Semana del 01 de Agosto al 07 de Agosto de 2025

La extorsión: la industria del miedo que carcome a México

La extorsión: la industria del miedo que carcome a México

Guillermo Alcantar

Hoy, el reto no es menor: quitarle a la extorsión su lugar como el delito más común de México. Desarmar la hidra antes de que se convierta en el verdadero poder fáctico del país.

En México, no hay esquina, negocio o carretera que escape a la sombra alargada de la extorsión. Se trata, sin duda, del delito más extendido, el más cotidiano, el más impune. Una práctica criminal que ha mutado con los años y se ha convertido en una verdadera industria del miedo, operada con precisión quirúrgica tanto desde la calle como desde las sombras de un penal. Es, además, el delito que más atención demanda de las instituciones de seguridad, y sin embargo, el que más sobrevive en la oscuridad de la cifra negra.

Hablar de extorsión ya no es solo referirse al "cobro de piso" que padecen los comerciantes, sino a un ecosistema completo de crimen en el que caben las llamadas nocturnas de pánico, los sindicatos fantasma, las bandas virtuales y hasta las mafias que controlan cadenas de suministro. En el Estado de México, por ejemplo, se denunció recientemente que grupos delincuenciales acaparan materias primas —desde cemento hasta pollitos de granja— para después revenderlas a precios abusivos. Un mercado negro paralelo al Estado, que opera con más eficacia que muchas instituciones.

Lo alarmante es que esta realidad ya no sorprende. La extorsión se ha vuelto "normal", como si formar una banda virtual y amenazar por teléfono fuera una salida laboral más. Ya ni siquiera se necesita una estructura criminal tradicional: basta con un grupo de "cuates" organizados y una base de datos de números celulares para poner en marcha una maquinaria del terror. Y lo peor: funciona.

Las cifras son abrumadoras. De acuerdo con los registros oficiales, 5,000 de cada 100,000 habitantes en México son víctimas de extorsión. Esto representa más de 7 millones de personas al año, unas 18,000 al día, 13 por minuto. Es decir, mientras usted lee estas líneas, alguien más está recibiendo una llamada amenazante, alguien más está pagando por trabajar, alguien más está cediendo ante el chantaje.

Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado una estrategia nacional contra la extorsión, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las fuerzas armadas y los gobiernos estatales. El objetivo: desarticular las redes criminales que sostienen este delito, cortar sus vínculos financieros, y sobre todo, impedir que siga creciendo como hiedra en la legalidad.

Una pieza clave de esta estrategia será convertir la extorsión en un delito de oficio. Actualmente, muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias, porque la ley las obliga a identificarse y, en consecuencia, se exponen aún más al peligro. Con este cambio legal, las autoridades podrán investigar e intervenir cuando tengan conocimiento de un caso, sin necesidad de que alguien formalice la denuncia. Es un paso elemental, pero necesario, para sacar a las víctimas del anonimato sin convertirlas en blanco.

Pero hay más. La estrategia incluye también una propuesta de ley específica para combatir y erradicar la extorsión, una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para cerrar el paso a llamadas desde penales, y la articulación con la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas y rastrear flujos de dinero ilícito. Porque la extorsión no solo amenaza la seguridad; descompone mercados, empobrece regiones, arrasa pequeñas economías locales. No es exageración decir que este delito está afectando la salud del país.

¿Será suficiente? Tal vez. Pero es crucial que esta estrategia se base en inteligencia y legalidad, no en improvisación ni militarización. Porque, como bien han advertido analistas nacionales e internacionales, la violencia no se combate solo con más armas, más patrullas o más helicópteros. Esa vía solo escala el conflicto. El combate efectivo al crimen exige investigación de fondo, análisis de redes, trabajo estructural y judicial. Exige, en una palabra, inteligencia. Y legalidad.

La paradoja mexicana es evidente: somos un país que ha normalizado el delito. Donde la extorsión ha dejado de ser excepción y se ha vuelto rutina. Un país en el que miles de ciudadanos pagan diariamente por no ser molestados, por no ser asesinados, por simplemente poder abrir su negocio. Mientras tanto, muchos delincuentes operan con impunidad, escudados en la ineficacia del sistema, en la burocracia del Ministerio Público o en la falta de coordinación entre instituciones.

Por eso, más allá de simpatías políticas, el llamado es uno solo: respaldar a las instituciones que de verdad están combatiendo esta epidemia con herramientas jurídicas, no con ocurrencias. Que nadie se confunda: esto no es una cruzada partidista. Es un asunto de seguridad nacional, de economía, de dignidad.

Si esta estrategia funciona, si la nueva ley se aprueba, si la inteligencia operativa logra cortar las cabezas del monstruo sin que otras broten, entonces quizás podamos comenzar a desmontar esta industria del miedo. Una industria que se alimenta del silencio, de la desesperanza y de la ausencia del Estado.

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