EL ESTADO ALISTA OPERATIVO INVERNAL: NO BAJARÁN LA GUARDIA ANTE FRÍO EN LAS CUATRO REGIONES
El frío ya se dejó sentir en San Luis Potosí y el Gobierno del Estado no está dispuesto a bajar la guardia. Ante el descenso repentino de temperaturas que azota principalmente al Altiplano y a la zona serrana de la Huasteca, la administración de Ricardo Gallardo Cardona apretó la exigencia a los 59 ayuntamientos: coordinación total y albergues listos para proteger a la población más vulnerable. Así lo advirtió el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien dejó claro que la instrucción del mandatario es estar preparados para cualquier eventualidad y no dejar sola a ninguna comunidad, por alejada que esté. “En la administración estatal no dejaremos de insistir para que se dé la coordinación con los municipios y estemos todos listos para atender cualquier eventualidad”, enfatizó Torres Sánchez, al reconocer que, aunque algunos ayuntamientos a veces se muestran distraídos o lentos para reaccionar, el objetivo es uno solo: salvaguardar la integridad y la salud de las y los potosinos. El responsable de la política interior adelantó que en los próximos días el gobernador Gallardo arrancará el programa invernal 2025 con una gira por las cuatro regiones del estado, con prioridad en las zonas donde el termómetro cae a temperaturas extremas, donde se entregarán de manera directa cobijas, chamarras, colchonetas, despensas y apoyos especiales para adultos mayores y niñas y niños, quienes son los más afectados por el frío. Además, confirmó que ya están habilitados y operando los albergues temporales en los 59 municipios, en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil y las direcciones municipales, y que ya iniciaron los recorridos preventivos en comunidades de difícil acceso para informar a la población sobre cómo autocuidarse en esta temporada. “La coordinación es importante con todos los ayuntamientos, a veces llegan a ser difíciles o distraídos, pero no podemos perder de vista que tenemos el mismo objetivo, que es salvaguardar siempre la integridad y la salud de nuestros habitantes, y el Gobierno del Estado no dejará de insistir en ello”, reiteró. Finalmente, lanzó un llamado a la ciudadanía a no confiarse, abrigarse bien, evitar el uso de anafres y braseros dentro de viviendas sin ventilación y, sobre todo, reportar al 911 a cualquier persona en situación de calle para que sea trasladada de inmediato a un refugio temporal y no pase la noche a la intemperie.

NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO Y MÁS CARRETERAS PARA EL NARANJO
El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que las obras de infraestructura no se detendrán en El Naranjo y en la zona Huasteca, al confirmar nuevos proyectos carreteros y la creación de un complejo deportivo integral durante su gira de trabajo por este municipio. El mandatario explicó que el objetivo principal es convertir el actual espacio deportivo en un gran centro de esparcimiento familiar que no solo sirva para el deporte, sino como un punto de convivencia para todas las edades, con áreas verdes y de recreación. “Sí, lo importante es que todo este lugar se haga un gran complejo deportivo que no solamente sirva como un deportivo, sino como un lugar de esparcimiento, vamos a tratar un pequeño parque, para todas las familias”, afirmó Gallardo Cardona, al destacar que este tipo de obras generan plusvalía directa en calles, avenidas y viviendas, mejorando el entorno y la calidad de vida de los habitantes, quienes —aseguró— ya le solicitaron más carreteras para conectar comunidades. En ese sentido, confirmó que la carretera La Ceiba–El Limonal, una obra largamente esperada y demandada por años por los pobladores, ya fue concluida y adelantó que se iniciará un nuevo tramo de La Ceiba hacia la cabecera municipal de El Naranjo, lo que permitirá mejorar la movilidad y el traslado de productos y personas. “Era una carretera pedida por años, y bueno, también vamos a entrarle de La Ceiba para acá también, que va a ser otro tramo importante”, indicó. Finalmente, el gobernador informó que su gira continuaría este mismo día en Ciudad del Maíz, donde se tiene programada la rehabilitación de más carreteras y la entrega de escrituras a familias, al reiterar que su administración mantiene un ritmo de trabajo permanente en las cuatro regiones del estado. “Estamos ahorita, vamos a Ciudad del Maíz también, a rehabilitar más carreteras, a entregar escrituración también para las familias de Ciudad del Maíz, bueno, no paramos todos los días”, concluyó.

CON 98% DE APROBACIÓN, JUECES DE SLP APRUEBAN EVALUACIÓN HISTÓRICA: ZARAZÚA
En un hecho inédito para la impartición de justicia en San Luis Potosí, los 66 jueces del Poder Judicial del Estado obtuvieron una calificación superior al 98 por ciento de satisfacción en la primera evaluación integral aplicada en la historia de la institución. Así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien explicó que este ejercicio no se limitó a medir conocimientos jurídicos y técnicos, sino que se trató de una valoración de 360 grados que incluyó la percepción del personal que labora directamente en cada juzgado, la opinión de los usuarios externos, como abogados litigantes y ciudadanos, así como el cumplimiento en materia de capacitación, actualización y formación continua, lo que permite tener un diagnóstico real del desempeño jurisdiccional. La presidenta del Poder Judicial destacó que estos resultados confirman que en San Luis Potosí se cuenta con jueces y juezas preparados, profesionales, cercanos a la gente y comprometidos con la legalidad y el debido proceso, lo que abona directamente a la credibilidad y a la confianza ciudadana en el sistema de justicia, en un momento donde la exigencia social por una justicia más ágil y transparente es mayor. Zarazúa Martínez subrayó que esta calificación no es un punto de llegada, sino el inicio de una ruta de mejora permanente, por lo que anunció que se mantendrán y reforzarán los programas de profesionalización con cursos, diplomados, talleres y especializaciones que permitan a los juzgadores enfrentar los nuevos retos derivados de las reformas constitucionales, el incremento en la carga de trabajo y la necesidad de juzgar con perspectiva de derechos humanos. Asimismo, informó que el Consejo de la Judicatura ya trabaja en la conclusión de la evaluación a secretarios de acuerdos, una figura clave para la integración y el desahogo de los expedientes, y en un diagnóstico para dotar a cada juez del personal operativo y administrativo necesario para agilizar los procesos y responder con mayor eficiencia a las demandas ciudadanas. La magistrada calificó este ejercicio como histórico, objetivo y transparente, al ser la primera vez que se realiza en la entidad con criterios medibles y abiertos al escrutinio público, rompiendo con la opacidad y fortaleciendo la carrera judicial como base para una justicia más humana, profesional, eficiente y confiable, al afirmar que “este ejercicio no es un trámite, es un compromiso con la sociedad de que sus jueces están siendo evaluados y capacitados permanentemente”.

REFUERZAN VIGILANCIA
Los accidentes donde se ven involucrados motociclistas, automovilistas y operadores de tráileres se han vuelto una constante en las vialidades más transitadas de la capital potosina y mantienen en alerta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que decidió reforzar la vigilancia en Circuito Potosí, bulevar Río Santiago y avenida Salvador Nava Martínez, tres ejes que concentran la mayor carga vehicular y donde se han reportado percances de manera recurrente. De acuerdo con el secretario Jesús Juárez Hernández, la Guardia Civil Estatal, a través de su División Caminos, mantiene operativos permanentes de patrullaje, vigilancia y abanderamiento en los puntos críticos, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes, agilizar la circulación y brindar atención inmediata cuando ocurre un hecho de tránsito, ya que en muchos casos los reportes llegan directamente de los elementos desplegados en campo. El funcionario explicó que la estrategia no se limita a la presencia estatal, sino que contempla trabajo coordinado con la Guardia Nacional en los tramos que conectan con carreteras federales, a fin de garantizar cobertura de las distintas corporaciones y reducir los factores de riesgo para quienes circulan diariamente por estas vías, sobre todo en horas pico y fines de semana. Juárez Hernández precisó que los percances no son exclusivos del transporte de carga pesada, pues en ellos participan motocicletas que circulan a exceso de velocidad, vehículos tipo sedán, camionetas particulares y unidades de reparto, por lo que insistió en que la principal causa sigue siendo la falta de precaución y el incumplimiento de las normas viales. En ese sentido, hizo un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad establecidos, utilizar los carriles correspondientes según el tipo de vehículo, no invadir carriles confinados y atender la señalética y las indicaciones del personal de vialidad, ya que son medidas básicas que pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. Añadió que la vigilancia se mantendrá de forma permanente y con mayor presencia en los horarios y tramos donde se han detectado más incidentes, como parte de una estrategia preventiva para disminuir la incidencia de accidentes y proteger la integridad de peatones y automovilistas, aunque no detalló cifras oficiales sobre el número de percances atendidos en estas vialidades en las últimas semanas.

SCJN VINCULA A FINANZAS PARA FINANCIAR CONSULTAS INDÍGENAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no solo ordenó al Congreso de San Luis Potosí realizar las consultas pendientes a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad; ahora también vinculó directamente a la Secretaría de Finanzas como corresponsable del cumplimiento. Así lo reveló el coordinador de la bancada del PVEM, Héctor Serrano Cortés, quien advirtió que sin recursos no hay consulta posible y que el plazo perentorio otorgado por la Corte está a punto de vencerse. De acuerdo con el legislador, se trata de dos procesos que corren por cuerda separada, pero que deben implementarse de manera obligatoria y que hasta ahora se han ido prorrogando mediante acuerdos con el máximo tribunal. La novedad, explicó, es que este mismo día llegó la notificación donde la Sefin aparece ya como parte vinculada, lo que implica que el Ejecutivo no podrá desentenderse del tema bajo el argumento de que es un asunto exclusivo del Legislativo. “Las dos van por separado, van por cuerdas separadas y las tenemos que implementar y eso no ha fenecido, eso se ha ido de alguna u otra manera acordando con la Corte, pero pues hay un tiempo perentorio que se está agotando y que hoy, lo que me informan es que el día de hoy aparentemente llegó alguna notificación donde ya es vinculante la responsabilidad y entonces ya implica también responsabilidad por parte del área de finanzas”, señaló Serrano. El mensaje fue contundente: “No estamos evidentemente obligados al imposible. Si no hay recurso, no podemos hacer la consulta”. Para dimensionar la carga, recordó que en el proyecto de presupuesto 2027 el Congreso incluyó 9 millones de pesos para cumplir con las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relativas a la consulta indígena y afromexicana, y 1.5 millones más para la acción 67/2023 sobre personas con discapacidad. A ello se suma, dijo, una presión financiera que poco se ve, pero que pesa cada vez más: laudos laborales heredados por 748 mil 895 pesos más actualización, dictados por el TECA en marzo de 2025; un expediente laboral 356/2009/E-4 pendiente de cuantificar en Pensiones; y un convenio de agosto de 2023 también sin monto definido, además de las jubilaciones que están por llegar.

LA SEDUVOP LIMPIA, EL AYUNTAMIENTO INVENTA
La historia es muy clara y la Fiscalía General del Estado ya la resolvió: los tres trabajadores de la SEDUVOP son inocentes, no hubo delito ambiental y todo el show montado por el Ayuntamiento de la capital fue una mentira. Así de simple. La fiscal María Manuela García Cázares confirmó que el Ministerio Público no ejerció acción penal porque no se configuró ningún ilícito y los trabajadores quedaron en libertad. Se les acabó el cuento a los del Ayuntamiento. Resulta que el pasado 10 de octubre la policía municipal detuvo con bombo y platillo a personal de la SEDUVOP al norte de la ciudad, acusándolos de tirar maleza, ramas y muebles en un tiradero clandestino. Los presentaron como si fueran grandes contaminadores. Pero era falso. Como bien dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, no estaban tirando basura, la estaban recogiendo. Estaban haciendo el trabajo que le toca al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento no hace. Mientras la SEDUVOP rehabilita, limpia, deshierba y le da mantenimiento a la capital, el Ayuntamiento se dedica a perseguir a los trabajadores y a inventar delitos para frenar las obras del Estado. Es evidente que hay una orden para estorbar. La Fiscalía lo confirmó: por más que buscaron, no hay delito que perseguir porque no hay delito. Solo había trabajadores cumpliendo con su labor. Hoy queda claro quién trabaja y quién miente. La SEDUVOP trabaja y limpia la ciudad que el Ayuntamiento tiene abandonada, llena de baches y de tiraderos reales. El Ayuntamiento miente, monta operativos y criminaliza. La justicia ya habló y le dio la razón a la SEDUVOP.

ALIANZA DE PARÁSITOS
La política local de San Luis Potosí vuelve a exhibir el oportunismo de quienes han hecho del erario su forma de vida, tal como lo evidencia la reciente adhesión de Paola Arreola Nieto a los proyectos políticos rumbo a la gubernatura encabezados por Enrique Galindo Ceballos. Arreola, heredera de una familia con antecedentes de opacidad y cuestionamientos en el servicio público, ha demostrado a lo largo de su trayectoria un desempeño sumamente gris, marcado por la ineficacia legislativa y señalamientos de corrupción que solo confirman su perfil como un auténtico lastre para cualquier causa que presuma honestidad.
Lejos de aportar valor o congruencia, personajes como esta sanguijuela del presupuesto público solo buscan perpetuarse en las estructuras de poder mediante el chapulinaje y la simulación, saltando de un bando a otro según sople el viento electoral. Que Enrique Galindo abra las puertas a operadores con un historial tan cuestionado revela una peligrosa apuesta por la pragmática sin principios, donde la suma de cuates y parásitos de la política tradicional se antepone a la dignidad y a las verdaderas demandas de los potosinos.

ZUMAYA: AMPAROS, CONTRATOS MILLONARIOS Y UNA SALIDA DEL PAÍS
El caso de Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y exaspirante a la gubernatura por el PT, escaló al ámbito nacional tras las revelaciones periodísticas sobre compañías vinculadas con él y sus operaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). De acuerdo con información publicada por Reforma el 23 de octubre, ambas instituciones pagaron durante 2025 más de 2 mil 800 millones de pesos en facturas a tres empresas señaladas como presuntas compañías fantasma. A esto se suma lo informado por el dirigente nacional petista, Alberto Anaya, quien confirmó que Sánchez Zumaya se encuentra fuera de México y sostuvo que es víctima de persecución política.
Uno de los puntos que llaman la atención es el crecimiento de Grupo Mineral & Logistic, empresa constituida con un capital de 50 mil pesos que, según las publicaciones periodísticas, presentó en diciembre de 2025 un cheque por 400 millones de pesos para elevar su capital social. También aparecen Safnat y Diazol, firmas relacionadas en los reportes con facturación millonaria. Las investigaciones mencionan presuntos vínculos empresariales con personajes del entorno político de Tabasco, incluido el senador Adán Augusto López Hernández. En el frente financiero, se reporta que dos empresas y al menos seis personas promovieron amparos contra el bloqueo de cuentas atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mientras Anaya denuncia una supuesta persecución política y cuestiona la legalidad de las medidas, quedan preguntas fundamentales sobre los motivos del bloqueo, las operaciones señaladas y la situación jurídica del empresario.

BETO GRÚAS, OTRO NOMBRE EN EL ESCENARIO VERDE DE CIUDAD VALLES
La sucesión municipal de Ciudad Valles rumbo a 2027 comienza a sumar nombres dentro del Partido Verde Ecologista de México. La reciente reunión entre el empresario Humberto del Ángel del Ángel, conocido como “Beto Grúas”, y el dirigente estatal del partido, Ignacio Segura Morquecho, generó comentarios sobre una posible participación en el escenario político local. Sin embargo, la fotografía difundida por el líder partidista únicamente da cuenta de un encuentro, sin confirmar una aspiración formal ni una eventual candidatura.
El perfil empresarial de Del Ángel y su presencia en distintos sectores se agregan a la lista de figuras mencionadas en torno a la próxima contienda municipal, entre ellas Yolanda Cepeda Echeverría, Anel Coronado Aguilar y David Medina Avendaño. Por ahora, el panorama permanece abierto y será necesario observar si estos acercamientos se traducen en definiciones políticas, mientras el Verde determina los mecanismos y criterios con los que elegirá a quien lo represente en Ciudad Valles.

DISMINUYEN INCIDENTES FERROVIARIOS EN SLP, PERO PERSISTEN LOS RIESGOS
San Luis Potosí registró ocho incidentes ferroviarios durante el primer trimestre de 2026, una reducción del 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 13 eventos. Cinco de los casos estuvieron relacionados con arrollamientos de vehículos, mientras que los otros tres correspondieron a dos personas arrolladas por el tren y al hallazgo de un cadáver en el derecho de vía. Aunque no se reportaron descarrilamientos en la entidad, las cifras evidencian que los cruces y las zonas cercanas a las vías continúan siendo puntos que requieren atención.
La capital potosina concentró la mitad de los incidentes, con cuatro casos, seguida de Ciudad Valles, con dos, y los municipios de Catorce y Moctezuma, con uno cada uno. La disminución en el registro anual representa un dato favorable, pero no elimina la necesidad de reforzar la prevención, la señalización y el respeto a las medidas de seguridad ferroviaria. La coordinación entre autoridades, operadores y ciudadanía resulta fundamental para reducir los riesgos y evitar nuevos accidentes.

EL NARANJO AVANZA CON OBRAS CARRETERAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
La infraestructura carretera y la recuperación de espacios públicos continúan en la agenda del Gobierno de San Luis Potosí. Durante su gira por El Naranjo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la continuidad de proyectos que buscan mejorar la movilidad y ampliar las opciones de convivencia para las familias. Entre las iniciativas destaca la transformación del actual espacio deportivo en un complejo integral que combine actividades físicas con áreas de esparcimiento, para que habitantes de distintas edades cuenten con un lugar de recreación y encuentro comunitario.
En materia carretera, el mandatario confirmó la conclusión del tramo Ceiba-Limonal, una obra solicitada durante años por habitantes de la región, y adelantó que se contempla continuar los trabajos desde La Ceiba hacia El Naranjo. Estas acciones buscan mejorar la conectividad entre comunidades, facilitar los traslados y contribuir a la actividad económica local. Gallardo Cardona también señaló que ha recibido nuevas peticiones de infraestructura por parte de la población, lo que coloca sobre la mesa otras necesidades que deberán evaluarse para dar continuidad al desarrollo de la zona Huasteca.
La gira estatal continuaría en Ciudad del Maíz, donde se prevé la rehabilitación de carreteras y la entrega de escrituras a familias. Con estas acciones, el Gobierno estatal mantiene una agenda que combina infraestructura vial, espacios deportivos y regularización patrimonial, rubros que inciden directamente en la vida cotidiana de la población. El reto será dar continuidad a los proyectos anunciados y asegurar que las obras concluidas y las que están por comenzar se traduzcan en beneficios duraderos para las comunidades potosinas.

SAN LUIS POTOSÍ RECONOCE A SUS ARTESANOS MASCAREROS
El Congreso del Estado aprobó declarar el 23 de octubre de cada año como el “Día de la y el Artesano Mascarero Potosino”, un reconocimiento a quienes, con dedicación, paciencia y creatividad, mantienen viva una de las expresiones culturales más representativas de la Huasteca potosina. La iniciativa, presentada por las diputadas Sara Rocha Medina y Brisseire Sánchez López, así como por el diputado Héctor Serrano Cortés, destaca la importancia de preservar los conocimientos y las tradiciones que dan identidad a las comunidades, especialmente durante las celebraciones del Xantolo.
La elaboración de máscaras de madera va mucho más allá de una actividad artesanal: representa una conexión con la memoria colectiva, las creencias y las costumbres transmitidas de generación en generación. En localidades como Chapulhuacanito, en Tamazunchale, y San Martín Chalchicuautla, estas piezas forman parte esencial de las comparsas y danzas tradicionales, con personajes como el diablo, la muerte, la mujer embarazada y el vaquero. Cada máscara requiere entre 10 y 15 días de trabajo, largas jornadas y materiales como madera de cedro, peluche y tulipán de la India, además del conocimiento y el sentido de pertenencia de quienes las elaboran.
El reconocimiento legislativo coincide con la realización del Tercer Encuentro Internacional de Artistas Mascareros, que reúne en San Luis Potosí a creadores de distintas entidades del país y de 14 naciones, fortaleciendo el intercambio cultural y la difusión de este oficio. La participación de autoridades estatales, representantes culturales y artesanos reafirma la relevancia de impulsar espacios que den visibilidad a estas expresiones. Con la creación de esta conmemoración, se abre una oportunidad para valorar el trabajo de los mascareros, preservar el patrimonio cultural potosino y asegurar que las nuevas generaciones conozcan las tradiciones que dan vida al Xantolo.

FORTALECE LAS FINANZAS DE SAN LUIS POTOSÍ
La Secretaría de Finanzas, encabezada por Ariana García Vidal, reporta avances en la captación de recursos propios y en la administración de las finanzas públicas de San Luis Potosí. De acuerdo con las estimaciones presentadas, la entidad proyecta cerrar 2026 con ingresos propios por 7 mil 826 millones de pesos, frente a los 4 mil 383 millones registrados en 2021. Estas cifras forman parte de la estrategia financiera impulsada durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado.
Otro indicador relevante es el crecimiento estimado de los ingresos totales, que pasarían de 49 mil 352 millones de pesos en 2021 a 70 mil 459 millones al cierre de 2026, un incremento cercano al 43 por ciento. En ese mismo periodo, la recaudación de impuestos prácticamente se duplicaría, al pasar de 2 mil 64 millones a 4 mil 213 millones de pesos. Según la Sefin, estos resultados están relacionados con la modernización administrativa, la actualización de padrones, la asistencia fiscal y la ampliación de los canales de atención para las personas contribuyentes.
El reto para Ariana García Vidal y su equipo será mantener esta tendencia y traducir una mayor capacidad de ingresos en una planeación presupuestal responsable, que permita atender las necesidades sociales y dar continuidad a las inversiones públicas. La recaudación estatal es un componente importante de las finanzas públicas, aunque su impacto también depende del uso transparente y eficiente de los recursos. Con las proyecciones de cierre de 2026, la Sefin coloca el fortalecimiento financiero entre los temas centrales para la administración estatal y la continuidad de sus programas y obras.

VIVIENDA Y CERTEZA PATRIMONIAL, RETOS PARA LAS FAMILIAS POTOSINAS
El acceso a una vivienda digna y la seguridad jurídica del patrimonio son dos temas fundamentales para miles de familias, especialmente para aquellas que enfrentan mayores dificultades económicas. Durante su visita a Ciudad del Maíz, el diputado federal por el tercer distrito, Óscar Bautista Villegas, informó sobre el programa federal que contempla la construcción de alrededor de 1.8 millones de viviendas en el país, mediante acciones coordinadas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El objetivo, explicó, es ampliar las oportunidades para que más personas puedan acceder a un hogar.
El legislador también señaló la importancia de vigilar la asignación de los recursos y la selección de beneficiarios, para que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan. La implementación de este programa en los municipios será un aspecto relevante para acercar las opciones de vivienda a las comunidades y atender las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad. La transparencia en los procedimientos y el cumplimiento de los criterios establecidos serán fundamentales para que los beneficios se distribuyan de manera adecuada.
En Ciudad del Maíz, Bautista Villegas destacó además el avance relacionado con las familias del fraccionamiento El Bellado, también conocido como Villa Antigua, quienes obtuvieron certeza jurídica sobre sus viviendas y dejaron atrás la incertidumbre respecto a la posesión de sus hogares. Este caso pone de relieve que la política de vivienda no se limita a construir nuevas casas, sino que también implica brindar seguridad legal a quienes ya las habitan. Tanto la ampliación del acceso a una vivienda como la regularización patrimonial representan desafíos importantes para garantizar estabilidad y mejores condiciones de vida a las familias potosinas.

PUNTO CRÍTICO EN DESAPARICIONES
Rioverde, conocida como la Capital del Mundo, enfrenta una realidad que contrasta con los reconocimientos y las cifras que presumen sus autoridades. Mientras el presidente municipal recibe premios y se habla de posiciones destacadas a nivel nacional en materia de seguridad, en las calles persiste la preocupación por las desapariciones de personas, las presuntas privaciones ilegales de la libertad y los hechos violentos que han cobrado vidas.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se mide la seguridad y qué tan cercanos están esos reconocimientos a la realidad que viven las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos?
El caso más reciente es el de Ramiro N., de 40 años de edad, integrante de una familia de hermanos conocida en la región como “Los Estufas”, quien fue visto por última vez el pasado 19 de octubre en el fraccionamiento María Asunción, en Rioverde, y hasta el momento se desconoce su paradero.
Pero no es un caso aislado. Hace poco menos de dos meses desaparecieron tres jóvenes y, de acuerdo con la información disponible, sus familias continúan sin conocer su ubicación. También está el caso de José Antonio, vendedor de aceites, quien permanece desaparecido, además de otro trabajador cuya ausencia se suma a la preocupación que existe en la región.
La acumulación de estos casos coloca a Rioverde ante una situación que no puede minimizarse ni tratarse como una simple sucesión de hechos independientes. Las desapariciones requieren investigaciones serias, coordinación entre corporaciones y resultados que permitan a las familias recuperar la esperanza de encontrar a los suyos. Mientras tanto, el discurso oficial parece caminar por una ruta distinta a la preocupación ciudadana: por un lado, se entregan reconocimientos y se destacan posiciones en materia de seguridad; por el otro, hay familias que siguen esperando noticias, sin que se hayan difundido públicamente avances suficientes para conocer qué ha ocurrido con sus seres queridos. No se trata de descalificar automáticamente un reconocimiento ni de afirmar que carece de valor; se trata de preguntar qué indicadores se tomaron en cuenta, qué periodo se evaluó y si esos resultados reflejan también la capacidad de las autoridades para prevenir desapariciones, investigar delitos y localizar a personas cuyo paradero se desconoce, porque la seguridad no puede medirse únicamente por patrullajes, detenciones de borrachitos que le dejan dinero al alcalde y sus negocios, como el corralón de vehículos, o estadísticas favorables. También debe evaluarse por la respuesta institucional ante los casos más delicados, por la atención que reciben las víctimas indirectas y por la capacidad de las autoridades para esclarecer hechos que mantienen en angustia a toda una familia.
¿De qué sirve presumir avances si todavía hay hogares esperando respuestas? Es una pregunta legítima que el gobierno municipal y las autoridades estatales deben atender con información verificable, sin propaganda y sin evasivas.

COBRAN HASTA POR RESPIRAR
En la Capital del Mundo, el Ayuntamiento debe investigar los presuntos cobros en el Parepuca y sancionar cualquier abuso. Lo que debería ser un espacio de convivencia familiar, recreación y práctica deportiva se encuentra en el centro de la polémica. En el Parque Revolución Puente del Carmen, conocido como Parepuca, en Rioverde, ciudadanos denunciaron un presunto cobro de 20 pesos por persona para ingresar a las instalaciones durante los partidos de futbol, una situación que obliga al gobierno municipal a intervenir de inmediato.
El asunto no es menor, se trata de un espacio público al que acuden familias, niños y jóvenes para realizar actividades recreativas y deportivas, por eso la primera pregunta es sencilla: ¿quién autorizó el cobro, con qué fundamento y a dónde va a parar el dinero?
Si el Parepuca es un espacio público destinado al disfrute de la población, sus instalaciones no pueden convertirse en una fuente de ingresos particulares ni quedar sujetas a decisiones arbitrarias de quienes tienen la responsabilidad de cuidarlas y administrarlas. Cualquier cuota debe estar debidamente sustentada y autorizada; de lo contrario, las autoridades deben actuar. Pero hay un aspecto todavía más delicado: los señalamientos de que incluso se impediría el acceso de niños a los juegos infantiles si no cumplen con las condiciones impuestas para ingresar. ¡Hasta dónde hemos llegado! Los menores y los jóvenes necesitan espacios seguros donde puedan jugar, convivir y practicar deporte, no encontrarse con obstáculos económicos impuestos sin una explicación clara.
En una sociedad donde tanto se habla de fomentar el deporte, prevenir las adicciones y alejar a la juventud de conductas de riesgo, resulta contradictorio que un espacio destinado precisamente a esos objetivos termine envuelto en denuncias por posibles cobros irregulares. El gobierno municipal debe poner especial atención en las personas responsables de administrar los espacios públicos, no basta con nombrar encargados y confiarles las instalaciones; es indispensable supervisar su actuación, establecer reglas claras y garantizar que no utilicen sus funciones para imponer condiciones que carezcan de sustento legal. El alcalde de Rioverde, como responsable de la administración municipal, debe ordenar una investigación a fondo para determinar si existe autorización para cobrar los 20 pesos, quién instruyó el supuesto cobro, quién recibió el dinero y cuál fue su destino. También debe aclararse por qué, según los denunciantes, estudiantes estarían recibiendo el efectivo y atendiendo las inconformidades de los ciudadanos. Si se comprueba que hubo cobros indebidos, no bastará con pedir explicaciones o emitir una llamada de atención, deberán aplicarse las sanciones administrativas que correspondan, conforme a la gravedad de las irregularidades y a la legislación vigente. Si existen elementos que acrediten posibles delitos, también tendrá que darse vista a las autoridades competentes e incluso, cuando las pruebas y los procedimientos legales lo justifiquen, podrían valorarse medidas como la suspensión del cargo y, en los supuestos previstos por la ley, la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La responsabilidad debe determinarse mediante una investigación seria, con respeto al derecho de audiencia y al debido proceso. Además, si se acredita que las personas pagaron una cuota sin fundamento legal, el Ayuntamiento debe establecer un mecanismo transparente para atender a los afectados y, cuando corresponda, gestionar la devolución de su dinero. Esto ocurre en Rioverde, la Capital del Mundo, donde los espacios públicos deben estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses, mucho menos para el caballero de la noche.

CUANDO EL AMOR TERMINA EN VIOLENCIA
Los conflictos entre exparejas se convierten en un problema social que exige atención, prevención y responsabilidad. Lo ocurrido en la comunidad de Bordo Blanco, en Rioverde, donde Óscar N. resultó lesionado por disparos de arma de fuego y cuyo presunto agresor sería Rolando Fabián N., evidenció un problema social que no debe minimizarse: la dificultad de algunas personas para aceptar el fin de una relación sentimental y reconocer que su expareja tiene derecho a rehacer su vida. De acuerdo con las primeras investigaciones, detrás de esta agresión podrían existir diferencias sentimentales y conflictos relacionados con la custodia de un menor. Se trata de circunstancias que deberán esclarecer las autoridades, pero que también invitan a reflexionar sobre una realidad preocupante: cuando los celos, el resentimiento y el deseo de controlar a otra persona se imponen, los conflictos pueden escalar hasta consecuencias graves.
Separarse no debería convertirse en una sentencia de sufrimiento, amenazas o violencia. Sin embargo, hay quienes no aceptan que la relación terminó, que ya no tienen derecho a decidir sobre la vida de su expareja y que comenzar una nueva relación no constituye una provocación ni una ofensa que deba cobrarse. El problema se agrava cuando los desacuerdos sentimentales se mezclan con disputas por los hijos. En esos casos, los menores pueden quedar atrapados en conflictos entre adultos que, lejos de priorizar su bienestar, convierten la custodia y la convivencia familiar en motivos de enfrentamiento. Los hijos no deben ser utilizados como instrumentos de presión, venganza o control.
Lo sucedido en Bordo Blanco debe investigarse hasta esclarecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la agresión. La responsabilidad penal, desde luego, corresponde determinarla a las autoridades judiciales, con respeto al debido proceso, pero, más allá de este caso, es necesario preguntarse cuántos conflictos similares se están presentando en la región y qué se está haciendo para prevenirlos.
Los celos no son una muestra de amor y la expareja no es propiedad de nadie. Aceptar una separación implica reconocer la libertad del otro, respetar sus decisiones y entender que ninguna diferencia sentimental justifica amenazas, agresiones ni mucho menos el uso de armas de fuego.

EL DELITO QUE TAMBIÉN CASTIGA A LOS MENORES
Uno de los delitos que se veían comunes y que realmente no eran castigados como debía de ser, pues ahora sí, e incluso la pena ya no solo es para adultos, también aplica en menores de edad y es así que, la verdad, no se salvan.
Hoy fue dada a conocer una importante conferencia por la Unidad Antiextorsión y Antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, realizándose dentro de la cabecera de Ciudad del Maíz, donde participaron estudiantes y elementos de la Policía Municipal.
Hoy en día se le conoce al delito de extorsión, principalmente, por los hechos que van vía telefónica y con ello los secuestros virtuales, pero aún viene más, ya que también engloba hechos por difusión ilícita de contenido en redes sociales para intimidar o afectar (quemar) la imagen de la víctima, como otros más por cuestiones económicas.
El delito de extorsión sí se castiga y es algo que ya se persigue de oficio, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la obligación de actuar rápidamente en una situación de este tipo, donde el causante, si es adulto, puede alcanzar una pena de 5 a 15 años de prisión, de acuerdo con la gravedad de lo cometido.
Pero ojo, también aplica en menores, aunque con una sanción menor, así que tampoco se salvan si la acción que cometen es por simple broma, pues el castigo que pueden recibir como máximo son cinco años de prisión y la pena es, además, de acuerdo con la gravedad del acto cometido.
Es por ello la importancia de que los padres estén muy al pendiente de sus hijos, saber con quiénes conviven y qué tipo de amistades tienen. De igual forma, los mismos menores saben los actos que cometen y el tema de las leyes ya no es como antes; ahora sí pueden ir a prisión por un error en diversión para ellos que, por unos años, les puede costar la libertad.

JUSTICIA NECESARIA
Mucho se argumenta sobre la situación que padecieron familias del Fraccionamiento El Bellado o Villa Antigua en la cabecera municipal de Ciudad del Maíz, cuyas viviendas están situadas en un predio que hace más de 20 años fue embargado al Ayuntamiento de ese entonces y el problema avanzó, sin darse solución hasta ahora.
Muchos de sus habitantes vivían con la incertidumbre de que, tarde o temprano, los podrían desalojar de sus viviendas, pues no contaban con un documento como escritura que acreditara ser de su propiedad el terreno donde está su hogar.
Los años pasaron y hoy el Gobierno Federal y Estatal, a través del Instituto de Regularización de Vivienda Social (INREVIS), apoyó a las familias, dándose más de 200 escrituras donde se garantiza la certeza jurídica y legal, y que, además, el predio que ya ocupan es de su propiedad y, de esa forma, ya nadie podrá despojarlos de su inmueble.
Se dice y se rumora que el predio sigue embargado o que tiene dueño; sin embargo, nadie ha salido a afirmarlo y reclamar lo que, según, es suyo, además de que nunca se tuvo el verdadero respaldo y apoyo hacia las familias por parte de gobiernos anteriores, tanto en lo municipal como en lo estatal.
No se trata de hacer grilla, sino de permitir que las familias disfruten de su patrimonio, del hogar de sus hijos y de lo que, incluso, pueden invertir para realizar trabajos de mejora y tener un hogar más adecuado a sus necesidades. Mientras tanto, hoy las familias del citado fraccionamiento ya cuentan con su respectiva escritura.

MUCHA TRADICIÓN Y TURISMO, PERO...
El Naranjo es uno de los municipios donde no solo hay proyección turística por cada uno de sus parajes naturales, como ríos o sus emblemáticos paisajes, sino también por su tradición y cultura, que ya se reflejan en la próxima celebración de Xantolo con el Día de los Fieles Difuntos.
Pero el alcalde de ese lugar, Rafael Olvera Torres, "El Peluchín", anda muy alucín en otras cosas, presumiendo el turismo que tiene, la cultura y tradiciones, además de las nuevas obras que está haciendo en algunas zonas con la rehabilitación de calles hechas de terracería, pero ciertamente hay cosas que dejan mucho que desear.
A diario, muchos automovilistas circulan por el bulevar "Miguel Hidalgo" y, aunque el edil lo amplió e incluso construyó otro en una avenida diferente, el que ya está realmente luce en completo abandono, donde los topes o reductores de velocidad no se ven porque no están pintados, hay fallas en el alumbrado y, además, qué decir de los baches, pues también hay.
Ese mismo bulevar lleva a un tramo carretero de la rúa federal 80 y aún pertenece al municipio, mismo que entronca con el camino a la colonia agrícola El Meco y, a decir verdad, también luce en abandono, con topes que no se alcanzan a ver por las noches, baches y también la falta de alumbrado, que ya es causa de accidentes o incluso de que se presenten ahí algunos delitos, como asaltos por las noches, pues a oscuras todo puede pasar.
La gente le pide a su alcalde enfocarse en acciones de necesidad, como mejorar estas vías y servicios, que además son el paso y salida de todos los turistas que cotidianamente visitan su municipio y generan una importante derrama económica.