Semana del 14 de Febrero al 20 de Febrero de 2020

Los desaparecidos, ni vivos ni muertos; no todos serán buscados

Los desaparecidos, ni vivos ni muertos; no todos serán buscados

Mariel Sánchez

para las víctimas de este delito, desaparición ocurridas en lo posterior a 1999, no hay investigación, no hay justicia, no hay rastros de su paradero, muertos o en vida.

La CEDH no ha hecho mucho, a pesar de que es un problema real, por adecuarse a las nuevas dinámicas y atender las tragedias que hoy enlutan o tienen en la zozobra, a cientos de familias de San Luis Potosí, que viven o vivieron el drama de tener un familiar desaparecido o como le llaman, con un dejo de esperanza, no localizado.

El pasado 9 de enero, la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, dio a conocer la creación y constitución de la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado, tras argumentar "que conocer la verdad es necesidad imperante, obligación ética y deuda histórica".

La Oficina Especial deberá documentar otras graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones arbitrarias; proponer la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos, así como de generar condiciones que pusieron sus vidas en riesgo.

Desde el 2009, debe recordarse un grupo de cuatro jóvenes simpatizantes del entonces candidato a la gubernatura, Fernando Toranzo Fernández, desaparecieron sin que a la fecha sea conocido su paradero, no hubo funerales, tampoco memoriales, no hay ni siquiera la verdad histórica que a la CEDH, como garantista que es, debió ofrecer a esas familias.

Como tampoco lo ha habido con aquellas otros cientos de personas que recorren diferentes llanos o predios, ubicados en San Luis Potosí, donde presumen hay fosas en donde fueron inhumados restos humanos que podrían tratarse de sus familiares.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha reconocido públicamente que este caso es el único en SLP que constituye una desaparición forzada, en el que presumen la vinculación política, podría ser una de las causas que originaron ese expediente.

Sin embargo, más allá de ese reconocimiento tácito, no se observa por parte de la institución algún protocolo específico, una investigación en curso o la participación de un grupo especializado que pudiera dar sustento, ubicación y temporalidad, como se intentó hacerlo en el sexenio pasado del priista Enrique Peña Nieto, con el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

EN SLP, SIMPLEMENTE NO ESTÁN.
Lamentablemente, a pesar de la creación de esta Oficina Especial, no habrá certeza para esas familias, pues solamente se avocará en la investigación de casos documentados durante el periodo conocido como "La Guerra Sucia", ubicada entre los años 1969 y 1999, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del Estado. Los ocurridos después del '99 quedarán en el limbo, incluido el caso de "Los Desaparecidos de Toranzo".

La Oficina Especial llevará a cabo la investigación de desapariciones forzadas del pasado reciente, con el objetivo de conocer, bajo la presunción de vida, el paradero y/o destino de las personas desaparecidas para restituirlas a sus familias, a sus comunidades y a la sociedad, así como determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo siempre la verdad de lo sucedido. En este sentido, se plantea un esquema basado en las investigaciones establecidas por otros mecanismos de Justicia Transicional como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años Sesenta y Setenta (COMVERDAD), en tanto que documentaron parte de las graves violaciones a los derechos humanos y señalaron la responsabilidad del Estado mexicano en las mismas, reconocida internacionalmente, así como de investigaciones académicas.

A pesar de la buena intención y de que muchos casos quedarán excluidos, la Comisión Nacional especificó que dicha oficina, no contará con un gran presupuesto y se integrará con personal comisionado de diversas áreas del organismo; pero detalló que algunas plazas serán creadas ex profeso y se incorporará a ellas nuevo personal; un grupo interdisciplinario constituido por perfiles profesionales en las áreas relacionadas con la investigación y determinación de violaciones a derechos humanos: Historiadores, Abogados, Histopatólogos, Odontólogos, Antropólogos y Químicos Genetistas Forenses; Psicólogos; Criminalistas, etc., quienes serán supervisados por un Consejo conformado por víctimas y familiares de las víctimas.

A LA FECHA, NO HAY UN TITULAR PARA ESTA ÁREA DE LA CNDH.
Destaca la CNDH, que la represión del activismo político, las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas, ha sido una estrategia de terror aplicada por el Estado que, de acuerdo con el Estatuto de Roma en su artículo séptimo, constituye un crimen de lesa humanidad, enfatizando que es tiempo de abrir paso a la verdad y justicia a las víctimas.

A pesar de ello para las víctimas de este delito, desaparición ocurrida en lo posterior a 1999, no hay investigación, no hay justicia, no hay rastros de su paradero, muertos o en vida.

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