Semana del 01 de Marzo al 07 de Marzo de 2025

Barandillas potosinas, susceptibles a cometer maltrato

Barandillas potosinas, susceptibles a cometer maltrato

Un informe federal brindó una radiografía de las condiciones en que operan las celdas municipales de la entidad, sobre todo, las de municipios pequeños, donde su operatividad comprueba que las personas llegan a ser detenidas correr el riesgo de ser agredidas o torturadas.

En poco más del 30 % de las barandillas municipales del estado de San Luis Potosí existen condiciones que se identifican como un factor de riesgo que propicia que las personas detenidas sufran algún tipo de maltrato, que pueda, con posterioridad, ser valorado como tortura.

Esto lo alerta el Informe Especial 03/2024 del MNPT sobre juzgados cívicos del Estado de San Luis Potosí, a cargo del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al momento de las visitas de supervisión del MNPT a los lugares de privación de la libertad en el estado, sólo en 6 de los 20 municipios se encontraron personas detenidas: 34 en total, de las cuales 14 fueron entrevistadas. 42.

De la población entrevistada, el 86% son hombres y 14% mujeres; asimismo, dentro de las personas entrevistadas, se encontraba una persona adolescente del género masculino, así como una mujer de origen indígena.

Con respecto a las edades, el 29% informó tener entre 26 y 35 años; 29% entre 36 y 45 años; 21% entre 18 y 25 años, 7% (una persona) informó tener menos de 18 años; 7% más de 45 años; y 7% no respondió.

Destaca que, de los 20 municipios visitados, 12 no cuentan con personas juzgadoras, por lo que otros servidores públicos asumen la responsabilidad de la imposición de sanciones por faltas administrativas, entre los que se encuentran síndicos municipales y un Director General de Seguridad Pública.

SIN VOZ
Reporta que, en 10 de los 20 municipios, las autoridades entrevistadas manifestaron que no se informa a las personas aprehendidas sobre su derecho a ser asistidas por una persona defensora en: Ciudad Fernández, Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, Moctezuma Rayón, Rioverde, Tancanhuitz, Villa de Arista, Villa de Arriaga y Villa de Guadalupe.

Añade que, en el municipio de San Luis Potosí, las autoridades entrevistadas indicaron que sí se informa, pero esto se hace durante el desarrollo de la audiencia.

Por su parte, en Zaragoza, las personas servidoras públicas señalaron que sí se informa sobre este derecho a las personas detenidas, pero únicamente de manera verbal.

Alertó que Soledad de Graciano Sánchez por motivos de seguridad, no se permite a las personas privadas de la libertad recibir visitas de familiares, amistades, personas defensoras y/o representantes legales, lo que va en contra del objetivo de la salvaguardia.

"Pues, de esta manera, la persona sancionada no tiene acceso a una asistencia legal efectiva durante el proceso, menos aún a visitas, las cuales pueden inhibir conductas de maltrato, ya que los familiares pueden constatar el estado psicofísico de la persona", subraya la CNDH.

CASOS PARTICULARES
Llama la atención el caso del municipio de Moctezuma, pues las autoridades municipales señalaron que, derivado de los hechos violentos ocurridos en agosto de 2022, ninguna persona quiere trabajar en la policía local y ninguna autoridad estatal ha reestablecido las funciones de la Dirección de Seguridad Pública ni la situación de seguridad en el municipio.

Asimismo, mencionaron que por el número reducido de elementos con el que se cuenta, sólo realizan trabajo administrativo y de prevención en las calles y las escuelas, además entregan citatorios que emite el personal del Ministerio Público y atienden accidentes de vialidad.

También indicaron que, si se comete una falta administrativa, en todos los casos llevan a cabo las acciones necesarias para conciliar a las partes, y el Síndico municipal formaliza esas conciliaciones.

Por otro lado, en el municipio de Villa de Arriaga, informaron que, desde el inicio de la administración de ese Ayuntamiento, no se han llevado a cabo detenciones ante la presunta comisión de faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno, ya que la política de su gobierno es de prevención y no de sanción, debido a que, en términos generales, es un lugar muy tranquilo.

En caso de que los oficiales observen la comisión de alguna conducta de esa naturaleza (como alterar el orden público o ingerir bebidas alcohólicas en la calle), únicamente llaman la atención de las personas, quienes reaccionan de manera positiva.

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