Emsavalles| | Viernes, 23 de Enero de 2026| 15:25
El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí programó para el próximo 4 de febrero una audiencia de derecho dentro del proceso penal que se sigue contra Filiberto N., señalado como presunto responsable de una serie de homicidios ocurridos entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, en la región Huasteca.
El acusado enfrenta cargos por los asesinatos de Rosa, Adriana, Itzel, Eliehenai y Dulce. Aunque fue detenido y vinculado a proceso desde 2014, el caso permaneció detenido durante más de once años a causa de múltiples recursos legales promovidos por su defensa, así como por la falta de resolución de una apelación presentada en 2020 que no fue atendida oportunamente por las autoridades judiciales.
Las investigaciones señalan que los hechos se registraron en distintos puntos del municipio, principalmente en una vivienda ubicada en la calle Jarrilla, donde residía el imputado. De acuerdo con las indagatorias, en el lugar se habrían cometido delitos de secuestro, abuso sexual y homicidio, en perjuicio de cuatro niñas y una joven mujer, hechos que provocaron una fuerte indignación social en la región.
El proceso judicial logró reactivarse luego de que los familiares de las víctimas promovieran un amparo contra magistrados del estado, lo que permitió destrabar el procedimiento y obligó a que se integrara la apelación que mantenía paralizado el caso. Guadalupe Chávez, padre de Eliehenai Chávez Rivera, explicó que este recurso fue clave para que el proceso avanzara nuevamente.
"Ese recurso estuvo detenido durante años. El amparo se resolvió a nuestro favor y con eso se reactivó el caso", expresó.
Según informó la jueza Rosa Elena Blanco Ríos, tras la audiencia del 4 de febrero se contará con un plazo de diez días para definir la fecha en la que se emitirá la sentencia, la cual podría dictarse de manera presencial o mediante videoconferencia, debido a que el imputado se encuentra recluido en un penal federal fuera del estado.
Dentro del proceso penal se integran tres causas, por las que se emitirán sentencias de manera individual, con penas que oscilan entre los 20 y 50 años de prisión cada una, las cuales podrían acumularse. Además, existen otros dos expedientes que continúan en distintas etapas del proceso judicial.
En diciembre pasado, Sandra, madre de Adriana, una de las víctimas, expresó públicamente su temor ante una posible liberación del acusado, al señalar que el caso ha estado marcado por retrasos, dilaciones institucionales y una serie de recursos legales que impidieron una resolución durante años.
Guadalupe Chávez y su esposa, Ruth Rivera, confirmaron que asistirán a la audiencia y solicitaron estar presentes durante su desarrollo, luego de más de una década de espera, obstáculos legales y procesos de revictimización.
Para las familias, la diligencia programada para el 4 de febrero representa un punto clave en su lucha por justicia, al tratarse del primer paso que, tras once años desde la detención del imputado, podría conducir finalmente a una sentencia por los crímenes cometidos contra Adriana, Rosa, Itzel, Eliehenai y Dulce.
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