HÉCTOR SERRANO Y EL VALOR DE NO AGACHAR LA CABEZA
Hay políticos que viven de no incomodar a nadie. Y hay otros, como Héctor Serrano Cortés, que entienden que legislar también es incomodar al poder cuando el poder se siente intocable.
La Recomendación 10/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es un documento menor. Es la constancia oficial de que el diputado fue discriminado por el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, solo por atreverse a hacer lo que le toca a un representante popular: pedir transparencia.
Zermeño no respondió con cuentas claras. Respondió cuestionando de dónde viene Serrano y qué estudió. El manual clásico del elitismo: si no puedes debatir las ideas, ataca a la persona. Si no puedes explicar el gasto, descalifica al que pregunta.
La CEDH lo dijo con todas sus letras: hubo vulneración a los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al trato digno. Expediente 1VQU-0165/2026. Oficio PPOF-0079/2026. No es opinión, es una resolución.
Y ahí radica la congruencia de Héctor Serrano.
No cambió de postura cuando la UASLP cerró filas. No retiró sus solicitudes de información cuando vinieron las presiones. Siguió exigiendo lo que miles de potosinos queremos saber: cómo se maneja una de las instituciones que más recursos públicos recibe en el estado.
Por eso la recomendación ordena lo que duele a los soberbios: una disculpa pública, su inscripción como víctima, vista al Órgano Interno de Control y capacitación obligatoria en derechos humanos para el personal universitario.
Serrano no necesitó gritar ni victimizarse. Fue por la vía legal, acreditó la agresión y hoy tiene en la mano un documento que exhibe a quien se creía por encima de todo.
En un Congreso donde muchos prefieren el silencio cómodo, Héctor Serrano eligió la congruencia incómoda. Y eso, en San Luis Potosí, ya es mucho decir.

CEEPAC: 763 MILLONES Y MUCHAS PREGUNTAS
El CEEPAC quiere 763 millones 182 mil 487.07 pesos para la elección de 2027. Así, con centavos y todo, como si la precisión en la cifra borrara la duda de fondo: ¿por qué cuesta 70 por ciento más que en 2021? El diputado Luis Felipe Castro Barrón, que es el enlace del Congreso ante el organismo, lo dijo sin rodeos: no habrá cheque en blanco. Y tiene razón. Desglosemos: 479 millones 820 mil 991.06 pesos para la operación del CEEPAC, es decir, casillas, capacitación, material electoral, PREP, estructura distrital. Y otros 283 millones 361 mil 496.01 pesos para repartir entre partidos políticos y candidatos independientes.
El problema no es el total, es la progresión. El gasto ordinario del árbitro electoral creció cerca de 70 por ciento en seis años. El financiamiento a partidos, entre 40 y 50 por ciento. ¿En qué país sube el costo de organizar una elección a ese ritmo mientras a la ciudadanía le piden austeridad?
Sí, habrá más partidos. Sí, habrá más candidatos independientes. Sí, en 2027 nos jugamos todo: gubernatura, 27 diputaciones y 59 ayuntamientos. Pero más actores no puede significar automáticamente más opacidad. "Vamos a cuestionar con números en la mano, queremos saber cómo se calcularon los incrementos, con qué fórmula y por qué se requieren esos montos para 2027", advirtió Castro Barrón. Esa es la pregunta que debería hacerse todo el Congreso.
Porque entendemos que la democracia cuesta. Lo que no entendemos es por qué cada elección cuesta mucho más que la anterior y nadie explica por qué.
El CEEPAC tendrá que ir al Congreso a defender cada peso. No basta con decir que la ley obliga a darles dinero a los nuevos partidos. Hay que explicar con qué criterios, con qué fórmula y con qué ahorros. "Entendemos que hay más actores, pero eso no justifica un cheque en blanco", remató el legislador. Y tiene razón. En 2027 no solo se elegirán gobernantes, también se pondrá a prueba si el árbitro sabe rendir cuentas antes de pedir la bolsa más grande de su historia.

YA NI LA CASA DE DIOS RESPETAN
Antes se decía que hasta los delincuentes tenían códigos. Que a la iglesia no se entraba a robar. Pues esa regla ya se rompió en San Luis Potosí. El vocero de la Arquidiócesis, el presbítero Tomás Cruz Perales, tuvo que salir a pedirles a los feligreses algo que nunca debería pedirse en un templo: que cuiden sus bolsas durante la misa. Que no se distraigan orando porque mientras rezan, alguien les puede bolsear.
¿En qué momento llegamos a esto?
Cruz Perales dice que la mayoría de los templos ya tienen cámaras de seguridad. Que no es falta de respeto a la casa de Dios, sino gente que aprovecha la multitud. Con todo respeto, padre, sí es una falta de respeto. Total y absoluta.
Si ya no respetan la casa de Dios, ¿qué van a respetar?
Quien entra a robar a una iglesia no solo roba una cartera. Roba la tranquilidad de una señora que fue a pedir por su hijo enfermo, de un señor que fue a dar gracias por tener trabajo, de una familia que entró buscando un momento de paz.
Que tengan que poner cámaras en el altar, que el padre tenga que interrumpir la homilía para decir "cuiden sus pertenencias", es el retrato de una ciudad donde la delincuencia ya no distingue entre la calle y el sagrario.
No es solo un tema de seguridad pública. Es un tema de descomposición. Cuando el ladrón entra a misa no a escuchar la palabra, sino a ver qué se lleva, hemos perdido algo más que una bolsa. Hemos perdido el respeto por lo sagrado.

NOS ESTAMOS ENVENENANDO A SORBOS Y NADIE HACE NADA
La Conagua lo dijo sin anestesia: en San Luis Potosí hay arsénico, flúor y metales pesados en las fuentes de abastecimiento. Y para rematar, más del 65 por ciento de las plantas tratadoras de aguas residuales del estado no funcionan. Están ahí, como elefantes blancos, oxidadas, apagadas, mientras nos tomamos el veneno a tragos.
No es una exageración. El director estatal de Conagua, Darío Fernando González Castillo, tuvo que reconocer que ya están en mesas de trabajo con autoridades sanitarias para armar planes de contingencia. Traducción: el riesgo es real y el consumo prolongado de esa agua nos está enfermando.
Hablemos de datos que duelen:
El arsénico no es un chiste. La OMS advierte que su ingesta prolongada provoca cáncer de piel, pulmón, vejiga, lesiones cutáneas y daños cardiovasculares. El flúor en exceso, fluorosis dental y esquelética, huesos que se vuelven quebradizos, niños con manchas irreversibles en los dientes. Los metales pesados se acumulan en riñones, hígado, cerebro. Y todo eso está hoy en el agua que llega a nuestras casas.
¿Y qué estamos haciendo? Monitoreando. La palabra favorita de la burocracia.
Monitorean las presas San José, El Peaje y El Realito. ¿Monitorear para qué? Para ver cómo se contamina el agua en tiempo real. Porque mientras no haya plantas potabilizadoras, mientras no haya proyectos de remediación, el monitoreo solo sirve para documentar el envenenamiento.
El dato más obsceno es el de las plantas tratadoras: 65 por ciento fuera de operación. Es decir, de cada 10 plantas que se construyeron con dinero público, con moches, con fotos de inauguración y listón tricolor, casi 7 no sirven. No tratan nada. El agua sucia se va directo a ríos, a arroyos, a la tierra.
En la Huasteca es todavía más grave. Ahí ni siquiera hay la farsa de la planta abandonada. Hay descarga directa de aguas negras a los cuerpos de agua. Los municipios de Huehuetlán y Coxcatlán apenas ahora presentaron proyectos para construir plantas. Apenas. En 2026.
González Castillo dice que se requieren acciones preventivas. No, señor director. Se requieren acciones urgentes. No preventivas, correctivas. Porque el daño ya está hecho.
¿Cuántas comunidades llevan años tomando agua con arsénico y flúor sin saberlo? ¿Cuántos niños de la zona Altiplano tienen fluorosis porque nadie les dijo que el agua de su pozo no era apta para consumo humano?
El agua es un derecho humano, no un trámite interinstitucional. Y hoy, en San Luis Potosí, ese derecho sale contaminado de la llave.

EL DRENAJE DE TODOS, LA RESPONSABILIDAD DE NADIE
Sonia Mendoza Díaz, titular de la SEGAM, por fin dijo lo que todos sabíamos: los 59 municipios de San Luis Potosí están tirando sus aguas negras directo a los ríos. Sin tratar, sin filtro, sin vergüenza. Y lo dijo enérgica: "Los municipios no pueden lavarse las manos". Irónico, porque con el agua que tiran a los ríos, ni manos se pueden lavar.
El diagnóstico es de escándalo. Fraccionamientos nuevos, de esos que se venden como "residenciales con plusvalía", conectan su drenaje directo al río Paisanos, al Calabacillas, aquí en plena capital. En la Huasteca, el río de Axtla de Terrazas ya no es río, es caño. Comunidades enteras descargan sin que nadie las sancione.
La secretaria explica la ruta de la burocracia: la Conagua es la que debe sancionar porque son cuerpos de agua nacionales, pero la CEA, la SEGAM y los ayuntamientos deben documentar y armar expedientes. Es decir, todos son responsables y nadie hace nada. El juego perfecto para que la contaminación siga corriendo.
Porque lo que describe Mendoza Díaz no es un descuido, es una cadena de omisiones. El fraccionador que no instala planta tratadora porque el municipio se lo permite. El municipio que no vigila porque dice que le toca a Conagua. Conagua que no llega porque no hay expediente. Y mientras, las aguas negras siguen cayendo.
Ya hubo que armar una mesa intermunicipal urgente para Matlapa, Huehuetlán, Xilitla y Axtla, para ver si al menos ubican de dónde sale tanta porquería. En la capital, vecinos de Paisanos y Calabacillas llevan meses denunciando olores insoportables y focos de infección. Viven junto a un drenaje a cielo abierto que el ayuntamiento autorizó.
"Si no frenamos hoy el vertido de aguas residuales, mañana no habrá río que rescatar", advirtió la secretaria. Tiene razón, pero la frase llega tarde.
En San Luis Potosí ya no hay ríos que rescatar, hay drenajes que clausurar. Y mientras los 59 alcaldes sigan lavándose las manos, nos seguiremos bañando en sus aguas negras.

POR FIN CONAGUA SE ATREVE A PONER ORDEN
Hay que decirlo: por primera vez en mucho tiempo, la Conagua en San Luis Potosí está haciendo lo que le toca hacer. Y eso, en un estado donde el agua se ha manejado con opacidad y complicidades, ya es una noticia.
El delegado de la Comisión del Agua, Darío Fernando González Castillo, no se guardó nada. Advirtió que hay arsénico, flúor y metales pesados en las fuentes de abastecimiento. Que el 65 por ciento de las plantas tratadoras no funcionan. Que las presas San José, El Peaje y El Realito requieren monitoreo constante. Y que en la Huasteca hay municipios tirando aguas negras sin control. Otros directores lo habrían minimizado. Él lo puso sobre la mesa y anunció mesas de trabajo con autoridades sanitarias para planes de contingencia, instalación de potabilizadoras y proyectos de remediación. Esa es la Conagua que necesitamos: una que alerta antes de que la gente se enferme, no después.
Y no se queda ahí. Contra Koura, la antes Mexichem Flúor, ya hay una multa de 296 mil pesos y un nuevo procedimiento por reincidir en irregularidades en sus presas de jales con escurrimientos hacia el río Santa Catarina. Y la advertencia es clara: si siguen contaminando, se les cancela la concesión de agua y los permisos de descarga. Se acabó la época de las multas simbólicas.
González Castillo está entendiendo algo básico: no se puede vigilar el agua solo con oficios. Hay que salir a campo, hay que pedirle a Profepa, a Semarnat y al estado que se coordinen, hay que señalar a empresas, a municipios y a fraccionadores por igual. Sí, el problema es enorme. El 65 por ciento de plantas fuera de operación es herencia de años de abandono. Que Huehuetlán y Coxcatlán apenas estén presentando proyectos de plantas tratadoras habla de un rezago brutal. Pero por primera vez hay un diagnóstico honesto y una ruta.
Conagua no puede sola. Necesita que los 59 municipios hagan su parte, que la CEA y la SEGAM no se escondan y que los ciudadanos denuncien. Pero si sigue en esta línea, de señalar, sancionar y prevenir, por fin tendremos una autoridad del agua que cuida el agua, no que administra su contaminación. Y eso se tiene que reconocer.

EL CHAPULINEO DE LA IMPUNIDAD: CUANDO ZUMAÑA HUYE Y TATIANO PÉREZ CORRE A LOS BRAZOS DE GALINDO
En la tragicomedia electoral de San Luis Potosí, el autodenominado líder Gerardo Sánchez Zumaña decidió colgar los guantes y poner tierra de por medio en la Ciudad de México, acorralado no por una epifanía democrática, sino por el pesado tufo de sus investigaciones por presunta delincuencia organizada, factureras y huachicol fiscal. Ante este naufragio, su coordinador de campaña Tatiano Pérez —con la agilidad de un malabarista del cinismo— operó una voltereta exprés para lavar culpas y decretar, sin sonrojarse, que el alcalde Enrique Galindo comparte milagrosamente "la misma mentalidad y metas" que el prófugo jefe.
Entre bendiciones hipócritas y llamadas de consolación, los huérfanos políticos de Zumaña encontraron refugio inmediato en los brazos de Galindo, quien muy amablemente les abrió la puerta del ayuntamiento para sumar operadores a cambio de olvido y cobijo político. Esta jugada retrata de cuerpo entero la fauna local: los proyectos inflados con billete oscuro se desinflan al primer citatorio de la justicia, demostrando que en la grilla potosina la lealtad dura exactamente lo que tardan en congelarte las cuentas y buscar un nuevo presupuesto donde rascar.

LA FAMILIA BURRÓN DE RIOVERDE
El alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, parece estar abriendo espacio para que su familia tenga presencia en el escenario político: el yerno, la hija, el hijo y, por supuesto, su esposa, Karina Quintero. En medio de cuestionamientos sobre la participación de sus familiares y el futuro político del municipio, la discusión inevitable es dónde termina el trabajo público y dónde comienza el interés por mantener la influencia familiar. La política no debería convertirse en un asunto de apellidos ni en una plataforma para repartir posiciones entre los más cercanos.
Mientras tanto, las inconformidades ciudadanas y el desgaste político son temas que no pueden ignorarse. A las críticas se suman señalamientos sobre una forma de gobernar como una política de “garrote”.
El Partido Verde tendrá que valorar políticamente el costo de quedar asociado con las decisiones y los conflictos de la administración municipal. La presencia de familiares en la vida pública no demuestra por sí sola una irregularidad, pero sí obliga a transparentar cargos, responsabilidades, méritos y posibles conflictos de interés. En Rioverde, la discusión ya no se limita a quiénes podrían buscar espacios políticos, sino a qué explicaciones se ofrecen a la ciudadanía y cómo se responde a las inconformidades. Porque el municipio necesita claridad y rendición de cuentas, no que la política termine convertida en un negocio de familia.

XANTOLO NO NECESITA DISFRAZARSE DE HALLOWEEN
Ciudad Valles se prepara para vivir el Xantolo con desfile, comparsas, carros alegóricos y premios de hasta 20 mil pesos, pero este año la invitación municipal viene acompañada de un mensaje claro: preservar las raíces huastecas y evitar que una celebración tan arraigada termine confundida con Halloween. El director de Atención a la Juventud, Emmanuel Díaz, convocó a escuelas, empresas y ciudadanía a participar en el recorrido del próximo 31 de octubre, mientras que Cultura Municipal, a cargo de Salvador Jurado Ávalos, llamó a los comercios del centro a decorar sus fachadas con elementos tradicionales. La intención es que las calles reflejen la identidad de una región que tiene mucho que contar a través de sus costumbres.
La propuesta también busca involucrar al sector comercial y convertir el primer cuadro de la ciudad en un corredor cultural, con arcos, palma, limonaria y flores de cempasúchil. Como incentivo, las tres mejores fachadas recibirán videos promocionales para difundir sus negocios. En el desfile habrá premios para los mejores carros alegóricos y comparsas, además de espacios disponibles para quienes quieran sumarse. La apuesta es que la tradición no se quede solamente en los altares o en los hogares, sino que se viva en las calles y se convierta en una experiencia para las familias y visitantes.
Sin embargo, defender el Xantolo no tendría que significar mirar con rechazo otras expresiones culturales, sino dar a conocer con orgullo lo que hace única a la Huasteca potosina. La mejor manera de preservar una tradición es enseñarla, practicarla y transmitir su significado a las nuevas generaciones. Si el municipio logra sumar a escuelas, comerciantes, comparsas y ciudadanía, el 31 de octubre puede ser mucho más que un desfile: una muestra viva de identidad regional. Porque el Xantolo tiene historia, símbolos y memoria propios, y su fuerza está en que los vallenses lo hagan suyo, no solo porque se les pida decir “no al Halloween”, sino porque conocen y valoran lo que significa celebrar a sus difuntos al estilo huasteco.

SLP CUENTA CON 146 CARGADORES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
San Luis Potosí registra 57 estaciones con un total de 146 cargadores para vehículos eléctricos, de acuerdo con el directorio de la Comisión Federal de Electricidad. La mayor concentración se encuentra en la capital potosina, con 37 registros y 87 cargadores, mientras que Matehuala cuenta con ocho registros y 23 equipos. Otros municipios, como Villa Hidalgo, Ciudad Fernández, Santa María del Río y Ciudad Valles, también forman parte de esta infraestructura, aunque con una disponibilidad más limitada.
La distribución y las características técnicas de los equipos muestran que la infraestructura de carga se encuentra en distintas etapas de desarrollo dentro del estado. Mientras algunos puntos ofrecen carga rápida, buena parte de los dispositivos opera con potencias menores, por lo que la ubicación, disponibilidad y velocidad de recarga serán factores importantes para quienes utilizan vehículos eléctricos. La ampliación de esta red representa un aspecto relevante para facilitar la movilidad eléctrica y atender las necesidades de conductores que recorren tanto las zonas urbanas como las carreteras potosinas.

SLP CUENTA CON NUEVE CENTROS DE ACOPIO PARA PRODUCTORES DE GRANOS
San Luis Potosí dispone de nueve centros de acopio para productores de pequeña escala, distribuidos en Ébano, Villa de Ramos, Villa de Arriaga, Rayón y Villa de Reyes, de acuerdo con el directorio del tercer trimestre de 2026 de Alimentación para el Bienestar. Estos espacios reciben cosechas de maíz, maíz nativo o criollo pigmentado y frijol, bajo criterios de calidad y precios de acopio establecidos en las reglas de operación del programa federal.
La distribución de los centros permite acercar puntos de recepción a productores de distintas regiones del estado, aunque su alcance depende de factores como la ubicación, la capacidad operativa y los requisitos para entregar las cosechas. Por ello, resulta importante que las personas productoras consulten las condiciones de recepción y los precios aplicables, a fin de conocer las alternativas disponibles para comercializar sus granos y aprovechar los mecanismos de apoyo dirigidos al campo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y VIVIENDA, EJES DEL APOYO SOCIAL EN SLP
Los programas sociales del Gobierno de San Luis Potosí mantienen su expansión con apoyos alimentarios y acciones para facilitar el acceso a una vivienda propia. La administración de Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), contempla la distribución de 600 mil apoyos de Seguridad Alimentaria durante 2026, con presencia en los 59 municipios. De acuerdo con las cifras dadas a conocer, al corte de octubre alrededor de 200 mil familias ya habían recibido paquetes con productos de la canasta básica y artículos de limpieza, una estrategia que busca contribuir a la economía de los hogares potosinos.
Uno de los anuncios relevantes fue la incorporación de 46 mil familias de la capital potosina al programa, que se suman a las 110 mil que ya contaban con el beneficio. La ampliación de la cobertura representa un reto logístico para la Sedesore, pues llevar los apoyos a las cuatro regiones requiere organización y seguimiento para que los productos lleguen a quienes los necesitan. A la par, la continuidad de Tu Casa, Tu Apoyo busca abrir oportunidades para que más familias accedan a un terreno y cuenten con herramientas y materiales para comenzar a construir su patrimonio.
La política social estatal tiene así dos frentes importantes: atender necesidades inmediatas mediante apoyos alimentarios y promover alternativas de mayor alcance para mejorar las condiciones de vida de las familias. El desafío será sostener la cobertura, garantizar la transparencia en la distribución y evaluar los resultados de ambos programas. Si estas acciones se mantienen con una aplicación ordenada y seguimiento efectivo, podrán contribuir al bienestar de los hogares potosinos y fortalecer las opciones de desarrollo en las comunidades que más requieren atención.

XANTOLO SE BLINDA CON 2 MIL ELEMENTOS
Con un despliegue de 2 mil elementos, San Luis Potosí se prepara para las celebraciones de Xantolo 2026 y Día de Muertos, una de las temporadas de mayor movilidad y afluencia turística en la entidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Jesús Juárez Hernández, mantiene activo un operativo coordinado con la Guardia Civil Estatal, policías municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con el propósito de brindar vigilancia y atención a quienes participan en estas tradiciones.
La estrategia contempla recorridos preventivos en carreteras, accesos a municipios, panteones, plazas públicas y parajes turísticos, con especial atención en localidades de la Huasteca potosina como Aquismón, Xilitla, Tanquián, Huehuetlán, San Martín Chalchicuautla, Ciudad Valles y Tampamolón. Sin embargo, la vigilancia también se extenderá a las regiones Media, Altiplano y Metropolitana, donde las familias acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos. El apoyo vial, los puestos de control y la atención de emergencias serán parte de las acciones para reducir riesgos durante las festividades.
El reto para las corporaciones será mantener la capacidad de respuesta ante la llegada de visitantes y garantizar que las celebraciones transcurran en orden, sin descuidar la seguridad cotidiana de los habitantes. Xantolo representa identidad, cultura y tradición para San Luis Potosí, por lo que la coordinación entre autoridades será fundamental para proteger tanto a las comunidades como a quienes llegan a disfrutar de estas expresiones culturales. La presencia policial deberá traducirse en prevención efectiva y atención oportuna para que las familias puedan vivir estas fechas con mayor tranquilidad.

EL RECHAZO TAMBIÉN A MORENA
Morena ya aparece entre los partidos políticos que generan mayor rechazo ciudadano en México, de acuerdo con cifras expuestas por Roy Campos, presidente de Grupo Mitofsky, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio. Según los datos citados, el 44 por ciento de los consultados afirma que nunca votaría por el PAN, el 40 por ciento rechaza al PRI y el 36 por ciento a Morena. Los números colocan a las tres fuerzas ante una realidad que va más allá de sus simpatizantes: también existe un sector de la población que no está dispuesto a respaldarlas en las urnas.
El rechazo hacia un partido no necesariamente significa que perderá apoyo electoral, pero sí muestra los límites que enfrenta para convencer a quienes no comparten su proyecto. Campos explicó que las fuerzas políticas que gobiernan pueden acumular desgaste por sus decisiones, los resultados de sus administraciones y la polarización. En ese escenario, Morena tampoco queda al margen de las críticas, pese a su presencia nacional y su papel en el Gobierno federal. El poder puede dar visibilidad y capacidad de acción, pero también coloca a los partidos bajo un escrutinio constante.
De cara a los próximos procesos electorales, estas cifras recuerdan que la competencia política no se mide únicamente por la popularidad entre los propios seguidores, sino también por la capacidad de generar confianza fuera de sus bases. PAN y PRI mantienen los porcentajes de rechazo más altos de los tres, mientras Morena registra también una cifra considerable. La pregunta para todas estas fuerzas es qué harán para responder al descontento y convencer a quienes hoy les cierran la puerta. Porque en política, sumar simpatías importa, pero entender por qué una parte de la ciudadanía no quiere votar por determinado partido también es parte del mensaje que dejan las encuestas.

¿CUÁNTAS MUERTES?
Por las calles de Rioverde, La Capital del Mundo también se mide la responsabilidad de sus autoridades y hoy una pregunta resulta inevitable: ¿cuántos accidentes, personas lesionadas y vidas tendrán que perderse para que se atienda de una vez por todas el deteriorado bulevar Universitario?
Esta importante vialidad presenta un panorama preocupante: pavimento desmoronado, enormes baches, tramos carcomidos y sectores donde el daño es tan severo que prácticamente queda un solo carril para circular. No se trata de simples desperfectos estéticos, sino de un problema que representa un riesgo permanente para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.
Con las lluvias, la situación empeora, pues los encharcamientos ocultan los profundos agujeros, dificultan la visibilidad y convierten el trayecto en una auténtica trampa para quienes transitan por el lugar. Basta con caer en uno de esos baches para perder el control de una motocicleta, dañar un vehículo o terminar con lesiones de consideración.
La preocupación aumenta luego del reciente accidente registrado frente a la Universidad Autónoma, donde una mujer adulta mayor fue atropellada por un motociclista y posteriormente perdió la vida. Aunque las circunstancias y las responsabilidades de este lamentable hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades, el deterioro de la vialidad obliga a revisar las condiciones de seguridad en las que diariamente circulan cientos de personas.
¿Acaso las autoridades esperarán a que ocurra otra tragedia para actuar? ¿Es necesario que las familias sufran la pérdida de un ser querido para que se destinen recursos, maquinaria y personal a reparar una avenida que, por su ubicación y tránsito, debería mantenerse en condiciones seguras?
La Capital del Mundo no puede conformarse con obras de relumbrón, anuncios o promesas mientras sus vialidades se desmoronan ante los ojos de todos. El mantenimiento de las calles no es un lujo ni un favor político, es una responsabilidad pública y una medida básica de prevención de accidentes.
¿Cuántas muertes más necesita La Capital del Mundo para que el bulevar Universitario deje de ser una amenaza y vuelva a ser una vialidad segura? La respuesta no debería llegar después de otra desgracia, sino mediante acciones inmediatas, responsabilidad y voluntad de resolver un problema que ya no puede seguir ignorándose.

REQUIERE DE INVESTIGACIÓN
Sin señalar, sin acusar y sin adelantar conclusiones, pero con el derecho de la sociedad a conocer la verdad, la muerte de un adolescente de apenas 16 años de edad, originario del municipio de Ciudad del Maíz, ocurrida la tarde del martes minutos después de ingresar al Hospital IMSS-Bienestar de Rioverde, merece una explicación clara y sustentada en los resultados de las investigaciones.
No se trata de responsabilizar anticipadamente al personal médico, de asegurar que existió negligencia o de insinuar que hubo descuido en la atención; para eso existen los procedimientos legales, las valoraciones de especialistas y las investigaciones ministeriales, que deberán establecer qué ocurrió y cuáles fueron las causas reales del fallecimiento. Sin embargo, tampoco se puede ignorar un hecho que generó interrogantes y preocupación. El joven fue trasladado por sus familiares al hospital de Rioverde debido a que presentaba un fuerte dolor de cabeza y, lamentablemente, su estado de salud se agravó hasta perder la vida poco después de su ingreso.
¿Qué ocurrió realmente? ¿Cuál fue la causa médica del fallecimiento? ¿El adolescente tenía algún antecedente o historial clínico que pudiera ayudar a comprender lo sucedido? ¿Qué revelarán las valoraciones médicas y las diligencias realizadas por las autoridades? Son preguntas que no deben convertirse en acusaciones, pero tampoco quedar sin respuesta.
Un dolor de cabeza puede tener distintas causas y grados de gravedad; por sí solo, ese síntoma no permite establecer qué padecía el adolescente ni explicar su muerte. Precisamente por ello, resulta importante que los especialistas revisen la información clínica disponible, los antecedentes médicos que pudieran existir y las circunstancias de su ingreso y evolución, siempre conforme a los procedimientos correspondientes, o si pudo ser consecuencia de algún accidente. Eso solo lo determinarán las autoridades.
La transparencia en estos casos no significa condenar a nadie antes de tiempo, sino dar certeza a una familia que enfrenta una pérdida irreparable y evitar que la incertidumbre dé paso a rumores, versiones sin fundamento o señalamientos injustificados. La verdad, sustentada en evidencia médica y legal, es la única respuesta que puede dar certeza en medio de una tragedia como esta.

CÁRDENAS Y RAYÓN EXIGEN RESPUESTAS
La violencia registrada en la Zona Media vuelve a evidenciar una exigencia legítima de la ciudadanía: que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe con mayor claridad sobre los avances de las investigaciones y los resultados para esclarecer los hechos criminales.
En el municipio de Cárdenas trascendió la presunta detención de dos sujetos relacionados con la privación ilegal de la libertad y muerte de J. Luz L., de 70 años, conocido como “Lucho”, cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en la localidad de La Labor. Incluso existe información extraoficial que vincula a los mismos individuos con la privación de la libertad y posterior ejecución de otro hombre, ocurrida hace aproximadamente tres meses; sin embargo, hasta el momento no se da a conocer información oficial que confirme las detenciones ni los posibles vínculos entre ambos casos. El silencio institucional alimenta las dudas y mantiene a las familias de las víctimas a la espera de respuestas.
A esta preocupación se suma el homicidio de un hombre que fue ejecutado a balazos en el municipio de Rayón, hecho que también requiere investigaciones eficaces y resultados que permitan conocer quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los motivos del ataque.
No se trata de exigir que se revelen datos que puedan comprometer las investigaciones ni de señalar culpables antes de que existan pruebas; se trata de que la Fiscalía informe, dentro de los límites legales, qué avances existen, qué líneas de investigación se siguen y si hay personas detenidas o identificadas por estos crímenes.
La transparencia no debe confundirse con la divulgación de información reservada; es posible proteger las diligencias ministeriales y, al mismo tiempo, ofrecer información clara y oportuna a la sociedad.
Detrás de cada expediente hay familias que esperan justicia, comunidades que viven con incertidumbre y ciudadanos que tienen derecho a conocer qué están haciendo las instituciones responsables de procurar justicia. Cárdenas y Rayón no necesitan rumores ni versiones extraoficiales, necesitan investigaciones sólidas, resultados verificables y comunicación institucional responsable. La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de trabajar para esclarecer estos hechos y, cuando legalmente sea posible, informar sobre sus avances, porque la justicia no termina con una detención ni con la apertura de una carpeta de investigación; también implica llegar a la verdad, fincar responsabilidades cuando corresponda y evitar que las víctimas y sus familias queden atrapadas en la incertidumbre.
La exigencia es clara: menos silencio institucional y más resultados. Las familias merecen respuestas y la sociedad, saber que los crímenes no quedarán en el olvido.

ESCASEZ Y FUGAS
En la cabecera municipal de Ciudad del Maíz no es novedad la falta de agua, es algo que prevalece de años y que ahora repercute de otra manera.
Luego de las lluvias ocurridas en las últimas semanas, mejoraron los niveles de agua en los mantos acuíferos que abastecen cada uno de los pozos; ahora, al haber más líquido, también los perjuicios, pues este sale a presión y, por ende, ocurren las fugas en tuberías o mangueras ya dañadas.
Gran parte de la tubería colocada en las diversas calles de la cabecera municipal ya está obsoleta, ya cumplió los años en función y, lógicamente, tarde o temprano aparecen los daños por medio de las fugas, que, para variar, provocan la suspensión del servicio de agua mientras es rehabilitada.
Es así como otro problema surge, pues, como la mayoría de las calles de la cabecera municipal fueron construidas con material de concreto hidráulico, son perforadas para encontrar la tubería dañada y es ahí donde, aunque se tape con tierra, queda el agujero que, al paso del tiempo y con los vehículos, se convierte en un bache más.
Valdría la pena impulsar un proyecto para mejorar las líneas de agua en toda la cabecera municipal, con el cambio de tuberías donde más haga falta, pero también la reconstrucción de la calle que por esta obra llegue a ser perforada, para evitar más daños.

¿POR LA IZQUIERDA?
Para el proceso electoral del 2027 está anunciado el regreso de Ivet Bilchis Ávalos al ámbito político en el municipio de Alaquines, en busca de la silla presidencial, que será ya por segunda ocasión.
Se recordará que en el 2024 estuvo interesante la tensión política en ese pueblo; había tres candidatos y dos de ellos pelearon fuertemente por el triunfo, que solo marcó uno o dos votos de diferencia.
De ambas, porque son mujeres, una es la que hoy está sentada en la silla presidencial, como es Laura Moctezuma de la Cruz, que participó en coalición con tres partidos, como son el Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional (PVEM-PT-MORENA), que, vaya, le ha salido mucho que deber a la gente que la eligió.
Por otro lado, participó y quedó en segundo lugar, a nada de ganar, Ivet Bilchis Ávalos, también con tres corrientes juntas, pero por la derecha, como Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Revolución Democrática (PAN-PRI-PRD), y que incluso hubo impugnación en los resultados.
Se dice que está anunciado el regreso de esta última persona, pero no por la derecha, sino que recibió la invitación por partidos de izquierda como el PT y MORENA, luego de la ruptura política que hay con el PVEM y que, además, los grupos del PAN-PRI-PRD ya no quisieron invertir.
De ser así, se pondrá interesante el ambiente político en Alaquines, ya que por el PVEM quiere regresar a ser alcaldesa por tercera vez Florisela Hernández Chávez, que ya lo fue en dos ocasiones gracias al PRI, del 2018 al 2021 y del 2021 al 2024.
Aunque otra que también busca algo es la actual alcaldesa, Laura Moctezuma de la Cruz, en dejar a su marido, David Hernández Chávez, al que tiene como presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), para hacer grilla como candidato, pero en estas cuestiones es el pueblo quien tiene la última palabra.

EL TIEMPO CUENTA, PERO SIGUE LA NEGLIGENCIA
Es lamentable que, al paso de los días, el único hospital que se supone debe atender a toda la gente del municipio de Ciudad del Maíz, como es el Comunitario, vaya ya para tres meses sin contar con servicio de ambulancia.
El tiempo no perdona y, ante negligencias como esta, que les corresponden a diversas autoridades, pueden pasar muchas tragedias, y una muestra clara fue cómo un adolescente fue llevado a este hospital inconsciente, debido a un fuerte dolor en la cabeza. No hubo forma de usar una ambulancia porque no se tiene en ese nosocomio.
Era urgente su traslado hacia el Hospital Regional de Rioverde para una mejor atención y, a falta de ambulancias, los familiares tuvieron que moverse por cuenta propia, pero desafortunadamente falleció y podría decirse que es algo que pudo evitarse si en el hospital maicense se contara con el servicio de ambulancias.
El nosocomio tiene dos unidades, una ya de modelo atrasado y descompuesta, que solo está de adorno en la entrada al hospital, misma que, según se dice, está registrada en el municipio o Ayuntamiento, mientras la otra, según, está en un taller mecánico, pero esa, que es más reciente, lleva ya cerca de tres meses sin ser utilizada para lo que es.
De esta última ambulancia se dice que corresponde a los servicios de la Secretaría de Salud y, como el Hospital Comunitario ya no forma parte de este esquema, sino del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Bienestar (IMSS-BIENESTAR) que estableció el Gobierno Federal, pues no puede utilizarse para servicios médicos como corresponde.
Además, ahora resulta, lo que además podrá ser ilógico, que ni el Gobierno Estatal ni Municipal pueden meter mano para mejorar los servicios de salud, sino que le competen a la Federación, pero entonces ¿quién gestiona, quién ayuda y quién evita que pasen estas situaciones en el único hospital que tiene el pueblo?

LLEVA EL PROYECTO DE PAZ A LA HUASTECA
Alejandro Leal Tovías, dirigente estatal del Partido PAZ en San Luis Potosí, visitó Ciudad Valles para compartir con los medios de comunicación de la Huasteca el proyecto político de esta organización. A través de sus redes sociales, destacó la importancia de escuchar a las regiones y reconocer que cada una tiene identidad, voz y necesidades propias que deben formar parte de la agenda pública.
El acercamiento con los medios de comunicación representa una oportunidad para dar a conocer los objetivos de PAZ y establecer un diálogo con quienes mantienen informada a la población huasteca. Leal Tovías aseguró que el partido tiene el compromiso de recorrer las cuatro zonas del estado, una tarea que implica conocer de primera mano las inquietudes ciudadanas y las condiciones particulares de cada municipio.
Ahora, el desafío para el dirigente estatal será convertir estos recorridos en una presencia permanente y en propuestas que respondan a las necesidades de la población. La Huasteca potosina tiene retos específicos y una dinámica propia, por lo que escuchar a sus habitantes será fundamental para que el proyecto de PAZ logre consolidarse en la región. El contacto con los medios puede ser un primer paso, pero el seguimiento y los resultados serán los que definan el alcance de esta estrategia política.