Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P| Viernes, 23 de Octubre de 2026| 16:14
La Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin) fue vinculada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al cumplimiento de las sentencias que ordenan al Congreso de San Luis Potosí realizar las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, que quedaron pendientes desde la expedición de diversas leyes.
Así lo informó el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien explicó que el cumplimiento ahora dependerá directamente de la liberación de recursos por parte del Ejecutivo estatal.
El legislador detalló que se trata de dos procesos que corren por cuerdas separadas, pero que ambos deben implementarse y cuyo plazo perentorio está por vencerse. Dijo que este mismo día habría llegado una notificación de la Corte donde ya se establece como vinculante la responsabilidad de la Sefin.
"Las dos van por separado, van por cuerdas separadas y las tenemos que implementar y eso no ha fenecido, eso se ha ido de alguna u otra manera acordando con la Corte, pero pues hay un tiempo perentorio que se está agotando y que hoy, lo que me informan es que el día de hoy aparentemente llegó alguna notificación donde ya es vinculante la responsabilidad y entonces ya implica también responsabilidad por parte del área de finanzas", señaló.
Serrano Cortés fue enfático al señalar que el Congreso no puede cumplir sin presupuesto, por lo que el avance de las consultas estará condicionado a la disponibilidad de recursos.
"No estamos evidentemente obligados al imposible. Si no hay recurso no podemos hacer la consulta", afirmó.
Recordó que, para el ejercicio fiscal 2027, el Poder Legislativo proyectó en su presupuesto 9 millones de pesos para cumplir con las sentencias de las Acciones de Inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relacionadas con la consulta indígena y afromexicana, y un millón 500 mil pesos para la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, correspondiente a la consulta a personas con discapacidad.
Además de las consultas, el diputado advirtió que el Congreso enfrenta una presión financiera millonaria por laudos y obligaciones laborales pendientes.
Mencionó tres casos: un laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) el 18 de marzo de 2025 por 748 mil 895 pesos más actualización; un procedimiento ordinario laboral derivado del expediente 356/2009/E-4, cuyo monto está pendiente de cuantificar ante la Dirección de Pensiones del Estado; y un convenio del 29 de agosto de 2023, también pendiente de cuantificación.
Serrano Cortés subrayó que el impacto no se limita a esos montos, pues se avecinan más casos de jubilaciones y pago de pensiones que incrementarán significativamente el gasto del Legislativo.
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