Leonel Serrato Sánchez
La Organización de Estados Americanos OEA alerta sobre la infiltración de los poderes fácticos del narcotráfico en las elecciones mexicanas a celebrarse el 1 de julio de 2012, y en nuestro país se toman medidas generales para prevenir que el crimen organizado logre obtener poder político a través de sus muchos métodos de corrupción.
El Secretario de Gobernación anuncia que se han adoptado ya 10 medidas para evitar que los criminales sean candidatos, financien campañas, chantajeen nominados o los intimiden, asusten a la población y logren zonas de exclusión en las que el Instituto Federal Electoral pierda por completo el control.
Se trata de un decálogo que contiene buenas intenciones, pero que no garantiza que nuestro proceso electoral sea genuinamente democrático, y que los ciudadanos elijamos libremente a nuestros representantes y gobernantes.
En San Luis Potosí nada se ha dicho sobre el particular, y la política interior del Estado no advierte
de peligros en el sentido en que lo hace para todo el país la OEA, lo que nos llevaría a la necesaria pregunta: ¿San Luis Potosí está blindado, electoralmente, respecto del crimen organizado?
No existen elementos para de-mostrar que así sea, del mismo modo en que no hay indicios de que alguno de los grupos delictivos tenga intenciones de incidir en nuestro proceso local, sin embargo sí hay preocupación en las altas esferas continentales y nacionales en relación a San Luis Potosí.
Los Estados Unidos de América tienen señalado a nuestro estado como un foco rojo, una zona neurálgica y espacio de abierto combate territorial de los grupos, e incluso se mantiene una alerta migratoria para que sus nacionales no vengan a San Luis Potosí (no sólo la ciudad capital, sino toda la entidad).
La alerta estadounidense, vigente desde hace más de un año en que fue emboscado y asesinado un agente norteamericano en suelo potosino, enciende automáticamente todas las alertas continentales, y la OEA replica la alerta para este proceso electoral: San Luis Potosí puede ser escenario
en el que los criminales deseen hacerse con el control político.
¿Pero qué tan cierto puede ser eso? La respuesta no se hace esperar por los analistas nacionales y los opinadores en materia de seguridad: Es perfectamente posible que los gobiernos municipales de ciudades importantes sean objetivo electoral.
Santa María del Río, escenario del asesinato del agente del gobierno de Barack Obama.
Y ya inician las acusaciones en contra de varios aspirantes a escaños federales, tanto del PRI, como del PAN e incluso del Movimiento Progresista (las izquierdas).
Nuestros pobrísimos municipios del Altiplano se vuelven importantes en tiempo de elecciones, y el dinero fluye para lograr las candidaturas, y luego seguramente el triunfo en las constitucionales.
Santa María del Río, escenario del asesinato del agente del gobierno de Barack Obama, se dice, ha atraído la atención de muchos nuevos residentes que reactivaron la economía en los pequeños pueblitos a los que llegaron a vivir.
Apunte final
Para formalizar mis observaciones sobre las posibles fallas jurídicas en las candidaturas de dos ciudadanos vallenses afiliados al Partido Acción Nacional, uno a la alcaldía y el otro al Congreso, recopilé ya las certificaciones de mérito; cuando inicie el bullicio electoral los remitiré a un tribunal para que nos saque de dudas a todos.
La muerte del agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Jaime Zapata, en SLP.
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