José Guadalupe González
San Luis Potosí no puede seguir tolerando simulaciones fiscales ni discursos que buscan dividir y confundir. Es hora de que la clase política asuma su responsabilidad y trabaje realmente en beneficio de la gente.
El reciente debate en el Congreso de San Luis Potosí sobre la creación de nuevos impuestos ha puesto en evidencia una preocupante dinámica de simulación por parte del gobierno estatal y algunos legisladores. A pesar de las promesas de no aumentar impuestos, la aprobación de gravámenes al hospedaje, las bebidas alcohólicas y la compra de viviendas refleja un doble discurso que afecta directamente a la ciudadanía.
EL ENGAÑO DEL DISCURSO OFICIAL
El gobierno del estado, siguiendo la línea federal, aseguró que no habría incrementos ni creación de nuevos impuestos. Sin embargo, en un acto que raya en lo teatral, la diputada Patricia Aradillas del Partido Verde propuso aumentar el impuesto al hospedaje del 1.3% al 4% y crear dos nuevos impuestos: uno para bebidas alcohólicas y otro para la compra de viviendas. Esta propuesta, respaldada por los diputados de Morena, contradice las promesas de campaña de no afectar a la ciudadanía con mayores cargas fiscales.
La justificación de la dirigencia estatal de Morena, en palabras de Rita Osalia Rodríguez, minimizó el impacto diciendo que eran "tres imprestitos leves" que no afectarían a los sectores más vulnerables. Sin embargo, este tipo de lenguaje simplista ignora las verdaderas repercusiones económicas para la población.
IMPUESTO AL HOSPEDAJE
Uno de los argumentos esgrimidos para aumentar el impuesto al hospedaje es que San Luis Potosí está por debajo del promedio nacional. Sin embargo, esta afirmación es engañosa. Solo siete estados en el país cobran más del 3%, y todos ellos son destinos turísticos consolidados como Quintana Roo, Baja California y la Ciudad de México, donde la actividad hotelera es significativamente mayor.
En San Luis Potosí, este incremento afecta a toda la oferta hotelera, desde moteles pequeños hasta hoteles de lujo, sin transparencia sobre el uso de estos recursos. La pregunta clave es: ¿qué beneficios tangibles ha recibido el sector hotelero o los turistas por este impuesto? La respuesta es clara: ninguno.
NO SOLO UN ASUNTO DE "BORRACHOS"
El nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas también ha sido presentado como un gravamen que solo afectaría a los consumidores de alto poder adquisitivo. No obstante, este argumento es falaz. Este impuesto impacta a toda la cadena de consumo, desde pequeños negocios hasta restaurantes, encareciendo productos de consumo popular. Además, sectores como la industria vitivinícola, que intenta posicionarse en el mercado, también sufrirán consecuencias negativas.
VIVIENDA: EL GOLPE MÁS GRAVE
El nuevo impuesto a la compra de viviendas, promovido como una medida que solo afecta a los ricos, representa un golpe severo para los sectores más vulnerables. Actualmente, un trabajador promedio en San Luis Potosí enfrenta serias dificultades para adquirir una vivienda. Casas "económicas" de 700,000 pesos están disponibles solo en zonas periféricas, y el proceso para pagar estos inmuebles puede tomar hasta 20 años.
El argumento de que este impuesto será absorbido por los constructores o el Infonavit es una mentira más. En la práctica, los constructores trasladarán este costo al precio final de las viviendas, afectando directamente a los compradores. Así, lejos de ser un impuesto para los ricos, esta medida afecta a las familias trabajadoras que buscan un hogar digno.
EL DOBLE DISCURSO Y LA FALTA DE REPRESENTACIÓN
La actuación de los legisladores de Morena en este proceso ha generado un profundo malestar entre la militancia y la ciudadanía. Mientras en otros estados, como Jalisco y Querétaro, se exige la expulsión de diputados por traicionar los principios del partido, en San Luis Potosí prevalece el silencio. Esto evidencia una desconexión entre los representantes y las necesidades de la gente.
La creación de estos impuestos no solo contradice las promesas de campaña, sino que también demuestra una falta de transparencia y planeación en su implementación. Es fundamental que la ciudadanía exija claridad sobre el destino de estos recursos y evalúe críticamente el actuar de sus representantes.
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