ni tocando puertas a última hora.
Los montos entregados reflejan la diversidad de necesidades: Villa de Pozos encabeza la lista con casi 28 millones de pesos; Matehuala y Tamazunchale rondan los 16 millones; Xilitla supera los 13 millones y Aquismón se sitúa en los 11 millones. El resto de los ayuntamientos cerró su ahorro por debajo de los 10 millones, pero aun así con la tranquilidad de contar con recursos suficientes para cumplir sin sobresaltos. Un cierre de año ordenado que, bien ejecutado, se traduce en estabilidad laboral, certeza administrativa y acciones que impactan directamente en las familias potosinas.

VILLA DE POZOS Y EL RETO DE ADMINISTRAR SIN OPACIDAD
Los casi 28 millones de pesos que Villa de Pozos recibió del programa de reserva económica colocan al nuevo municipio en el primer plano... y también bajo la lupa. La expectativa ciudadana es clara: que ese recurso se traduzca en pagos puntuales, finanzas ordenadas y obras reales, no en los “sueldazos” ni en el desorden administrativo que ya ha generado señalamientos entre la población. Ser el municipio que más ahorró implica también ser el que más debe demostrar transparencia, capacidad y resultados.
En este cierre de año, el desafío para los concejales es mayor: cada peso tendrá que justificarse con beneficios tangibles para la comunidad que apostó por una administración propia. Si Villa de Pozos quiere sacudirse la sombra del descontrol inicial, esta es la oportunidad. La ciudadanía ya puso atención; ahora le toca al gobierno municipal responder con hechos, no con excusas.

FRINNE AZUARA CONTRA CARLOS ARREOLA
No es un secreto a voces que en San Luis Potosí no hay medicamentos, claro que no hay; sin embargo, en medio de una discusión entre la promovente del punto de acuerdo y presidenta de la Comisión, Frinné Azuara Yarzabal, y el legislador de Morena, Carlos Arreola Mallol, se dieron con todo, pues Carlos Arreola se negó a apoyar el exhorto al argumentar que este año, con las megafarmacias, ya no hay escasez de medicamentos y se han invertido varios recursos para atender la problemática.
Ante una lenta transición al IMSS-Bienestar que deriva en la evidente falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos un exhorto al coordinador del organismo en San Luis Potosí para que reembolse los recursos a los pacientes que por necesidades se atienden en clínicas privadas al no contar con seguridad social.
Sin embargo, el asesor de la Comisión de Salud trataba de explicar que, de acuerdo con el INEGI, antes una familia gastaba 4 mil 544 pesos en salud, pero derivado de la falta de medicamentos en los hospitales públicos ha incrementado un 41.3 por ciento. Fue interrumpido por el legislador de Morena, cuestionando que eran estudios del año pasado, sin tomar en cuenta la inversión de este año.
Carlos Arreola insistió en que este punto de acuerdo era un golpeteo político para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues con las megafarmacias se resolvería la problemática, y hasta acusó a la diputada del PRI de mentir. Adelantó que en el Pleno del Congreso del Estado no pasará el punto de acuerdo. Sin embargo, otros integrantes de la Comisión de Salud le dieron la razón a la diputada Azuara Yarzábal y, por mayoría de votos, se aprobó el punto de acuerdo, al reconocer que hay una falta sistemática de medicamentos, insumos y personal médico para dar atención a la población sin seguridad social, además de que para el próximo año habrá un recorte más para el sector salud.
De acuerdo con lo presentado por la diputada Frinné Azuara, se plantea exhortar al titular de la coordinación estatal del organismo público descentralizado del IMSS-Bienestar en el estado, para que, en el ámbito de su competencia, implemente las acciones y estrategias necesarias que aseguren el reembolso de los gastos médicos —incluyendo consultas, estudios, medicamentos, hospitalización— a personas sin acceso a seguridad social que, ante la falta de atención en las unidades médicas del IMSS-Bienestar, se ven obligadas a recurrir a servicios del sector privado para salvaguardar su salud. Cabe hacer mención que la legisladora invitó al legislador a hacer por la población y exigir lo que dice la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, donde la salud... cuando eso no es nada cierto. Así las cosas.

EL NUEVO SR. DEL AGUA; LA FE CIEGA EN LA BUROCRACIA
La inminente aprobación de la Ley General de Aguas (LGA) se viste de épica social: se celebra el "fin de la mercantilización" y el regreso del agua al dominio público. Sin embargo, detrás del "benévolo" desmantelamiento de la especulación (que elimina la transmisión de concesiones), se esconde un acto de fe ciega en la burocracia estatal. Se sustituye la flexibilidad, a veces perversa, del mercado por la lentitud e ineficiencia, casi garantizada, de un sistema administrativo. La derogación de figuras como la cesión provisional de agua, vital para agricultores en apuros, no se compensa con la retórica de los "procedimientos expeditos". El riesgo no es que el agua se siga vendiendo, sino que se paralice su gestión eficiente, condenando a usuarios legítimos a enfrentar la escasez atados de manos por un trámite empantanado. La nueva ley es un grillete puesto al mercado, pero también una potencial soga para la operación hídrica nacional.
El endurecimiento del control y el régimen sancionador de la LGA es, a primera vista, la parte más bienvenida de la reforma, atacando de frente la impunidad hídrica con penas de hasta 12 años de prisión por delitos como la corrupción y la alteración de medidores. No obstante, este músculo punitivo viene acompañado de una peligrosa expansión de las facultades de inspección. El Artículo 118 BIS 2 autoriza a la autoridad del agua (CONAGUA) a acceder a "todo tipo de información, incluso a aquella con carácter de reservada o confidencial" durante actos de verificación. Este nivel de poder intrusivo es un cheque en blanco que choca con los principios de debido proceso y la protección de datos privados. Si la ley busca castigar la corrupción, debe ser impecable en sus formas. Otorgar facultades cuasi omnímodas a la misma autoridad que debe ser vigilada es un tiro en el pie que siembra la duda sobre la transparencia real del nuevo régimen.
En última instancia, la LGA es un cambio de arquetipo total que centraliza absolutamente el manejo del agua, pasando de la certeza patrimonial a la certeza hídrica. Este monumental giro, sin embargo, recarga todo el peso de su éxito o fracaso sobre los hombros de la Autoridad del Agua. Se le exige a CONAGUA, una institución históricamente marcada por la opacidad, la politización y la incapacidad técnica, que de un día para otro se convierta en una gestora eficiente, ágil y, sobre todo, pulcra. La ley asume que el problema era el mercado, cuando la verdadera falla ha sido la falta de capacidad y voluntad política para aplicar la norma existente y combatir la corrupción. Sin una reforma profunda de la institución encargada de la aplicación, esta nueva ley de "mano dura" es simplemente una fantasía legislativa: un candado de oro que será manejado por las mismas manos que permitieron el acaparamiento y la especulación que ahora se pretende erradicar.

AGUINALDOS Y BONOS POR LOS CIELOS
Como cada año, nos llevamos sorpresas; sin embargo, también nos hemos acostumbrado a que los políticos lo único que piensan es en los jugosos salarios que tienen cada mes, cada 15 días y, sobre todo, en aguinaldos y bonos navideños. Pero la incongruencia es cuando ves un país con faltante de medicinas, de insumos, con pobreza extrema aún en algunos municipios, mientras los presidentes municipales, funcionarios, así como también funcionarios estatales y federales, diputados locales, federales y senadores se llevan una jugosa cantidad de dinero, cuando a veces ni asisten a las comisiones, inclusive a las sesiones, cuando no mueven ni una hoja más de lo que hacen sus asesores jurídicos.
Sin embargo, hoy el trabajador obrero, un trabajador común, recibe migajas y hoy vemos que, en el caso de San Luis Potosí, los diputados locales de San Luis Potosí recibirán aproximadamente $200,000 pesos al cierre de 2025, aproximadamente, que incluye su sueldo de diciembre y la parte proporcional de su aguinaldo más bono navideño. En el caso de los diputados federales, el aguinaldo es de aproximadamente $140,504 pesos brutos, además de su sueldo mensual.
Mientras millones de trabajadores del país recibirán un aguinaldo equivalente por ley a mínimo 15 días de salario, diputados y senadores federales obtendrán este diciembre prestaciones que superan, por persona, los 140 mil y 382 mil pesos, respectivamente. Tan solo en la Cámara de Diputados, cada legislador recibirá un aguinaldo de $140,504, lo que representará una erogación total de $70 millones 252 mil.
Dietas también empujan el gasto: otros $56 millones
Además de los aguinaldos, ambas cámaras pagarán en diciembre las dietas mensuales de los legisladores.
Senadores: $131,874 netos por persona (total: $16 millones 879 mil).
Diputados: $79,000 netos por persona (total: $39 millones 500 mil).
En conjunto, las dietas representarán un gasto adicional de $56 millones.
Prestaciones extra: más de $78 millones solo en San Lázaro
Los diputados federales también cobrarán este mes dos apoyos mensuales adicionales:
Asistencia Legislativa: $82,052
Atención Ciudadana: $74,558
Ambas suman $156,610 por diputado, lo que equivale a $78 millones 305 mil por los 500 legisladores.
Pues así las cosas, mientras en los hospitales hay tanta necesidad, cuando jóvenes tienen que salir de estudiar para trabajar; sin embargo, los carilimpio ni vergüenza les da.

CHIMOLTRUFIA EN INVESTIGACIÓN
Hace unos ayeres comentábamos de la forma inadecuada en que opera la comunicación social de la Fiscalía General del Estado, y parece ser que contagió a la fiscal Manuela García Cázares, pues de decir una cosa, ahora dice otra en unas cuantas horas.
Primero dijo que la institución no tenía ninguna investigación sobre el hallazgo de 7 cadáveres en territorio zacatecano, porque su homóloga sería la encargada de resolver la indagatoria... y 3 doritos después dice mi mamá que siempre sí.
El anuncio no solo evidencia que siguen en crisis comunicativa una instancia que debería ser transparente, pero qué se puede esperar si la propia titular se va escondidas de eventos para que la prensa no la aborde. Es tan mala la asesoría que le dan sus voceros que prefiere recurrir a viejas prácticas.
También cometamos que las autoridades vecinas se fueron a lo más sencillo: sugerir que la FGR atraiga el caso y determine a que estado le corresponderán las 7 víctimas, y ni tarde ni perezosa, Manuelita se sumó a la propuesta, y como nadie reconocerá la responsabilidad, es cuestión de tiempo para que se encarrile en ese sentido.
Es un callejón sin salida, porque los fiscales y los secretarios generales de ambas entidades sostienen que no son sus muertos. A la luz de la opinión pública, está claro que, de nada sirve la firma de sus famosos acuerdos de colaboración, pues a la primera que se requiere su aplicación nadie tiene la voluntad política de admitir sus fallas y reconocer que se les está calentando el territorio.

SEDARH Y LAS PRISAS DE FIN DE AÑO
Con el calendario a punto de agotarse, SEDARH decidió sacar finalmente las reglas de operación del Programa de Maquinaria y Equipamiento Agropecuario 2025, un anuncio que llega casi sobre la bocina y que deja ver el acelerón institucional para no arrancar el próximo año con tareas pendientes. El planteamiento es claro: apoyar a pequeños y medianos productores para fortalecer la producción y apuntalar la reactivación económica rural. Sin embargo, la verdadera prueba estará en la ejecución, especialmente cuando la cobertura estatal queda supeditada a la disponibilidad presupuestal, un detalle que suele convertirse en el primer obstáculo cuando llegan los recortes o los ajustes de última hora.
Más allá de las buenas intenciones y la alineación al Plan Estatal de Desarrollo, la secretaría se reservó una advertencia que no pasa desapercibida: podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de quienes accedan al programa. Un aviso que suena más a recordatorio de que los beneficios no son incondicionales y que este 2025 podría venir con lupa en mano para revisar cómo se aplican los apoyos. Ahora falta ver si la maquinaria no sólo se entrega, sino que realmente se pone en marcha sin atorones burocráticos, porque en el campo potosino las promesas no labran, pero sí se acumulan.

DISMINUYE LA DETECCIÓN, NO EL PROBLEMA
Aunque la reducción del 29% en los casos de obesidad detectados en San Luis Potosí podría interpretarse como un avance, en realidad abre una discusión más profunda sobre la efectividad de las estrategias de prevención y diagnóstico. Pasar de 17 mil 053 casos en 2024 a 12 mil 169 en 2025 no garantiza, por sí solo, una mejora real en la salud pública; incluso podría sugerir que menos personas están accediendo a tamizajes o que el sistema de detección no está llegando a todos los sectores. La distribución por género —7 mil 434 mujeres y 4 mil 735 hombres— confirma además que el problema sigue teniendo un impacto diferenciado y estructural. En un estado donde la obesidad continúa siendo un factor de riesgo crítico, esta disminución en diagnósticos amerita análisis, no triunfalismo.
La advertencia de la Organización Mundial de la Salud es clara: la obesidad es una enfermedad crónica con profundas repercusiones en la salud física y emocional, estrechamente vinculada a padecimientos graves como diabetes, enfermedades cardiacas y problemas metabólicos. San Luis Potosí no es ajeno a este escenario, y aunque la estadística del 2025 parece alentadora, lo verdaderamente urgente es fortalecer los programas de prevención, garantizar acceso a diagnósticos oportunos y asegurar políticas públicas sostenidas que incidan en hábitos alimenticios, actividad física y atención integral. Menos detecciones no significan menos obesidad; el reto sigue siendo enorme y profundamente vigente.

JORNADA DE 40 HORAS, EL ACUERDO QUE MUEVE EL TABLERO LABORAL
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de enviar al Senado la reforma que reducirá la jornada laboral a 40 horas marca un punto de inflexión en la vida de millones de trabajadores. El plan, escalonado y con inicio formal en 2026, es resultado de un amplio consenso con empresarios, sindicatos, academia y sociedad civil. La gradualidad —dos horas menos por año hasta llegar a las 40 en 2030— busca evitar sobresaltos en las empresas mientras avanza hacia un derecho constitucional que promete cambiar la relación entre trabajo y vida personal sin tocar salarios ni prestaciones. La mandataria subraya que esta medida no es una concesión improvisada, sino una apuesta por la productividad y el bienestar, respaldada por experiencias internacionales.
El secretario del Trabajo detalló un esquema claro: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, acompañado de nuevas reglas para horas extras, prohibición de jornadas prolongadas para menores de edad y un registro electrónico obligatorio que permitirá monitorear el cumplimiento. La OIT lo respalda: menos horas significan menos fatiga, menos accidentes, más equilibrio y mejor salud. En contraste con otros debates laborales que se han detenido en el ruido político, esta reforma llega con alineación inédita entre sectores. Empresarios y sindicatos coinciden —algo poco común— en que el ajuste puede ser un paso hacia la justicia social sin paralizar la economía. Un movimiento de alto calibre que redefine el futuro del trabajo en México.

VALLES SE PREPARA PARA EL INVIERNO, PERO EL RETO SERÁ CUBRIR TODA LA DEMANDA
Ciudad Valles afina su dispositivo de invierno con la segunda sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, donde se puso sobre la mesa un panorama claro: 48 frentes fríos previstos –posiblemente hasta 50– y una población particularmente vulnerable por las condiciones de la región. El informe de Miguel Ángel Sánchez Hernández dejó ver el desgaste que dejó la temporada de lluvias y huracanes, y ahora el municipio se encamina a una fase que exige coordinación total. Refugios, rondines nocturnos, supervisiones de riesgo y apoyo a comunidades son la base del operativo, pero la capacidad de respuesta será puesta a prueba conforme avance diciembre.
El DIF Municipal, encabezado por Bettina López Fernández, confirmó los rondines nocturnos y la apertura del refugio temporal con espacio limitado para 25 personas. Aunque la estrategia es necesaria, también evidencia la urgencia de fortalecer infraestructura y cobertura para quienes no tienen un lugar seguro donde pasar la noche. Mientras continúa la venta de boletos para la rifa municipal –destinada a financiar programas sociales– la temporada invernal requerirá más que buena voluntad: necesitará eficacia, rapidez y una coordinación que no falle cuando la temperatura baje y la demanda se multiplique.

“PRONTO... ”: EL ARRANQUE ANTICIPADO DE CUAUHTLI BADILLO
“Pronto... ????????”, escribió el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno en sus redes, dejando entrever lo que ya es evidente: su pre-precampaña comenzó desde hace semanas, financiada por quién sabe quién y sostenida por una actividad inusual para su estilo.
De no recorrer las calles, pasó de pronto a aparecer en cada evento, colonia y reunión posible. Incluso intentó colarse en la Mesa de Construcción de Paz, una instancia donde el Congreso no tiene participación directa y cuya operación requiere perfiles con conocimiento real en seguridad. Aun así, Badillo busca figurar como sea, aun cuando su trayectoria en resultados es, por decirlo suavemente, limitada.
El legislador quiere agradar, mostrarse activo y entrar a la conversación pública a cualquier costo. Sin embargo, el electorado no olvida: poco ha logrado y mucho pretende vender, mientras su ambición se adelanta al calendario electoral.

PREDIAL 2026: EL GOLPE QUE VIENE DESDE LA “CAPITAL AMABLE”
El Ayuntamiento de San Luis Potosí, bajo la administración de Enrique Galindo Ceballos, prepara un aumento progresivo al impuesto predial para 2026 que alcanzará a predios habitacionales, comerciales, industriales y rústicos. La fórmula: valor catastral, cuota fija y una progresiva sobre el excedente. ¿Qué significa? Que conforme suba el valor de la propiedad, más fuerte será el impacto. Una medida que se suma a otras políticas fiscales que muchos ya califican como una carga excesiva sobre la ciudadanía, sobre todo porque no existen mejoras visibles en servicios e infraestructura que respalden este ajuste.
El descontento no tardó en aflorar. Ciudadanos y comerciantes acusan que, lejos de ser una actualización responsable, el aumento se perfila como una estrategia meramente recaudatoria del alcalde de la autodenominada “Capital Amable”. La clase media y los pequeños negocios serán quienes resentirán con mayor fuerza un ajuste que consideran desproporcionado y desconectado de la realidad económica actual, donde la recuperación aún es frágil y cualquier golpe adicional puede desbalancear por completo la economía familiar y comercial de los potosinos.

INGENIO PLAN DE AYALA: UNA BOMBA DE TIEMPO
El líder cañero Eduardo Martínez Morales aseguró no haber recibido notificación alguna sobre las observaciones de Protección Civil al Ingenio Plan de Ayala, pese a que estas podrían retrasar el arranque de la zafra 2025-2026. Mientras el gremio espera información oficial, lo cierto es que el ingenio ya arrastra retrasos por las lluvias y una creciente presión social por los riesgos que trabajadores vienen denunciando desde hace meses. A esto se suma el reciente simulacro mal ejecutado —sin aviso, sin autorización y con un muñeco lanzado desde las alturas— que provocó crisis nerviosas, lesiones e incluso dejó a un empleado en estado grave, evidenciando la falta de protocolos mínimos.
La clausura técnica ordenada tras la inspección de Protección Civil terminó por exhibir lo que muchos temían: instalaciones deterioradas, red contra incendios inservible, fallas eléctricas, cero señalética y ausencia total del visto bueno correspondiente. Un conjunto de omisiones que pudo detonar una tragedia mayor no solo para los trabajadores, sino para toda la zona industrial. Ahora, el ingenio del Grupo Santos queda bajo la lupa mientras se esperan sanciones y medidas que realmente garanticen seguridad. La pelota está en la cancha de las autoridades: permitir que opere así sería cerrar los ojos ante un riesgo evidente.

PERSPECTIVA QUE DIGNIFICA
El Senado avaló la reforma impulsada por la senadora Ruth González Silva para integrar la perspectiva de género en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista, un ajuste que por fin reconoce décadas de diagnósticos tardíos y estereotipos que han dejado en la sombra a niñas y mujeres autistas en México. La legisladora explicó que muchas aprendieron a “enmascarar” síntomas, lo que derivó en diagnósticos equivocados y la ausencia de apoyos médicos, educativos y sociales. Con esta modificación, el Estado asume la obligación de generar diagnósticos más oportunos, entornos educativos sensibles y acompañamiento terapéutico adecuado, incorporando enfoques de derechos humanos e interseccionalidad para garantizar una atención más justa.
González Silva subrayó que esta medida no es un gesto simbólico, sino un acto de reparación ante la invisibilidad que por años enfrentaron mujeres y niñas autistas, afectadas incluso en su autoestima, salud mental y oportunidades de desarrollo. La reforma, dijo, dignifica historias y abre camino a políticas públicas reales que atiendan la diferencia sin castigo ni prejuicios. Porque ninguna mujer debería crecer sintiéndose fuera de lugar por ser quien es, y ahora el desafío será convertir esta actualización legal en acciones concretas, con voluntad política y recursos que aseguren una vida más plena e incluyente para todas.

RESPALDO QUE SE MANTIENE
Los resultados de la encuestadora Populus vuelven a colocar a Ricardo Gallardo Cardona entre los gobernadores mejor evaluados del país, esta vez con un 68.6 por ciento de aprobación que lo ubica en el tercer lugar nacional, sólo detrás de Chiapas y Coahuila. No es un dato aislado: desde el inicio de su administración, el mandatario potosino ha logrado sostenerse de manera constante en los primeros sitios de aceptación en diferentes mediciones nacionales, reflejo de una percepción ciudadana que reconoce avances y presencia gubernamental.
Detrás de estas cifras se encuentra la estrategia que Gallardo ha impulsado en diversos frentes: el despliegue de infraestructura sin precedente, la ampliación de programas sociales, el fortalecimiento educativo, el apoyo a sectores productivos y la atracción de inversiones que han generado más empleos y mejores condiciones para las familias potosinas. Este conjunto de acciones, acompañado de una mayor estabilidad social, explica por qué el respaldo ciudadano no solo se mantiene, sino que continúa consolidándose mes tras mes.

UN AUMENTO HISTÓRICO
El anuncio del incremento al salario mínimo para 2026 marca un nuevo parteaguas en la política laboral del país, luego de que el sector obrero, empresarial y el Gobierno federal alcanzaran un acuerdo unánime para elevarlo 13% a nivel general y 5% en la zona fronteriza norte. Con este ajuste, el ingreso diario pasará a $315.04 pesos y a $440.87 en la frontera, cifras que representan no solo un alivio directo para millones de trabajadores, sino también una recuperación sustancial del poder adquisitivo que por décadas estuvo rezagado.
De acuerdo con la STPS, este aumento permitirá que el salario mínimo alcance su nivel más alto en términos reales desde 1980, sumando una recuperación del 154.2% frente a administraciones anteriores. Un resultado que, más allá de lo estadístico, evidencia un cambio profundo en la visión de política pública: priorizar el bienestar del trabajador y reconstruir el equilibrio entre ingresos, inflación y calidad de vida. Para muchos hogares, este avance significará mayor estabilidad y una oportunidad real de cubrir necesidades que antes parecían inalcanzables.