La fiscalización, lejos de ser un proceso administrativo, es una herramienta esencial para garantizar la justicia social y el desarrollo sustentable de San Luis Potosí.
En los últimos días, el Congreso del Estado de San Luis Potosí presentó el primer informe de la Comisión de Vigilancia sobre las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Este informe, que refleja las observaciones realizadas por el Instituto de Fiscalización del Estado (IFESP), revela un panorama que exige una mayor atención a la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
LAS CIFRAS QUE REVELAN LA FISCALIZACIÓN
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia, destacó que las observaciones realizadas ascienden a casi 2,400 millones de pesos distribuidos entre 112 entes obligados, incluyendo diversos municipios y organismos del estado. "Este dinero es público, no pertenece a los funcionarios ni a las administraciones. Es dinero de la gente, y quienes ejercen este recurso tienen la obligación de hacerlo con transparencia, eficiencia y legalidad", subrayó Gámez Macías.
El informe preliminar es solo el inicio de un proceso que concluirá con la discusión y aprobación en el pleno del Congreso. Según el legislador, la Comisión de Vigilancia sesionará el 31 de enero y el 7 de febrero para revisar que las auditorías realizadas por el IFESP estén apegadas a derecho, otorgando a los entes obligados un plazo para responder a las observaciones.
UN DICTAMEN QUE VA MÁS ALLÁ DE UN TRÁMITE
Luis Fernando Gámez destacó que este dictamen no debe ser visto como un simple procedimiento burocrático, sino como una declaración clara de que la fiscalización en San Luis Potosí no es ni debe ser una simulación. "No se trata de colores ni intereses políticos, sino de principios fundamentales de gobierno: honestidad y eficiencia, que son lo mínimo que la gente espera de nosotros los diputados y de los funcionarios públicos".
El compromiso de la Comisión, aseguró, es garantizar que no haya impunidad. "Desde el inicio de la legislatura hemos planteado que caiga quien caiga. Un gasto público apegado a derecho, honesto y responsable, también es una forma de justicia social", afirmó.
LA COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN
La colaboración entre el Congreso del Estado y el IFESP ha sido clave para avanzar en la fiscalización. Luis Fernando Gámez resaltó que acompañar las observaciones del Instituto ha permitido impulsar reformas y medidas que fortalezcan la auditoría gubernamental. "La gente espera servicios públicos eficientes y autoridades comprometidas. Recibir un voto de confianza no es un cheque en blanco, sino un compromiso de alta responsabilidad".
Uno de los puntos críticos señalados en las observaciones preliminares es la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles (DAPAS), organismo que enfrenta numerosas observaciones bajo la gestión de Francisco José Gómez Faisal. Gámez Macías prometió mayor claridad sobre este tema tras la presentación del informe final el 7 de febrero.
RUMBO AL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN
El diputado también anunció que en el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 15 de febrero, presentará una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes vulneren el patrimonio de las familias potosinas. "Es inaceptable que los recursos públicos destinados al bienestar social terminen mal utilizados o desviados. Reforzar las medidas contra estos actos es una prioridad para garantizar un futuro próspero y seguro para nuestras familias", indicó.
LA FISCALIZACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA DE CONFIANZA INSTITUCIONAL
Más allá de las cifras y las observaciones, el trabajo de la Comisión de Vigilancia busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. "Un estado fuerte y sólido requiere que la confianza en nuestras instituciones sea permanente. Este tipo de tareas coadyuvan a lograrlo", aseguró el legislador.
Finalmente, Gámez Macías reiteró que este proceso no se trata de una cacería de brujas ni de ajustes de cuentas políticas. "Es un trabajo plasmado en nuestra Constitución, y nuestro objetivo es que sea lo más transparente y justo para todos. Debemos recibir estas prácticas como una oportunidad para fortalecer nuestro estado".
UN tema PENDIENTE
A pesar de los avances, el camino hacia una fiscalización efectiva y transparente sigue siendo desafiante. La tarea de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada no solo recae en los entes fiscalizadores, sino también en una ciudadanía vigilante que exija rendición de cuentas.
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