Franco Alejandro Coronado G.
Resulta muy interesante el esfuerzo que realizan diversas organizaciones civiles desde el sitio de internet www.candidatotransparente.mx. Como la misma página web lo describe: "es una iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país. Queremos candidatos que antepongan los intereses de México a los suyos, a una nueva clase política en donde no se haga política con dinero ni dinero de la política".
En la iniciativa participan organizaciones de la sociedad civil (OSC) como COPARMEX, Observatorio Nacional Ciudadano, Causa Común; es impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Trasparencia Mexicana. Este grupo de organizaciones es tajante en su proclama: "...Un candidato que no pueda hacer eso no merece un solo voto, menos gobernar".
El portal solicita la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal de los candidatos a distintos puestos de elección popular en disputa: gubernaturas, presidencias municipales, jefes delegacionales, diputados federales y diputados locales. Vaya, es una iniciativa que busca ayudar a los candidatos, pero parece que no se dejan, se aferran a mancillar la poca confianza que la ciudadanía les tiene. Un ejemplo es San Luis Potosí:
De los 32 estados, ocupa el lugar 23, únicamente tres candidatos han hecho pública su declaración. A estas alturas no vale la pena decir quienes son opacos, por deducción la mayoría, incluyendo a seis de los siete candidatos a gobernador. Por descarte, hasta ahora sólo tres son transparentes: la candidata a gobernadora por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, y la candidatos a diputados federales del mismo partido por los distritos V y VI de la capital potosina, Ángeles Rodríguez y Rubén Guajardo, respectivamente.
A todos los demás les valió un comino, insisto, incluyendo a seis candidatos a gobernador. El problema es que pregonan el discurso de la transparencia aquí y allá, no se diga en el debate, se desgarraron las vestiduras; sin embargo, no deja de ser retórica.
Pero como dice el dicho: no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre. Si no hay posicionamientos fuertes por parte de los ciudadanos, la opinión pública, exigiendo a sus candidatos transparencia o rendición de cuentas, estos jamás lo harán.
Por más leyes que los políticos hagan, por mas reglas que pongan, mientras no estén en riesgo sus intereses, nunca se sentirán obligados a cumplirlas. En la real politike son raros los casos de buena fe. La sociedad debe exigir y hacer sentir a los políticos, a los candidatos, que si no cumplen las reglas, sino hay apertura, no les darán el voto. Pareciera que insistimos en hacer valer para nosotros aquélla frase: "cada pueblo tiene el gobierno que merece".
Así las cosas, después no nos quejemos de actos de corrupción, porque antes dejamos hacer y dejamos pasar. La declaración patrimonial o de intereses de un candidato genera confianza, evidencia su disposición a la apertura y sabemos que esperar de sus gestiones.
Únicamente para el apunte, al menos con la información que hicieron pública tanto Ángeles Rodríguez como Rubén Guajardo, dejan ver que viven sin grandes lujos: la candidata con algunas actividades en la iniciativa privada y el candidato sólo con la dieta como diputado local.
El caso de la candidata Sonia Mendoza es similar, su ingreso es únicamente la dieta como Senadora. Tiene propiedades en el Estado por un valor aproximado de 7 millones de pesos, es congruente con sus ingresos obtenidos en su trayectoria como legisladora.
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