Marquesina al dÃa
Marquesina 17/11/2026
Por Redaccción
TECMOL Y SU ESTRATEGIA DE DESESPERACIÓN
José Luis Romero Calzada, alias “Tecmol”, parece haber puesto en marcha una estrategia de percepción: presumir qué “liderazgos” se están sumando, quiénes lo respaldan y con quiénes aparece en fotografías. Una dinámica como un intento de ganar validación política e incidir en el ánimo del entorno del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Los focos de atención están puestos sobre el personaje. En medio de investigaciones federales, así como de las referencias públicas a sus relaciones con el entorno de Héctor Portales y Gerardo Sánchez Zumaya, Tecmol busca proyectar una imagen de cercanía con el proyecto del Partido Verde. Sin embargo, cualquier afirmación sobre carpetas de investigación, su número o su contenido necesita respaldo documental; no basta con repetir versiones para convertirlas en hechos.
Y mientras intenta construir esa narrativa política, también enfrenta cuestionamientos por sus propios eventos. La llamada “orgi-coji-posada”, promovida por él mismo, ha generado controversia en Ciudad Valles y ha puesto sobre la mesa dudas sobre la responsabilidad de los organizadores, los permisos y las medidas de protección para los asistentes. No todo se resuelve con publicidad, invitados y publicaciones en redes sociales.
Otro movimiento que llamó la atención fue la fotografía con Daniela González, ahijada del alcalde David Armando Medina Salazar. En el camino rumbo a 2027, estas imágenes suelen convertirse en mensajes políticos y en intentos por demostrar cercanía con determinados grupos. Pero una fotografía no necesariamente representa una adhesión, un acuerdo o un respaldo político.
Lo cierto es que Tecmol está buscando espacios, interlocutores y reconocimiento dentro del escenario político potosino. La pregunta es si detrás de tanta exposición existe una estructura política capaz de sostener sus aspiraciones o si todo forma parte de una estrategia de imagen para mantenerse vigente en la conversación pública.
Porque en política no basta con presumir quién aparece en la fotografía ni cuántos dicen acompañarte. Al final, los respaldos se demuestran con hechos, no con publicaciones.
LA RESPONSABILIDAD NO SE DEJA EN LA CALLE
En la colonia 18 de Marzo, sobre el camino antiguo a La Unión, junto al Sindicato de Maestros Sección 26, la comunidad vive con temor. Un perro de raza Pitbull deambula sin supervisión, y lamentablemente ha cobrado la vida de otros animales, ha intentado atacar a personas y representa un riesgo constante para quienes transitan por el sector. Lo más preocupante: ha sido reportado en múltiples ocasiones y el problema persiste.
Y como si esto no fuera suficiente, ahora también en la colonia Solidaridad se vivió un momento de angustia que nos recuerda por qué este asunto no puede seguir esperando. Un perro se cruzó inesperadamente en el camino de un motociclista, provocando que este realizara una maniobra brusca para evitarlo, lo que ocasionó que perdiera el control y derrapara. El saldo lamentable: tres personas resultaron lesionadas, dos adultos y un menor de edad, quienes cayeron y sufrieron lesiones que requirieron atención de emergencia.
Una vez más, un animal suelto en la calle generó consecuencias graves. Una familia sufrió daños físicos y emocionales que bien pudieron evitarse si ese perro hubiera estado resguardado en su hogar. No fue el motociclista quien buscó el peligro; el peligro salió a su encuentro en la vía pública.
Es fácil señalar al animal. Pero un perro no sale a la calle por voluntad propia. Lo hace porque un ser humano no asumió su responsabilidad. Tener una mascota no es simplemente darle comida de vez en cuando; implica cuidarlo, contenerlo dentro de un espacio seguro, conocer su comportamiento y garantizar que no represente un peligro para la comunidad ni para el propio animal.
Cuando dejamos que un animal ande libre sin control, no solo lo exponemos a accidentes, pérdidas o maltrato; también ponemos en riesgo a nuestros vecinos, a otros animales y a nosotros mismos. El problema no es el perro —es quien lo suelta o no lo cuida. Cada perro que vemos vagando libre es una responsabilidad humana que se quedó en el olvido.
En el caso de la colonia 18 de Marzo, ya se han perdido vidas inocentes de otros perros y gatos. Ya hay personas que han sido amenazadas y atacadas. En la colonia Solidaridad, ya hay tres personas con lesiones, entre ellas un niño que simplemente estaba acompañando a sus familiares. Y mientras los dueños no aparezcan ni asuman su responsabilidad, el problema seguirá creciendo: el miedo de las familias, el riesgo de un incidente mayor y, al final del día, el animal termina siendo el más perjudicado por la negligencia de quien debería cuidarlo.
No es cuestión de raza ni de tamaño. Es cuestión de cuidado y contención. Cualquier animal en la vía pública puede provocar un accidente, y las consecuencias pueden ser fatales. No esperemos a que haya una pérdida de vidas para actuar.
Existen reglamentos que nos obligan a cuidar y contener a nuestras mascotas. No es una recomendación: es una obligación. Si no puedes con el cuidado de un animal, busca ayuda, reubícalo, pero no lo abandones ni lo dejes a su suerte en la calle. No es justo para él, y no es justo para quienes transitan por nuestros barrios.
A las autoridades también les decimos: es necesario dar seguimiento a los reportes ciudadanos de manera pronta y efectiva. Cuando una comunidad alza la voz en repetidas ocasiones, merece respuestas. La seguridad de las personas y el bienestar de los animales no pueden esperar. Un perro suelto hoy puede ser un accidente mañana.
"Ser dueño de una mascota significa ser responsable de sus pasos. Si no puedes garantizar que no lastime a nadie, no lo tengas. Y si ya lo tienes, cuídalo. La calle no es hogar para nadie. Y la seguridad de nuestros vecinos no puede depender de la suerte."
TANLAJÁS: LOS EXALCALDES SE MUEVEN CON “PAZ”
Los movimientos políticos rumbo a 2027 también comienzan a sentirse en Tanlajás. Exalcaldes del municipio ya han tenido acercamientos con el proyecto de “Paz”, una señal del trabajo de operación política que viene realizando Alejandro Leal Tovías para sumar figuras con trayectoria y presencia en la región.
Entre los nombres que han aparecido en estos encuentros están Raúl Rivera, quien nuevamente tendría interés en participar políticamente, además de los expresidentes municipales, Juan Barrón y Domingo Rodríguez. Se trata de personajes que conocen la política local y que ahora vuelven a colocarse en el tablero de las negociaciones rumbo a la próxima contienda.
Sin embargo, no todos llegan con el mismo historial. El nombre de Juan Barrón arrastra un antecedente judicial relacionado con el presunto desvío de recursos, por el que estuvo privado de la libertad. Un episodio que inevitablemente vuelve a cobrar relevancia cuando se habla de construir nuevos proyectos políticos y sumar antiguos funcionarios.
Alejandro Leal Tovías sigue moviendo sus piezas en la Huasteca y Tanlajás ya aparece dentro de esa operación. Ahora habrá que ver quiénes más se acercan a “Paz” y, sobre todo, qué cuentas pendientes acompañan a quienes buscan regresar al escenario político.
EL TALISMÁN DE LA MALA SUERTE
Lo de la regidora Daniela González y su acercamiento al llamado «Ejército Tecmol» parece confirmar que, en un acto de desesperación, primero anduvo con Gerardo Sánchez «Zumaña». Y eso es una buena señal para sus adversarios: es un auténtico talismán de la mala suerte.
La regidora también es recordada en el municipio por haberse negado a pagar el parquímetro en la zona centro y por causar daños a un inmovilizador de la empresa Iberparking.
Esta decisión obedece, en gran medida, al enojo que existe porque los negocios de David Armando Medina Salazar no caminaron en buenos términos con su papá, Tavo González, quien perdió la gracia de algunos personajes en San Luis Potosí. Incluso, se habla de investigaciones de otra índole. Así que las cosas no parecen marchar bien. No es ninguna garantía, pero bueno.
Tecmol quiere vender una percepción, está desesperado, sabe que la autoridad federal le está pisando los talones y ya no encuentra cómo salir del problema ante los innumerables incautos que le han entregado dinero para sus locuras.
Otros personajes que se suman al «Ejército Tecmol», con una marcada animadversión social, son Pedro «Peque» López y Guillermina Juárez, quienes también se incorporan a este proyecto.
PAGAN POR LEGISLAR, COBRAN POR PELEARSE
Si usted pensaba que en el Congreso del Estado se iba a legislar, se equivocó, porque lo que hubo este lunes fue otro capítulo de pleito de vecindad con fuero, con micrófono y con sueldo pagado con dinero público, y las protagonistas fueron otra vez las de siempre, Jessica Gabriela López Torres, de Morena, y Sara Rocha, del PRI, dos diputadas que parecen más preocupadas por quién se queda con la última palabra que por quién resuelve un solo problema de San Luis Potosí, y qué vergüenza de congresistas, de verdad, qué vergüenza verlas convertidas en eso, porque todo empezó como un debate legislativo, de esos que suenan bonitos en el orden del día, pero que en la práctica terminan en gritos, en reclamos y en manoteos, y es que Jessica Gabriela subió a la tribuna a defender con datos lo que expuso la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de la APEC, que el salario mínimo subió 154% en ocho años, que vienen 2 mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros y de carga, y que todo va muy bien, y hasta ahí, todo en orden, porque para eso es la tribuna, para debatir con datos, pero luego vino Sara Rocha, pidió una rectificación de hechos, que en teoría es para corregir una cifra, para aclarar un dato, para decir eso que dijo no es así por esto y por esto, y según Jessica Gabriela, la priista agarró ese espacio y lo convirtió en posicionamiento político, en su propio mitin, sin haberse inscrito en asuntos generales, sin respetar la lista de oradores, sin respetar el reglamento, y ahí se armó, y ahí se vio la política barata en todo su esplendor, esa política barata que no debate ideas sino que pelea por el micrófono, que no convence con argumentos sino que grita más fuerte, que no respeta el reglamento sino que lo usa a conveniencia, y “yo subo a la tribuna con datos, yo no subo con chismes”, lanzó la morenista, como si con esa frase ya hubiera ganado el debate, y luego contó que una diputada priista la tocó para hacerla regresar a su lugar, y que otra legisladora metió asuntos personales en la discusión, y que el reglamento no es para brincárselo, y tiene razón en una cosa, el reglamento no es para brincárselo, pero tampoco es para usarlo como garrote cada que no te gusta lo que escuchas, porque lo que se vio en el pleno no fue una defensa del reglamento, fue una defensa del ego, una pelea por quién habla, por quién interrumpe, por quién se ve más brava en el video que después va a circular en redes sociales, y del otro lado, Sara Rocha tampoco queda bien parada, porque si de verdad quería rectificar hechos, pues que rectifique hechos, que diga qué cifra está mal, qué dato está inflado, qué número no cuadra, pero no, lo que hizo fue aprovechar la rendija del reglamento para colar su postura política, para decir lo que no quiso decir en asuntos generales, para hacerse notar, y eso también es brincarse el reglamento, aunque lo haga con cara de yo solo estoy ejerciendo mi derecho, porque en el Congreso ya todos se saben el truco, pides rectificación, te subes, dices lo que quieres, y si te reclaman, dices que te están censurando, y eso también es política barata, política de show, política de video para redes, y lo más triste de todo esto es que mientras ellas se pelean por la tribuna, por la lista de oradores, por quién la tocó y por quién metió lo personal, afuera hay gente que las eligió para que legislaran, para que hicieran leyes, para que vigilaran el presupuesto, para que le dieran resultados a San Luis Potosí, y lo que reciben a cambio es un espectáculo que ya cansa, un pleito que se repite sesión tras sesión, donde ninguna de las dos respeta al recinto legislativo, donde ninguna de las dos quiere escuchar las verdades de la otra, donde una no soporta que le cuestionen a su partido y la otra no soporta que le cuestionen su forma de hacer política, porque seamos claros, a Jessica Gabriela lo que no le gusta escuchar son las verdades de su partido, y a Sara Rocha lo que no le gusta es que le digan que ella también viola los protocolos cuando le conviene, y así, entre las dos, el Congreso se convierte en un ring, en un programa de chismes con fuero, en un lugar donde se cobra por legislar pero se vive de pelearse, y qué vergüenza de congresistas, qué vergüenza que con todo lo que le falta a San Luis Potosí, con todo lo que hay por resolver, lo único que sepan dar sea política barata, y mientras tanto, el ciudadano que paga sus impuestos, que paga sus sueldos, que paga sus dietas, que paga sus asesores, que paga sus viajes y que paga hasta el café que se toman en la sesión, se queda viendo el circo desde afuera, preguntándose cuándo van a dejar de pelearse por la tribuna y van a empezar a trabajar por la gente que dicen representar.
UN GOBIERNO QUE NO IMPROVISA, UN GOBIERNO QUE ESTÁ CON LA GENTE
Hay gobiernos que esperan a que llegue la emergencia para reaccionar, y hay gobiernos que se adelantan, que planean, que coordinan y que cuando el frío aprieta ya tienen todo listo para proteger a su gente, y ese es justamente el gobierno que hoy tiene San Luis Potosí, porque mientras en otras partes del país todavía están viendo cómo le hacen con la temporada invernal, aquí el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, ya tienen lista la estrategia invernal para resguardar a potosinos y paisanos, y no es una ocurrencia, no es una improvisación de último momento, es una estrategia con orden, con coordinación y con resultados, porque desde hace días, por instrucción directa del Mandatario Estatal, todas las dependencias ya están trabajando en estrecha coordinación con los 59 ayuntamientos para fortalecer las medidas preventivas y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia climática, y eso se dice fácil, pero implica reuniones, implica organización, implica tener identificados los refugios, tener listo el personal, tener listas las rutas de atención y tener claro qué hacer en cada municipio, en cada comunidad, en cada zona donde el frío pega más fuerte, y por eso hoy ya se puede decir con certeza que los refugios temporales ya están identificados y habilitados en los 59 municipios, listos para asistir a la población vulnerable, listos para recibir a quien lo necesite, listos para que ninguna familia potosina tenga que enfrentar sola las bajas temperaturas, y en los próximos días el propio Gobernador Ricardo Gallardo encabezará el arranque oficial de los operativos Invernal y Paisano, y eso también dice mucho, porque no es un operativo que se deja en el escritorio, es un operativo que se encabeza en territorio, que se pone en marcha con la gente, que se despliega para respaldar tanto a las y los connacionales que visitan la entidad como a las comunidades ubicadas en las zonas con climas más extremos, y ahí es donde se nota que este gobierno sí conoce a San Luis Potosí, porque sabe que el frío no pega igual en todos lados, sabe que hay que poner especial énfasis en los municipios del Altiplano, como Real de Catorce, Vanegas, Villa de la Paz y Villa de Guadalupe, donde las temperaturas bajan de golpe y donde las familias necesitan apoyo real, y sabe también que hay que atender las partes altas de Xilitla, en la Huasteca, donde el frío y la lluvia se combinan y donde la prevención puede salvar vidas, pero la estrategia no se queda solo en los refugios, porque además las autoridades estatales mantienen una vigilancia permanente sobre los niveles y condiciones de presas y ríos, principalmente en la región Huasteca, para prevenir riesgos ante la posible presencia de lluvias invernales, y eso es gobernar con responsabilidad, eso es pensar en todo, eso es no dejar ningún cabo suelto, y por eso las palabras del secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, no son palabras vacías, son el reflejo de un trabajo que ya se está haciendo, “San Luis Potosí cuenta con experiencia y mecanismos sólidos de coordinación para enfrentar el frío, mantendremos la vigilancia y el trabajo conjunto con los municipios para cumplir la encomienda del Gobernador de salvaguardar a las familias potosinas”, dijo, y lo dijo con la tranquilidad de quien sabe que las cosas ya están en marcha, de quien sabe que no se está improvisando, de quien sabe que detrás de esa frase hay apoyos, hay estrategias, hay coordinación y hay un gobierno que está con la gente, y es que eso es lo que más se nota en esta administración, que el gobierno está con la gente, que no espera a que la gente vaya a pedir ayuda, sino que sale a buscarla, que no espera a que el frío cause una tragedia para actuar, sino que se adelanta para evitarla, que no abandona a los paisanos que regresan a visitar a sus familias, sino que los recibe, los acompaña y los protege, y que no se olvida de las comunidades más alejadas, de las que muchas veces nadie se acuerda hasta que ya es demasiado tarde, y por eso, mientras el invierno se acerca, San Luis Potosí puede estar tranquilo, porque tiene un Gobernador que instruye, que encabeza y que cumple, y tiene un secretario General de Gobierno que coordina, que vigila y que trabaja de la mano con los 59 municipios, y sobre todo, tiene un gobierno que no gobierna desde el escritorio, sino desde el territorio, con estrategias claras, con apoyos reales y con la gente siempre en el centro de cada decisión.
LA JUSTICIA QUE SÍ AVANZA Y LA QUE SE QUEDA EN PAUSA
Hay una cifra que el Poder Judicial de San Luis Potosí presenta como resultado de su trabajo y que, leída con frialdad, habla de un esfuerzo real, cerca de 25 sentencias condenatorias por feminicidio en lo que va de 2026, la mayoría con penas en la media alta por la gravedad del delito, y esa cifra no es menor, porque cada sentencia implica un expediente que sí llegó a juicio, pruebas que sí se desahogaron, testigos que sí declararon, audiencias que sí se celebraron y una resolución que sí se dictó, y en ese sentido la institución, encabezada por la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, puede decir que hay un trabajo que se está haciendo y que hay casos que no se quedaron en el olvido, y sin embargo, esa misma cifra deja al descubierto otra realidad que no se puede ignorar, la de los expedientes que no han llegado a sentencia, que siguen en vinculación a proceso, en etapa de pruebas, con testigos pendientes o en espera de una audiencia que se difiere una y otra vez, y ahí es donde aparece el caso de Silvia Gómez, un feminicidio ocurrido en 2017 que a casi nueve años sigue sin juicio, sin sentencia y sin una resolución que determine la responsabilidad penal del imputado, y la pregunta que surge entonces no es si el Poder Judicial trabaja o no trabaja, sino por qué un caso como este, con tanto tiempo encima, sigue detenido mientras otros sí avanzan, y la respuesta, según explicó la propia magistrada presidenta, no está solamente en el ámbito estatal, sino en un entramado jurídico que hoy tiene frenado el expediente, porque existe una suspensión derivada de un juicio de amparo que impide al Poder Judicial estatal seguir con las actuaciones como quisiera, y eso significa que, aunque el tribunal quiera avanzar, está obligado a acatar lo que determinen las autoridades federales, “nosotros actuamos de conformidad con las leyes federales, en este caso lo que son los jueces de distrito”, señaló Zarazúa Martínez, y en esa frase está la clave para entender por qué el caso de Silvia no se ha movido al ritmo que la familia espera, porque no se trata de una falta de voluntad o de un expediente olvidado en un archivero, sino de un proceso que hoy depende de lo que resuelva un juzgado de distrito sobre ese amparo, y mientras esa resolución no llegue, el procedimiento estatal queda en pausa, sin posibilidad de realizar ciertas actuaciones, sin posibilidad de convocar audiencias que tengan efectos jurídicos plenos, y esa pausa se hizo visible el pasado viernes 13 de noviembre, cuando estaba programada una audiencia que tampoco pudo llevarse a cabo porque, según se informó a la familia, el imputado no se presentó porque supuestamente no había recibido la notificación correspondiente, un detalle que para la familia no es un simple trámite administrativo, sino una muestra más de cómo el tiempo se sigue acumulando sin respuestas. El caso de Silvia tiene además un antecedente que lo hace especialmente sensible, Olegario N., el imputado, permaneció aproximadamente seis años prófugo, fue detenido hasta agosto de 2023 e ingresado al penal de La Pila, y en octubre pasado un juez modificó su medida cautelar y le otorgó la prisión domiciliaria, una decisión que encendió la indignación de la familia no solo por el tiempo que estuvo fugitivo, sino por el temor fundado de que vuelva a evadir a las autoridades, y por eso promovieron el amparo para pedir que se revise la medida y que regrese a prisión preventiva, y sobre ese punto la magistrada explicó que las decisiones sobre las medidas cautelares deberán atender lo que resuelva el juzgado de distrito, aunque afirmó que el Poder Judicial estatal tiene la obligación de valorar las pruebas y determinar las medidas pertinentes para proteger a las víctimas indirectas, “para eso está el juez, para eso está la audiencia, para poder determinar qué es lo que procede”, expresó, y confirmó que ya hubo un acercamiento con la familia para explicarles la situación jurídica del expediente, aunque sin precisar cuándo podría reanudarse la audiencia ni en qué plazo se resolverá el recurso que mantiene detenido el proceso, y ahí está el punto central de esta columna, porque el trabajo del Poder Judicial no puede medirse solo por las 25 sentencias que sí se han dictado, sino también por la capacidad de explicar, con claridad y con empatía, por qué casos como el de Silvia siguen en pausa, por qué un amparo federal puede frenar un proceso estatal, por qué una notificación fallida puede tumbar una audiencia, y por qué una familia que lleva casi nueve años esperando sigue sin una fecha cierta para que su caso llegue a juicio, porque la justicia no solo se trata de sentenciar, sino también de dar certeza, y mientras la familia de Silvia siga exigiendo lo mismo desde hace años, que se revise la prisión domiciliaria, que el caso avance y que por fin llegue a juicio, el Poder Judicial tendrá el reto de demostrar que el avance que presume en cifras también puede traducirse en respuestas concretas para los expedientes que, como este, siguen esperando su turno.
EL VERDE JUEGA CON CALMA MIENTRAS LOS DEMÁS SE APRESURAN
Hay partidos que ya viven con la ansiedad del calendario electoral encima, que cuentan los días, que filtran nombres, que se adelantan como si la prisa fuera estrategia y no desesperación, y en medio de ese ruido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona salió a decir, con la tranquilidad de quien sabe que tiene el control de los tiempos, que el Partido Verde no tiene ninguna prisa, que las encuestas se harán en enero y que los candidatos se conocerán hasta febrero, y lo dijo como quien anuncia un plan y no una ocurrencia, como quien ya midió el terreno y sabe que en política, a veces, el que llega al final llega mejor. El arranque del proceso electoral ya quedó instalado ante el Ceepac, las formalidades ya están en marcha, los demás ya empezaron a moverse, pero el Verde, según su principal figura, esperará, observará, dejará que los otros se desgasten en sus pleitos internos y en sus anticipos, mientras él apuesta a que la selección se haga con calma y con la gente, porque esa es la frase que repitió con insistencia, que aquí los candidatos no los van a poner las dirigencias a puerta cerrada, sino que los va a escoger la ciudadanía en las cuatro regiones del estado, y aunque esa promesa suena a discurso de campaña, también suena a una jugada calculada, porque en un momento en que la desconfianza hacia los partidos está a flor de piel, decir que la gente manda es decir exactamente lo que la gente quiere escuchar. Gallardo aseguró además que el Verde no tendrá que sujetarse a los acuerdos de género ni a las definiciones de otras fuerzas políticas, que hará su propio procedimiento, y esa frase, dicha así, sin rodeos, también es un mensaje, es decir que no van a pedir permiso, que no van a negociar su lista en una mesa ajena, que van a jugar solos y con sus propias reglas, y eso, en un estado donde las alianzas suelen definir más que las encuestas, no es un dato menor. “Ya nos está notificando el Partido Verde que en enero se harán las encuestas para nuestros candidatos en las cuatro regiones y hasta febrero nosotros tendríamos candidatos”, dijo, y en esa frase hay una fecha, pero también hay una postura, la de un partido que se presenta como el último en anunciar y el primero en presumir que será cien por ciento ciudadano, “a diferencia de otros partidos, en el Partido Verde los candidatos van a ser escogidos por la gente, van a ser el único partido, el ente político, el único que va a ser escogido cien por ciento por la ciudadanía”, insistió, y habrá que ver si esa promesa se cumple en enero, cuando las encuestas empiecen a mover nombres, a levantar egos y a dejar heridos en el camino, porque una cosa es decir que la gente elige y otra muy distinta es aceptar lo que la gente elija, pero por lo pronto el mensaje ya está en la mesa, el Verde esperará hasta febrero, dejará que los demás se adelanten, y cuando todos ya hayan mostrado sus cartas, entonces sí, presentará las suyas, con la calma de quien cree que en esta elección, más que correr, lo que importa es llegar a tiempo y llegar con la gente.
¿CUÁNTO PODRÁN GASTAR POR TU VOTO EN 2027?
Rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEEPAC, ya puso las reglas del dinero, ya definió cuánto podrán gastar como máximo quienes aspiren a una presidencia municipal en San Luis Potosí y lo hizo con tres topes distintos para cada ayuntamiento que nadie podrá rebasar, el primero es el límite máximo de gasto de precampaña, que es lo que pueden gastar los partidos y sus aspirantes en su proceso interno para elegir quién será su candidato, el segundo es el límite máximo de obtención de apoyo de la ciudadanía, que es lo que pueden gastar quienes buscan ser candidatos independientes para salir a la calle a juntar firmas y acreditar que la gente los respalda, y el tercero es el límite máximo de gasto de campaña, que es lo que ya como candidatos y candidatas podrán gastar durante la campaña para darse a conocer, hacer eventos, imprimir propaganda, moverse por el municipio y convencer al electorado, y estos montos no son iguales para todos los municipios porque varían según el tamaño de cada lugar, según su padrón y su lista nominal, de tal manera que mientras más grande sea el municipio más alto es el tope autorizado y mientras más pequeño sea el municipio más bajo es el tope, y eso se entiende muy claro cuando se comparan los extremos, porque en San Luis Potosí capital, que es la elección municipal más grande y más costosa de 2027, el tope de precampaña es de 2 millones 224 mil 481 pesos, el de apoyo ciudadano para independientes es de 4 millones 438 mil 764 pesos con 50 centavos y el de campaña es de 17 millones 755 mil 58 pesos con 2 centavos, mientras que en Soledad de Graciano Sánchez el tope de precampaña es de 1 millón 64 mil 230 pesos con 77 centavos, el de apoyo ciudadano es de 2 millones 487 mil 286 pesos con 8 centavos y el de campaña es de 9 millones 949 mil 144 pesos con 32 centavos, y en Ciudad Valles el tope de precampaña es de 753 mil 523 pesos con 82 centavos, el de apoyo ciudadano es de 1 millón 689 mil 759 pesos con 60 centavos y el de campaña es de 6 millones 759 mil 38 pesos con 40 centavos, y en Rioverde el tope de precampaña es de 697 mil 654 pesos con 68 centavos, el de apoyo ciudadano es de 1 millón 562 mil 739 pesos con 79 centavos y el de campaña es de 6 millones 250 mil 959 pesos con 15 centavos, y en Villa de Pozos el tope de precampaña y el de apoyo ciudadano son el mismo, 1 millón 560 mil 546 pesos con 12 centavos, y el de campaña es de 6 millones 242 mil 184 pesos con 48 centavos, y en el otro extremo, en los municipios más pequeños, las cifras bajan considerablemente porque en Cerro de San Pedro el tope de precampaña es de apenas 47 mil 16 pesos con 61 centavos, el de apoyo ciudadano es de 117 mil 397 pesos con 56 centavos y el de campaña es de 469 mil 590 pesos con 22 centavos, mientras que en Villa de la Paz el tope de precampaña es de 47 mil 285 pesos con 30 centavos, el de apoyo ciudadano es de 106 mil 681 pesos con 72 centavos y el de campaña es de 426 mil 726 pesos con 89 centavos, y en San Antonio el tope de precampaña es de 70 mil 529 pesos con 6 centavos, el de apoyo ciudadano es de 156 mil 963 pesos con 10 centavos y el de campaña es de 627 mil 852 pesos con 39 centavos, y esa diferencia de más de 37 veces entre lo que se puede gastar en la capital y lo que se puede gastar en los municipios más pequeños no es un capricho, sino un intento de que la contienda sea más equitativa y de que nadie gaste por encima de lo permitido para sacar ventaja, porque todo gasto de precampaña, de recolección de firmas y de campaña deberá ser comprobado y fiscalizado, y rebasar estos topes puede derivar en sanciones, en multas y, en casos graves, en la pérdida del registro de la candidatura, y por eso es importante que la población lo sepa, porque cuando usted vea una campaña con espectaculares por todos lados, con eventos masivos, con propaganda que no se acaba y con un gasto que se ve exagerado para el tamaño de su municipio, usted ya tiene una referencia para preguntarse si eso está dentro de lo permitido, y porque al final estos topes no son solo números en una tabla del CEEPAC, son la garantía de que todos los que compitan por una alcaldía en 2027 lo hagan con las mismas reglas, con los mismos límites y con la obligación de rendir cuentas de cada peso que gasten.
EL QUE EXIGE FRENO Y AL MISMO TIEMPO ACELERA
La escena se repite cada semana en San Luis Potosí y ya casi nadie se sorprende, un alcalde que llega a su conferencia, se sienta frente a los micrófonos, habla de la ciudad, habla de baches, de patrullas, de alumbrado, y de pronto, sin cambiar de tono, empieza a hablar de la gubernatura de 2027, y eso fue justamente lo que pasó este lunes con Enrique Galindo Ceballos, el alcalde de la capital, quien primero se convirtió en el crítico más severo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Ceepac, y después, en la misma conferencia y con la misma tranquilidad, se convirtió en el principal promotor de su propio proyecto político, y ahí es donde la gente que lo escuchaba empezó a notar la contradicción, porque Galindo exigió que el organismo electoral actuara contra los actos anticipados de campaña y que se pronunciara ante la mezcla de actos de gobierno con promoción partidista, y lo dijo con un tono de molestia que no escondió, “a mí me sigue dejando que desear los muchísimos actos anticipados de campaña o cómo se mezclan posiciones y eventos de actores de gobierno que no saben distinguir cuándo es un acto de gobierno y cuándo es un acto de campaña”, cuestionó, y para que quedara claro a quién se refería, puso como ejemplo un evento realizado en Matehuala, donde, según su señalamiento, coincidieron autoridades estatales y el presidente de un partido político en una promoción que calificó como abiertamente partidista, y aseguró que aunque sabe que ya se presentó una denuncia, hasta el momento no había visto un pronunciamiento del Ceepac, y hasta ahí su reclamo podría sonar lógico para cualquier ciudadano que está cansado de ver campañas disfrazadas de inauguraciones, de entregas de apoyos y de giras de trabajo que terminan pareciendo mítines, pero el problema vino después, porque en esa misma conferencia, sin pausa y sin darse cuenta de la contradicción, Galindo empezó a hablar de su Proyecto 27, de su reunión con el dirigente nacional del PAN, del respaldo que dice haber recibido para seguir en la contienda y de las mesas de trabajo que ya existen con el PRI para una posible coalición, “la verdad es que él está muy contento porque en el mapa de las 17 gubernaturas está muy competitivo Acción Nacional, sí me compartió que ya hay mesas de trabajo con el PRI para la coalición y con otros partidos”, comentó, como si estuviera hablando de un proyecto que no tiene nada que ver con una campaña anticipada, y entonces la pregunta que queda en el aire para la población es muy sencilla, ¿cómo se puede exigir que el árbitro frene a los demás mientras uno mismo ya está en plena promoción de su proyecto rumbo a 2027?, y Galindo lo justificó a su manera, diciendo que los organismos electorales están obligados a ser muy transparentes y cuidadosos, sobre todo después de lo que está pasando con el INE, y que el Ceepac debe demostrar que puede actuar sin presiones políticas ni interferencias de autoridades, “yo creo que, después de lo que está pasando con el INE, yo creo que están obligados los organismos electorales a ser muy transparentes, muy cuidadosos y están muy legitimados”, expresó, y también insistió en que el organismo debe anticiparse a intervenciones externas y dar certeza sobre las reglas y el reconocimiento de los resultados, y para reforzar su punto recordó que en su elección municipal anterior batalló para obtener su constancia de mayoría, pese a que aseguró haber ganado con 30 mil votos de diferencia, incluso 50 mil según sus números, “en mi elección anterior no me querían dar mi constancia, recordarán ustedes, batallé mucho para, a pesar de que tenía 30 mil votos de diferencia, incluso 50 mil respecto de mis números, fue una batalla, había como una duda de que me quisieran reconocer el triunfo”, relató, y al final cerró su intervención diciendo que el Ceepac todavía está a tiempo de recuperar y fortalecer su credibilidad mediante pronunciamientos oportunos, porque la imparcialidad debe demostrarse también en la vigilancia de los actores políticos y gubernamentales, y que su proyecto político rumbo a 2027 sigue con el PAN y que la definición formal llegará hasta enero, con el registro ante las autoridades electorales, y ahí se acabó la conferencia, pero la duda quedó flotando en la sala y en la calle, porque para la población lo que importa no es si el alcalde tiene razón o no en su reclamo contra el Ceepac, sino si todos, absolutamente todos los que aspiran a un cargo en 2027, van a ser medidos con la misma vara, sin importar si son del gobierno estatal, del gobierno municipal o de cualquier partido, porque si el que exige freno es el mismo que acelera, entonces el mensaje que le llega a la gente es que las reglas solo aplican para los demás, y eso es justamente lo que termina por quitarle credibilidad no solo al árbitro electoral, sino también a los propios políticos que dicen querer cambiar las cosas.
SEMÁFORO ELECTORAL ENCENDIDO: CEEPAC FIJA LOS LÍMITES DE GASTOS PARA EL PODER EN SLP
El arranque oficial del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en San Luis Potosí ha quedado formalmente marcado por la línea de meta financiera impuesta por el CEEPAC, un árbitro que no solo endureció las reglas del juego al aprobar topes de precampaña y campaña que rozan los 44.4 millones de pesos para la gubernatura, sino que descentralizó la lupa fiscalizadora hasta el último rincón del estado. Desde los más de 17.7 millones de pesos destinados a la contienda por la capital hasta los municipios con realidades contrastantes como Villa de Reyes —con un tope de campaña superior a los 2.5 millones de pesos— y Cerro de San Pedro, las candidaturas partidistas e independientes saben ya exactamente cuánto cuesta y hasta dónde llega el permiso de gastar para convencer al electorado.
Más allá de la estricta contabilidad de los pesos y centavos, esta baraja de acuerdos marca un punto de inflexión histórico al blindar la inclusión a través de lineamientos obligatorios para identificar distritos y municipios con población indígena, exigiendo una autoadscripción calificada real para evitar simulaciones. Con las reglas de coalición claras y el semáforo financiero en verde, la democracia potosina entra en una etapa de máxima fiscalización donde el verdadero reto no será solo cumplir con los topes de gasto aprobados por la autoridad electoral, sino transformar la legalidad y la certeza en un puente genuino de participación ciudadana.
¡INCOMPETENCIA EN LA POLICÍA MUNICIPAL! LA ADMINISTRACIÓN DE GALINDO QUEDA EXPUESTA TRAS LA CAPTURA DE UN ELEMENTO VINCULADO A ATAQUE ARMADO
La detención de un elemento de la policía municipal —señalado por su presunta participación en un ataque peligroso contra la Guardia Civil Estatal tras hechos violentos en el bulevar Río Santiago— deja al descubierto la profunda descomposición y el nulo control que impera al interior de la corporación bajo la administración de Enrique Galindo Ceballos. Mientras el alcalde intenta maquillar la crisis mediante un tibio comunicado institucional donde asegura que el implicado supuestamente había dejado de laborar días antes, la realidad golpea con fuerza la credibilidad de su gobierno, evidenciando que los mandos y uniformados encargados de brindar seguridad operan en la opacidad, la impunidad y al margen de la ley.
Este escándalo no es un caso aislado, sino el reflejo de una política de "cero tolerancia" que en los hechos se ha convertido en una broma de muy mal gusto para los potosinos, quienes atestiguan cómo las instituciones municipales se desmoronan por la falta de filtros y controles de confianza eficaces. Galindo Ceballos ya no puede seguir evadiendo su responsabilidad política refugiándose en coartadas administrativas o excusas burocráticas; la ciudadanía exige una limpia profunda y una rendición de cuentas real, pues resulta inadmisible que quienes deberían proteger a la sociedad terminen convertidos en protagonistas de las páginas rojas de la nota policíaca.
SOLEDAD APOYA LA ECONOMÍA FAMILIAR CON DESCUENTOS EN MULTAS
El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, puso en marcha el programa “Arranca el 2027 sin Multas”, mediante el cual se ofrecerá un descuento del 60 por ciento en infracciones de tránsito generadas durante los últimos cinco años. La campaña estará vigente del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2026 y representa una oportunidad para que las familias se pongan al corriente, eliminen adeudos pendientes y regularicen su situación administrativa sin tener que cubrir el monto total de sus sanciones.
El beneficio contempla las multas registradas entre el 17 de noviembre de 2021 y el 16 de noviembre de 2026; sin embargo, quedan excluidas las infracciones consideradas graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilícitas. Para facilitar el trámite, el gobierno municipal habilitó tres puntos de pago, con horario de 8:00 a 17:00 horas: la Unidad Administrativa Municipal, en avenida San Pedro número 1860, colonia Valle de San Isidro; y las oficinas de Catastro ubicadas en Blas Escontria número 832 y Negrete número 106-A, ambas en la cabecera municipal.
Este tipo de programas refleja una política de atención ciudadana que busca ofrecer alternativas concretas a quienes mantienen adeudos y necesitan recuperar la tranquilidad en sus trámites. La administración de Juan Manuel Navarro apuesta por facilitar la regularización, apoyar el bolsillo de las familias y mantener un gobierno cercano, con acciones que atienden necesidades cotidianas de la población. La invitación es aprovechar el descuento antes del 16 de diciembre.
SLP SUPERA EL PROMEDIO NACIONAL EN MORTALIDAD MATERNA
San Luis Potosí acumula 12 defunciones maternas en lo que va de 2026, equivalentes al 3.3 por ciento de las 369 registradas en el país hasta la semana epidemiológica 44, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal. Aunque la entidad no figura entre las que concentran el mayor número de fallecimientos, sí se encuentra entre las 15 que superan la Razón de Mortalidad Materna nacional, ubicada en 21.8 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. En el estado, cinco de los casos fueron notificados por el IMSS, tres por la Secretaría de Salud y el resto por otras instituciones o sin atención institucional.
El indicador representa un llamado a revisar las condiciones de atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la oportunidad con la que se detectan y atienden las complicaciones. A nivel nacional, las defunciones maternas disminuyeron 12.6 por ciento respecto al mismo corte de 2025; sin embargo, esa reducción no elimina los retos que persisten en las entidades con tasas superiores al promedio. En San Luis Potosí, será importante fortalecer la vigilancia prenatal, la atención oportuna de emergencias obstétricas y la coordinación entre instituciones para prevenir más fallecimientos.
SERRANO CONFÍA EN UNA ELECCIÓN CON CIVILIDAD Y SEGURIDAD
El diputado Héctor Serrano Cortés consideró que existen las condiciones para que el proceso electoral de 2027 se desarrolle en un ambiente de civilidad política y con una amplia participación ciudadana. El secretario de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señaló que San Luis Potosí puede convertirse nuevamente en un ejemplo de democracia, siempre que prevalezcan el respeto, la legalidad y las garantías para que la población acuda libremente a las urnas. Su postura pone sobre la mesa uno de los principales retos de la próxima contienda: evitar que la confrontación política termine desalentando el voto.
Serrano Cortés destacó el trabajo de las instituciones responsables de preparar las condiciones de seguridad y logística para la jornada electoral, y aseguró que ha dialogado en distintas ocasiones con el secretario general de Gobierno, en quien dijo confiar para mantener la gobernabilidad. También hizo un llamado a defender el derecho al voto y atender cualquier señal que pudiera derivar en violencia o generar temor entre los electores. A su juicio, la efervescencia partidista es parte natural de una contienda, pero no debe convertirse en un obstáculo para la participación ciudadana.
El legislador también sostuvo que la legislación garantiza condiciones de piso parejo para las fuerzas políticas y expresó que espera una elección con una participación nutrida, en la que la civilidad se imponga sobre cualquier diferencia. Con el proceso electoral cada vez más cerca, el mensaje es oportuno: la competencia entre partidos es legítima, pero debe desarrollarse dentro de las reglas democráticas. Al final, la fortaleza de una elección no se mide solamente por sus resultados, sino también por la confianza y libertad con las que la ciudadanía puede ejercer su voto.
ADOLESCENTES VULNERABLES
Un nuevo caso relacionado con delitos sexuales en la zona Media obliga a reflexionar sobre la protección de las adolescentes y la importancia de que las autoridades investiguen a fondo este tipo de denuncias.
En esta ocasión, un hombre identificado como Isidro R., vecino del ejido San Marcos del municipio de Rioverde, es investigado por su probable responsabilidad en el delito de estupro, en agravio de una adolescente de 17 años. De acuerdo con los datos conocidos, el señalado presuntamente sostuvo relaciones sexuales con la menor y posteriormente la envió a su domicilio. Al llegar a casa, la adolescente contó a su madre lo sucedido, situación que habría motivado la intervención de las autoridades.
Pero ¿qué es el estupro? No se trata simplemente de una relación sexual con una persona menor de 18 años, jurídicamente este delito se configura cuando existe cópula con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento mediante seducción o engaño, como lo establece el artículo 179 del Código Penal de San Luis Potosí.
Y aquí surge una cuestión importante: ¿qué ocurrió realmente?, ¿existió engaño o seducción?, ¿cuáles fueron las circunstancias en que se desarrollaron los hechos? Son interrogantes que deberá esclarecer la Fiscalía mediante una investigación seria y responsable.
También es importante precisar que la legislación potosina contempla para el delito de estupro una pena de uno a cinco años de prisión, además de una sanción económica de cien a quinientos días del valor de la UMA.
No se trata de anticipar culpabilidades ni de emitir juicios antes de que concluyan las investigaciones, pero tampoco de minimizar una denuncia que involucra a una adolescente. La protección de las menores debe ser una prioridad, las familias necesitan confianza en las instituciones y las autoridades tienen la obligación de investigar, integrar correctamente las carpetas y evitar que las denuncias terminen archivadas o se pierdan entre trámites burocráticos, porque cuando se habla de la integridad y el desarrollo de una adolescente, no basta con abrir una carpeta de investigación, se necesitan resultados, justicia y garantías de protección para la víctima. La pregunta queda en el aire: ¿se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer este caso ocurrido en el ejido San Marcos?
CAMPO CON HAMBRE DE RESPUESTAS
El bloqueo de la supercarretera estatal 75 Rioverde–San Luis Potosí y la rúa federal 70 evidenció nuevamente el descontento del sector agrícola, caos vial, circulación interrumpida y cientos de automovilistas afectados, mientras los productores exigen atención a sus demandas.
Lo ocurrido este martes en el entronque no debe verse solamente como un problema de tráfico o una molestia para quienes tenían que llegar a sus destinos, es también una llamada de atención de un sector que reclama ser escuchado: el campo mexicano.
Decenas de productores agrícolas se concentraron en este importante acceso carretero para exigir respuestas de los gobiernos a sus demandas, relacionadas con mejores condiciones para producir, garantizar el sustento de sus familias y mantener activa una actividad fundamental para la economía y la alimentación de nuestro país.
El resultado fue una jornada complicada, vialidades cerradas, tráfico interrumpido y automovilistas obligados a buscar alternativas para continuar sus recorridos, un escenario que afecta a terceros, pero que también deja al descubierto una realidad que las autoridades no deberían ignorar.
¿Hasta dónde tiene que llegar el campo para que sus demandas sean escuchadas? ¿Por qué los productores tienen que recurrir al cierre de carreteras para conseguir que funcionarios se sienten a dialogar?
La agricultura no es una actividad secundaria ni un asunto que pueda atenderse solamente cuando hay protestas. De ella depende buena parte de la alimentación de millones de familias, el sustento de comunidades enteras y una cadena económica que involucra a productores, comerciantes y consumidores.
El Gobierno debe entender que apoyar al campo no es un favor ni una concesión política, es una responsabilidad. Se requieren políticas públicas, apoyos oportunos, mejores condiciones de producción y soluciones reales a los problemas que enfrenta el sector agropecuario.
Si bien la protesta generó afectaciones a la ciudadanía, también debe reconocerse que los productores tienen derecho a manifestarse y exigir atención. Lo preocupante es que las demandas tengan que llegar hasta las carreteras bloqueadas para conseguir una mesa de diálogo.
MUERT3S REPENTINAS
La muert3 de un hombre en una habitación del Hotel La Quinta, en pleno centro de Rioverde, deja nuevamente una reflexión sobre un problema de salud que merece mayor atención: los fallecimientos relacionados con padecimientos cardíacos, aunque hasta el momento no se han establecido oficialmente las causas y será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar las investigaciones correspondientes. En caso de confirmarse que se trató de un paro cardíaco, se sumaría a los numerosos fallecimientos asociados con enfermedades cardiovasculares.
Y es que cada vez resulta más preocupante la posibilidad de que personas adultas pierdan la vida de manera repentina por complicaciones de salud que, en algunos casos, pudieron haber sido detectadas oportunamente.
La hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, el colesterol elevado y otros padecimientos representan factores de riesgo que no deben tomarse a la ligera. Muchas personas continúan con sus actividades cotidianas sin conocer siquiera las condiciones reales de su salud. Aquí es donde surge otra pregunta: ¿cuántas personas se realizan periódicamente un chequeo médico?, ¿cuántas conocen sus niveles de presión arterial, glucosa y colesterol?, ¿cuántas atienden oportunamente las señales de alerta de su organismo?
La prevención no debe quedar en segundo plano ni limitarse a acudir al médico cuando aparecen complicaciones. Se necesita mayor cultura de cuidado de la salud, revisiones periódicas y acceso oportuno a servicios médicos.
El fallecimiento ocurrido en este céntrico hotel todavía está bajo investigación, pero independientemente de su causa, representa una oportunidad para recordar que la salud cardiovascular no debe descuidarse, porque un problema cardíaco puede convertirse en una emergencia en cuestión de minutos. La prevención puede marcar la diferencia entre la vida y la muert3.
¿HABRÁ ACCIONES?
Alaquines no solo es uno de los municipios más emblemáticos y con historia en todo el estado de San Luis Potosí, sino que también muchos de sus habitantes tienen grandes necesidades que el mismo gobierno presume resolver, pero es todo lo contrario.
Hay un departamento, que por ley fue creado para apoyar a la población de todas las edades, de los hogares con necesidad, como es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y que en Alaquines está a cargo como presidente David Hernández Chávez, el esposo de la Alcaldesa Laura Moctezuma de la Cruz.
La situación no es que su marido esté al frente, es válido y permitido en todo Ayuntamiento, que en el DIF esté el marido o esposa del o de la que llegue a gobernar al municipio y a su vez demuestre trabajo propio, pero en Alaquines pareciera que ese departamento no tiene titular.
No solo no se ven programas de apoyo a la gente, no se ven actividades propias como DIF Municipal, sino que tampoco se ve dentro de su papel y en el departamento al señor David Hernández Chávez, pues nada más porque anda pegado de su esposa Alcaldesa Laura Moctezuma de la Cruz y eso es visto en todo el municipio.
A la mayoría de los eventos que le toca y debe estar la Edil, ahí está su marido con ella, incluso a reuniones con ciertas dependencias del Gobierno Estatal y Federal que se han hecho en el municipio, temas que ni siquiera le competen al DIF.
La alcaldesa no quiere reelegirse, desea que su marido sea el candidato aunque seguramente se tendrá un "problemita familiar", porque su cuñada Florisela Hernández Chávez quiere gobernar por tercera vez.
DIFÍCIL ECONOMÍA
Para el siguiente año se prevén incrementos en diversos artículos de consumo diario, algo que además repercute seriamente en la economía de muchas familias porque anualmente tanto alimentos, uso de servicios e impuestos suben de precio.
Tan solo de los incrementos que se prevén pronosticados para el siguiente año, es en las tarifas mensuales sobre el gasto de agua potable, pero también de energía eléctrica que realmente no es nada barato, incrementos que además repercuten porque a la vez sube el valor de muchos productos de la canasta básica y con ello los alimentos.
En el caso del municipio de Ciudad del Maíz, se prevé para el siguiente año aumentar un promedio del 5% las tarifas de agua potable, algo que también se hará parejo en todo el territorio del estado de San Luis Potosí, con incrementos del mismo porcentaje.
Sin embargo, está el cuestionamiento ¿Si realmente es necesario aplicar estos aumentos?, ¿Que tan eficiente es el servicio que se tiene?, porque en ejemplo, no de ahora sino desde siempre, en el municipio de Ciudad del Maíz se batalla no solo por la falta de agua, sino que no llega a diario en los hogares y cuando la hay, no se tiene con la presión suficiente.
La mayoría de las familias tiene en sus hogares uno o dos aljibes, en este caso dentro de la cabecera municipal de Ciudad del Maíz pero igual en sus comunidades, para dejar las llaves de paso abiertas y almacenar la mayor cantidad de agua posible y no tener dificultades.
En otros sentidos, han entrado los políticos a hacer de las suyas, valiéndose de la necesidad de la gente, haciendo promesas y vendiendo a "bajo costo" tinacos para almacenar agua y así también tomar cierta popularidad que en su momento les sirva para llegar al poder, es algo que en forma constante hacen en este lugar.
El pueblo pide, exige y es válido, ya que para ello pagan servicios e impuestos, el emplear proyectos que realmente ayuden a dar soluciones de los problemas que se padecen, si los incrementos son necesarios, que se vea reflejado en resultados.
¿Y AHORA QUIÉN AYUDARÁ?
En el municipio de Ciudad del Maíz queda bien el dicho o frase que hacia el famoso personaje Chespirito al representar al "Chapulín Colorado", con "Y ahora quien podrá defendernos".
Pues en cuestión de seguridad se contaba ya desde hace tiempo con personal de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) o bien del Ejército Mexicano, pero el equipo se retiró del cuartel la semana pasada y ya son cinco días en que no se ha comisionado a otro grupo.
Tanto Ciudad del Maíz como El Naranjo son zonas de paso en su carretera federal 80 de grupos delictivos, algunos provenientes del vecino estado de Tamaulipas y que cruzan a San Luis Potosí por esos lugares, sitios donde el Ejército Mexicano hacia sus labores de seguridad y vigilancia.
Se cuenta nada más con la Policía Municipal y Guardia Civil Estatal, pero son corporaciones preventivas y que tal vez si podrían hacerle frente a la delincuencia organizada, pero no tienen el mismo entrenamiento militar que el Ejército o bien soldados.
Los que nada más han llegado de adorno, son de la Guardia Nacional y aunque tengan un enorme cuartel y nuevo, solo vienen esporádicamente para tomarse fotos y reportar su trabajo y presencia, porque para enfrentarse con delincuentes, ya no se les ha visto como antes.
Entonces "Y ahora quien podrá ayudar", se requiere que pronto esté de nuevo el Ejército Mexicano, para evitar que ocurran graves desgracias como antes.