Sábado, 26 de Septiembre de 2020
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 07 de Agosto al 13 de Agosto de 2020

SLP y la corrupción que se viene

SLP y la corrupción que se viene

Fernando Garduza



Es una de las entidades que no ha cumplido con su obligación de transparentar los contratos adjudicados durante la contingencia por el Covid-19

Un reporte de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil, ambas enfocadas en temas de rendición de cuentas, transparencia y combate a la impunidad, pone a San Luis Potosí en la mira dado que es una de las entidades que no ha cumplido con su obligación de transparentar los contratos adjudicados durante la contingencia por el Covid-19, lo que pone a la entidad "en una posición vulnerable en términos de riesgos de corrupción al no publicar información sobre compras y adquisiciones".

En menos de 150 tweets en la cuenta @sanavigilancia, dichas organizaciones revelan datos sobre el tratamiento que los gobiernos de los estados han dado a la información, que deben hacer pública, específicamente sobre los contratos adjudicados durante la pandemia "Soy Susana Vigilancia y me encargo de prevenir opacidad y corrupción en las acciones destinadas a enfrentar #COVID-19 #SusanaVigilancia @IntegridadMx y
@TojilAJ", dice la descripción de la cuenta.

EL REPORTE
El reporte "(In)cumplimiento de las obligaciones de transparencia en contrataciones por COVID-19", explica que dichas organizaciones, las cuales no tienen fines lucrativos, activaron el "Mecanismo de seguimiento a planes, programas, recursos y acciones", conocido como #SusanaVigilancia, para identificar los contratos y adquisiciones que han realizado los gobiernos estatales en el marco de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.

"A cinco meses del primer caso detectado en México, 19 estados siguen sin publicar en micrositios la información sobre los recursos públicos ejercidos a través de contratación de bienes o servicios en sus micrositios oficiales de COVID-19", revela el estudio.

Dichas entidades son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; las cuales, "están en una posición vulnerable en términos de riesgos de corrupción al no publicar información sobre compras y adquisiciones".

Si bien el análisis no es concluyente dado que dichas entidades podrían publicar dicha información en los próximos días o incluso semanas, el texto sí advierte que "la publicación de las adquisiciones y obras no es optativa. Es una obligación señalada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información".

DESGLOSE
Informa además que 13 estados ya están publicando la información para conocer qué bienes y servicios han adquirido en el marco de la pandemia: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Estos estados "hacen público al menos el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender COVID-19 y sus efectos económicos. El monto acumulado de las 13 entidades alcanza más de 8 mil 160 millones de pesos ($8.168.902.108,14)".

Aunque han cumplido, advierten las organizaciones que la información publicada por las 13 entidades no es homogénea, pues hay una diferencia en el cumplimiento a lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

"Las entidades cumplen parcialmente con el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia. En el caso de Zacatecas, dado que sólo hace público el monto total de los recursos que ha ejercido en COVID-19 a través de la adquisición de bienes y servicios, no es posible consultar la información sobre cada uno de los procesos de compra o contratos realizados por el estado".

LAS DEPENDENCIAS
El resto del estudio se centra en detallar información específica sobre los 13 estados que han cumplido con su obligación de hacer públicos los datos mencionados, sin embargo, vale la pena detenerse en el caso de San Luis Potosí y contextualizar la información.

Los Servicios de Salud en la entidad se encuentran en un momento de duda con respecto a la adjudicación de contratos más allá de la pandemia, pues existen denuncias y procedimientos ante instancias como la Auditoría Superior del Estado (ASE) , pero hasta el momento no hay nada en concreto.

En varias ocasiones se ha publicado información en torno a los pendientes del gobernador Juan Manuel Carreras López, y además de la seguridad destaca el combate a la corrupción, pues el mandatario ha tolerado casos de gravedad en dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas o la Comisión Estatal del Agua, las cuales, seguramente superan las presuntas irregularidades en el Sector Salud.

El estudio de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil, además de evidenciar un problema que el gobierno de Carreras López simplemente no ha podido resolver, como es la corrupción, pone en la mira otro rubro en el que esta administración también ha quedado a deber, como es el caso de la transparencia.

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