Semana del 21 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2020

Combate a la corrupción, entre la simulación y la tardanza

Combate a la corrupción, entre la simulación y la tardanza

Fernando Garduza

San Luis Potosí es uno de los estados donde se han presentado actos y coloca a la entidad entre el Top Ten de los más corruptos.

A principios de octubre, estuvo en San Luis Potosí en titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), Santiago Nieto Castillo, para firmar un convenio de colaboración e intercambio de información con el gobernador Juan Manuel Carreras López. Este tema particular pasó de noche dado que la información en torno a la visita del funcionario federal se centró en temas relacionados con procesos que lleva a cabo la dependencia que encabeza, sin embargo, vale la pena retomarlo.

El objetivo de dicho convenio, según informó el propio gobierno del Estado, es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que favorezcan la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita: "en este marco, el funcionario federal reconoció a la administración estatal su compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad".

EN EL TOP TEN
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a diciembre de 2019 San Luis Potosí se colocó en el cuarto lugar entre las entidades en las que la población de 18 años o más, que ha sido víctima de actos de corrupción con un 16.7 por ciento, cifra superior a la media nacional que se colocó en 14.6.

A la entidad potosina solamente la superaron: la Ciudad de México, Quintana Roo y Morelos, que tienen porcentajes superiores a 17 puntos. En general, de 2015 a la fecha, los actos de corrupción se elevaron en el país, pues en ese año estuvieron apenas por arriba del 12 por ciento.

"En atención a medios de comunicación, Carreras López, dijo que el convenio, signado también por el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías y el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, es un paso firme de cara al fortalecimiento de los esquemas de procuración de justicia, con mejores herramientas para la detección de hechos de corrupción y lavado de dinero", señala el comunicado enviado por el gobierno del Estado sobre la reunión con Nieto Castillo.

CONVENIO DE colaboración
Nieto Castillo destacó que este convenio de colaboración, implica el establecimiento de grupos de trabajo y el desarrollo de sistemas informáticos, además de que la UIF tendrá acceso a las bases de datos, expedientes y registros con las que cuente el gobierno, "para verificar padrones y registro de contribuyentes con domicilio fiscal en el estado; verificar los registros de inscripción de contribuyentes, estadística censal y fiscal referente a personas físicas o morales".

La organización Mexicanos Contra la Corrupción, presentó en marzo de este año un análisis del estado que guardan los sistemas estatales anticorrupción en todo el país, titulado: "Carrera de tortugas, los sistemas estatales anticorrupción" (bit.ly/38pmQMq).

"En promedio, los congresos estatales tardaron 5 meses entre aprobar la reforma constitucional y la ley del sistema estatal. Cinco entidades hicieron ambos cambios prácticamente de manera simultanea —Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Quintana Roo—. En contraste, en cinco entidades pasó más de un año entre los cambios a su constitución y la ley: San Luis Potosí (14 meses), Yucatán (15 meses), Michoacán y Morelos (20 meses cada uno) y, finalmente, Oaxaca (23 meses)", menciona el estudio.

EN EL OJO NACIONAL
En la mayoría de los puntos analizados por Mexicanos Contra la Corrupción, San Luis Potosí arroja información desfavorable: "27 de las 32 entidades cuentan con una persona al frente de las fiscalías especializadas. Están pendientes Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí y Veracruz. Es pertinente resaltar los casos de Baja California y San Luis Potosí, donde las personas designadas recientemente presentaron sus renuncias (...) Jorge Vera Noyola renunció a la fiscalía de San Luis Potosí argumentando motivos personales el 31 de enero de 2020".

El mes pasado, miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), denunciaron irregularidades al frente del propio Comité, cuando acusaron que con la finalidad de mantener estancado el trabajo, otros miembros del mismo los tienen demandados.

Juan Ramón Infante Guerrero, cuarto miembro numerario del CPC, acusó que dos miembros del Comité, entre ellos el presidente, además de un ex presidente, han promovido demandas en tribunales "con el fin de dejar estancado al organismo por los dimes y diretes personales". Total que el trabajo, por lo que sea, no avanza.

Mientras que en el CPC están entrampados, la Fiscalía Anticorrupción también trae su desorganización, tal es así que en septiembre, unos 15 días antes de la visita de Nieto Castillo, organizaciones ciudadanas tuvieron que salir a proponer una terna para la elección del fiscal ante el desinterés, o tal vez solo tardanza, del Ejecutivo para hacer lo propio.

El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), la organización Cambio Por San Luis y Ciudadanos Observando propusieron una terna ciudadana, para la designación del fiscal, conformada por: Eduardo Martínez Benavente, José Enrique González Ruiz, y Othón Terrazas Vázquez.

Manuel Nava Calvillo, del FCA, dijo que estas personas "son las más cercanas al perfil que debe de tener quién ocupe esté cargo, como una muestra de que en la sociedad hay gente con la capacidad, valor ciudadano e independencia, en contraste con las propuestas del Poder Ejecutivo, que es un intento de contar con un fiscal carnal".

UNA TERNA CIUDADANA
Por su parte, Guadalupe González Covarrubias, de Ciudadanos Observando, dijo que el gobernador tiene la obligación de escuchar a los ciudadanos como sus mandantes, "aunque la ley le permite presentar una terna a su consideración, pero el gobernador no se puede cerrar, tiene que escuchar a la ciudadanía, no puede cerrarse sería un pésimo mensaje en el ocaso de su mandato".

Mientras todo esto pasa, la falta de nombramientos, los dimes y diretes entre diversos actores, y la firma de convenios que parecen más mediáticos que prácticos, San Luis Potosí se perfila como una de las entidades en las que las denuncias de casos de presumible corrupción no son atendidas o simplemente son desechadas.

La administración de Carreras López tiene denuncias en diversas dependencias, y ante la indefinición de un sistema que a la fecha ya debería estar funcionando para evitar la corrupción, da la impresión que quedarán pendientes para el próximo gobierno. Por eso no extraña que la entidad se coloque entre las peores en el tema.

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