Semana del 31 de Octubre al 06 de Noviembre de 2025

CNPR de Tambaca, cuna de abusos a mujeres

CNPR de Tambaca, cuna de abusos a mujeres

Mujer rompe el silencio pese a protección a Falcón N.

Melissa, una trabajadora de la Asociación Local de Cañeros de la CNPR del Ingenio Alianza Popular de Tambaca, municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, no buscaba protagonismo ni confrontación, su único propósito era conservar el empleo que le permitía sostener su vida y estabilidad económica.

En un entorno dominado por hombres y jerarquías rígidas, desempeñaba con discreción sus tareas hasta que el entonces presidente de la organización, Falcón Saldierna Martínez, comenzó a hostigarla sexualmente, aprovechando su posición de poder y la vulnerabilidad laboral de la trabajadora.

El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, encabezado por el licenciado José Luis Ortiz Bravo, dictó sentencia condenatoria dentro del Juicio Oral 6/2024, derivado de la causa penal RII/CAR/CP-09/2022, al comprobarse el delito de hostigamiento sexual cometido en agravio de Melissa.

Aun cuando el fallo judicial estableció la responsabilidad penal del agresor, la respuesta institucional fue el silencio. Peor aún: el dirigente en el país de la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR, Carlos Blackaller Ayala, ha mantenido en su puesto al sentenciado, pese a tener suspendidos sus derechos políticos.

EL MIEDO A PERDERLO TODO
Los testimonios y pruebas presentadas en el juicio revelan que Melissa soportó meses de insinuaciones, presiones y acoso, intentando resistir sin perder su fuente de ingresos. Como muchas mujeres en zonas rurales, su empleo no era sólo un medio de vida, sino una necesidad vital para subsistir con dignidad.

Las dinámicas laborales dentro del sector cañero —concentrado históricamente en figuras masculinas que deciden sobre plazas, pagos y oportunidades— colocan a las trabajadoras en una situación de dependencia, esa vulnerabilidad fue la que Saldierna Martínez explotó, usando su autoridad como herramienta de control y sometimiento.

Pese a las amenazas veladas y el temor a ser despedida o señalada, Melissa decidió romper el silencio, denunció los hechos, enfrentó el proceso judicial y soportó la estigmatización social.

Su testimonio permitió visibilizar una problemática que rara vez llega a los tribunales: el hostigamiento sexual en las asociaciones agrícolas, donde los liderazgos varoniles continúan intocables.

UNA CONDENA QUE NO SE CUMPLE
La sentencia del 10 de junio de 2024 confirmó la responsabilidad penal de Falcón Saldierna Martínez, sin embargo, a más de un año de los hechos, el agresor permanece en su cargo con la protección política del líder nacional Carlos Blackaller Ayala.
La permanencia de un sentenciado al frente de una organización gremial no sólo viola principios éticos, sino también los propios estatutos de la CNPR y las leyes que impiden ejercer representación política con antecedentes penales.
La omisión de destituirlo envía un mensaje devastador: que la dignidad de una mujer puede ser sacrificada para mantener intereses de poder.

EL PESO DEL SILENCIO INSTITUCIONAL
El caso de Melissa expone la fragilidad de las mujeres que trabajan en el campo mexicano, particularmente en estructuras donde los puestos de mando se heredan entre hombres.

Su historia es el retrato de cómo la necesidad económica se convierte en un arma de coerción, y cómo el abuso de autoridad puede destruir no sólo la tranquilidad laboral, sino la integridad emocional de una mujer.

La justicia le dio la razón, pero el entorno que la violentó sigue intacto.
La víctima no sólo tuvo que probar la culpabilidad de su agresor, sino también enfrentar el desprecio de un sistema que minimiza la violencia cuando el agresor es poderoso.

UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
El caso obliga a las instituciones cañeras, a las autoridades laborales y a la sociedad civil a romper la cadena de complicidades. Los liderazgos como el de Blackaller Ayala deben rendir cuentas, y las mujeres del campo merecen políticas reales de prevención, protección y justicia.

La sentencia contra Falcón Saldierna Martínez no debe quedar en los archivos judiciales, debe convertirse en un precedente moral y legal que demuestre que ningún puesto, poder ni apellido están por encima de la dignidad humana.

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