Semana del 17 de Enero al 23 de Enero de 2025

La normalización de la violencia y la complicidad política: Una bomba de tiempo

La normalización de la violencia y la complicidad política: Una bomba de tiempo

El tiempo para actuar se está agotando, y el costo de la inacción será pagado, como siempre, por los ciudadanos.

Los últimos días han sido testigos de un repunte alarmante de violencia en diversos estados del país, con incidentes en Tabasco, Guanajuato y San Luis Potosí que han sacudido la tranquilidad —o lo que quedaba de ella— en estos territorios. En San Luis Potosí, la escalada parece inevitable, con eventos como el ataque a elementos de la Guardia Civil Estatal en Villa de Reyes que dejó cinco agentes heridos. Este escenario plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto más podemos soportar antes de que la bomba de tiempo estalle?

La violencia no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Las estadísticas del Observatorio Nacional Ciudadano y del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública muestran un panorama desolador: feminicidios, homicidios dolosos y delitos de alto impacto están al alza en municipios clave como Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Tamazunchale. Sin embargo, lo que agrava la situación no es solo el índice delictivo, sino la inacción de las autoridades municipales y estatales, así como la evidente colusión con el crimen organizado.

ALCALDÍAS AUSENTES Y RESPONSABILIDADES ELUDIDAS
Recientemente, una mesa de seguridad institucional reveló el abandono de muchos presidentes municipales en temas de seguridad. De ocho municipios convocados, solo dos alcaldes se justificaron por razones médicas, mientras que los demás simplemente ignoraron la reunión. La lista incluye nombres como Cedral, Real de Catorce, Villa Hidalgo y San Antonio, localidades donde la presencia del crimen organizado es un secreto a voces. Este desdén no solo es una falta de respeto hacia los ciudadanos, sino también una evidencia de prioridades distorsionadas.

Resulta preocupante que algunos alcaldes ni siquiera residan en sus municipios, ya sea por temor o desinterés, dejando a sus comunidades a merced del caos. ¿Qué puede ser más urgente para un funcionario público que garantizar la seguridad de su población? La realidad es que, para muchos, la agenda política y los compromisos personales pesan más que el bienestar colectivo. Y mientras tanto, los ciudadanos continúan siendo víctimas silenciosas de un sistema que parece diseñado para perpetuar su vulnerabilidad.

LA ESTRATEGIA NACIONAL: ABRAZOS QUE NO ALCANZAN
El gobierno federal, bajo la bandera de la estrategia de "abrazos, no balazos", ha fracasado en su intento de contener la violencia. Aunque se ha designado a Omar García Harfuch como figura clave en la construcción de una nueva estrategia, los resultados aún son inciertos. La falta de coordinación con estados y municipios, combinada con recortes presupuestales en seguridad, ha dejado a las localidades sin los recursos necesarios para enfrentar al crimen.

El debilitamiento de programas como el Plan Mérida y la desaparición de fideicomisos destinados a la profesionalización policial han dejado un vacío que ni siquiera el apoyo externo de Estados Unidos ha podido llenar. Y mientras tanto, el crimen organizado consolida su control en regiones enteras, infiltrándose en instituciones y estableciendo un poder paralelo.

EL MÉXICO MÁGICO DE LA IMPUNIDAD
Casos como el de Tancanhuitz, donde la corrupción y la impunidad son evidentes, reflejan la magnitud del problema. Un regidor prófugo, alcaldes protegidos por partidos políticos, y funcionarios que continúan cobrando mientras enfrentan acusaciones graves son solo algunos ejemplos de un sistema que, lejos de combatir la delincuencia, parece alimentarla.

La complicidad política, especialmente en las cúpulas de poder, es quizás el mayor obstáculo para una solución real. Aunque algunos funcionarios han sido señalados y detenidos, la mayoría permanece intocable gracias a redes de protección que trascienden partidos e ideologías. La reciente operación "Enjambre", liderada por García Harfuch, ha mostrado cierto compromiso en perseguir a aliados del crimen, pero el camino es largo y está lleno de obstáculos políticos.

¿QUÉ NOS ESPERA?
El panorama no es alentador. Estados como Tabasco y Chiapas, considerados bastiones de la Cuarta Transformación, enfrentan desafíos similares. Sin embargo, el costo político de intervenir en estos territorios parece ser demasiado alto para un gobierno que ha priorizado la estabilidad mediática sobre la seguridad real.

Mientras tanto, la ciudadanía continúa atrapada entre un gobierno ineficaz y un crimen organizado cada vez más poderoso. ¿Qué podemos esperar cuando el respeto y el miedo hacia el crimen organizado superan a la confianza en las instituciones? La respuesta no es sencilla, pero comienza con un llamado a la acción real y efectiva de nuestras autoridades.

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