Semana del 10 de Mayo al 16 de Mayo 2013

Sistema Penitenciario en crisis

Sistema Penitenciario en crisis

Simón Vargas Aguilar

De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y por la Consultoría Insight Crime, México tiene una tasa de población penitenciaria de 204 por 100 mil habitantes, ocupando el sexto lugar en Latinoamérica después de Chile, Panamá, El Salvador, Uruguay y Brasil. Al respecto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que las cárceles latinoamericanas son lugares de hacinamiento que constituyen "escuelas de delincuencia" y no cumplen con el propósito de rehabilitar a los reos.

El pasado 27 de abril, el Centro de Prevención y Readaptación Social número 1 de la Pila en San Luis Potosí, fue escenario de una riña entre reos, que dejó como saldo 13 muertos y 77 lesionados. De acuerdo con autoridades penitenciarias, la pelea comenzó porque integrantes de un grupo delictivo -que opera dentro del penal- hostigaba a los reclusos de nuevo ingreso, robándoles sus pertenencias e incluso quitándoles el dinero que obtenían por la venta de artesanías, por lo que éstos decidieron actuar y responder a las agresiones.

Ante esto, el procurador de Justicia de San Luis Potosí, Miguel Ángel García Covarrubias, anunció la destitución del director de la penitenciaría estatal de La Pila, Jesús Martínez Alemán. Asimismo, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional se hicieron cargo de la vigilancia interior y exterior del penal.

Y es que, de acuerdo con el ex director de la colonia penal federal Islas Marías, José Luis Musi Nahmias, "las cárceles son una bomba de tiempo" porque "cuando la riña es entre internos, seguramente hay un autogobierno, ya que existen bandas que están en pugna por el poder de la prisión y su manejo, diputándose el control de lo lícito y lo ilícito".

En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, indica que "el 60 por ciento de las cárceles del país tienen sistemas de autogobierno y están bajo el control del crimen organizado", destacando que en penales de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, existen grupos de internos que ejercen el control, imponen su ley y co-administran el penal.

Por lo que, el debilitamiento y la corrupción dentro del sistema penitenciario ha permitido que los reclusorios se conviertan en una extensión de la zona de influencia y disputa de las organizaciones criminales. Al respecto, diversos medios han señalado que "el dominio de los penales de Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Quintana Roo es disputado por el Cártel del Golfo y Los Zetas; a su vez, los de Baja California son zonas de disputa entre el Cártel de Tijuana y el de Juárez; los de Chihuahua, entre el Cártel del Juárez y el de Sinaloa".

Cabe señalar que desde 2001, la CNDH emitió una recomendación general en la que advertía la saturación de los reclusorios, misma que derivaba en condiciones indignas que impedían la readaptación social. Posteriormente, en 2004 y 2008, la CNDH formuló nuevas recomendaciones que evidenciaban el "peligroso hacinamiento, el autogobierno y los riesgos que podrían derivar en la problemática de las prisiones"; sin embargo, las autoridades fueron omisas.

Durante los últimos años, en México, se ha experimentado un creciente endurecimiento punitivo como respuesta a la crisis de seguridad, lo que ha derivado en un incremento de la población carcelaria y la insuficiencia de infraestructura penitenciaria para garantizar el eficaz desarrollo de los programas de readaptación para quiénes ingresan a las cárceles. Asimismo, mezclar a reos acusados de participar en el crimen organizado con internos del fuero común, de baja peligrosidad o detenidos por sanciones administrativas, ha resultado desastroso para los penales municipales y estatales.

Al respecto, académicos como Eric Olson, miembro del Instituto México del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, señalan que una de las grandes fallas de la estrategia contra el crimen organizado fue que -durante la administración de Felipe Calderón- se lanzó una ofensiva contra los cárteles del narcotráfico sin tener un sistema penal efectivo, lo que provocó que las prisiones, lejos de convertirse en una herramienta para combatir el crimen y reintegrar a los internos a la sociedad, se transformaron un centro de reclutamiento para las organizaciones criminales.

Por lo que, de continuar con las condiciones actuales de los centros penitenciarios, no habrá una política de seguridad pública que dé resultados. Es urgente "revertir la fragilidad de las instituciones" y garantizar el desarrollo económico y social para minimizar los niveles de la violencia. Fedor Dostoievski dijo que "el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos". Hoy, necesitamos de un sistema penitenciario funcional que cumpla con el propósito de reinsertar al sentenciado en la sociedad.