MARCELINO BAUTISTA ANUNCIA DESPIDOS Y CULPA A OTROS POR LOS PROBLEMAS DE TAMUÍN
El alcalde de Tamuín, Marcelino Bautista Rincón, sin pudor alguno, anunció que habrá nuevos despidos en el Ayuntamiento debido a que la nómina está muy cargada. Y claro que lo está, ya que el edil se encargó de colocar a muchas personas que para nada sirven dentro de su administración: subdirectores que solo cobran y a veces ni van, e incluso directores, como el de Protección Civil, quien hasta fue detenido por presuntos delitos relacionados con el huachicol.
Su guachoma, el exdirector de Salud, fue acusado de delitos sexuales, ya que presuntamente intentó aprovecharse de una enfermera que realizaba su servicio social en esa área. La acusación no prosperó, según el texto, debido a que el entonces director del Conalep, Aldo César Salas, ahora trabaja de la mano con Bautista Rincón e incluso le ha echado porras en los medios de comunicación.
El presidente municipal se la ha pasado echándole la culpa a otros de que nada le funciona, al mero estilo de la presidenta morenista, quien de todo culpa al exmandatario Felipe Calderón. Sin embargo, él se agarró de la exalcaldesa Grecia Esmeralda Sánchez González, ya que dijo que hay un laudo impagable por culpa de esta. Incluso, habla a espaldas del gobernador del estado, de quien dice que le ha dejado la avenida principal, Pedro Antonio Santos, como una zona de guerra, y que él es quien está haciendo la obra, no su gobierno municipal.

¿Y EL “PRIMER CABALLERO”? ENTRE RUMORES, SILENCIOS Y PREGUNTAS DEL PUEBLO
En Ciudad del Maíz, el esposo de la presidenta municipal, Rosa Angélica Martínez Linares, conocida como “La Güera”, ya había quedado en el ojo público. Su ausencia después del jaripeo, junto con una serie de comentarios sobre su vida personal, alimentó las conversaciones y las especulaciones entre habitantes del municipio.
En política, las ausencias también generan preguntas. Y en Ciudad del Maíz, hubo quienes se preguntaron: ¿alguien sabía dónde estaba el llamado primer caballero? Desde el día del jaripeo, según comentaban algunos habitantes, no lo habían vuelto a ver. A partir de entonces, las versiones comenzaron a circular de boca en boca.
Entre los comentarios se mencionaba una supuesta rehabilitación y hasta la intervención de una doctora. También surgieron bromas y especulaciones sobre si el esposo de la alcaldesa había recibido atención especial. Sin embargo, esas versiones no podían darse por ciertas sin información verificable.
Pero la conversación no se limitó a su ausencia. También circularon comentarios sobre presuntos conflictos sentimentales, supuestas relaciones extramaritales y personas que, según las versiones populares, habrían formado parte de ese entorno. Entre ellas, se habló de una presunta amante, relacionada en los comentarios con un médico, y de una relación que supuestamente ya había terminado.
En las calles y las redes sociales, los rumores se mezclaron con cuestionamientos sobre la vida privada de la presidenta municipal. El apodo de “La Güera” volvió a aparecer en las conversaciones, mientras algunos habitantes se preguntaban qué había ocurrido realmente detrás de aquellas historias.
La polémica también dejó ver cómo, en municipios pequeños, la vida personal de quienes ocupan cargos públicos puede convertirse rápidamente en tema de conversación. Sin embargo, una cosa eran los comentarios de la gente y otra los hechos que podían comprobarse.
Porque, más allá de los rumores, en Ciudad del Maíz había asuntos de mayor relevancia pública: los servicios municipales, la atención a las comunidades, la seguridad, la salud y las respuestas que la administración debía ofrecer a sus habitantes.
La discusión sobre el llamado primer caballero terminó colocando en el centro de la conversación a la familia de la alcaldesa. Pero las preguntas sobre posibles conflictos de interés o conductas vinculadas con responsabilidades públicas requerían pruebas, testimonios y documentos, no solamente versiones que circulaban entre los habitantes.
Al final, la pregunta que quedó en el aire fue si alguna vez se conocería una explicación sobre aquella ausencia y cuánto de lo que se comentó tenía sustento.
En un municipio donde las noticias corrían rápido y todos parecían conocer alguna versión, el caso se convirtió en una muestra de cómo los silencios podían alimentar las especulaciones.
Porque en política, una cosa era lo que se decía en la calle y otra lo que podía demostrarse. Y mientras los rumores ocupaban las conversaciones, la ciudadanía seguía teniendo derecho a exigir respuestas sobre lo verdaderamente público: el gobierno y sus resultados.

GOBIERNO DEL CAMBIO CONSOLIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS
San Luis Potosí vive un cambio en materia de seguridad y no es discurso, son números, es despliegue y es presencia territorial. Así lo dejó claro el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, al comparecer ante la LXIV Legislatura con motivo de la Glosa del Quinto Informe del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en un ejercicio de rendición de cuentas donde no hubo evasivas, sino resultados. El funcionario puso sobre la mesa lo que hoy sostiene la estrategia integral que ha permitido una reducción histórica del 79.8 por ciento en homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una cifra que por sí sola explica el giro que ha dado la entidad en los últimos años.
Juárez Hernández no llegó solo con estadísticas, llegó con una visión de lo que sigue. Planteó tres apuestas que van al fondo del problema: atender a las personas con adicciones y conductas violentas a través de clínicas especializadas, porque la violencia no solo se combate con patrullas, sino desde la salud mental; incrementar las penas por homicidio calificado contra policías, porque quien atenta contra un elemento que protege a las familias debe enfrentar consecuencias ejemplares; y establecer un mecanismo legal para que los 58 ayuntamientos fortalezcan de una vez por todas sus policías municipales.
Los datos operativos respaldan el discurso: 13 mil 437 detenciones en el último año, 237 armas de fuego aseguradas, 10 mil 135 cartuchos, 27 mil 570 dosis de droga retiradas de las calles y 17 células delictivas desarticuladas. A ello se suma el músculo de la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, con mil 130 elementos, mil 700 videocámaras operando y 98 nuevos puntos de monitoreo inteligente en construcción, además de 54 bases estatales y las estrategias Escudo Potosí y Escudo Huasteco, que han blindado las fronteras con otros estados.
Pero la seguridad no es solo fuerza, es prevención y proximidad, y ahí también hay avances: 59 Ferias de Seguridad y Servicios, 107 comités vecinales instalados, 528 pláticas en escuelas y 275 talleres de defensa personal y activación física para mujeres, con más de 151 mil personas alcanzadas.
En reinserción social se reportan 495 preliberaciones y 91 mil 170 atenciones médicas a personas privadas de la libertad, con trabajo remunerado y educación como ejes de reintegración. Las y los diputados de todas las fracciones reconocieron que hay un antes y un después en la seguridad de San Luis Potosí, que hoy existe una secretaría visible, operativa y coordinada.
Juárez Hernández escuchó cuestionamientos, respondió y abrió la puerta a mejorar lo que se tenga que mejorar, porque la prioridad es clara: preservar la paz social, proteger el patrimonio de las familias y garantizar condiciones para el desarrollo económico, turístico y social. El cambio en seguridad no es casualidad, es estrategia, es inversión y es voluntad política.

RECHAZA RECOMENDACIÓN
UASLP rechaza recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por caso de presunta discriminación atribuido a Héctor Serrano
Por unanimidad y con plena autonomía, el Consejo Directivo Universitario de la UASLP dijo no a la recomendación de la CEDH y en ese acto de dignidad universitaria destaca la postura firme y congruente del diputado Héctor Serrano, quien ha sido uno de los pocos legisladores que entiende lo que significa la autonomía y que no se presta a linchamientos mediáticos ni a presiones externas.
Mientras otros opinan sin conocer los estatutos ni la vida universitaria, Héctor Serrano ha defendido con claridad que la universidad no puede estar supeditada a recomendaciones que invaden su autonomía y que pretenden dictarle cómo debe gobernarse. Su postura es la de un legislador que respeta la ley, que conoce el peso del artículo 3 constitucional y que sabe que sin autonomía no hay libertad académica.
El gesto del rector Alejandro Zermeño de ausentarse para dejar deliberar en libertad al Consejo es una muestra de democracia interna que Héctor Serrano ha reconocido y valorado, porque así se toman las decisiones en una institución seria, con consejeros alumnos y maestros debatiendo, con la Abogacía General y la Defensoría de Derechos Universitarios argumentando jurídicamente, no por capricho, sino con fundamentos.
Héctor Serrano lo ha dicho sin rodeos: la UASLP no está por encima de los derechos humanos, pero tampoco los derechos humanos pueden usarse como pretexto para vulnerar la autonomía universitaria. Esa es la línea que el diputado ha defendido y que hoy el CDU confirma como correcta al avalar la no aceptación por unanimidad. Delegar a la Abogacía General la elaboración del documento de no aceptación es el camino legal e institucional, y ahí también la visión de Héctor Serrano cobra relevancia: hacer las cosas conforme a derecho, con argumentos jurídicos sólidos y no con estridencia política.
Hoy la UASLP da una lección de institucionalidad y en esa lección la voz sensata de Héctor Serrano se distingue. Es la voz de quien defiende a la universidad, a su autonomía y a su comunidad sin dobles discursos, por eso la decisión unánime del Consejo le da la razón a quienes como él creen en una universidad libre, autónoma y responsable de su propio destino.

HÉCTOR SERRANO HACE LO CORRECTO AL BUSCAR JUSTICIA INTERNACIONAL
El diputado Héctor Serrano Cortés está haciendo lo que cualquier ciudadano con dignidad haría y que muchos por miedo no se atreven a hacer: defender sus derechos hasta las últimas consecuencias y, si es necesario, en instancias nacionales e internacionales.
Llamar violenta la toma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es exageración, es describir con precisión lo que ocurrió. Colectivos que dicen defender causas justas, pero que acreditan que la violencia es su mecanismo para alcanzar sus fines: tomar una institución autónoma para presionarla, para intentar doblar una resolución a base de gritos y candados. Eso no es defensa de derechos, eso es usar la violencia para generar conductas de presión, y Héctor Serrano lo dijo claro: ninguna institución debe ser rebasada ni violentada. Y no se equivoca al señalar lo extraño del momento: que la toma ocurriera justo a la misma hora en que el Consejo Directivo Universitario de la UASLP iba a deliberar sobre la Recomendación 10/2026 evidencia que hay intereses con consecuencia política, que hay quien quiere operar en lo oscurito para que la universidad desacate una resolución legal.
La recomendación es clara y es justa, emitida el 9 de octubre, pide al rector Alejandro Zermeño Guerra una disculpa pública en 40 días por haber dicho el 26 de marzo que el diputado no es ni potosino, una expresión que no es una opinión académica, es discriminación, es estigmatizar por origen y eso no puede permitirse ni en un aula ni en ningún espacio público.
Por eso tiene razón Héctor Serrano al advertir que si la UASLP contraviene la norma acudirá a instancias nacionales e internacionales, porque ningún acto violento va a frenar su convicción de que se debe acatar y cumplir a cabalidad con la ley. Esa frase resume su postura, no es venganza, es legalidad. Cuando habla de actitudes déspotas y soberbia impresionante de quienes desdeñan las resoluciones y se cobijan en la autonomía para violar derechos, toca el punto central: la autonomía universitaria es sagrada, pero no es patente de corso para discriminar, para insultar, para violar derechos humanos; la autonomía no puede ser escudo de impunidad. Héctor Serrano deja claro que no es tema personal y que si piensan que una negativa lo hará parar, se equivocan, y tiene razón al rechazar esa falacia de que por ser diputado no puede defender sus derechos, es totalmente falso, antes de ser legislador es ciudadano, es persona y tiene derecho a que se le respete. Bien por el diputado que cree en las instituciones, que cree en los colectivos que buscan justicia de verdad y que incluso se ofrece a dar seguimiento a tres o cuatro casos olvidados en la CEDH, eso es congruencia, defender los derechos propios sin olvidar los de los demás, por eso buscar instancias internacionales no es exceso, es garantía de que en San Luis Potosí la ley se cumple para todos.

JUÁREZ HERNÁNDEZ ACTÚA CON RESPONSABILIDAD EN EL CASO TANQUIÁN
En medio del ruido que ha generado el caso de Tanquián de Escobedo, la postura del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, destaca por ser responsable, clara y apegada a derecho. Lejos de adelantar juicios o politizar un hecho delicado, Juárez Hernández dijo lo que la ley marca: que si el alcalde Pablo Jonguitud reconoció que tenía en posesión los dos vehículos asegurados tras los enfrentamientos del 17 de octubre, seguramente será llamado a rendir su declaración. No es una acusación, es el procedimiento, es lo que corresponde en un estado de derecho y así lo explicó.
"Seguramente, al estar el señor presidente reconociendo que tenía en posesión esos dos vehículos, será llamado a rendir su declaración", afirmó sin estridencias, y al ser cuestionado si el alcalde tiene relación con los hechos, respondió con prudencia institucional que él no podría decirlo y que eso le corresponde a las fiscalías. Esa es la actitud de un funcionario que entiende la división de competencias: la FGESLP investigará la agresión, los detenidos y los vehículos; la FGR, la portación de armas exclusivas del Ejército; y la SSPCE hizo lo que le toca, actuar de forma preventiva, detener y poner a disposición con Informe Policial Homologado. Juárez Hernández no ocultó nada, informó que hubo dos hechos, que se detuvo a dos personas y se aseguraron dos armas largas, un lanzagranadas y cuatro vehículos baleados como indicios del delito, y describió el enfrentamiento como el choque entre un grupo local y otro que intentó confrontarlo, donde la presencia de la Guardia Civil Estatal evitó una tragedia. Reconocer que la intervención oportuna salvó vidas es también reconocer el trabajo operativo que muchas veces se minimiza.
Sobre el origen del segundo grupo, el secretario fue honesto: dijo que la percepción de la SSPCE es que pudo entrar por alguna brecha desde Veracruz, pero aclaró que no lo asegura y que serán las investigaciones de la Policía de Investigación las que lo determinen. Esa prudencia vale más que cualquier especulación.
Y frente al intento de sembrar alarma en la Huasteca, Juárez Hernández puso contexto: explicó que el Escudo Potosí y los grupos operativos tácticos trabajan en los límites con Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas, que frente a El Higo, Tempoal y Tantoyuca hay patrullajes y un punto de atención en el camino de San Vicente a El Higo. No hay focos rojos inventados, hay trabajo territorial.
También aclaró lo del Escudo Huasteco, que no será permanente al 100 por ciento porque se diseñó para una situación focalizada y que podrá reconsiderarse conforme baje la incidencia y se desarticulen células, mientras que el Escudo Potosí sí está pensado para todo el estado. Es una explicación técnica, no política, que deja ver una estrategia diferenciada y no ocurrencias.
El hecho de que el Gobierno del Estado haya asumido la seguridad de Tanquián desde el 19 de octubre, como informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ante el señalamiento de que policías municipales y personal del Ayuntamiento participarían en el grupo local, confirma que la decisión de Juárez Hernández de actuar con cautela y dejar que las fiscalías investiguen es la correcta. En un tema tan sensible, donde hay armas de uso exclusivo del Ejército de por medio y un alcalde que admite tener vehículos vinculados, lo que se necesita no es linchamiento mediático, sino instituciones que hagan su trabajo, y eso es lo que está haciendo Jesús Juárez Hernández: informar con verdad, deslindar competencias y garantizar que sea la ley, no el rumor, la que determine responsabilidades.

BLINDAJE INVERNAL EN SLP: MÁS DE 1.3 MILLONES DE VACUNAS PARA FAMILIAS POTOSINAS
Ante la llegada de la temporada invernal y las bajas temperaturas, el Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha una estrategia preventiva de salud pública que contempla la aplicación de más de 1.3 millones de dosis en las cuatro regiones del Estado hasta el 2 de abril de 2027. Esta campaña prioriza a los sectores más vulnerables de la población, enfocándose particularmente en niñas, niños y personas adultas mayores para acercar los servicios médicos a quienes enfrentan mayores dificultades de acceso.
La robusta cobertura sanitaria incluye 800 mil vacunas contra la influenza, 500 mil contra COVID-19 y 48 mil contra el virus del papiloma humano (VPH), además de biológicos contra el neumococo destinados a los grupos con criterios de riesgo específicos. Ante este despliegue, el mandatario estatal hizo un llamado a la ciudadanía a acudir oportunamente a su centro de salud más cercano para completar sus esquemas de vacunación, subrayando que la prevención activa es la herramienta más eficaz para evitar complicaciones graves durante los meses de frío.

CUANDO LA POLICÍA MUNICIPAL CAMBIA LA SEGURIDAD PÚBLICA POR EL "HALCONEO"
En San Vicente Tancuayalab, municipio gobernado por el “zumañista” panista Gilberto González Zumaya, la línea que separa a los encargados de la ley del bando contrario parece haberse desdibujado por completo, tal como lo confirmó la Guardia Civil Estatal al detener a dos autonombrados elementos municipales —uno con chamba activa y el otro disfrutando de un cómodo estatus inactivo— armados y muy ocupados en labores de "halconeo". Lo tragiocómico del asunto es que los autodenominados guardianes del orden patrullaban a bordo de la unidad oficial número 02, utilizando los recursos del erario y la fachada institucional no para combatir la delincuencia, sino presuntamente para vigilar y reportar los movimientos de las corporaciones estatales.
Mientras el alcalde blanquiazul calla – y como no si solo está cuidando el changarro- o hace como que la virgen le habla ante la descomposición flagrante de su corporación, el saldo de esta picaresca policial incluyó el aseguramiento de una patrulla convertida en instrumento sospechoso, un arma corta, un cargador y 15 cartuchos útiles que, en lugar de usarse para proteger a los habitantes, servían para enriquecer el folclor de la impunidad local. Queda claro que en tierras huastecas la insólita "policía preventivo-delictiva" opera bajo sus propias reglas, recordándonos que a veces el enemigo no solo está en casa, sino que además cobra quincena, maneja patrulla oficial y presume placa en el municipio.
El corredor San Vicente- Tanquian- Tempoal, es el punto rojo bajo investigación federal por ser un punto de operación delictiva, desaparición forzada etc.
El tema de los policias son la punta del iceberg de esta guerra de facciones delictivas en Tempoal y Tanquian.

CAPITAL SIN LEY: DEL ATRACADOR A SUELDO AL "ESPECIALISTA" EN SEGURIDAD QUE MIRA HACIA OTRO LADO
En la capital potosina, esa supuesta joya de orden y paz que presume gobernar el autodenominado "especialista en seguridad" Enrique Galindo Ceballos, la realidad callejera se empeña en desmentir el currículum del alcalde cada vez que un grupo armado irrumpe en domicilios ajenos. El más reciente retrato de esta impunidad quedó al descubierto con la captura de Óscar “N” y su cómplice tras las rejas, José “N”, quienes el pasado 27 de septiembre convirtieron la colonia Insurgentes en su coto de caza particular: entraron a la mala a robar con violencia, vaciaron pertenencias y efectivo, y todavía se dieron el lujo de extorsionar a la víctima con total tranquilidad bajo el cobijo de una ciudad donde el delito opera a sus anchas.
Lo verdaderamente alarmante no es solo que la delincuencia haga de las suyas a sus anchas en las narices de la policía municipal, sino el auténtico arsenal de guerra que la Fiscalía General del Estado tuvo que asegurarles tras un cateo en Escalerillas: armas largas, cargadores abastecidos e inhibidores de señal propios de la gran mafia, demostrando que los hampones se mueven con una logística que ridiculiza los discursos oficiales de prevención. Mientras Galindo Ceballos sigue vendiendo cátedras de estrategia policial en el papel, los ciudadanos de la capital pagan las consecuencias de vivir en un municipio donde el verdadero blindaje brilla por su ausencia y la paz es solo una simulación publicitaria.

ALGUIEN DEBE TENER PRUDENCIA
Pasan los días y parece ser que en nadie cabe la prudencia y el raciocinio. Nos referimos a la disputa entre galindistas y gallardistas, que parece no terminar y está a punto de convertirse en una riña pandilleril que, tarde o temprano, podría terminar en algo más que denostaciones.
Si se trata de medir la dimensión de los agravios, cada uno podríamos establecer el nivel de faltas de respeto, pero está claro que, del lado de Galindo, han emanado señalamientos que no hablan bien de una clase política que debería estar a la altura de las circunstancias y demostrar un mayor nivel de madurez y responsabilidad.
Por supuesto que desaprobamos que el alcalde viajero, Enrique Galindo Ceballos, haya aprovechado una transmisión en redes sociales para mofarse de la participación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un evento de charrería que se desarrolla en la capital. Una actitud que deja mucho que desear, sobre todo cuando se trata de un alcalde que debería privilegiar el respeto institucional y no recurrir a la burla para intentar desacreditar al mandatario estatal.
Y no hay punto de comparación, pero mientras el líder de los tucanes, Ricardo Gallardo Cardona, ha respondido a las provocaciones, es Galindo quien debería asumir su responsabilidad y evitar que sus comentarios abonen a una confrontación innecesaria. El punto no es ver quién muestra el peor comportamiento, sino reconocer que el alcalde capitalino tiene la obligación de conducirse con prudencia y no utilizar su posición para alimentar una disputa política que poco beneficia a San Luis Potosí.
Deberíamos pedir que la pacificación comience desde las autoridades, porque promover un mal ejemplo al estar liándose a palabras en la prensa no es la mejor forma, sobre todo si consideramos que cada fin de semana se suscitan riñas en colonias populares, con personas heridas o fallecidas. En ese escenario, resulta todavía más cuestionable que un representante público contribuya a normalizar las descalificaciones en lugar de privilegiar el diálogo y la convivencia.
Todo importa y para algunos no tendrá relevancia, pero si la población observa que sus principales gobernantes mantienen una reyerta abierta, ¿por qué no podrían pensar en abalanzarse entre sí y resolver todo a punta de golpes y violencia? El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tiene la oportunidad de demostrar que está por encima de las provocaciones, mientras que Enrique Galindo Ceballos debería entender que la investidura de alcalde exige prudencia, respeto y responsabilidad. ¿De verdad? ¿Ese es el mensaje que quiere enviar Galindo a la ciudadanía?

VENDE ESPEJITOS EN RIOVERDE
Sigue en su mundo de fantasía el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, quien anunció con bombo y platillo una supuesta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero resulta que, el edil habría acudido a realizar trámites y terminó tomándose la fotografía afuera de Palacio Nacional. Eso sí, en la agenda pública de la presidenta no apareció un encuentro con Urbiola. ¡Vaya diferencia entre presumir una reunión y simplemente tomarse la foto en la puerta!
Y es que al alcalde parece gustarle vender espejitos, proyectando una imagen de cercanía con el poder federal que, hasta ahora, no queda acreditada con información pública sobre una reunión formal. Si realmente sostuvo un encuentro con la mandataria, lo mínimo sería informar cuándo ocurrió, qué asuntos se trataron y qué beneficios concretos se consiguieron para Rioverde. Porque una fotografía puede alimentar las publicaciones en redes sociales, pero no demuestra por sí sola que haya existido una reunión ni que se hayan alcanzado acuerdos.
¡Ay, pobre mequetrefe!, ante semejante despliegue de protagonismo. Mientras tanto, Rioverde necesita que su presidente municipal hable de resultados, gestiones comprobables y soluciones para sus habitantes, no de encuentros que generan más preguntas que respuestas. Arnulfo Urbiola debe entender que gobernar no es vender ilusiones ni confundir una visita con una reunión presidencial. Porque una cosa es tomarse la foto afuera de Palacio Nacional y otra muy distinta es sentarse con Claudia Sheinbaum para gestionar beneficios para el municipio.

LAS OBRAS LO REBASAN
Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) de San Luis Potosí, parece no poder con el paquete. El desmadre en torno a las obras públicas pone bajo la lupa su capacidad para conducir una de las dependencias más importantes del Gobierno estatal. Y es que ocupar una silla no significa saber manejarla; menos aún cuando se trata de proyectos que requieren planeación, supervisión y resultados que estén a la altura de las necesidades de los potosinos. Grimaldo Limón tiene la responsabilidad de poner orden, revisar el desempeño de su equipo y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura útil, segura y duradera. De lo contrario, las dudas sobre su desempeño seguirán creciendo.
A estas alturas, el funcionario necesita demostrar que tiene la capacidad para asumir el cargo y responder a las exigencias de una secretaría estratégica para San Luis Potosí. Porque cuando las obras se convierten en un problema, no basta con repartir responsabilidades ni esperar que las críticas se apaguen solas. Jorge Grimaldo Limón debe ponerse las pilas y demostrar con hechos que puede con el puesto; de lo contrario, quedará la impresión de que el cargo le quedó demasiado grande.

¿GALINDO PACTARÁ CON EL DIABLO?
¿Por qué no ha salido a fijar una postura? ¿Por qué Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, no ha salido a dar la cara? Si ya tiene una alianza con los operadores políticos de Gerardo Sánchez Zumaya, ¿también lo hará con los cárteles que, presuntamente, lo están respaldando?
Galindo, quien se dice ser uno de los que acabaron —entre comillas— con la delincuencia en este país, parece tener sus propios objetivos criminales en su fantasía galindista.
¿Qué está pasando? ¿Galindo va a entregar el Estado al pactar con los zumañistas? Es de todos conocido que Gerardo Sánchez Sumaya enfrenta investigaciones federales y que, según se afirma, se jacta de decir que maneja a los cárteles. ¿Ahora Galindo Ceballos va a operar y aliarse con el diablo para acabar con el gallardismo?
Por un lado, Galindo se envuelve en su fantasía galindista de ser el paladín de la justicia y de la seguridad pública en este país, cuando, en realidad, todo parece reducirse al servicio de su propia imagen. Si tanto quiere a "Zumaña", como dice, ¿Porque no sale a defenderlo luego de lo ocurrido en Tanquian y Tempoal?

SE DISPARAN LOS ROBOS VIOLENTOS
La inseguridad vuelve a encender las alarmas en San Luis Potosí. Durante septiembre de 2026, los robos con violencia clasificados en la categoría de “otros robos” alcanzaron su cifra más alta en lo que va del año, con 117 casos denunciados, un incremento de casi 89 por ciento respecto a agosto, cuando se registraron 62. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se denunciaron 445 delitos de este tipo, 51 más que el mes anterior. Los números hablan por sí solos y muestran un repunte que no puede pasar inadvertido.
Pero los focos rojos no terminan ahí. El robo a negocio sumó 60 denuncias durante septiembre, de las cuales 28 fueron cometidas con violencia, mientras que el robo de ganado pasó de cuatro casos en agosto a 10 en el noveno mes del año. En el acumulado de enero a septiembre, San Luis Potosí registró 634 robos violentos dentro de la categoría de “otros robos”, además de 527 denuncias por robo a negocio y 117 por abigeato. Detrás de cada cifra hay ciudadanos, comerciantes y productores que enfrentan pérdidas y exigen condiciones de seguridad para desarrollar sus actividades.
Aunque algunos rubros cerraron septiembre sin denuncias y otros mostraron reducciones, el incremento de los robos violentos obliga a revisar qué está ocurriendo y qué acciones se están tomando para contenerlos. Las estadísticas del SESNSP reflejan los delitos denunciados, por lo que no necesariamente representan la totalidad de los hechos; aun así, el repunte mensual merece atención. Las autoridades de seguridad deben analizar las zonas de mayor incidencia, fortalecer la prevención y presentar resultados verificables. Porque la seguridad no se demuestra con discursos ni con declaraciones triunfalistas: se demuestra cuando la gente puede salir a trabajar, abrir su negocio y vivir sin miedo a convertirse en la próxima víctima.

BUSCAN MÁS APOYOS PARA GANADEROS
El diputado federal Ricardo Gallardo Juárez, presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de Leche para el Bienestar y productores del sector para gestionar mayores recursos presupuestales, ampliar la compra de leche nacional y mejorar las condiciones de comercialización para pequeños y medianos ganaderos. El encuentro, realizado el 20 de octubre, también contó con la participación de la diputada Mayra Dolores Palomar González y del director de Operaciones del organismo, Víctor Hugo Pérez Rojas.
La propuesta busca fortalecer la capacidad de compra del programa federal y avanzar hacia precios justos para los productores, quienes enfrentan incrementos en sus costos y dificultades para colocar su mercancía en el mercado. Gallardo Juárez señaló que es necesario garantizar alternativas de comercialización que permitan mantener la rentabilidad de las unidades de producción y, al mismo tiempo, aprovechar la leche producida en el país. El reto será que las gestiones se traduzcan en recursos y medidas concretas para respaldar a quienes dependen de esta actividad.

POLÍTICA QUE NO AVANZA
En el municipio de Alaquines, persiste el riesgo de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pierda no solo la fuerza política que tiene, sino también en las elecciones del proceso para el 2027, que ya se aproxima.
La situación que se tiene es evidente, pues no se deja a otros que aprovechen la fuerza que se tiene en el partido y puedan desempeñar un mejor papel en beneficio de la población alaquinense, sino que ese grupo político permanece adueñado y en familia.
Hoy Laura Moctezuma de la Cruz es la alcaldesa en el periodo 2024-2027 porque su cuñada, Florisela Hernández Chávez, ya no podía contender por tercera ocasión, pues gracias al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó dos periodos consecutivos, 2018-2021 y 2021-2024. Además, en el segundo trienio, ya en el poder, brincó al Verde Ecologista de México (PVEM), y es así como esta última busca contender nuevamente por la silla presidencial para la administración 2027-2030.
La población se pregunta: ¿Si no hay más animados? ¿Si solamente se permitirá a ellos en familia participar como contendientes? Y también, ¿dónde están los interesados por otros partidos? Hoy, desafortunadamente, el pueblo alaquinense vive un grave rezago social.
No se tienen obras de alto impacto, solo rehabilitación de caminos con terracería, construcción de rampas en calles inclinadas; faltan servicios de agua potable, electrificación, salud e incluso trabajar por la seguridad pública, pues solamente tienen 10 elementos en la Policía Municipal enfocados a no realizar su debida labor, solo de vialidad en escuelas y choferes a disposición de la familia de la alcaldesa y servicios de funcionarios.
Mucho se dice del regreso de la maestra Ivet Bilchis Ávalos para contender por la alcaldía, ya en segunda ocasión, pues lo hizo con los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (PAN-PRI-PRD) en el 2024 y que, según ahora, para el 2027, por el lado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), la invitaron a encabezar el movimiento.
Se dice que si esta última regresa a contender por segunda ocasión, es evidente que el triunfo lo tendrá seguro, pues requieren en Alaquines un nuevo equipo que saque al pueblo del rezago social y que, además, pareciera de los más abandonados de todo el estado de San Luis Potosí.

LOS DEL PRI QUE ANDAN APAGADOS
En la historia política de Ciudad del Maíz, era el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el instituto que gobernó la mayoría de los periodos, a unos cuantos que en su momento tuvo Acción Nacional (PAN); era tanta su fuerza que hoy es al contrario.
En la historia de ese grupo, pueden encontrarse personajes que inicialmente hicieron un buen papel como alcaldes dentro de su respectivo trienio de gobierno, pero que, al paso del tiempo, fueron debilitándose y, al final, terminaron prácticamente "quemados".
Uno que supo aprovechar el poder que en ese tiempo tenía el PRI fue Luis Enrique Acosta Páramo, al ser alcalde del 2009 al 2012; de ahí brincó al Congreso del Estado como diputado local del 2012 al 2015 y, nuevamente en Ciudad del Maíz, obtuvo un tercer cargo de gobierno por seis años, del 2016 al 2021, como director del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT).
Entre las cosas que se le atribuyen a Luis Acosta está despedir a muchas personas que trabajaban en el Ayuntamiento sin liquidarlas conforme a la ley y que, después, "el pueblo tuvo que pagar los platos rotos", ya que de esa situación no solamente se generaron demandas laborales.
Pues hubo más, ya que se dieron embargos contra el Ayuntamiento y uno de esos fue toda la extensión de terreno que alberga el fraccionamiento El Bellado o Villa Antigua, donde había el riesgo de que quienes ahí habitaban quedaran sin sus hogares y fueran despojados.
Otro que le siguió fue Juan Fernando Tovar Tovar, que de igual forma comenzó a trabajar bien, pero al final se vieron los desvíos de dinero a su bolsillo. Muestra de su enriquecimiento fue la construcción de su enorme vivienda con grandes bardas en el ejido Palomas, donde tiene su domicilio.
Luego de acabar su periodo en la presidencia municipal, pocas veces se le volvió a ver, en una de esas ya hasta con una figura física muy diferente a la de él, pues se comprobó que, debido a su complexión, se hizo cierta operación para quitarse varios kilogramos de peso que tenía.
Hoy ambos están apagados políticamente, aunque en el caso de Luis Enrique Acosta Páramo ha dado señales de querer seguir dentro de la grilla, pero el PRI está demasiado debilitado.

DOLOR FÍSICO Y EMOCIONAL
El fallecimiento de Julián M., de 55 años de edad, en el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar de Rioverde tras ingresar por una intoxicación presuntamente provocada por la ingesta de un herbicida agrícola, evidenció un tema que no debe pasar inadvertido: la atención integral de las personas que enfrentan enfermedades graves, dolor físico y situaciones emocionales difíciles.
El hombre padecía diabetes e hipertensión, enfermedades que pueden deteriorar la calidad de vida cuando no existe un control adecuado; sin embargo, no se informó oficialmente si la ingesta de la sustancia fue accidental o intencional, por lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado esclarecer las circunstancias del caso.
Más allá de las investigaciones, este lamentable fallecimiento debe servir para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los servicios de salud física y mental en Rioverde y los municipios de la Zona Media. Una enfermedad crónico-degenerativa puede representar una carga económica, familiar y emocional considerable, especialmente cuando el paciente enfrenta complicaciones, pérdida de autonomía, extremidades o incertidumbre sobre su futuro.
La atención médica no debe limitarse a recetar medicamentos; también es necesario que los pacientes reciban acompañamiento psicológico, orientación para sus familiares y seguimiento oportuno cuando presenten síntomas de depresión, desesperanza, aislamiento o expresen que ya no desean vivir. Las autoridades sanitarias, los hospitales, las instituciones de asistencia social y los gobiernos municipales deben trabajar de manera coordinada para detectar situaciones de riesgo y facilitar el acceso a tratamientos médicos y psicológicos. En los casos de enfermedades graves o terminales, es fundamental garantizar cuidados paliativos, atención al dolor y apoyo emocional, respetando la dignidad y las decisiones informadas de cada paciente.
Tampoco se puede dejar toda la responsabilidad en manos de las familias, que muchas veces carecen de recursos económicos, conocimientos médicos o herramientas para afrontar una crisis. Se requieren programas de acompañamiento, personal capacitado y mecanismos de atención que permitan intervenir oportunamente cuando una persona atraviesa una situación vulnerable.
La prevención del suicidio no consiste únicamente en actuar cuando ocurre una emergencia; implica escuchar sin juzgar, reconocer las señales de alarma, facilitar la atención profesional y evitar que alguien enfrente solo su sufrimiento.

INVERSIÓN EN EL OLVIDO
Una estructura que duró varios años y daba la bienvenida a los municipios de Alaquines y Ciudad del Maíz, permanece en el olvido y tirada a orilla de carretera.
Transcurría el 28 de mayo de este año y llegó a presentarse una fuerte tromba que azotó varias comunidades de Alaquines, con los fuertes vientos mandó al suelo dicha estructura metálica sitiada sobre la carretera estatal que comunica de ese municipio a Ciudad del Maíz, justamente en la división de ambas zonas.
Accidentes por la naturaleza pueden ocurrir de una u otra manera, pero no sé ve el interés de ambas alcaldesas, como Rosa Angélica Martínez Linares de Ciudad del Maíz y Laura Moctezuma de la Cruz en Alaquines, para juntas al menos reconstruir dicho anunció y volverlo a colocar para que siga dando la bienvenida a ambos municipios.
Sin embargo, a cuatro meses transcurridos sigue ahí tirado a disposición de los amantes de lo ajeno, que vaya no han querido hacer de las suyas, en robarse las partes metálicas para venderlas, ya que, por el peso y tamaño, vaya que si podría sacarse algo de dinero.
Este tipo de estructuras de anuncios fueron colocados en todos los municipios de San Luis Potosí, mediante un proyecto de la Secretaría de Turismo en el periodo de Gobierno Estatal 2009-2015 con Fernando Toranzo Fernández.
Además, ya son pocos los municipios que tienen su respectiva estructura, pues hay lugares donde no fueron bien colocadas y por el peso se vinieron abajo, una inversión además que prácticamente ha quedado desperdiciada

EXPUESTOS A RIESGOS
La caída de una adulta mayor de un remolque jalado por una motocicleta, ocurrida en la localidad de Puestecitos, municipio de Ciudad Fernández, donde resultó con lesiones de consideración y tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital IMSS-Bienestar de Rioverde, deja una reflexión importante sobre si estamos cuidando realmente a nuestros adultos mayores o los exponemos a peligros innecesarios, aunque serán las autoridades quienes determinen las circunstancias exactas del accidente, este hecho debe servir como llamado de atención para las familias y la ciudadanía en general. Trasladar a una persona de edad avanzada en un remolque improvisado, sin condiciones adecuadas de seguridad, representa un riesgo que no debe minimizarse.
Con el paso de los años, algunas personas pueden presentar menor equilibrio, movilidad limitada, fragilidad ósea o reflejos más lentos, estas condiciones pueden dificultar una reacción oportuna ante un movimiento brusco, un bache, una frenada o cualquier imprevisto durante el trayecto. Una caída que para alguien joven podría representar un golpe menor, para un adulto mayor puede convertirse en una fractura, un traumatismo o una complicación que ponga en peligro su vida. Por eso, la responsabilidad no solamente recae en quien conduce una motocicleta, sino también en quienes deciden cómo trasladar a sus familiares. El cariño hacia nuestros padres, abuelos y personas mayores debe demostrarse con acciones concretas, procurando medios de transporte seguros y evitando prácticas que los expongan a sufrir accidentes.
En las comunidades rurales, donde las distancias y la falta de transporte pueden complicar los traslados, es comprensible que algunas familias busquen alternativas para movilizarse, sin embargo, la necesidad no debe llevarnos a ignorar los riesgos. Siempre que sea posible, se deben utilizar vehículos apropiados y evitar llevar pasajeros en remolques que no estén diseñados ni acondicionados para transportar personas.