Simón Vargas Aguilar
En las últimas dos décadas, el fenómeno migratorio en la frontera sur de nuestro país, ha cobrado una especial relevancia, debido a la problemática social y de seguridad que implica, y es que ciudadanos centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, entre otros, han decidido emprender la búsqueda del sueño americano a causa de la falta de oportunidades, la pobreza, el desempleo, la violencia generada por el crimen organizado, así como de los desastres naturales, y en ese proceso, México es un importante punto de tránsito.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM), en el período comprendido entre 1995 y 2005, la migración centroamericana de tránsito irregular mostró una tendencia a la alza, al pasar de 201 un mil a 433 mil migrantes, sin embargo, un año después, la tendencia comenzó a revertirse, y entre 2006 y el 2010, se registró una reducción de alrededor de 70 por ciento, al contabilizar 140 mil en el último año de ese período. Cabe señalar que dichas cifras incluyen a los migrantes retenidos por el INM, la Patrulla Fronteriza estadounidense, y aquellos que lograron llegar a los Estados Unidos y para ello transitaron por nuestro país.
En el 2010, el INM devolvió a sus países de origen a 62 mil 788 ciudadanos centroamericanos (86.2 por ciento eran hombres y sólo 13.8 por ciento mujeres), de los cuales alrededor de 28 mil provenían de Guatemala; 23 mil de Honduras; y 10 mil de El Salvador. De la cifra total, 68 por ciento tenía como destino final Estados Unidos; 99 por ciento permaneció menos de un mes en nuestro país; y 81 por ciento fue detenido en calles o carreteras. Cabe señalar que el 7.3 por ciento correspondió a personas menores de edad que en su mayoría viajaban solos (59.4 por ciento).
En su camino hacia los Estados Unidos, los migrantes encuentran obstáculos que ponen en riesgo su integridad física y emocional: secuestros, asaltos, extorsiones, violaciones sexuales y a sus derechos humanos, tortura, trata de personas e inclusive el tráfico de órganos, son sólo algunos. Y es que, como reconoció el pasado 7 de noviembre el titular del INM, Ardelio Vargas Fosado: “durante los últimos años en todas las rutas del migrante, la delincuencia organizada y las pandillas lograron un posicionamiento y control territorial donde ejercen la incorporación forzada a actividades delincuenciales”.
De acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales, albergues y defensores de los derechos humanos, algunas de las zonas más conflictivas para los migrantes se encuentran en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, el Estado de México, Coahuila, San Luis Potosí, Puebla y Tamaulipas, entre otros. Vale la pena recordar que en esta última entidad, en agosto de 2010, fue ron asesinados 72 migrantes en la localidad de San Fernando, y nueve meses después, fueron hallados cientos de cadáveres en narcofosas ubicadas en los límites entre San Fernando y Matamoros, los cuales fueron asesinados por Los Zetas. Muchos de ellos eran migrantes.
En ese sentido, la numeralia sobre esta problemática es escalofriante: alrededor de 20 mil migrantes son secuestrados cada año y este ilícito genera ganancias por hasta 50 millones de dólares cada año al crimen organizado, de acuerdo con la CNDH; un estudio realizado por la Cámara de Diputados, estima en 60 mil el número de migrantes desaparecidos entre 1998 y 2008; aproximadamente el 90 por ciento de las mujeres involucradas en la prostitución en la frontera sur, son de origen centroamericano, según el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos; y 7 de cada 10 mujeres migrantes son violadas en algún punto del recorrido, reveló el sacerdote Alejandro Solalinde a un reportero de El País el año pasado.
Por otra parte, los migrantes también se enfrentan al rechazo de un sector de nuestra sociedad: la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 del CONAPRED, reveló que entre 40 y 60 por ciento de la población, tiene actitudes discriminatorias contra los migrantes, y 55 por ciento está a favor de aplicar medidas más duras contra estos; una encuesta realizada por el CIDE ese mismo año, indicó que 22 por ciento apoya la construcción de un muro en la frontera sur; y un sondeo realizado por la organización FM4 Paso Libre entre mayo de 2010 y mayo de 2013, detalló que en la zona metropolitana de Guadalajara, el 49 por ciento de los ataques contra migrantes provienen de la población civil.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda podemos encontrar casi medio centenar de Casas del Migrante y Albergues, administradas principalmente por organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica, en donde los migrantes pueden descansar, comer, asearse y recibir atención médica. Destaca también la labor de una docena de mujeres en La Patrona, en el municipio de Amatlán en Veracruz, quienes desde 1997 reparten bolsas con comida y agua a los migrantes que pasan por la ranchería a bordo de La Bestia.
Es cierto que nuestro país enfrenta numerosos retos y problemáticas, no obstante, la migración irregular de ciudadanos centroamericanos y su tránsito por el territorio nacional también es una asignatura pendiente que el gobierno debe de analizar a efecto de revisar el marco jurídico, y en su caso legislar en la materia, con miras a crear instrumentos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Tristemente, nuestros hermanos centroamericanos que se han visto forzados a dejar sus países, se han convertido en un elemento más en el círculo vicioso de la inseguridad y la violencia asociada al crimen organizado que afecta nuestro país. Como sociedad debemos apelar alamor al prójimo, la compasión y la empatía, porque tal vez, algunos denosotros pudimos haber sido ellos, y muchos de nuestros compatriotas lo son en Estados Unidos, y para ellos pedimos respeto y comprensión.
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