Porque sin campo no hay comida, sin agua no hay campo, y sin escuchar al país que produce, no habrá futuro que cosechar.
El 24 de noviembre, productores agrícolas y transportistas del país paralizaron carreteras en una de las movilizaciones rurales más significativas de los últimos años. Aunque para el momento de publicación este conflicto pudiera haberse destrabado, vale reconstruir con precisión los pormenores que los llevaron a cerrar caminos, detener el comercio y encender una alarma que llevaba años sonando sin que nadie arriba quisiera escucharla.
"Ya veníamos avisando", explicó el ingeniero Mauricio López, productor agrícola y uno de los voceros del movimiento. Su frase sintetiza un largo historial de advertencias ignoradas por autoridades federales, funcionarios legislativos y operadores políticos que minimizaban lo que, para el campo, era una bola de nieve creciendo sin control.
La inconformidad se alimentó de cuatro factores que se combinaron hasta volverse insostenibles: inseguridad en las carreteras, altos costos de producción, bajos precios de compra de la industria y, sobre todo, la propuesta de una nueva Ley de Aguas Nacionales que, según los productores, amenaza directamente su supervivencia.
LOS PUNTOS QUE ENCENDIERON LA MECHA
La irritación de los agricultores no surgió de un día para otro. Hubo mesas de diálogo, reuniones, promesas, citas en oficinas públicas y discursos tranquilizadores que nunca tocaron la raíz del problema. "Nada más nos trajeron vuelta y vuelta dándonos atole con el dedo", lamentó López. Y con esas palabras quedó claro que, para ellos, la paciencia se había agotado.
La iniciativa de una nueva ley hídrica fue el punto más crítico. El sector percibía tres amenazas centrales:
Primero, la posible eliminación del derecho de sucesión del agua. "Queremos que el derecho del agua pueda heredarse a nuestros hijos", precisó López. Para el campo, el agua no es un trámite: es un patrimonio, un activo productivo y la base de su permanencia económica.
Segundo, el riesgo de perder la concesión cuando los productores no utilicen el agua asignada en un año de lluvias, lo que los obligaría a reiniciar trámites desde cero. "Eso es totalmente violatorio a los derechos individuales", afirmó.
Y tercero, las sanciones que implicaría exceder un volumen de extracción, multas que podrían alcanzar tres millones de pesos y hasta diez años de cárcel. "Nos están criminalizando por producir", dijo, recalcando que la actividad agrícola ya está regulada y fiscalizada.
A ello se sumó el concepto del "banco de aguas", que, según los inconformes, permitiría que el Estado centralizara el recurso para decidir a discreción quién recibe concesiones. "Dicen que nosotros mercantilizamos el agua, pero quien va a ganar dinero es el gobierno federal", denunció López.
La mezcla jurídica, económica y emocional produjo un conflicto explosivo. Los agricultores sienten que su futuro y el de sus hijos podría perderse en un escritorio del que nunca fueron parte.
LA OTRA REALIDAD: LA INSEGURIDAD Y EL TRANSPORTE
Los transportistas, parte indispensable de la cadena productiva, se sumaron al paro con razones igual de contundentes. "Pedimos seguridad carretera, garantía de tránsito, que nuestros productores no sean extorsionados, que nuestras cargas no sean robadas", enumeró López.
Los secuestros, los robos a camiones, los asesinatos y los cobros de piso se han vuelto parte del horror cotidiano en rutas del país. La inseguridad es tan habitual que forma parte de los costos de operación, una situación inaceptable para un sector que sostiene buena parte del abasto nacional.
El paro incluyó bloqueos en puntos estratégicos de San Luis Potosí y otras regiones, permitiendo únicamente el paso de ambulancias, bomberos y vehículos de emergencia. Todo lo demás se detuvo.
NO ES UN CAPRICHO: ES EL CAMPO QUE ALIMENTA A MÉXICO
En medio de la protesta, una frase resonó con fuerza: "Todo lo que está en la mesa de la gente se produce con agua". Verduras, frutas, carne, leche, quesos, ropa, bebidas, absolutamente todo depende del campo.
Por eso el temor de los agricultores se traduce en un temor para todos. Si el sistema productivo colapsa, lo hará también el precio y disponibilidad de los alimentos. El país entero paga el costo.
"Si nosotros nos vamos a las ciudades, ¿a dónde vamos a caer? ¿A competir con el ingeniero, el abogado, el YouTuber? No hay a dónde ir", planteó López, advirtiendo incluso riesgos de incremento delictivo ante la falta de oportunidades.
EL COSTO POLÍTICO DE IGNORAR AL CAMPO
Los productores aseguran que contarán cada voto en 2027. "A los diputados les vamos a cobrar el voto", advirtió. Solo legisladores del Partido Verde, según relataron, se presentaron en la zona del paro. "Los de Morena y el PAN ni siquiera contestan las llamadas".
La advertencia política está lanzada. El hartazgo no es solo contra una ley, sino contra la indiferencia. "No somos bots", dijo López. "Somos personas reales que estamos viviendo y sufriendo la realidad".
UN LLAMADO AL PAÍS
Antes de terminar, el ingeniero hizo una petición directa: apoyo social y presión pública. "Al gobierno le da más miedo la presencia en redes que la realidad que vivimos acá", afirmó.
El paro, decía entonces, sería indefinido. Quizás hoy ya esté levantado. Quizás no. Pero las causas que lo originaron siguen ahí: profundas, estructurales y peligrosas. Ignorarlas no solo afectaría a los productores. Afectaría a México entero.
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