Semana del 28 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2025

Jóvenes bajo fuego: el costo de manifestarse en México

Jóvenes bajo fuego: el costo de manifestarse en México

Un país donde la protesta se trata como amenaza y la inconformidad se persigue como delito.

En todo el país, las recientes manifestaciones han sido acompañadas por escenas de tensión, detenciones arbitrarias y denuncias de abuso policial. Lo que empezó como marchas expresivas y diversas, impulsadas principalmente por jóvenes de la generación Z, terminó convirtiéndose en una discusión nacional sobre el estado de derecho y la criminalización de la libre expresión.

La jornada del 15 de noviembre dejó un saldo doloroso: jóvenes detenidos, incomunicados y enfrentando procesos penales por conductas que, en muchos casos, no fueron esclarecidas. El abogado y activista José Sandoval, representante de varios de los detenidos, advierte con contundencia: "Ya estamos viviendo un nulo estado de derecho", sentencia, señalando que la autoridad actuó con hermetismo, discrecionalidad y, en muchos casos, violando la ley que debería garantizar justicia.

CRIMINALIZACIÓN SELECTIVA Y UN APARATO QUE NO RINDE CUENTAS
El relato de Sandoval pone al descubierto un patrón grave. "Hubo personas detenidas... no se sabe a ciencia cierta si tienen algún tipo de responsabilidad", explica. Para muchos de los arrestados, el simple hecho de estar presentes en la marcha fue suficiente para ser imputados por delitos tan graves como homicidio en grado de tentativa, un exceso que, de acuerdo con juristas, difícilmente se sostiene en un análisis de tipicidad penal.

Lo más grave, señala el abogado, es que el debido proceso no existió. "Estuvieron incomunicados... la fiscalía no quería dar información", relata, remarcando que los familiares ni siquiera podían acercarse a las instalaciones donde se encontraban los jóvenes.

A ello se suma un elemento aún más alarmante: la desinformación institucional. Según relata Sandoval, funcionarios aseguraron que algunos detenidos se encontraban en coordinaciones territoriales que estaban cerradas por remodelación, o incluso en el Torito, algo completamente falso. "Esa información nos la dio el propio Estado", lamenta. ¿Cómo confiar en instituciones que ofrecen datos que no pueden verificarse?

EL DOBLE ROSTRO DE LA JUSTICIA
"Si el gobierno duda de uno, ¿por qué nosotros no dudar del gobierno?", cuestiona Sandoval. Es un planteamiento que cobra fuerza cuando se observa la disparidad con la que se aplicó la ley. Mientras algunos grupos violentos aparecen, actúan y desaparecen —como el llamado bloque negro, cuya procedencia nadie aclara—, los jóvenes que marchaban por causas tan básicas como el acceso a medicamentos fueron sometidos a golpes, detenciones y acusaciones desproporcionadas.

El caso de un muchacho detenido únicamente por exigir medicinas para niños con cáncer es emblemático. "No llevaba marros, no llevaba cadenas... solo estaba protestando", relata el abogado. La escena de su detención revela no solo brutalidad policial, sino una peligrosa intolerancia institucional hacia la protesta social.

FUERZAS POLICIALES RECARGADAS, DERECHOS REDUCIDOS
La marcha del 20 de noviembre evidenció que la postura del Estado se endurecía. "Había más de ocho filas de granaderos... para no dejar pasar a un contingente", describe Sandoval. Aunque oficialmente ya no existen los granaderos, la presencia masiva de cuerpos antimotines contradice ese discurso.

La pregunta es inevitable: ¿por qué tanto despliegue contra ciudadanos desarmados? ¿Qué mensaje envía un Estado que rodea Paseo de la Reforma para impedir el paso de manifestantes pacíficos?

LOS DERECHOS QUE SE VIOLENTAN Y LAS PRÁCTICAS QUE PERSISTEN
Para millones de jóvenes, este episodio dejó una lección dolorosa: conocer sus derechos es tan importante como ejercerlos. Sandoval detalla que los detenidos tienen, por ley, derechos fundamentales establecidos en la Constitución: no declarar sin un abogado presente, no proporcionar datos personales bajo presión, mantenerse comunicados, evitar autoincriminación y contar con defensa adecuada.

Nada de esto se respetó. "Parece que la ley fue de chocolate", afirma el abogado, al revelar que policías de investigación realizaron actos sin autorización, generaron entrevistas sin la presencia de defensores y presionaron a los jóvenes para dar información que puede usarse en su contra.

Uno de los episodios más graves fue el de un menor retenido por más de 24 horas en una fiscalía que ni siquiera correspondía a su caso. "Si un menor es detenido, lo deben trasladar a agencias especializadas... no para adultos", recuerda.

UN FUTURO EN TENSIÓN
La criminalización de la protesta es un síntoma alarmante en cualquier democracia. Al endurecer su postura, el Estado envía un mensaje de desconfianza hacia los jóvenes que buscan participar en la vida pública. Lo que está en juego es más que la libertad de expresión: es la garantía de derechos básicos, el funcionamiento de las instituciones y la credibilidad misma del sistema de justicia.

México enfrenta hoy un espejo incómodo. Mientras no exista claridad, transparencia y respeto al debido proceso, la brecha entre ciudadanía y autoridad seguirá creciendo, alimentando un clima de miedo que ninguna democracia puede permitirse normalizar.

facebook. emsavalleNoticias
X. @emsavalles
sitio web. emsavalles.com
e-mail. emsavalles@hotmail.com