Alejandro Zapata Perogordo
Lo único que nos faltaba: ahora resulta que se ha convertido para los gobernadores todo un deporte nacional, eso sí, con gran creatividad, de manera ingeniosa, con chispa, y con grandes dosis de cinismo, llenas de excusas y pretextos. Por lo que el objetivo consiste en justificar su incapacidad y falta de voluntad para poder dar respuesta a los problemas de sus ciudades, salvo contadas excepciones, algunos gobernadores más bien han puesto en marcha una estrategia para tratar de esconder la ineficacia de sus resultados, inclusive inventan sus indicadores y algunos medios de comunicación aprovechan para culpar a otros.
Es a partir de la CONAGO donde han surgido esas tácticas. Me cuesta trabajo comprender el acuerdo adoptado y dado a conocer como el gran proyecto anunciado con “bombo y platillo”.
Ahora resulta que se dieron cuenta que es a ellos a quien les compete combatir y perseguir delitos del fuero común (alrededor del 82 por ciento), y por lo tanto han decidido que los más de trescientos mil policías estatales bajo su mando, se enfoquen a cumplir con su tarea. Curiosamente nos venden como gran oferta, innovadora, un paso sin precedente y la magnánima voluntad de ese hecho. ¿Qué no se les paga por dedicarse a ello?, pregunto ¿si no es su obligación combatir el crimen?, ¿qué nos pasa?, o mejor dicho, ¿qué les pasa a ellos?. Los policías son los servidores públicos encargados de prevenir y combatir los delitos del fuero común.
Es obvio que esto tiene rebotes, le siguen dando largas al aumento en el combate decidido y firme en contra de la delincuencia. La gran mayoría de la población está perfectamente consciente y convencida, que la seguridad es responsabilidad precisamente de los policías estatales y municipales El que sean complacientes con los criminales propicia la impunidad. Tenemos -la sospecha- de que esas corporaciones operan con la delincuencia organizada, seguramente muchos elementos operan desde los mismos cuarteles que el crimen organizado.
El que los cuerpos policíacos trabajen a favor de la criminalidad, no es un tema nuevo, se trata de un secreto a gritos, por los resultados obtenidos de los exámenes de confianza a los que han dado por demás muestra de su incapacidad. Para muestra el cobarde asesinato de una niña de trece años, en la frontera potosina, donde la policía negó el apoyo a la desesperada madre cuando la denunció como desaparecida, así como este, una infinidad de casos podemos encontrar.
Uno de los asuntos notables lo constituye el caso de Jorge Hank, en el cual no voy a introducirme más, ni entrar en las particularidades del expediente ¡que desconozco!, simplemente me remito a lo reportado por los medios de comunicación, a sabiendas de como trabajan los jueces en este país, y estoy seguro de que si se hubiese tratado de cualquier otro personaje, sin duda alguna los elementos públicos existentes se considerarían suficientes para una resolución de formal prisión, circunstancia que evidencía al Poder Judicial Federal, demostrando que opera al igual que muchas instancias locales, bajo la presión, dependiendo de quien se trate o de las circunstancias del momento, ni son parejos ni aplican la ley.
Tampoco lo digo por el caso de Pablo Salazar, pues ese es un garbanzo de a libra y ojalá entráramos al camino del imperio de la ley, sin importar los nombres ni los cargos. Nadie tenemos duda de los excesos de Ulises Ruiz, Mario Marín, Humberto Moreira, Arturo Montiel y muchos otros que siguen disfrutando de la impunidad.
Lo que realmente necesitamos es que cada quien cumpla con su responsabilidad, con transparencia, honestidad y eficacia, no andamos practicando un deporte para darle la vuelta a los asuntos bajo pretextos institucionales.
En cuestiones de seguridad, necesitamos menos calentamiento y más competencia.
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