Semana del 23 de Enero al 29 de Enero de 2026

Municipios fallan en seguridad y agravan el clima de violencia en SLP

Municipios fallan en seguridad y agravan el clima de violencia en SLP

San Luis Potosí no necesita estar "mejor que otros". Necesita estar bien para su gente. Y eso, hoy por hoy, sigue siendo una tarea pendiente.

El reclamo fue directo, sin rodeos y con un tono poco habitual en el discurso político institucional. El gobernador de San Luis Potosí levantó la voz y les habló de frente a los alcaldes: ya es momento de ponerse a trabajar en materia de seguridad y dejar de evadir responsabilidades. La frase, coloquial y contundente, caló hondo. No solo porque rompió con la cortesía política, sino porque puso sobre la mesa una verdad incómoda: la inseguridad no se combate con discursos, sino con acciones coordinadas que hoy siguen ausentes en muchos municipios.

Comparar a San Luis Potosí con otros estados se ha vuelto una práctica recurrente. Que si estamos mejor que Guanajuato, que Aguascalientes, que Zacatecas, que Tamaulipas. Y puede ser cierto en términos estadísticos o en mapas de calor delictivo. Pero ese argumento, aunque técnicamente válido, resulta irrelevante para quien vive con miedo en su colonia, para quien escucha balazos de madrugada o para quien teme salir de noche. La inseguridad no se mide por comparación regional, se mide por percepción cotidiana. Y ahí, el consuelo de "otros están peor" no sirve absolutamente de nada.

San Luis Potosí tiene focos rojos claros. La zona de Matehuala es uno de ellos. No es un tema nuevo ni aislado. Desde el secuestro de un autobús con personas migrantes, el municipio quedó marcado en los diagnósticos federales de seguridad. "¿Cómo es posible que nosotros lo estemos detectando y ustedes no?", fue el reclamo que en su momento se hizo desde la Federación. Desde entonces, Matehuala aparece de forma constante como un punto crítico, agravado por su cercanía con Nuevo León y por ser una puerta estratégica hacia el norte del país. La reciente localización de artefactos explosivos en zonas colindantes no hace sino confirmar que el problema sigue ahí, latente.

A esto se suman otros corredores conflictivos: Villa de Reyes rumbo a Guanajuato, la carretera 57, los límites con Zacatecas, municipios como Rioverde, Tamazunchale y Tamuín. En algunos casos, el problema no es solo la presencia del crimen organizado, sino la ausencia de gobierno. Municipios donde la autoridad parece más interesada en el espectáculo, el protagonismo o el negocio personal que en garantizar seguridad y orden. Ahí la inseguridad no solo se tolera: se administra.

La pregunta clave es inevitable: ¿a quién le toca hacer qué? Y la respuesta, aunque incómoda, es clara: a todos. Sin excepción. Sin embargo, el deporte favorito de muchas autoridades es el deslinde. El municipio dice que es un tema federal. El estado señala a la Federación. La Federación habla de coordinación. Y mientras todos se lavan las manos, la ciudadanía queda atrapada en medio.

La Constitución es clara. El municipio es el primer respondiente. La autonomía municipal implica también la obligación de brindar seguridad y servicios básicos. No es opcional. No es negociable. Y aun así, hay ayuntamientos que ni siquiera cumplieron con compromisos mínimos, como pagar las patrullas que les correspondían en esquemas de fortalecimiento policial. El estado puso una parte, pero varios alcaldes simplemente no hicieron la suya. Resultado: proveedores retirando unidades ya equipadas porque no se pagaron. Prioridades torcidas, presupuestos mal usados y viajes antes que seguridad.

El llamado del gobernador no fue gratuito. Fue un golpe en la mesa. Un recordatorio de que la gobernabilidad también se ejerce con autoridad política. Y en ese sentido, el mensaje fue claro: se acabó la tolerancia a los excesos, a la simulación y al ruido inútil. El alto que se puso a ciertos personajes públicos que habían convertido la estridencia en método político fue una señal de que alguien decidió, por fin, ejercer liderazgo.

Pero el problema va más allá del carácter o del discurso. Está en las instituciones. La Fiscalía General del Estado, pese a contar con perfiles jurídicamente sólidos, sigue arrastrando un déficit grave de confianza social. Carpetas que se abren, procesos que se anuncian, lenguaje técnico que se repite... y resultados que no llegan. La percepción ciudadana es devastadora: delitos graves sin resolver, familias sin respuestas y una fiscalía que parece lejana, burocrática y reactiva.

En la capital, la policía municipal tampoco se salva. Más preocupada por rendir culto a la imagen del alcalde que por generar confianza ciudadana, acumula quejas por abusos, actitudes prepotentes y prácticas que poco ayudan a la seguridad real. No se trata solo de patrullar más, sino de hacerlo bien, con respeto y con enfoque en la ciudadanía, no en la propaganda.

El reclamo del gobernador sirve, sí. Pero solo será útil si se traduce en consecuencias. Si los municipios entienden que la omisión también es responsabilidad. Si el estado deja de tolerar simulaciones. Y si la Federación vuelve a tener una presencia efectiva y cercana, no solo administrativa.

La seguridad no se resuelve con frases fuertes ni con comparaciones optimistas. Se resuelve con coordinación real, con instituciones que funcionen y con autoridades que entiendan que gobernar no es posar, sino responder.

facebook. emsavalleNoticias
X. @emsavalles
sitio web. emsavalles.com
e-mail. emsavalles@hotmail.com