Miércoles, 18 de Noviembre de 2026
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO

Marquesina al día

Marquesina 18/11/2026

Por Redaccción

ENTRE MARIACHIS, PASTELES Y TRABAJO, GALLARDO CELEBRA SU CUMPLEAÑOS
Desde las primeras horas de este 18 de noviembre, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, recibió felicitaciones de funcionarios, colaboradores y ciudadanos con motivo de su cumpleaños. No faltaron los mariachis, los pasteles y las muestras de afecto para el mandatario, quien pasó la jornada entre celebraciones y actividades oficiales. La agenda no se detuvo: Gallardo mantuvo sus compromisos de gobierno y encabezó el arranque de la rehabilitación del bulevar Montebello, en Villa de Pozos, una obra con inversión de 18.5 millones de pesos que beneficiará directamente a 15 mil 200 habitantes.
La jornada también coincidió con la difusión de los resultados del Ranking Mitofsky de octubre de 2026, que reportó para Gallardo Cardona una aprobación de 62.8 por ciento, 0.8 puntos porcentuales más que en septiembre. La medición lo colocó por segundo mes consecutivo en el primer sitio nacional y 9.9 puntos por encima del promedio de los gobernadores. Se trata de un indicador de percepción ciudadana que refleja la opinión de las personas encuestadas, no una evaluación integral de todas las áreas de gobierno.
Así, entre felicitaciones, música y muestras de cercanía, el gobernador celebró un año más de vida sin dejar de atender su agenda pública. El cumpleaños tuvo un ambiente festivo, pero también estuvo marcado por anuncios y acciones de infraestructura. Para su administración, los resultados de la medición representan un dato favorable en materia de percepción ciudadana; el desafío, como en cualquier gobierno, será mantener esa aprobación mediante obras, servicios y respuestas concretas a las necesidades de las y los potosinos.

¡SE LE PASÓ LA MANO AL TECMOL!
Lejos de mantener un mínimo de respeto institucional, el actor político José Luis Romero Calzada, alias “Tecmol”, volvió a recurrir a la provocación en redes sociales con una publicación dirigida al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en la que utiliza la vulgar expresión “Culo el que se raje” como parte de una supuesta convocatoria para celebrar una posada.
Con tal de proyectar una imagen de irreverencia y congraciarse con sus seguidores, Romero Calzada lleva la burla hasta la investidura del mandatario estatal. La publicación, acompañada de imágenes editadas en tono de mofa, incluye frases como “zapatear con las mamis huastecas” y promesas de una supuesta “pichoneada”. Un lenguaje que, más allá de buscar llamar la atención, abre la discusión sobre los límites entre la sátira política y la vulgaridad.
Las ocurrencias de “Tecmol” también ponen sobre la mesa el respeto a las tradiciones y a la convivencia en el municipio donde pretende realizar este festejo. Una cosa es la crítica política, la sátira o la irreverencia, y otra muy distinta convertir cualquier espacio en escenario de provocaciones. Cuando el escándalo se vuelve el principal recurso para ganar visibilidad, la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde piensa llegar Romero Calzada con tal de mantenerse en la conversación pública?

LOS “ORANGUTANES” DE URBIOLA: ¿QUIÉN REGULA A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA?
Lo ocurrido este domingo 15 de noviembre de 2026 en El Refugio, Ciudad Fernández, durante la presentación del grupo Alegres del Barranco, volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién regula y supervisa realmente a las empresas de seguridad privada que operan en este tipo de eventos? Más allá de la polémica por la presentación de un grupo conocido por interpretar narcocorridos, también es necesario revisar quiénes son los responsables de garantizar la seguridad y bajo qué criterios se contratan estos servicios.
El tema cobra mayor relevancia ante los señalamientos sobre la presunta concentración de contratos de seguridad privada en empresas vinculadas al entorno del alcalde Arnulfo Urbiola. Incluso, hay quienes cuestionan que compañías ajenas a ese círculo enfrenten dificultades para conseguir trabajo en determinados espacios o eventos. Si estas versiones tienen sustento, la autoridad debe aclarar qué criterios se utilizan para asignar los servicios y si existe una competencia en condiciones de igualdad.
Las preguntas son obligadas: ¿quién autoriza, supervisa y sanciona a estas empresas?, ¿qué autoridad verifica que su personal esté capacitado y respete los derechos humanos?, ¿existe algún conflicto de interés en la contratación de estos servicios? La seguridad privada no puede convertirse en un negocio reservado para unos cuantos ni operar al margen de la vigilancia institucional. Si hay privilegios, irregularidades o abusos, corresponde a las autoridades investigarlos y ofrecer respuestas. En Ciudad Fernández, la ciudadanía merece saber quién cuida la seguridad y quién vigila a los que dicen encargarse de ella.

¡OTRO PORRISTA A SUELDO EN EL EQUIPO DE GALINDO!
En redes sociales comenzaron a circular videos de Lupillo Contreras, quien ahora aparece formando parte de las llamadas “focas aplaudidoras” del alcalde capitalino, Enrique Galindo. Otro porrista a sueldo que se suma a la promoción política del alcalde.
El asunto tiene otro ingrediente: Contreras también es parte de los cuadros de Gerardo Sánchez “Zumaña”, empresario huasteco que, estaría acercando perfiles y operadores al proyecto político de Galindo Ceballos. Esto ocurre después de que el empresario se habría bajado de la contienda que se perfilaba en el escenario político, mientras se habla de una posible alianza entre ambos personajes.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de una coincidencia, de una suma de simpatizantes o de una estructura política que comienza a hacerse visible? En política, las fotografías y los vídeos pueden mostrar cercanías, pero las alianzas se confirman con hechos. Por lo pronto, Lupillo Contreras ya apareció en escena y su nuevo papel no pasó inadvertido.

ESTRATEGIA GALLARDISTA
En una de las nuevas facetas del liderazgo de Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador de San Luis Potosí ha demostrado que también mantiene la mirada puesta en el escenario político y en los movimientos que definirán el rumbo de las próximas elecciones.
En una de sus más recientes declaraciones, hizo hincapié en que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) será el último instituto político que revelará sus cartas para las competencias del proceso electoral 2026-2027, una estrategia que le permitirá observar con atención los movimientos de las demás fuerzas políticas antes de tomar sus propias decisiones.
Al quedar en último lugar, el Partido Verde tendrá la oportunidad de valorar los perfiles que se van destapando y analizar el panorama que construyan sus adversarios. Como bien lo señaló el gobernador, antes de que termine el año, prácticamente la oposición y las demás fuerzas políticas tendrán definido al perfil que las representará en la principal contienda por la gubernatura de San Luis Potosí.
Está claro que, aunque las encuestas que han circulado colocan a la senadora Ruth Miriam González Silva entre los perfiles que aparecen en las mediciones rumbo a dicha postulación, Ricardo Gallardo Cardona ha mantenido prudencia y no ha adelantado definiciones. La presencia de Ruth González en las conversaciones políticas refleja, además, la relevancia que ha adquirido su trayectoria dentro del escenario estatal.
Ahora, cuando la prensa aborde al mandatario potosino, ya no solamente le preguntará acerca de las obras que tiene pendientes por concluir, sino también sobre sus expectativas políticas y los movimientos de sus contrincantes, porque, si bien él ha dejado abierta la conversación sobre su participación en el próximo proceso, legalmente pudiera estar impedido; sin embargo, su experiencia y conocimiento del escenario político seguramente lo mantendrán como una de las voces más consultadas rumbo a 2027.

COMPROMISO Y RESULTADOS
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona demuestra que su visión de gobierno va más allá de su administración, pues busca que quienes aspiren a representar al proyecto político que encabeza asuman compromisos concretos con la ciudadanía y respondan por sus resultados.
Y decimos sus candidateables, porque, al igual que otros liderazgos morales y políticos, él tendrá un papel importante en las definiciones de quienes van, se quedan y participan en el proceso político, pero ahora también les dejó claro que deberán prometer en papel, es decir, con la presencia de un notario público y, en caso de incumplir, asumir las consecuencias correspondientes, según sus estimaciones.
Es loable que les exija lo mejor a los aspirantes, porque demuestra que no basta con buscar un cargo público, sino que deben existir compromisos verificables con la población. Una cosa es que para él sea posible impulsar proyectos desde el poder Ejecutivo, pero un regidor o diputado está más limitado y asumir este tipo de compromisos los obliga a actuar con responsabilidad y claridad. En pocas palabras: hechos, no solamente palabras.
Sin entrar en el debate sobre si merece o no desaparecer, el organismo intermunicipal metropolitano (INTERAPAS) es una de las principales asignaturas pendientes de la zona metropolitana, pues basta con recorrer cualquier calle de la capital y su zona conurbada para darse cuenta de los problemas de organización y operación que enfrenta.
Está claro que un sinfín de vialidades requieren intervención para subsanar drenajes y tomas de agua potable dañados; sin embargo, hacerlo al mismo tiempo no significa que los trabajos terminen más rápido, porque solo generan mayor tráfico vehicular del ya existente y afectan la movilidad de miles de ciudadanos.
Dicen que tienen todo zonificado para mejorar la operatividad del sistema, no obstante, los resultados en las calles muestran que todavía hay mucho por corregir. Abren una calle y 100 metros adelante intervienen otra, sin que se aprecine una coordinación efectiva. A ese ritmo, habrá más contaminación, accidentes y otros impactos negativos. Por ello, los señalamientos y exigencias del gobernador Ricardo Gallardo sobre la prestación de los servicios públicos cobran relevancia: la ciudadanía necesita soluciones y resultados, no más problemas.

LES URGE AUTONOMÍA
Aunque Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), exhortó a sus directivos evitar que actores políticos acudan a brindar conferencias en las instalaciones universitarias, no obstante, parece ser que a todos les valió la orden de su jefe.
De todos los colores y gustos han participado en supuestas charlas y pláticas para mostrar su experiencia con las juventudes, sin embargo, todo lo que puedan decir está más rancio que un chicharrón con tres semanas en la alacena. De ese nivel, es lo que han expuesto ante el estudiantado.
Lo mínimo que se esperaría, es que los futuros profesionistas tuvieran más criterio hacia los futuros gobernantes, porque en todos los visitas partidistas ningún estudiante cuestionó o puso en predicamento a los políticos, evidencia de que hasta los propios universitarios pueden ser sujetos del acarreo.
Sin embargo, sigue sin comprenderse cuál es el objetivo de atraer simpatías entre la comunidad educativa de educación superior, tal vez simplemente es para incrementar su ego, cubrir algún favor con los catedráticos y debemos decirlo claro: puede existir un objetivo oscuro de todo esto.
No pretendemos comparar, pero en otras universidades públicas y privadas del país la verborrea no suele ser efectiva. En la gran mayoría de los casos salen con mentadas, a jitomatazos o corriendo para no ser denostados por todos sus oscuros antecedentes.

VALLADARES LEVANTA LA MANO PARA LA CAPITAL POTOSINA
Juan Carlos Valladares Eichelmann dejó claro que está preparado para participar en el próximo proceso electoral y asumir las responsabilidades que su partido y la ciudadanía le demanden. El diputado federal y empresario reconoció que las definiciones rumbo a 2027 entraron en una etapa decisiva y que en las próximas semanas se conocerán las determinaciones del Partido Verde Ecologista de México. Sin adelantarse a los tiempos, reiteró su disposición con una frase contundente: “Estoy listo”. Su nombre figura entre los perfiles que se han mencionado para buscar la alcaldía de San Luis Potosí capital.
Valladares expresó confianza en las encuestas como método para definir las candidaturas del Verde, siempre que se trate de ejercicios serios y con rigor metodológico. Consideró que el trabajo realizado debe reflejarse en la percepción ciudadana y en los resultados de las mediciones: “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”. También recordó que las decisiones internas de su partido están previstas para la primera semana de enero de 2027, por lo que el escenario comenzará a despejarse conforme se acerquen esas fechas.
Sobre la capital potosina, el legislador sostuvo que todavía hay mucho por hacer, construir y mejorar, al señalar que existen numerosas áreas de oportunidad que requieren visión y capacidad de ejecución. Su declaración deja ver que su interés va más allá de aparecer en las mediciones políticas: plantea la necesidad de atender los pendientes de la ciudad. Por ahora, la definición dependerá de los mecanismos internos del PVEM y de los tiempos electorales, pero Valladares ya expresó públicamente que está dispuesto a entrar en la contienda.

SLP LLEVA RESULTADOS DE SEGURIDAD A LA MESA NACIONAL
San Luis Potosí estuvo presente en la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal. En representación del estado participó Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, quien formó parte de la revisión de resultados y estrategias que se implementarán rumbo a 2027. Durante el encuentro se destacó la reducción del 77 por ciento en homicidios dolosos en San Luis Potosí y del 47 por ciento en la región Noreste, cifras que también fueron difundidas por autoridades estatales.
La reunión permitió abordar temas fundamentales para fortalecer la seguridad en el país, como la profesionalización y certificación de los cuerpos policiales, la prevención del delito, la protección a víctimas, el combate a la corrupción y el intercambio de información e inteligencia. Juárez Hernández destacó la importancia de mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, especialmente en regiones estratégicas para la actividad industrial, comercial y logística. También subrayó la necesidad de fortalecer la capacitación policial y promover la participación ciudadana mediante la denuncia.
La presencia de San Luis Potosí en este encuentro nacional representa una oportunidad para compartir resultados, revisar estrategias y reforzar la colaboración con las instituciones federales. La reducción de homicidios reportada es un indicador relevante, aunque el reto de mantenerla exige continuidad operativa, prevención y coordinación permanente. Bajo la administración de Ricardo Gallardo Cardona, la SSPC estatal refrendó su compromiso de trabajar junto al Gobierno de México para fortalecer las capacidades policiales y mejorar las condiciones de seguridad en las cuatro regiones del estado.

PRIMERO LA LEY, DESPUÉS EL VIAJE
Hay decisiones que no se toman para caer bien, sino para poner orden. Y eso es justo lo que está haciendo Aracely Martínez Acosta al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La secretaria lo dijo claro: ni Uber ni DiDi tienen hoy una autorización definitiva para operar en San Luis Potosí. No porque se les quiera cerrar la puerta, sino porque no han terminado lo que la ley les pide. Uber ya pagó, sí, pero le falta lo más importante: decir quiénes son sus conductores, registrar sus vehículos y capacitarlos. DiDi, por su parte, ni siquiera pagó. Dejó vencer su orden de pago. Y aun así, hay conductores que creen que ya pueden trabajar legalmente porque así se los hicieron creer.
Ahí está el problema. Y ahí está también el riesgo. Sin un padrón oficial, la SCT no sabe quién está detrás del volante. Si hay un accidente, una denuncia de acoso o un delito, ¿a quién se busca? ¿Cómo se da seguimiento? No se puede garantizar la seguridad de los pasajeros con aplicaciones que operan en la opacidad. Por eso la advertencia de Martínez Acosta llega en el momento justo: viene El Buen Fin, vienen las fiestas decembrinas, viene la temporada en la que más gente necesita moverse. Y justo en esa temporada no se puede recomendar un servicio que no cumple la ley.
Que nadie se confunda: esto no es persecución. No es estar en contra de la tecnología ni de los conductores que buscan ganarse la vida. Es todo lo contrario. Es defender a los usuarios y también a los propios conductores, que hoy trabajan en incertidumbre jurídica, sin gafete, sin capacitación y sin registro. La secretaria aseguró que el diálogo está en las mesas y que la instrucción es seguir trabajando, dialogando, sin cerrar la puerta a nadie. Pero también dejó muy claro que hay que cumplir la ley pese a las manifestaciones, ya que no se puede trabajar en contra de la ley.
La secretaria les dejó la puerta abierta. La fórmula es sencilla y es la misma para todos: primero cumplir la ley y después operar. Padrón, vehículos registrados, conductores capacitados. Con eso, Uber y DiDi podrán trabajar tranquilos y los potosinos podrán viajar seguros. En movilidad, el orden no es un capricho. Es la única manera de que la modernidad no se convierta en riesgo.

LA CASA QUE NO LAS PROTEGIÓ
Fueron a buscar paz y encontraron lo peor. Fueron a buscar a Dios y se toparon con el silencio. Ocho niñas de entre 5 y 13 años, ocho carpetas abiertas en la Fiscalía, un trabajador de una capilla en Prados señalado como presunto responsable de abuso sexual infantil y un presunto responsable que hoy está prófugo; esa es la historia que hoy avergüenza a San Luis Potosí y que pone otra vez a la Iglesia católica en el centro de la indignación. No eran niñas extrañas al templo, eran niñas del catecismo, niñas que acudían cada semana a un lugar donde se supone que nadie les haría daño, niñas que estaban bajo el cuidado de un hombre que tenía contacto directo y cotidiano con ellas y que tenía la obligación de protegerlas, y, sin embargo, según denuncian sus madres y la defensora que las acompaña, ese cuidado se convirtió en descuido, ese templo se convirtió en riesgo y esa confianza se convirtió en trauma.
Lo más doloroso no terminó ahí. Cuando las madres buscaron ayuda, cuando la defensora tocó la puerta del Arzobispado para hablar con el arzobispo y exponerle lo que les había pasado a las niñas, no las recibieron. La puerta que siempre está abierta para la limosna, para la misa, para la foto, se cerró para las víctimas. Después vino el vocero, Tomás Cruz Perales, a decir que el arzobispo ya está enterado, que el caso no quedará impune y que se actuará conforme a la ley, y vino también Lucila Olguín Segura, de la Oficina de Recepción de Denuncias, a hablar de no revictimizar, de suspensiones, de renuncias y de finiquitos como si estuviéramos hablando de un trámite laboral y no de ocho infancias rotas. Para las familias eso no es respuesta, es discurso. Es la misma fórmula de siempre: primero el silencio, luego la minimización, después la promesa de que ahora sí harán algo, mientras el señalado está libre, mientras la capilla está cerrada por supuestas cuestiones de seguridad, mientras se cuestiona que no se haya permitido la visita de policías de investigación y mientras se señala presunta complicidad de su esposa y del párroco, señalamientos que deberá investigar y acreditar la autoridad competente.
Y ahora piden no contar las historias, piden no desglosar lo que vivió cada niña porque, dicen, eso revictimiza. Pero las acompañantes lo dicen claro: no es protección, es silencio. Es querer que nadie señale a la Iglesia. Es querer que el escándalo pase, que la gente se olvide, que las ocho carpetas se vuelvan un número más. No. Aquí no se trata de atacar la fe, se trata de exigir que la institución que predica proteger al inocente deje de proteger su imagen antes que a las víctimas. Si hubo descuido, que se reconozca. Si hubo omisión, que se sancione. Si hubo complicidad, que se investigue. El peso de la ley debe caer sobre el presunto responsable sin importar su vínculo con la Iglesia, y la Iglesia debe entender de una vez que la casa de Dios no puede ser el lugar donde las niñas no tienen cómo defenderse.

NO SUELTAN EL HUESO
Hay que decirlo como es: hay políticos que ya no tienen propuesta, ya no tienen proyecto y ya no tienen pueblo, y por eso viven del odio. Lo dijo claro el gobernador Ricardo Gallardo Cardona: hay muchos políticos que manejan discurso de odio y creo que la maldita herencia se resiste a dejar el hueso, y tiene razón, porque lo que estamos viendo en San Luis Potosí no es debate, no es crítica, no es oposición responsable, es una campaña de descalificación permanente de quienes durante años tuvieron el poder, se sirvieron de él, lo heredaron entre familias y entre compadres, y hoy no soportan ver que ese poder ya no les pertenece. Son los mismos de siempre, los que cuando gobernaban no rendían cuentas, no daban resultados y no caminaban las colonias, pero ahora de pronto se volvieron expertos en todo, opinan de todo y critican todo, no porque les preocupe San Luis Potosí, sino porque les preocupa perder el hueso que por años les dio privilegios, contratos, cargos y reflectores.
Gallardo lo puso sobre la mesa sin rodeos: estas estrategias no son nuevas, su administración ya tiene identificados a los actores que recurren a estas prácticas y también sabe que se destinan importantes cantidades de dinero a impulsar esos mensajes, dinero para pagar campañas de odio, para inflar cuentas, para sembrar división, para tratar de confundir a la gente, porque cuando ya no se puede ganar con votos, se intenta ganar con veneno. Y lo hacen porque saben que si la discusión se centra en resultados, en obras, en programas, en apoyos, en lo que realmente le importa a la gente, pierden, por eso prefieren el pleito, el insulto, el chisme y la polarización, porque en el lodo se sienten cómodos, ahí es donde siempre han hecho política. Pero la gente ya cambió, la ciudadanía ya tiene más elementos para reconocer cuándo una postura busca generar división y cuándo busca realmente ayudar, ya no se traga tan fácil el discurso de los que ayer saquearon y hoy se dicen salvadores, ya distingue entre quien trabaja y quien solo grita.
Por eso el mensaje del gobernador no es solo una queja, es una advertencia y también una invitación a no caer en el juego de los que quieren dividir para volver a mandar. San Luis Potosí necesita discusión de resultados y de necesidades, no guerras de odio pagadas desde la nostalgia del poder. Que ladren, que paguen, que sigan con su discurso, mientras ellos se aferran al hueso, Gallardo sigue gobernando y la gente sigue viendo quién está de su lado y quién solo quiere regresar a vivir del pasado.

EL ALCALDE QUE NO SABÍA NADA
Hay que entender bien lo que pasó porque es grave y a la vez es increíble: un policía municipal de la Guardia de Enrique Galindo fue detenido por su presunta participación en una agresión contra policías estatales el pasado 4 de noviembre en el bulevar del río Santiago, un hecho donde hubo balazos, donde un presunto agresor terminó herido y luego murió en un hospital, y donde el agente Moisés “N” iba en el vehículo relacionado con el ataque, y hasta ahí ya es un escándalo, pero lo que lo vuelve todavía más escandaloso es lo que dijo después el propio alcalde, porque Galindo salió a decir que no sabía nada, que no tenía conocimiento de que su policía había dejado de ir a trabajar desde el 31 de octubre, que no contaba con información suficiente sobre su participación en la agresión y que no sabía los detalles, y eso sería entendible si fuera un ciudadano cualquiera, pero no lo es, es el presidente municipal, es el jefe de la policía municipal, es el responsable de la seguridad de la capital, ¿cómo es posible que el alcalde no sepa lo que pasa en su propia corporación?
Y lo peor es que su propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya lo había dicho públicamente en un comunicado del 17 de noviembre, que Moisés “N” no acudía a laborar desde el 31 de octubre, que la Dirección de Asuntos Internos tenía documentadas sus inasistencias, que estaba fuera de servicio cuando fue detenido y que no tenía cargo de mando, es decir, la corporación sí sabía, la corporación sí tenía el registro, la corporación sí tenía el expediente, pero el alcalde dice que no sabía, entonces aquí hay solo dos opciones y las dos son malas, o Galindo de verdad no está enterado de lo que pasa en su Ayuntamiento y gobierna a ciegas, o sí sabía y prefirió decir que no sabía para lavarse las manos, y cualquiera de las dos es una contradicción que no se puede dejar pasar, porque mientras la SSPC dice una cosa, el alcalde dice otra, mientras la Fiscalía dice que ya lo identificó, que ya obtuvo una orden de aprehensión por ataque peligroso en concurso real con daño en las cosas y que ya lo puso a disposición del juez, el alcalde dice que no tiene información suficiente para establecer qué hizo, mientras la SSPC asegura que colaborará y que no encubrirá a nadie, el alcalde confirma que el agente era parte de la Guardia Municipal, pero no explica cómo un policía que ya no iba a trabajar desde finales de octubre terminó en un vehículo relacionado con un ataque contra policías estatales.
Esto no es un error de comunicación, esto es la muestra de un Ayuntamiento que no se coordina ni consigo mismo, de un alcalde que presume orden y control, pero que no sabe ni cuántos policías tiene ni dónde están, de una administración que cuando hay un problema grave prefiere el “yo no sabía” antes que asumir la responsabilidad, y eso en seguridad es peligrosísimo, porque si el alcalde no sabe que un policía falta desde el 31 de octubre, ¿qué más no sabe?, ¿cuántos policías más están en la misma situación?, ¿quién los supervisa?, ¿quién responde si un elemento fuera de servicio termina involucrado en un ataque armado? La gente de San Luis Potosí no merece un alcalde que se entere por los boletines de la Fiscalía de lo que pasa en su propia policía, merece un alcalde que sepa, que controle, que responda y que no se contradiga con su propia Secretaría, porque cuando el Ayuntamiento se contradice, la confianza se rompe, y cuando la confianza se rompe en seguridad, lo que se rompe es todo.

LA CORTE LES CORRIGIÓ LA PLANA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de hacer lo que el Congreso del Estado no quiso hacer: pensar antes de legislar. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 113/2026, el Pleno declaró inconstitucional la reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí que pretendía dejar en 20 días parejo las precampañas para gubernatura, diputaciones y ayuntamientos rumbo al proceso de 2027, y con eso restituyó los plazos que ya existían y que sí tenían lógica: 40 días para la gubernatura y 25 días para diputaciones y ayuntamientos, porque no es lo mismo recorrer todo el estado para buscar una candidatura a gobernador que recorrer un distrito o un municipio, no es lo mismo el alcance, el territorio, la estructura, el gasto ni el tiempo que necesita un aspirante para darse a conocer y para convencer a su partido y a la ciudadanía, y eso fue justo lo que la Corte les dijo a los diputados, que no se puede meter en un mismo molde elecciones de distinta naturaleza y de distinto alcance territorial como si fueran iguales, porque al hacerlo se rompe la equidad y se afecta el proceso de selección de candidaturas.
Pero la resolución no se quedó ahí, porque la Corte también invalidó la reducción del tiempo para que los aspirantes independientes reunieran las firmas de respaldo ciudadano, y ahí el argumento es todavía más claro y más contundente: a los independientes les mantuvieron los mismos porcentajes de apoyo exigidos, es decir, les pidieron la misma cantidad de firmas, pero con menos días para conseguirlas, lo que en la práctica era ponerles una traba, era hacerles más difícil competir, era cerrarles la puerta con el pretexto de simplificar el proceso, y eso no es democracia, eso es ventaja disfrazada de reforma. Con esta sentencia se cae una reforma que representaba un revés para la Legislatura local, pero sobre todo un revés para la improvisación legislativa, para esas reformas que se aprueban al vapor, sin análisis, sin escuchar a las autoridades electorales y sin pensar en las consecuencias, y ahora el Congreso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y todos los actores políticos tendrán que observar los efectos de la resolución y ajustarse a los plazos que la Corte restituyó, porque rumbo a 2027 las reglas ya quedaron claras: precampañas de 40 días para gobernador, de 25 para diputados y ayuntamientos, y condiciones justas para los independientes, porque en una elección no se puede jugar con el tiempo, porque el tiempo es equidad, el tiempo es oportunidad y el tiempo es democracia, y eso es lo que hoy la Corte le recordó a San Luis Potosí.

SLP TODAVÍA TIENE SALIDA
Juan Carlos Valladares no se anda con rodeos, está listo, está preparado y no descarta participar en las elecciones de 2027, y lo dice con la seguridad de quien conoce San Luis Potosí, de quien lo ha recorrido, de quien sabe que este estado está en un hoyo, pero que todavía se puede sacar, y esa frase no es un eslogan, es una realidad que todos los potosinos vivimos todos los días, porque sí, San Luis está en un hoyo de inseguridad, de baches, de tráfico, de falta de oportunidades, de obras que no terminan y de políticos que prometen y no cumplen, pero también es un estado con gente trabajadora, con jóvenes que quieren salir adelante, con empresarios que le apuestan a su tierra, con familias que no se rinden, y eso es lo que Valladares parece entender, que San Luis no está perdido, que San Luis no está condenado, que San Luis todavía tiene salida si se hacen las cosas bien.
Y por eso suena lógico que diga que confía en las encuestas serias para definir las candidaturas, porque ya estamos hartos de las imposiciones, de los dedazos, de los acuerdos en lo oscurito, la gente quiere que se le pregunte, que se le escuche, que se le tome en cuenta, y si las encuestas serias dicen que es él, pues que sea él, pero que sea por trabajo, por resultados, por su labor legislativa, no por compadrazgos ni por favores políticos, porque San Luis ya no aguanta más de lo mismo, ya no aguanta más políticos que solo aparecen en campaña y luego desaparecen, ya no aguanta más promesas vacías. Valladares dice que está preparado y las definiciones podrían conocerse próximamente, y eso pone a todos a la expectativa, porque si de verdad quiere entrarle, va a tener que demostrar que tiene un proyecto para sacar a San Luis del hoyo, un proyecto para la seguridad, para la movilidad, para el empleo, para los jóvenes, para las mujeres, para todos, no solo discursos bonitos, sino propuestas claras, con rumbo, con carácter, con valentía, porque sacar a San Luis del hoyo no se hace con tibieza, se hace con decisión, se hace con trabajo, se hace con honestidad, y si Valladares de verdad está listo para eso, entonces que le entre, porque San Luis Potosí todavía se puede sacar del hoyo, todavía hay esperanza, todavía hay futuro, y todavía hay potosinos dispuestos a pelear por su estado.

EL ALCALDE QUE NO SOPORTA UNA PREGUNTA
Era una rueda de prensa como cualquier otra, eso sí, sin ser convocada, pero los medios investigaban para poder entrevistar. Micrófonos, cámaras, celulares grabando, su funcionario de Comunicación Social acomodado detrás del alcalde y reporteros esperando turno para preguntar. Hasta que llegó la pregunta incómoda. Una reportera tomó el micrófono y le preguntó a Enrique Galindo Ceballos por el presunto desvío de recursos en Interapas, por el tema de las pipas. No era un rumor de pasillo. Era dinero público. Era un tema que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Galindo no respondió con datos. No sacó un documento. No dio una explicación.
Respondió agrediendo a la reportera y denostando al medio de comunicación.
Y mientras eso ocurría, trabajadores del Ayuntamiento aplaudían. Aplaudían como si burlarse de la prensa fuera parte de su trabajo. Como si atacar a una periodista fuera motivo de celebración. Como si el Ayuntamiento fuera un show y no una institución obligada a rendir cuentas.
Esa escena lo dice todo. Porque la libertad de expresión es el derecho de toda persona a manifestar, difundir y compartir sus ideas, opiniones e información, sin temor a ser censurada, sancionada o perseguida por ello. Es el derecho a decir lo que se piensa, a criticar a las autoridades, a informar, a investigar, a debatir y a expresarse a través de la palabra, la escritura, la prensa, el arte, las redes sociales y cualquier otro medio.
En México está garantizada en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y es un pilar fundamental de la democracia. Sin ella no hay debate público, no hay prensa libre, no hay rendición de cuentas. Preguntar por dinero público no es una agresión. Agredir a una periodista por hacer su trabajo, sí lo es. Pero para Galindo parece ser al revés.
Y no es la primera vez. No es un exabrupto aislado. Es un patrón que los periodistas de San Luis Potosí conocen bien.
El alcalde llama a los periodistas por su nombre para etiquetarlos, cuando hoy eso no se puede hacer por la seguridad de los mismos. En un estado y en un país donde ser periodista es riesgoso, señalar con nombre y apellido a quien pregunta es ponerlo en riesgo. Y Galindo lo sabe, o debería saberlo, pero lo sigue haciendo.
Además, envía a supuestos periodistas que trabajan dentro del Ayuntamiento a intimidar a más periodistas, a hostigarlos, a estarlos provocando en coberturas y ruedas de prensa. Él mismo tuvo un medio de comunicación y tiene uno actualmente, además de sus páginas de golpe en contra del Gobierno del Estado. Es decir, sabe perfectamente lo que es hacer periodismo, sabe lo que es criticar al poder, sabe lo que es preguntar. Pero cuando las preguntas son para él, entonces ya no le gusta.
Cabe hacer mención que varios periodistas han sido víctimas no solamente de él, sino de sus hijos y de su esposa, donde fueron maltratados, corridos de una manera vergonzosa. El carácter de la esposa fue un factor principal para que ya no quisieran trabajar con ella, por la manera en que les habla, déspota. En fin, ¿quién es Enrique Galindo para decir qué medio de comunicación es bueno o no?
Lamentablemente, no quiere escuchar lo que sus regidores y funcionarios municipales están haciendo. No quiere escuchar críticas. No quiere escuchar preguntas. No quiere escuchar a la ciudadanía.
Es desagradable llamar a los periodistas por su nombre. Es ponerlos en riesgo. Y no se ha dado cuenta de eso, o simplemente lo hace para molestarlos o para empezarlos a intimidar, porque eso sí, no le gustan las preguntas. La libertad de expresión no es absoluta. Encuentra sus límites cuando se utiliza para incitar a la violencia, difundir información falsa que dañe la reputación de una persona, revelar datos privados o promover discursos de odio y discriminación.
Pero preguntar por pipas, por Interapas, por dinero público, no es violencia. Es periodismo. Es democracia. Es el derecho de todos los potosinos a saber en qué se gasta su dinero. Y un alcalde que en lugar de responder, agrede, que en lugar de explicar, insulta, y que en lugar de proteger a la prensa, la expone, es un alcalde que no soporta una pregunta.
Y si no soporta una pregunta, ¿cómo va a soportar gobernar una ciudad?

DELITO RECURRENTE
El robo de ganado parece haberse convertido en una práctica recurrente en distintos municipios de la zona Media. El caso de Ana María, quien sufrió el robo de sus animales hasta en tres ocasiones en su potrero de Puestecitos, en Ciudad Fernández, es una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan los productores y propietarios de ganado.
Primero fue una vaca y su becerro, después una becerra y, recientemente, otros tres animales. No se trata solamente de pérdidas económicas, sino del esfuerzo y patrimonio de una mujer que ahora tiene que acudir ante la Fiscalía para exigir justicia.
Lo preocupante es que el abigeato no es un delito menor ni debe tratarse como un asunto cotidiano del campo. En San Luis Potosí, el artículo 237 del Código Penal establece penas de cuatro a diez años de prisión, además de sanciones económicas. La pena puede incrementarse hasta en una tercera parte cuando existen agravantes, como cometer el robo de noche, con violencia, entre dos o más personas, romper cercas o cuando se perjudica a pequeños productores.
Entonces, la incógnita es sobre dónde están los resultados. No basta con recibir denuncias y abrir carpetas de investigación, se necesitan investigaciones reales, vigilancia en caminos y comunidades rurales, así como acciones para identificar y detener a quienes se dedican a este ilícito.
El patrimonio de las familias del campo merece protección. Que una mujer haya sido víctima hasta en tres ocasiones es motivo suficiente para exigir que el caso no quede en el olvido ni mucho menos impune. El abigeato también es un golpe directo a la economía rural y las autoridades tienen la obligación de combatirlo.

EN AUMENTO EL ROBO DE AUTOS
La delincuencia dedicada al robo de vehículos parece haber encontrado terreno fértil en la zona Media, particularmente en Rioverde, donde cada vez son más frecuentes los reportes de unidades desaparecidas, incluso en sectores céntricos y a plena vista de la ciudadanía.
El caso más reciente ocurrió la noche de este martes, cuando dos sujetos robaron una camioneta que se encontraba estacionada en el callejón de Hidalgo, entre Amado Nervo y Manuel José Othón, en pleno centro de Rioverde. El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia.
Pero esto ya no parece tratarse de hechos aislados. La preocupación aumenta porque algunas unidades son localizadas posteriormente por sectores como el ejido Miguel Hidalgo, rumbo a La Laborcilla, aunque lamentablemente desvalijadas, convertidas prácticamente en chatarra.
El problema está tomando un tinte preocupante. Los propietarios no solamente enfrentan la pérdida de su patrimonio, también la incertidumbre de no saber si volverán a recuperar sus vehículos y en qué condiciones.
Mientras tanto, los robos continúan y la ciudadanía se pregunta qué está pasando con la vigilancia y las estrategias de prevención. No basta con atender los reportes después de que ocurren los delitos; se necesitan acciones concretas de investigación, vigilancia y coordinación entre las corporaciones para identificar y desarticular a quienes están detrás de estos robos. Rioverde y los municipios de la región no pueden acostumbrarse a vivir con el temor de dejar un vehículo estacionado y regresar para encontrar que desapareció.
Algo tiene que hacerse, y pronto. La recuperación de vehículos desvalijados no puede convertirse en la respuesta habitual ante una delincuencia que sigue golpeando el patrimonio de las familias.

DELITO RECURRENTE
El robo de ganado parece haberse convertido en una práctica recurrente en distintos municipios de la zona Media. El caso de Ana María, quien sufrió el robo de sus animales hasta en tres ocasiones en su potrero de Puestecitos, en Ciudad Fernández, es una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan los productores y propietarios de ganado.
Primero fue una vaca y su becerro, después una becerra y, recientemente, otros tres animales. No se trata solamente de pérdidas económicas, sino del esfuerzo y patrimonio de una mujer que ahora tiene que acudir ante la Fiscalía para exigir justicia.
Lo preocupante es que el abigeato no es un delito menor ni debe tratarse como un asunto cotidiano del campo. En San Luis Potosí, el artículo 237 del Código Penal establece penas de cuatro a diez años de prisión, además de sanciones económicas. La pena puede incrementarse hasta en una tercera parte cuando existen agravantes, como cometer el robo de noche, con violencia, entre dos o más personas, romper cercas o cuando se perjudica a pequeños productores.
Entonces, la incógnita es sobre dónde están los resultados. No basta con recibir denuncias y abrir carpetas de investigación, se necesitan investigaciones reales, vigilancia en caminos y comunidades rurales, así como acciones para identificar y detener a quienes se dedican a este ilícito.
El patrimonio de las familias del campo merece protección. Que una mujer haya sido víctima hasta en tres ocasiones es motivo suficiente para exigir que el caso no quede en el olvido ni mucho menos impune. El abigeato también es un golpe directo a la economía rural y las autoridades tienen la obligación de combatirlo.

TEMAS QUE AYUDAN
Este año comenzó a realizar un interesante trabajo un equipo de cuatro psicólogos, para compartir a demás profesionistas temas de relevancia y de hechos que desafortunadamente pegan severamente hoy en día.
Comenzaron en Ciudad del Maíz justamente en Agosto con un primer Congreso de Psicología, luego este mes lo hicieron en Rioverde y nuevamente vuelven al pueblo maicense por segunda vez y precisamente durante el presente Noviembre.
Pero vaya, en Ciudad del Maíz la primera actividad fue para psicólogos, abogados, trabajadores sociales y demás, pero posteriormente hicieron una actividad similar pero con madres de familia que tienen a sus hijos cursando la secundaria.
Los temas que se manejan son interesantes como es suicidio y prevención, adicciones en la adolescencia, bienestar emocional, además de abuso sexual infantil, en hechos que se viven hoy en día, como niños y adolescentes son violentados por su padrastro y otro familiar directo, incluso hasta el vecino, y para dar fin al problema padecido, escapan por la puerta falsa.
Cuestiones que llevan al suicidio son muchas y en la actualidad, además de adolescentes, en la edad adulta quienes más lo hacen son varones, pues por machismo no pueden expresar sus sentimientos y emociones.
Llama la atención el desarrollo de estos congresos, que deberían llevarse a más escuelas tocando a fondo los temas, que habrán de ayudar mucho

YA FALTA POCO
Al ya comenzar en forma oficial el proceso electoral del 2027, en diversos municipios, tanto en Ciudad del Maíz como en cualquier otro dentro de la entidad de San Luis Potosí, se está a la espera de la conformación y presentación oficial de quienes no nada más serán los que estén al frente del comité municipal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), además de los representantes de partidos políticos.
El periodo anterior fungió como presidenta de este comité en Ciudad del Maíz Minerva Méndez Lucas, para dar el respectivo seguimiento a este proceso con las debidas asambleas, registro de candidatos a la alcaldía y entrega de constancia para quien resultó triunfadora.
Ya se tiene definido el periodo de cómo será realizado este proceso y que oficialmente comenzó en este mes, primero del 02 al 30 de noviembre con el registro de aspirantes por la vía independiente a cargos de gobernador del estado, diputados locales y ayuntamientos; de ahí, del 24 de enero al 12 de febrero, buscar el apoyo ciudadano.
Las precampañas para los tres cargos citados comenzarán el 24 de enero y terminarán el 12 de febrero y, así, al ya tener definido al candidato oficial, proceder con el periodo de registros, del 21 al 27 de febrero para gobernador; luego, en marzo, del 01 al 07 para diputados locales de mayoría relativa y del 08 al 15, igual, diputados locales, pero plurinominales, de igual forma para ayuntamientos.
Asimismo, en abril comienzan oficialmente las campañas, desde el 04 para gobernador y a partir del 24 para diputados locales y ayuntamientos, finalizando el 02 de junio para seguir con la veda electoral y las elecciones serán el día 06, finalizando desde ese día hasta el 13 con el cómputo oficial.
Es así como ya quedó definido el proceso electoral para el 2027; mientras tanto, en Ciudad del Maíz suenan los nombres de mujeres y hombres en busca directamente de la silla presidencial.

EMPIEZA A COCINARSE LA GRILLA
Al darse a conocer en el municipio de Ciudad del Maíz que ahora se suma José Yahir Castro García como aspirante a la alcaldía, a las filas políticas del presidente de San Luis Potosí capital, José Enrique Galindo Ceballos, hay algunos personajes que están a la espera no solo de ser sumados o tomados en cuenta, sino de arreglarse en coalición con sus partidos.
Aunque en el caso del Partido Acción Nacional (PAN) tiene de dirigente a Verónica Hernández Miranda, la que toma toda decisión dentro de temas políticos es la dos veces exalcaldesa (2018-2021 y 2021-2024), Mireya Vancini Villanueva, y hoy diputada local plurinominal (2024-2027), que en una de esas, y de todos los suspirantes que hay hacia el Ayuntamiento, no es de dudarse que ella dejaría a Yahir Castro, pues a inicios de la administración de gobierno en turno ya había ciertos diálogos.
Mientras, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el dirigente es Edgar Segura Ayala; quien decide qué se hace ahí es Alejandro Noé Figueroa Rodríguez, que, como ya ha estado señalándose, fue dos veces tesorero en el Ayuntamiento, del 2012 al 2015 con Juan Fernando Tovar Tovar y del 2015 al 2018 con el exedil finado Juan Antonio Gómez Páramo.
En el caso de Alejandro Figueroa, desde tiempo atrás sueña no solo en ser el candidato oficial, sino el alcalde del pueblo, sin importar qué digan los demás, y al paso que va generará una ruptura mayor en el priismo, si de por sí es a la fecha el grupo político más débil.
Ahora que "Galindo" irá en busca de la gubernatura de San Luis Potosí, son parte de los representantes locales en Ciudad del Maíz de ambos partidos que buscan ir juntos en coalición y poner a su candidato, pero quien ya trae amarres con el suspirante estatal es Yahir Castro, y ahí la cosa podría generar más rivalidad.
El pueblo quiere y exige personas nuevas no solo para contender, sino en las planillas y puestos de Ayuntamiento, lo que difícilmente se tendría con el PRI porque serían en su mayoría personajes que ya estuvieron antes, al igual que el PAN.
Pero si es que no llegara a darse tal coalición, donde se tendría mayor pleito político es en el PRI y, de ser así, corren el riesgo de perder la única posición que los representa en el Ayuntamiento, que es una regiduría en el Cabildo.


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