Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Miércoles, 19 de Noviembre de 2025| 12:33
La investigación por las 27 camionetas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, dadas de baja ilegalmente y presuntamente "desaparecidas", sigue completamente estancada. A más de un año del hecho, la Fiscalía General del Estado mantiene una pasividad que para muchos ya resulta escandalosa.
De acuerdo con información de Ciudadanos Observando, las unidades, que habían terminado su periodo de arrendamiento, fueron dadas de baja de manera irregular en una oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas ubicada en la avenida Muñoz. Todo apunta a una acción coordinada para borrarlas del registro oficial.
A pesar de la gravedad del caso, la titular de la Fiscalía, Manuela García Cázares, no ha ofrecido avances, explicaciones ni resultados. La opacidad domina el expediente, aun cuando existen elementos suficientes para judicializarlo y llamar a cuentas a los presuntos responsables.
Peor aún, aunque las placas de estas camionetas fueron dadas de baja, varias han sido detectadas circulando con placas sobrepuestas, un delito que debió frenarse desde el primer día. Las unidades debieron estar aseguradas y fuera de las calles hasta que un juez emitiera una resolución.
El silencio de la Fiscalía abre dudas que crecen cada vez más sobre que funcionaros del ayuntamiento están implicados, sobre los acuerdos en lo "oscurito" que existen, y sobre quien protege la FGE evitando que el expediente llegue a un juez penal. Mientras las preguntas se acumulan, la justicia parece seguir dormida o convenientemente frenada.
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